Pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo para expedir la legislación secundaria, se avaló que exista una consulta nacional.
Jorge Monroy
14 de febrero de 2018, 01:02
La Cámara de Diputados se pronunció por llevar a cabo una gran consulta nacional para expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo que fijó la reforma constitucional aprobada en febrero del 2017.
Así lo expuso Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, quien presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por los legisladores, a fin de frenar la aprobación de la legislación secundaria y abrir espacio a las consultas. Cabe señalar que el Senado de la República es la cámara de origen respecto a la aprobación de las propuestas sobre las leyes secundarias y donde se espera que sea presentado el dictamen final.
El 24 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución, en materia de justicia laboral, la cual estableció un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, a fin de que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Entre los principales cambios se contempla la desaparición de las juntas de conciliación, la federal y las locales, y en su lugar estarían los jueces dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, que estarían encargados de registrar sindicatos y los contratos colectivos. El punto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una consulta amplia a trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos, laborales nacionales y también internacionales.
También se comprometió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realizará las gestiones pertinentes para que se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) afirmó que “el buen juez, por su casa empieza, y si esta Cámara de Diputados ha sido muy exigente con el gobierno de la República para que se conduzca con transparencia, respete el derecho a la información y rinda cuentas de su actuar, esta soberanía también tiene la obligación de hacer lo mismo”.
El diputado Ramón Bañales Arámbula (PRI) aseveró que “la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente, y la dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción”.
Día: 15 de febrero de 2018
El palomazo de Isaías y Tereso, y la contrarreforma laboral
Saúl Escobar Toledo
El tema del empleo se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes del mundo actual. Tanto en los países más desarrollados como en el resto del mundo hay signos evidentes de que las cosas no funcionan bien, sobre todo desde la crisis mundial de 2007-8. Y que ello ha dado lugar a una mayor irritación social y a reacciones políticas indeseables como en el caso de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
En los países menos desarrollados el problema es más agudo en la medida en que enfrentamos factores estructurales de muchos años y nuevos desafíos producto del avance de la tecnología.
Dentro de las voces que se han pronunciado permanentemente en este debate está, naturalmente, la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que cada año publica un informe sobre el empleo en el mundo.
Para esta organización no hay duda de que el trabajo decente es una condición necesaria para poner fin a la pobreza en todo el orbe. No basta, asegura, el crecimiento económico, por sí solo, para que ello ocurra. Por trabajo decente (o podría decirse también trabajo digno) se entiende aquel que obtiene una remuneración adecuada; estabilidad; seguridad social para las familias; libertad para organizarse; e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.
Su enfoque se basa en el respeto a los derechos laborales de cada país y en las normas internacionales más importantes discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores, y después ratificadas por los estados nacionales. Para asegurar la creación de empleos dignos se requiere de un marco institucional fuerte y por tanto la revisión y ampliación permanente de la legislación correspondiente; asegurarse de que se cumpla la ley sobre todo mediante la inspección y un mejor acceso a la justicia; y ampliar la cobertura a un número cada vez mayor de la población trabajadora. También es indispensable garantizar la democracia y la transparencia sindical.
La OIT recomienda, asimismo, cambiar el modelo económico y diversificar la base productiva de las naciones. Para ello, advierte, se requiere una base fiscal más amplia y una inversión pública cada vez mayor en infraestructura. Considera indispensable, finalmente, instrumentar políticas de fomento al empleo basadas en la mejora constante de los niveles de calificación de los trabajadores y en facilitar la transición a la formalidad mediante diversos estímulos y políticas públicas.
Desgraciadamente, el paradigma que propone la OIT enfrenta una realidad cada vez más compleja. En los últimos años se ha extendido lo que varios empiezan a llamar la “gig economy”. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español. La palabra gig se utiliza de manera coloquial en Estados Unidos cuando un ejecutante o un grupo musical toca ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Podría decirse, en México, que se echa un “palomazo”.
