La iniciativa mexicana en materia de justicia laboral no erradica los contratos de protección, dice la mayor central obrera estadounidense.
María Del Pilar Martínez
26 de enero de 2018, 01:08
- La iniciativa de leyes secundarias a la reforma de justicia laboral que se discute en el Congreso mexicano debilita los derechos laborales fundamentales, incluidos los derechos a la libre asociación y a la negociación colectiva, acusaron la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y la Unión Nacional de Trabajadores de México, en una queja dirigida al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
En el documento enviado al gobierno estadounidense por Cathy Feingold, directora internacional de la AFL-CIO, expuso que la legislación mexicana ha impedido por mucho tiempo a los trabajadores ejercer plenamente su derecho a la libertad de asociación y a negociar colectivamente sus derechos, el corazón del problema, indica, son los “contratos de protección”.
Feingold detalla sus principales preocupaciones sobre las leyes secundarias que propusieron en el Senado, pues afectan directamente la reforma constitucional que preveía avances en varios temas como la desaparición tripartita con las juntas de conciliación y arbitraje, para dar paso a un organismo independiente autónomo.
Sobre ese particular refiere que el carácter autónomo del nuevo Instituto Federal de Conciliación se pone en riesgo cuando quiere imponer a 12 miembros en una figura nueva denominada Consejo Técnico, en donde habría cuatro representantes de los empleadores, cuatro de gobierno y cuatro más de las organizaciones sindicales con mayor presentación; dando de nueva cuenta espacio a la Confederación de Trabajadores de México y a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, mismas organizaciones sindicales que se han “perpetuado” en este tipo de figura y que menoscaba el potencial de la reforma constitucional.
Asimismo, indica que las medidas constitucionales para promover la contratación colectiva se ven afectadas, pues no hay inspector que verifique que los trabajadores hayan aprobado el convenio colectivo mediante votación secreta.
Situación preocupante si se considera que los “contratos de protección” que se ejercen en México se firman incluso antes de que la empresa contrate a su primer trabajador, pues su propósito, indica Feingold, es asegurar bajos salarios y garantizar la firma con un sindicato que da discreción al empleador para negociar mejoras salariales.
El documento, entregado por la central sindical de Estados Unidos que representa a 12.5 millones de trabajadores, refirió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se adelantó al sin número de señalamientos que se hicieron a México por la existencia de los contratos de protección y se aprobó en febrero del 2017 una reforma que atendía los tres aspectos fundamentales: desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y crear tribunales laborales, crear una nueva entidad autónoma descentralizada y, finalmente, elección transparente de líderes sindicales.
Sin embargo, afirma, la legislación secundaria, presentada en el Senado el pasado mes de diciembre del 2017, socava el espíritu de las reformas constitucionales, dejando de lado los avances que se pretendían aplicar a la justicia laboral.
“TEMA LABORAL ES DE POLÍTICA INTERNA”
Coparmex: México no debe aceptar presión
Los sindicatos como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, así como la Unión Nacional de Trabajadores no cuentan con elementos jurídicos para probar una queja de presunta violación laboral ni mucho menos salarial en México, por lo que tampoco corresponde a un acuerdo comercial normar temas de índole interna, aseveró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El líder del sindicato patronal en México sentenció que nuestro país no debe permitir presiones por parte de Estados Unidos, ya sea gobierno, congresistas o sindicatos, para elevar los salarios de los trabajadores, puesto que el tema responde a una política de Estado.
“Nos parece que no corresponde a un tratado comercial (en este caso el TLCAN) el regular este tema que es propio de la dinámica comercial interna de cada país.”, advirtió De Hoyos Walther en entrevista con El Economista. En el marco de la sexta ronda de negociaciones del TLCAN 2.0 que se realiza en Montreal, congresistas estadounidenses se unieron a las voces de los sindicatos de Canadá y su país para que México implemente un alza salarial y deje de hacer dumping con los menores salarios.
En una carta que enviaron a las autoridades de comercio de EU establecieron que “la supresión de salarios de trabajadores y la falta de derechos laborales tiene como resultado que haya outsourcing de los trabajos estadounidenses de manufactura y un bajo crecimiento salarial”. (Lilia González)
