A dos años de la reforma por la que se eliminó la subcontratación laboral para permitir únicamente la de servicios especializados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realiza auditorías y advierte que muchas empresas perderán su registro como contratistas especializadas, entre otras razones, porque lo utilizan para simular la prestación de servicios especializados, cuando en realidad siguen subcontratando personal.
En entrevista con El Economista, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS explicó que hay un total de 139,000 empresas que han sido de alta en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (Repse) —un requisito para poder prestar servicios especializados—, pero aclaró que la constancia de registro no debe ser interpretada como un permiso para subcontratar trabajadores.
“La reforma en materia de subcontratación prohíbe la subcontratación de personal y el registro en el Repse no es un permiso para seguir subcontratando, el registro en el Repse es una obligación de las empresas especializadas para informar a la autoridad que están al día con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit”, dijo el funcionario.
En estos dos años, la autoridad laboral ha cancelado el registro, por mal uso, a 200 empresas, “se les ha cancelado el Repse, pero no es un número indicativo, ya que están en proceso de revisión otras más por auditorías, pero se está cumpliendo el ciclo y conforme avance el año será exponencialmente mayor el número de registros cancelados, porque ya están terminando los plazos de garantía”.
Recientemente la STPS y el SAT emitieron un comunicado conjunto con el fin de recordar a las empresas que la subcontratación en el país está prohibida. “Ahí no hay duda, no hay cambio, es claro y no hay excepciones, está prohibida. No puedes subcontratar personal”.
Las 139,000 empresas inscritas deben cumplir con la Ley, y eso significa que “solamente pueden ofrecer servicios especializados siendo ellos el patrón de tus trabajadores, y esos servicios especializados nunca, en ningún caso, pueden coincidir con el objeto social o con la actividad económica de quien te contrate”.
Salafranca añadió que, aunque estén en el Repse, “si estás suministrando personal y están contratando para la actividad preponderante de la empresa que los contrata, están incumpliendo con la Ley, están cometiendo un fraude fiscal y el mensaje es que vamos a auditar la STPS y el SAT, y además que las facturas que generan no pueden ser deducibles porque están facturados en un marco de ilegalidad”.
Nuevo registro, cada tres años
El titular de la Unidad de Trabajo Digno recordó que cada tres años las empresas deben renovar su registro en el Repse; lo cual ocurrirá el próximo año y para ello deben estar al corriente de sus obligaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Asimismo, destacó que “hay incumplimiento de diferentes tipos, unos más graves que otros, no todo tipo de incumplimiento tiene el mismo nivel de gravedad”.
Las principales razones por las que esas 200 empresa perdieron el registro son: que hayan dejado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales —no sólo es en el momento de obtener el registro que deben tener una opinión positiva, sino de manera permanente—; incumplir con la obligación de informar periódicamente al IMSS de los contratos establecidos con otra empresa y el número de trabajadores que están involucradas en ellos para verificar que todos estén dados de alta en el Seguro Social; y finalmente, el más grave, que utilicen el Repse para simular un servicio especializado, y en realidad, haya subcontratación de personal.
“Otro muy importante es que se descubra que te estás contratando y estas dando un servicio a otra empresa de su actividad preponderante o de su objeto social. Esto es lo más grave, esto significa medularmente que estás incumpliendo lo fundamental de la ley; es decir, sigues siendo un suministrador de personal y sigues siendo una empresa de subcontratación, y aquí estás delinquiendo tanto a la empresa especializada como a quien la contrata”, resaltó.
En tal sentido, ambas empresas serán sancionadas, “es un delito fiscal importante, además de que nada de lo generado en ese contrato es deducible”.
Plan de inspecciones 2023
Cabe recordar que la STPS tiene programadas para este año 42,000 inspecciones a diversos centros de trabajo en el país, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos laborales.
Para su realización, informó la STPS, trabajaron de manera coordinada con el IMSS, SAT e Infonavit para detectar irregularidades recurrentes en los centros de trabajo y de esta manera lograr inspecciones efectivas.
De acuerdo con el programa de inspección para este 2023 de la dependencia, el 28.5% serán ordinarias y. 71.5% extraordinarias, lo que significa que se inspeccionará hasta 30,000 centros de trabajo bajo este rubro.
De acuerdo con la reforma en subcontratación del 2021, quedó prohibida la subcontratación de personal, pero se permitió la contratación de servicios especializados, siempre que no coincidan con actividades esenciales de la empresa que hace la contratación.
Por: Pilar Martínez / El Economista
