Inicia CCE campaña en redes sociales vs ideas electorales “mágicas”; AMIS convención en mayo y AMLO declina; CRE este año Siretrac vs robos; Ignia otra inversión
Más allá del optimismo que a últimas fechas hay en torno a la posibilidad de cerrar la negociación del TLCAN en mayo, lo cierto es que en los temas más complicados, aún no se dice la última palabra.
En las reglas de origen para autos si bien hay ideas, el gobierno de Donald Trump todavía no ha hecho un planteamiento concreto.
También prevalece la caducidad a 5 años del acuerdo, la exigencia para que las controversias se diriman en EU y la demanda de que nuestras exportaciones agrícolas se sujeten a temporalidad.
En lo laboral, igual los sindicatos canadienses, cercanos a Napoleón Gómez Urrutia, mantienen la pretensión de romper “el dumping” que México les impone con remuneraciones ostensiblemente más bajas, a lo que también se sumó EU.
Esta semana COPARMEX de Gustavo de Hoyos, organismo que se mueve por aparte del CCE que preside Juan Pablo Castañón, propuso elevar a 98.15 pesos diarios el salario mínimo, desde los 88.36 pesos vigentes.
Se trata de un posicionamiento más bien ideológico, puesto que en la práctica en época electoral se antoja punto menos que imposible tomar decisiones al respecto.
Pero aún con el nivel que se plantea, la hora salarial en México se pagaría por debajo de un dólar, 12 veces menos de lo que puede recibir un trabajador de EU y Canadá.
Hay que recordar que ya con Barack Obama el país de las barras y las estrellas había presionado en este asunto, esto en el contexto de las negociaciones del TPP.
Como quiera la apuesta de los expertos es que en este apartado poco se logrará avanzar, ya que nuestra economía no es capaz de absorber un alza salarial relevante para acercarnos a las condiciones de nuestros socios.
Con el TPP hubo cambios constitucionales, pero por desgracia estos aún se encuentran entrampados más allá de que se discuten en el Senado los ajustes correspondientes a la Ley Federal del Trabajo.
Como parte de estos, tendrían que desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje para sustituirlas por centros de conciliación especializados que se manejarán en el ámbito del poder judicial.
Hay enormes resistencias, pese a que se agilizarían los procesos de las disputas que hoy pueden prolongarse por más de 5 años. Además la STPS a cargo de Roberto Campa Cifrián tendría que contar con una partida presupuestal extra. Se habla de hasta 10 mil millones de pesos con los que hoy no se cuenta.
Por si fuera poco la iniciativa para reglamentar las modificaciones a la ley secundaria del artículo 123 no gusta ni siquiera al sector laboral.
Y eso que fue presentada por los senadores Isaías González ligado a la CROC y Tereso Medina de la CTM, dado que incorporan ajustes al entorno de las “outsourcing” que no gustan porque amplían los alcances de la figura que previamente, en el marco legal aprobado en los tiempos de Felipe Calderón, se acotaban.
Por si fuera poco, para lo que hace a los contratos de protección, el voto del trabajador que era secreto se hace abierto, contrasentido si realmente se pretendieran eliminar esas amarras.
Así que la modernización laboral ni para atrás ni para adelante, con un desfase de los tiempos puesto que se esperaba concluir el 24 de febrero y en el contexto de la amenaza en el TLCAN, aún no resuelta.
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