Junto con Alfonso Navarrete, esta semana abandonaron la STPS los subsecretarios Rafael Avante, Patricia Martínez y el oficial mayor de la dependencia, Manuel Cadena.
María Del Pilar Martínez
12 de enero de 2018, 00:24
El relevo en la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora a cargo de Roberto Campa Cifrián, crea incertidumbre sobre el destino que tendrá la reforma a la justicia laboral entre los sectores productivos, pues salieron funcionarios que tenían avanzado el tema, afirmó Hugo Ítalo Morales, abogado laboral.
“Vemos con preocupación que los tiempos que exige la reforma constitucional no se cumplan. Los funcionarios que trabajaron en este tema y que llevaron adelante las propuestas junto con algunos legisladores en el Senado ahora se fueron a la Secretaría de Gobernación. Si consideramos que a los nuevos funcionarios les tomará tiempo entender sobre el tema, entonces el sexenio ya terminó”, explicó.
Entre los pendientes que dejó el exsecretario Alfonso Navarrete Prida está la puesta en marcha de la reforma constitucional al Artículo 123, aprobada en febrero del 2017, en donde se propuso un nuevo sistema de justicia laboral impartida por el Poder Judicial y ya no por las juntas de Conciliación y Arbitraje, así como la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Asimismo, los tiempos que se establecen para la entrada en operación de la reforma, a partir de las leyes secundarias que se encuentran en discusión en el Senado, son en este febrero; “pero hasta ahora no se sabe cómo transitará el proceso sobre la desaparición de las juntas”, detalló Ítalo Morales.
Indicó que “viene un cambio radical frente a una nueva institución como somos los juzgados, es importante destacar que para ello se necesitan entre cuatro o cinco años para la preparación, pero pretenden que se haga en un año, cuando la reforma penal duró ocho años”.
Ricardo Martínez Rojas, abogado de De la Vega & Martínez, expuso que “nos parece extraño que se haya ido también el subsecretario de Trabajo, Rafael Avante, quien conocía más de los temas de política laboral, pareciera que los tiempos para enfrentar el gran pendiente sobre la justicia laboral tendrán que esperar”. Agregó que es posible que se busquen ampliar los tiempos en los que deban realizar los cambios en la impartición de justicia laboral; “es apremiante que se mantenga la paz laboral; pero también que se analicen otros temas que garanticen la transparencia laboral”.
Hasta el cierre de la edición no se habían dado a conocer los nombres de quienes ocuparán los cargos que dejaron el subsecretario de Trabajo, Rafael Avante; la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Patricia Martínez, y Manuel Cadena, quien fuera oficial mayor de la STPS.
Al asumir la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa aseguró el miércoles que trabajará con el mismo equipo para mantener la “armonía laboral” dando continuidad a las políticas en materia de trabajo que iniciaron en 2012.
La paz laboral, dijo, “ha propiciado un crecimiento histórico de puestos de trabajo formal”.
Día: 13 de enero de 2018
Funcionarios de la STPS a Gobernación
Nombra el Secretario Navarrete Prida a nuevos funcionarios en esta dependencia
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio posesión y ratificó a diversos funcionarios de esta dependencia, a quienes tomó protesta en el Salón Juárez del Palacio de Covián. Los nuevos servidores públicos son los siguientes:
Autor Secretaría de Gobernación
Fecha de publicación
11 de enero de 2018
Boletín No.007/18
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El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio posesión y ratificó a diversos funcionarios de esta dependencia, a quienes tomó protesta en el Salón Juárez del Palacio de Covián. Los nuevos servidores públicos son los siguientes:
Subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales, quien ha sido Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); diputado federal en la LXI Legislatura; Secretario General de Gobierno en el Estado de México y senador de la República en las Legislaturas LVI y LVII.
Como Subsecretario de Derechos Humanos a Rafael Adrián Avante Juárez, fue Subsecretario del Trabajo y Director General de Inspección Federal en la STPS; director general de Inspección Federal del Trabajo de la STPS, así como Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social.
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss, quien se desempeñó como Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral en la STPS; Fiscal Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos contra la Mujer, Relacionados con la Violencia Intrafamiliar y Sexual de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Subsecretario de Participación Ciudadana, José Luis Stein Velasco. Fue titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP y titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la STPS.