Recientemente se habla de economía gig para describir un mercado laboral que se caracteriza por: 1) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; 2) se trata de trabajos temporales; 3) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o “freelance”, pues ofrecen sus servicios a una compañía por medio de un contrato mercantil; y 4) por lo tanto, el trabajador no tiene ninguna prestación, ni seguridad social, y puede ser despedido cuando le parezca al empleador sin ninguna obligación legal.
El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular. Bajo las órdenes de ese consorcio, un trabajador cumple con la tarea de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido de antemano.
Pero también se habla de economía de plataformas digitales (que se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que se contratan bajo las mismas características, pero con una diferencia sustancial: el pago es mucho mayor pues el tipo de labores que desempeñan es sustancialmente más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales, de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.
Las virtudes de este modelo laboral (de plataformas digitales o gig) radican, según algunos estudios, en que ofrecen flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del trabajador contratado sin tener que desplazarse a la sede de la compañía. Se asegura también que las plataformas digitales son un mecanismo de intermediación muy eficiente pues se crean mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que permite a los empleadores un mejor acceso al tipo de trabajador que requieren y a éstos últimos acceder a una ocupación más rápidamente y escoger las mejores opciones.
Sin embargo, es evidente que las mayores ventajas son para el patrón que puede utilizar los servicios del trabajador cuando lo necesita, sin ninguna responsabilidad legal, y que paga sólo por la tarea realizada. Otro problema es que, bajo este esquema, ni los patrones ni los empleados pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social, lo que ha despertado también la inquietud de los gobiernos, pues facilita la evasión fiscal.
El crecimiento de las economías gig y de plataforma digital ha sido muy acelerado. Según algunos estudios de McKinsey, el 27% de los trabajadores de EU y Europa forman parte de este tipo de mercado de trabajo. De acuerdo a otra investigación, del Pew Research Center, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores de cuello azul, es decir, son el nuevo proletariado manual que ahora es contratado bajo condiciones de incertidumbre, inestabilidad y muy bajos ingresos. Además, afirma, la mayoría de ellos opta por esta modalidad de contratación no tanto para obtener un dinero extra, sino porque está desempleado.
En el caso de Uber, el modelo gig ha causado ya la oposición decidida de sindicatos y trabajadores por los bajos salarios y la inexistencia de cualquier derecho laboral. En el Reino Unido, el año pasado, después de un largo litigio en tribunales, se les reconoció como trabajadores al servicio de la empresa, lo que fue considerado un gran triunfo para los sindicatos.
En resumen, la economía gig es una realidad que está creciendo gracias al uso cada vez más extendido de las tecnologías digitales y, sobre todo, por la falta de puestos de trabajo fijos y bien remunerados. El reto es lograr el reconocimiento de sus derechos. Convertir el modelo gig en un sistema de empleos dignos, según los criterios de la OIT. No será fácil, pero la obligación de los gobiernos y los legisladores es procurar que así sea.
En cambio, en México, a un par de senadores que dicen representar a los trabajadores, Tereso Medina e Isaías González, del PRI, se les ocurrió hacer exactamente lo contrario: proponer una reforma laboral que quitaba todas las normas legales a la llamada subcontratación para que ésta pueda extenderse sin cortapisas. Y con ello, alentar, incluso a las empresas que no están basadas en plataformas digitales, a formar parte también de la economía gig. Es decir, convertir todas las relaciones de trabajo en un “palomazo”.
Parece que esta intención se ha detenido por el momento. Pero no basta. Hay que insistir en una ley (y en su aplicación) que no sólo impida la generalización de la subcontratación y el freelance, sino que además fomente la creación de un mayor número de empleos decentes.
Según la OIT este es el camino para una sociedad próspera y con menor pobreza y desigualdad. El de la economía gig, que defienden Isaías y Tereso, nos conduce, en cambio, a un futuro sin desarrollo ni paz social. Eso es lo que está en juego en el debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo que están hoy en manos de los legisladores.
https://suracapulco.mx/2018/02/14/palomazo-isaias-tereso-la-contrarreforma-laboral/
Sonora: Darán certeza jurídica a trabajadores sonorenses mediante justicia laboral
TermómetroenLínea /
2018-02-14
Hermosillo, Sonora, 13 de febrero de 2018.- Una reforma constitucional con la que se pretende dar certeza jurídica a las y los miles de trabajadores sonorenses, al garantizar sus derechos laborales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conocidos como «derechos humanos de segunda generación», aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Se trata de la armonización de la norma jurídica local en materia de justicia laboral a lo establecido en el Artículo 123 de la Carta Magna Federal, iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 24 de febrero de 2017 y dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo.
