Rebeca Hernández Marín/Quadratín | 03 de marzo de 2018
Mich., 3 de marzo de 2018.- El rezago de 10 mil expedientes de juicios labores se abatirá en los cuatro años de plazo para la desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a partir del próximo 1 de diciembre, cuando el Poder Judicial se hará cargo de la justicia laboral, afirmó el presidente de ese organismo, Hill Arturo del Río Ramírez.
El funcionario estatal señaló que el elevado número de expedientes en trámite se debe a que la actividad creció, pero no el personal de la Junta que además sufre de rezago tecnológico, ya que hasta hace poco no contaban con una página web en la que ya se puede consultar el estado de los expedientes.
El tiempo promedio para resolver un juicio laboral lleva entre dos y cuatro años, debido a que las partes presentan muchos incidentes y, a manera de ejemplo, mencionó que hay estados donde los juicios tardan el doble y, a nivel federal, es hasta cuatro veces más dilatado que en la entidad, pero con el nuevo sistema la justicia laboral será más ágil.
En el caso de Michoacán, dijo que el rezago se debe en parte a la carga procesal, pero sobre todo a los juicios de amparo que enfrenta la Junta, precisamente por el retraso en los procesos, lo cual calificó como algo desastroso porque de los 10 mil asuntos en trámite, el 30 por ciento son amparos, lo cual genera mayor dilación.
En entrevista con Quadratín, señaló que de septiembre a noviembre de este 2018 se hará la transición del área colectiva al Centro Nacional de Conciliación , y a partir del 1 de diciembre todo lo nuevo se presentará en los órganos jurisdiccionales, tanto federal como estatal, y será a partir de entonces cuando puedan desahogar los asuntos en trámite.
Del Río Ramírez defendió al personal de la Junta, al que consideró profesional, con 10 y hasta 15 años de experiencia y una edad promedio de 45 años, por lo que dijo que seguramente atenderá las convocatorias a los concursos del Poder Judicial tanto federal como estatal para integrarse a su plantilla o a los centros de conciliación, de los que en principio también habrá dos, uno federal y uno estatal.
Señaló que el personal que se vaya no se resentirá en la Junta porque desde el próximo septiembre harán la transferencia de los asuntos colectivos y la gente que los atiende estará disponible para ir resolviendo los asuntos individuales.
Además, estimó que como los centros de conciliación y los tribunales iniciarán con carga cero no requerirán tanto personal, pero sí cuando vaya aumentando la demanda de justicia laboral, tiempo en que el personal de la Junta puede irse preparando para incorporarse, porque no es fácil encontrar personal especializado.
En la Junta de Conciliación y Arbitraje laboran 160 personas, de las cuales alrededor de 50 son integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) que seguramente serán reubicados en otras dependencias.
En el supuesto de que no logren colocarse en la nueva estructura de la justicia laboral o en otras dependencias del Ejecutivo estatal, el personal tendrá sus derechos a salvo, indico Del Río Ramírez.
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