En tanto, ratificó a los Subsecretarios de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Felipe Solís Acero, y de Normatividad de Medios, Andrés Chao Ebergenyi.
Asimismo, el Secretario Navarrete Prida designó como Oficial Mayor a José Luis Morales Gutiérrez, quien antes se desempeñaba como Jefe de la Unidad Jurídica del INFONAVIT, y Jefe de la Unidad de Planeación y Racionalización Administrativa de Pemex; como Jefe de la Oficina del C. Secretario a Rafael García Garza, quien fue Director de Comunicación Social Gubernamental en la Subsecretaría de Comunicación Social de esta dependencia, y Subdirector y Gerente General del diario La Crónica de Hoy.
Como Jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas fue nombrado Carlos Flores Rico, quien fue diputados federal en las Legislaturas LIX y LXI, y Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal de la Sedatu; como Jefe de la Unidad de Gobierno designó a Germán Uribe Corona.
La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico estará a cargo de Julio César Vanegas Guzmán. Ha sido Director General de Asociaciones en la STPS y Director Jurídico en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México será ocupada por Rosa María Nava Acuña, quien fue titular de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo de la STPS.
El Secretario de Gobernación también nombró como Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a Alberto Bazbáz Sacal, quien fue procurador general de Justicia del Estado de México, y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; como Director General de Comunicación Social fue nombrado Luis Olguín Arellano, quien se desempeñó en el mismo cargo en la STPS y la PGJEM.
En la jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos designó a Aurora Cervantes Martínez, quien previamente se desempeñó como presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, será ocupada por Rogelio Figueroa Velázquez, que anteriormente se desempeñaba como Director General de Inspección en la STPS, y Subprocurador de Justicia de la PGJEM, así como varios cargos en la PGR.
Como Director General de la División de Inteligencia de la Policía Federal asignó a Víctor Manuel Torres Moreno, quien fue Procurador General de la Defensa del Trabajo y Titular de la Unidad de Delegaciones Federales de la STPS; en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, fue designada Ángela Quiroga Quiroga, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral en la STPS.
El Secretario Navarrete Prida nombró como su Coordinador de Asesores a Javier Omar Rodríguez Alarcón, quien ocupaba el mismo cargo en la STPS, y como su Secretario Particular, a Ramón Díaz de León Zamudio, quien estuvo a cargo de la jefatura de la oficina de la Dirección General de la CFE.
Por último, el Secretario de Gobernación ratificó a Renato Sales Heredia como Comisionado Nacional de Seguridad; a Manelich Castilla Craviotto como Comisionado General de la Policía Federal, así como a Luis Felipe Puente Espinosa, como Coordinador Nacional del Protección Civil, y a Ardelio Vargas Fosado, como Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
https://www.gob.mx/segob/prensa/nombra-el-secretario-navarrete-prida-a-nuevos-funcionarios-en-esta-dependencia
Tamaulipas: Sin condiciones para que entre el nuevo Modelo de Justicia Laboral
La aplicación de esta Reforma está sujeta a las leyes secundarias que detallaran el nuevo modelo de la impartición de justicia laboral
Visto 19 veces | La Ciudad | Por Daisy Verónica Herrera Medrano
En Tamaulipas no hay condiciones para atender la Reforma Constitucional que dicta el traslado de la Justicia Laboral al Poder Judicial, toda vez que no hay leyes secundarias para su ejecución, no hay presupuesto asignado para el nuevo modelo y no se cuenta con el personal ni la infraestructura para hacerlo.
La Justicia Laboral representa en Tamaulipas 14 mil expedientes albergados en las ocho Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, que atienden unos 250 burócratas entre oficiales, actuarios, jueces y personal administrativo.
La reforma constitucional, propuesta por el Ejecutivo, entra en vigor el 24 de febrero de 2018, en ella se ordena la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el traslado de su competencia al Poder Judicial Federal, que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribuales de Justicia de los Estados, a fin de que sean estos los que resuelva los litigios laborales.
La aplicación de esta Reforma está sujeta a las leyes secundarias que detallaran el nuevo modelo de la impartición de justicia laboral, una de estas leyes – La Ley Federal del Trabajo- se discute actualmente en el Senado de la República.