De acuerdo a la lectura del dictamen que estuvo a cargo del diputado Javier Villarreal Gámez, la Gobernadora del Estado propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora en los siguientes términos:
- Facultar al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral:
- Otorgar al titular del Ejecutivo la facultad de prestar el servicio de conciliación en materia laboral, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora;
- Otorgar al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y
- Precisar que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deberán agotar la etapa conciliatoria.
La exposición de motivos del dictamen establece que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna para crear un nuevo sistema de justicia laboral, como una reforma de fondo al Derecho Procesal del trabajo, de manera que la justicia laboral será impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron viable jurídicamente la iniciativa, ya que recoge el espíritu de las modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia laboral, y sobre todo porque cumple con los principios constitucionales de «no contradicción y supremacía constitucional».
Esta Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Desechan iniciativa y turnan proyecto de decreto
En el desarrollo de la sesión ordinaria fue desechada por la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PAN, al no obtener las dos terceras partes de la votación en el Pleno.
El exhorto estaba dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Economía Federal, a la Gobernadora del Estado y al Secretario de Economía estatal, mediante la cual solicitaban que llevaran a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones tendientes a revertir la caída en el crecimiento y el empleo que sufrió la economía estatal a finales de 2017, a fin de garantizar el bienestar de las familias sonorenses en 2018.
Enseguida la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, la cual establece algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales.
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental y/o los ayuntamientos en su caso podrán ejecutar dichas medidas, entre las que se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones que manejen o almacenen materiales o substancias contaminantes. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Previo al inicio de la sesión, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, a nombre del grupo parlamentario del PAN, y acompañado del diputado Juan José Lam Angulo, con la representación parlamentaria del PRD, se pronunciaron en contra de las supuestas acciones de espionaje denunciadas por el precandidato de la coalición «Por México al Frente», a través del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, y exigieron al Gobierno Federal aclarar la presunta persecución de la que dicha persona asegura ha sido objeto en los últimos días.
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=63104&cat=1#.WoWL261Dm-o
Outsourcing: sin condiciones para discutirlo en el Senado
Especialistas critican la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral que se debatirá en el Senado y que plantea, entre otras cosas, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para concentrarlas en un solo instituto. (JUAN )
Iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral prevé no abordar el tema, dice senador; atenta contra los trabajadores: expertos
15/02/2018 Astrid Rivera
El outsourcing podría quedar fuera de la discusión de la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral, debido a que es “difícil que pueda transitar” este tema en la discusión, afirmó Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
El senador dijo a EL UNIVERSAL que la subcontratación, conocida como outsourcing, podría quedar fuera del proyecto de legislación que aún se discute en la Cámara Alta; aseguró que esta iniciativa no busca perjudicar a los trabajadores, por que se han sostenido reuniones con sindicatos, abogados, empresarios y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para considerar a todos los sectores.
“Están muy avanzadas las negociaciones, mañana no están las condiciones para que se presente la iniciativa, se sigue platicando con los senadores miembros de la comisión y también con los sindicatos. Estamos tratando de llegar a acuerdos con empresarios, que es parte importante, con los abogados inmiscuidos en este asunto y con la Secretaría del Trabajo. Es difícil que pueda transitar el tema del outsourgcing, es difícil que transite, no veo que pudiera entrar en la iniciativa”, expresó.
El 24 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral. A partir de esa fecha los legisladores tenían plazo de un año para aprobar la ley secundaria que normaría las modificaciones a la Constitución, en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales.
