Eliseo Rosales Ávalos
27 de agosto de 2018, 00:16
Mucho se habla de los retos que tenemos en materia de seguridad pública, corrupción y combate a la pobreza. Empresarios líderes de opinión plantean sus posicionamientos, queriendo influir en la agenda del gobierno de transición. Pero nadie habla del grave problema que significa la justicia laboral, quizá por la conveniencia que implica para los patrones o para la complacencia de los sindicatos.
Como muchos otros frentes, la justicia laboral es una deuda histórica que se tiene con el pueblo mexicano, todos: grandes directores de empresa, comunicadores, artistas, empleados de carne y hueso, hemos sido víctimas de injusticias laborales, a pesar de lo dicho por los expertos, tenemos un marco jurídico cuantioso de desventajas para los trabajadores.
La burocracia administrativa y la lentitud en las resoluciones judiciales son el pan de cada día, míticos asuntos se encuentran sin resolver. ¡Hay algunos del siglo pasado!, en todos existen las mismas constantes, falta de personal, falta de voluntad de los patrones y en muchas ocasiones falta de presupuesto.
Esta problemática la hemos vivido en carne propia la mayoría de los ciudadanos. En muchos de los casos la negativa de pago pone en serios problemas el patrimonio de los trabajadores, a los cuales no se les toma en cuenta y las multas impuestas hacia los deudores son risibles, muchas veces el trabajador termina por recuperar sólo una parte de lo invertido en estos tardados juicios que empañan su trayectoria profesional. En México la justicia laboral es lenta y con cuentagotas.
Debemos poner el dedo en el renglón para poder agilizar los juicios engorrosos que muchas veces terminan ganando quien más aguanta la burocracia. Los ciudadanos nos merecemos la conclusión de los problemas de manera rápida, leyes justas en tiempos justos que no pongan en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
Menudo paquete tiene María Luisa Alcalde, próxima secretaria del Trabajo, quien, con 31 años de edad, tendrá que enfrentar problemas que seguramente tienen más edad que ella. México necesita empleos, pero también una justicia efectiva, que nos proteja de los patrones abusivos. Muchos años después sigue vigente el apotegma de que México tiene hambre y sed de justicia.
Será un gran reto para la nueva administración lidiar con vicios que tienen décadas y con problemas que merecen un análisis profundo para poder tener instituciones confiables y eficientes que permitan una respuesta ágil y expedita entre gobierno, patrones y trabajadores.

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