Esta reforma, explica el Subsecretario de Trabajo en Tamaulipas, Arturo González Salazar, dará luz sobre la nueva impartición de justicia a cargo de los Estado, pero advierte, que mientras no se apruebe, los Estados no están en posibilidades de prepararse para el nuevo modelo, pues incluso el Poder Judicial depende de ella para organizarse.
“En el Estado estamos a la espera para que cuando se apruebe, los expedientes sindicales y los contratos colectivos se pasen a al organismo de naturaleza federal que tendrá todos los registros sindicales y todos los contratos colectivos, ya estamos listos para cuando se acuerde el traslado”, precisa.
Los términos de la reforma a la Ley del Trabajo que está en discusión refieren que el día 8 de noviembre de 2018 empieza a funcionar el nuevo Sistema de impartición de justicia y que también van a empezar a funcionar las nuevas Unidades de Conciliación.
Estas Unidades de Conciliación, explica el funcionario -serán las responsables de arreglar y solucionar los conflictos individuales y colectivos-.
La falta de aprobación de las leyes secundarias y la falta de asignación de un techo presupuestal para la reforma constitucional limitan la preparación del Poder Judicial y del propio Estado, pues no pueden adelantar ni organizar nada para cumplir con la ley que ya entra en vigor en un mes y medio.
https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/sin-condiciones-nuevo-modelo-justicia-laboral
Sonora: Turnan a comisiones iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia laboral
En la primera sesión del año de la Diputación Permanente, la Presidencia turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo, la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo estatal en materia de justicia laboral.
Se trata de una armonización que el Poder Legislativo y los congresos locales del país deberán realizar a sus constituciones locales antes del 24 de febrero del presente, conforme al Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor desde el 24 de febrero de 2017.
Durante la sesión ordinaria, la diputada Teresa María Olivares Ochoa, secretaria de la mesa directiva, dio lectura a la correspondencia en la cual se dio cuenta de la iniciativa presentada por la Gobernadora, misma que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de justicia laboral, junto con otra que reforma y deroga disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
La diputada Angélica María Payán García, presidenta de la mesa directiva, cedió el uso de la voz al diputado Rafael Buelna Clark para que diera lectura a la propuesta, mediante la cual se busca crear un nuevo sistema de justicia laboral que implica que ésta sea impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda.
Expuso que la iniciativa replantea la función conciliatoria como una instancia a la cual los patrones y los trabajadores deberán acudir, con lo cual se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales propias de su nueva responsabilidad.
En tanto la función conciliatoria estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales, dijo, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
La Presidenta de la mesa directiva consideró como positivo que exista la preocupación de continuar en la armonización y modificación de leyes locales con las disposiciones federales, y en este caso seguramente va a beneficiar a los ciudadanos, sostuvo.
Consideró que esta LXI Legislatura está en tiempo y forma para aprobar la reforma constitucional en materia de justicia laboral antes del 24 de febrero, ya que el segundo periodo de sesiones ordinarias inicia el 1° de febrero del presente.
El diputado Rafael Buelna Clark agregó que desaparecerían las juntas de conciliación y arbitraje, para crear una sola junta y el Poder Ejecutivo sólo tendrá la parte conciliatoria, para que los juicios los lleve el Poder Judicial del Estado, o si se trata de un conflicto federal pasará al Poder Judicial de la Federación.
“Actualmente las juntas llevan la conciliación y llevan todo el proceso que se da en los conflictos laborales; con esta reforma a la Constitución de Sonora estamos en posibilidades de legislar las nuevas leyes en el tema laboral para que entren en vigor a partir del 24 de febrero del presente año”, expresó el vicepresidente de la mesa directiva.
http://h.canalsonora.com/turnan-a-comisiones-iniciativa-de-reforma-constitucional-en-materia-de-justicia-laboral/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Por Salvador Contreras
Noticias León Publicado: 10 Enero 2018
Guanajuato, Gto., enero 10.- En la segunda quincena de este mes se realizarán mesas de trabajo entre representantes de los tres poderes del estado con el fin de ultimar detalles para la reforma laboral local.
Por ahora se está a la espera de información sobre ese tema solicitada al gobierno federal, informó la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo.
“Porque realmente nuestra preocupación sobre este tema es los asuntos que se encuentran en trámite, que actualmente los llevan las propias juntas de conciliación y la reforma federal plantea que al inicio de vigencia de justicia laboral serán turnados los asuntos a los juzgados competentes ya del poder judicial y esto nos parece que es un tema delicado, que incluso puede estar ahí en la línea del principio de violentar un poco el principio de legalidad y nos preocupa”.
La pretensión de los tres poderes del estado es que los asuntos que se llevan bajo el sistema vigente concluyan en el mismo esquema.
“Estamos analizando la posibilidad de que en Guanajuato pudiera ser de forma diferente para que los asuntos se concluyan en las juntas y el poder judicial solamente tome los asuntos que empiecen a raíz del nuevo sistema de justicia laboral”.
Por disposiciones legales, la reforma laboral del estado deberá quedar concluida el mes próximo. /
https://meganoticias.mx/leon/ultimo-minuto-leon/73761-el-proximo-mes-habra-reforma-laboral-del-estado.html
Flexibilidad de reforma laboral aumentó empleo en México: Gurría
México ha reducido la proporción de trabajadores informales de 59.6% en el último trimestre de 2012 a 56.5% al final del primer semestre de 2017, dijo Ángel Gurría.
María Del Pilar Martínez
08 de enero de 2018, 14:34
La flexibilidad que se logró con la reforma laboral de 2012, contribuyó a que se generaran más de 3 millones de empleos y a que se redujera la informalidad; sin embargo aún hay retos que afrontar en el mercado laboral mexicano, expuso José Ángel Gurría, secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en reunión privada con el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.
Destacó que la implementación de las 13 reformas estructurales, entre ellas la Educativa, Energética, Financiera, de Telecomunicaciones y Competencia Económica, pero particularmente la Laboral que introdujo una legislación flexible, permitió la generación récord de empleos.
Detalló que México ha reducido la proporción de trabajadores informales de 59.6% en el último trimestre de 2012 a 56.5% al final del primer semestre de 2017, aunado a que los niveles de productividad laboral han mostrado importantes avances.
En un comunicado de prensa la dependencia detalló que Navarrete Prida informó que “en materia laboral, uno de los resultados más importantes y visibles derivados de estas reformas ha sido haber superado en la presente administración en 100% a los dos gobiernos previos en cuanto a creación de empleos formales”.
El encargado de la política laboral del País subrayó, asimismo, que los retos que persisten en el ámbito del trabajo deben superarse desde un enfoque integral y con la cooperación conjunta entre gobierno y representantes de empleadores y de trabajadores.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Flexibilidad-de-reforma-laboral-aumento-empleo-en-Mexico-Gurria–20180108-0043.html
Analizan titulares de stps y ocde avances de reformas en materia laboral
El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a quien se menciona como posible secretario de Gobernación, y el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, destacaron los avances de las reformas estructurales implementadas por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, y su impacto para mejorar el mercado laboral en México.
En una reunión sostenida en la sede de esta dependencia, el titular de la STPS aseguró que, en materia laboral, uno de los resultados más importantes y visibles derivados de estas reformas ha sido haber superado en la presente administración en 100 por ciento a los dos gobiernos previos en cuanto a creación de empleos formales.
El aún encargado de la política laboral del País subrayó, asimismo, que los retos que persisten en el ámbito del trabajo deben superarse desde un enfoque integral y con la cooperación conjunta entre gobierno y representantes de empleadores y de trabajadores.
A su vez, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurria, destacó que la implementación de las 13 reformas estructurales, entre ellas la Educativa, Energética, Financiera, de Telecomunicaciones y Competencia Económica, pero particularmente la Laboral que introdujo una legislación flexible, permitió la generación récord de 3.5 millones de empleos desde diciembre de 2012.
Ratificó que la OCDE continuará proporcionando su apoyo a México para que nuestro País continúe siendo ejemplo ante otras naciones en la implementación de reformas transformadoras y modernizadoras.
También reconoció como principales logros del Gobierno mexicano el impulso de la economía y competitividad, además del fortalecimiento de la gobernanza; sostuvo que, gracias a estas reformas, se ha reducido la pobreza y la tasa de informalidad laboral, aumentado y mejorado la cobertura de trabajadores por el sistema de seguridad social.
En ese sentido, José Ángel Gurría detalló que México ha reducido la proporción de trabajadores informales de 59.6 por ciento en el último trimestre de 2012 a 56.5 por ciento al final del primer semestre de 2017, aunado a que los niveles de productividad laboral han mostrado importantes avances.
Este evento, en su segunda edición luego del celebrado en Bergen, Noruega, en 2016, tendrá como objetivo proporcionar a los países miembros la oportunidad de discutir los beneficios y desafíos de construir estrategias eficaces de habilidades con un enfoque global que involucre a todos los actores relevantes, a fin de maximizar las habilidades laborales para contribuir a potenciar la productividad, la innovación y la inclusión social.
En la reunión también participaron, por parte de la OCDE, la Jefa de la Oficina del Secretario General, Gabriela Ramos; el Director del Centro en México, Roberto Martínez Yllescas; y el Jefe de la Unidad de Proyectos Especiales, Mario López Roldán….
https://diarioalmomento.com/pendiente-la-salida-de-la-ctm-de-la-csi-e3TQxe3TY2e3w.htm
La iniciativa laboral Peña Nieto-Meade en 10 puntos
sábado 6 de enero 2018
Arturo Alcalde Justiniani
Condena generalizada ha provocado la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en diciembre pasado por los senadores del PRI, Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM) con evidente encargo del Ejecutivo Federal actual y su candidato presidencial, José Antonio Meade. A la fecha, ni una sola voz se ha alzado apoyando esta propuesta, incluso hay que precisar, que ambos senadores fueron desconocidos en sus propias centrales por estos hechos y a pesar de ello, hicieron todo lo posible para que se aprobara al vapor. Hoy se anuncia que este propósito se repetirá en febrero próximo, al inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, bajo la excusa de que la reforma en materia laboral a la Carta Magna, planteó el término de un año para reglamentarla.
Conforme a su contenido, la iniciativa plantea un nuevo modelo laboral que incluye temas que el sector empresarial había querido introducir sin éxito en el pasado, con un carácter altamente regresivo. Por ello, urge debatir pública y ampliamente su contenido, proyección y consecuencias. Esta iniciativa puede resumirse en los siguientes 10 puntos:
1) Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra. Esta facultad genera un efecto destructor en toda la estructura laboral dejando a los y las trabajadores en total estado de indefensión.
2) Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.
3) Promueve los reajustes y despidos masivos injustificados de trabajadores, al liberar al patrón de la obligaciónn vigente de justificar previamente ante la autoridad su causa, cuando alega entre otras razones, incosteabilidad, quiebra o la decisión de los acreedores de cerrar un centro laboral. Para remate la iniciativa reduce las indemnizaciones en caso de reajuste o separación colectiva sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente, por el de un concepto de cuantía menor al salario mínimo. Los nuevos artículos 436 y 439 son una auténtica invitación a despedir trabajadores a un bajísimo costo.
4) Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad incluidas, substituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por una unidad de medida, menor al salario mínimo.
5) Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponiendo una serie de obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para un sindicato autónomo, fuera del control empresarial, fortaleciendo así los contratos de protección patronal. Ignora las reglas democráticas establecidas en la reciente reforma constitucional, entre ellas, el voto secreto como exigencia previa para la firma de un contrato colectivo. Hace también imposible el ejercicio de derechos laborales colectivos en la pequeña y mediana empresa ya que la naturaleza de los nuevos requisitos los vincula a empresas de mayor tamaño. Atiende claramente la petición empresarial del sector aeronáutico para que los sindicatos gremiales de sobrecargos y pilotos no puedan ejercer sus derechos.
6) Hace imposible el que los trabajadores puedan cambiar de sindicato por la vía de los juicios de titularidad al imponer requisitos insalvables de” procedíbilidad” y legitimación que deben ser cumplidos bajo un tortuoso procedimiento administrativo aún antes de iniciar el juicio, los cuales están diseñados para facilitar la represión de los trabajadores.
7) Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico. Hay una clara intención de cerrar la puerta al acceso legítimo a la negociación colectiva para dejar libre la controlada por el patrón, que es la fuente del contratismo de protección.
8) Cancela el carácter autónomo del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral encargado del registro de sindicatos y depósito de contratos colectivos, al imponerle un órgano de gobierno controlado por la representación tanto de los sindicatos oficialistas como patronales, regresando a un sistema corporativo más rígido y discrecional que las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Este tema es de particular importancia porque se hace depender todo el sistema en materia de asociación, contratación colectiva y huelga en este instituto y en los centros de conciliación estatales, convirtiéndolos en fiscalizadores o jueces administrativos, invadiendo las tareas de los jueces laborales a quienes se les relega a una función marginal en detrimento del estado de derecho.
9) Suprime los avances en materia de transparencia sindical contraviniendo la nueva Ley General de Transparencia e Información Publica que obliga a publicitar íntegramente por Internet los documentos en poder de la autoridad, así como a entregar copia de los mismos a cualquier solicitante. En la iniciativa se reduce este derecho bajo las figuras de declaraciones públicas e índices con la clara intención de ocultar información y mantener el sistema de control y corrupción vigentes.
10) En materia procesal, poco habría que decir, si se impone un marco de derecho laboral hueco, regresivo y violatorio de los derechos humanos. Si no hay sustancia, poco importa el procedimiento.
Una propuesta de esta naturaleza es en su totalidad lesiva no sólo para los trabajadores sino también para la sociedad en su conjunto, incluyendo a los empresarios, pues cancela la vía jurídica para el ejercicio de los derechos y la solución de controversias, acciones nada recomendables en un escenario de crisis como el que vivimos.
http://laopcion.com.mx/noticia/195083
Sonora: Confusión por falta de información de nueva reforma laboral: CTM
Viernes 05 de Enero de 2018, Escrito por Francisco Espinoza / El Diario
Nogales, Son
La falta de información ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral ha generado confusión e incertidumbre sobre su funcionamiento, entre personal de las juntas del trabajo, abogados y sindicatos.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Nogales, Jorge Vega Valles, manifestó la inexistencia aún de acuerdos en el Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma laboral.
“Se tiene establecido que entre en vigor el 24 de febrero próximo”, indicó, “pero la falta de información ha creado una incertidumbre muy grande tanto en los empleados de las junta de trabajo, los abogados y la parte sindical”.
Existe un desconocimiento total de cómo habrá de operar, señaló, más en materia de rezago que solo en Nogales, superan los más de nueve mil y en el Estado ronda en los 30 mil expedientes sin resolución.
Para la operación de este nuevo sistema, explicó, se habrá de crear un organismo autónomo para revisar los contratos colectivos, el registro de sindicatos y la resolución de conflictos.
“A nivel de gobierno se maneja esta información”, subrayó, “pero no tenemos la certeza de que así sea, posiblemente existan modificaciones a la iniciativa, porque no se cumplen con los compromisos para la justicia laboral”.
El dirigente obrero externó su confianza que en breve, sean emitidos los lineamientos de operación y funcionamiento de los nuevos tribunales de justicia laboral.
http://www.eldiariodesonora.com.mx/notas.php?nota=103939
El Partido Verde busca modificar los artículos 34 y 97 de la Constitución del Estado
Chetumal, Q. Roo.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó el congreso Local la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, parte de las primeras modificaciones para aterrizar el Sistema de Justicia Laboral
Se trata de reformas a los artículos 34 y 97 de la Carta Magna, referente a la protección de los derechos de los trabajadores y las facultades del Poder Judicial para atender los casos de controversias en materia laboral.
En el primero, la iniciativa propone ampliar el texto para establecer que la resolución de las diferencias o los conflictos entre los trabajadores y patrones estará a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial.
“Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia”, señala el párrafo propuesto.
De igual manera señala que antes de acudir a esos tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir a los Centros de Conciliación Laboral.
“Contarán (centros de conciliación) con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley correspondiente”, señala el texto planteado.
De acuerdo con la iniciativa el titular del Centro de Conciliación será nombrado libremente por el Jefe del Ejecutivo y deberá recaer en una persona con capacidad y experiencia en las materias de competencia del organismo descentralizado.
Las modificaciones planteadas son para adecuar la legislación local a fin de aplicar el nuevo Sistema de Justicia Laboral en Quintana Roo, establecido en la reforma constitucional federal que entró en vigor en febrero del año pasado.
José De la Peña Ruiz de Chávez, coordinador del PVEM y presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, recordó que la reforma federal estableció a los Congresos Locales un año para la actualización del marco legal, el cual vence el siguiente mes.
Actualmente, la resolución de los conflictos en materia laboral se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, a través de los Tribunales y Juntas de Conciliación, adscritas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.