Chico Herrera comentó que pese a que este tema se está discutiendo “a contrarreloj”, se analizarán los enfoques de todos los sectores de la producción en beneficio de los trabajadores y la protección de sus derechos.
“Sabemos que vamos contrarreloj, no queremos legislar al vapor, y lo haremos de una manera seria lo más pronto posible, pero sin que las prisas nos hagan cometer errores. De ninguna manera buscamos perjudicar a la clase trabajadora”, dijo.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que el proyecto deja desprotegidos a los trabajadores, al establecer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, por lo que representa un “retroceso” para el sector laboral e implicaría una pérdida del valor del trabajo.
El principal eje de la iniciativa es la justicia laboral, con lo que se plantea la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales pasarán al Poder Judicial como tribunales laborales, y se creará un nuevo instituto que concentrará las funciones de conciliación de conflictos y registro de sindicatos.
El proyecto, el cual aún se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos. Trabajo y Previsión Social del Senado, establece la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, organismo que concentraría las tareas de solución de conflictos que hoy desempeñan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de “modernizar” la impartición de justicia para el trabajador.
Para trasladar las funciones de las juntas al nuevo instituto se plantea que la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje deberán presentar un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para concluir los asuntos en trámite; el plan deberá presentarse en los siguientes 120 días después de la entrada en vigor del decreto.
De aprobarse la iniciativa, presentada el 7 de diciembre pasado por los senadores Isaías González, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, el nuevo instituto contaría con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.
Además de encargarse de la conciliación de conflictos laborales, el instituto registrará los contratos colectivos de trabajo, así como la formación de nuevos sindicatos y confederaciones obreras, las altas y bajas de sus miembros.
Sobre el outsourcing, el proyecto propone que la empresa contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente, por lo que los involucrados deberán pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación, debiendo constar por escrito en el contrato de servicios.
“Las operaciones bajo el régimen de subcontratación garantizarán la protección de los derechos de los trabajadores establecidos en esta ley o derivados de la relación contractual. Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus trabajadores, aun cuando estos desempeñen labores para un tercero, y deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive”, señala el documento.
Será “un monstruo jurídico”
Arturo Alcalde, abogado especialista en materia laboral, consideró que con la creación de un Instituto de Conciliación y Registro Laborales se concentrarán en un solo ente funciones que actualmente corresponden a los gobiernos estatales, como es el registro de los sindicatos, así como de los contratos colectivos, además de la resolución de conflictos laborales, con lo que este nuevo organismo podría convertirse en un “monstruo jurídico”.
“El nuevo instituto también será tripartito, su órgano de gobierno tendrá representantes de gobierno, patronales y del sector obrero, se regresa al mismo esquema sin ningún sentido, pierde totalmente su carácter independiente, es un organismo descentralizado y administrativo, un monstruo jurídico”, resaltó.
Dijo que los requisitos que se establecen en el proyecto de legislación para ejercer derechos colectivos como la huelga o de contratación colectiva, son muy difíciles de cumplir, como son reunir las armas de todos los trabajadores, presentar el número de seguro social del patrón, así como de todos los trabajadores. “Es absurdo, porque en más de un tercio de los centros de trabajo los trabajadores no tienen Seguro Social”.
En el tema del outsourcing, comentó que la iniciativa plantea que se puede subcontratar sólo cumpliendo con los requisitos de pagar el salario mínimo y afiliar a los trabajadores al Seguro Social; además, se modifican las reglas para el despido masivo: de aprobarse el documento no será necesario contar con autorización previa del tribunal laboral.
“Es muy grave (…), se va a despedir y contratar barato. Estamos ante la muerte del esquema de responsabilidad patronal, se busca imponer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, así como la pérdida del valor del trabajo”, dijo.
Para Ricardo Martínez Rojas, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, se requiere un debate amplio sobre esta legislación en el que se involucre a todos los sectores a fin de que todos salgan beneficiados. Señaló que el outsourcing debe ser muy limitado porque daña tanto a los trabajadores, al asco y al Seguro Social. Dijo que esta augura sólo debe ser utilizada para emplear a especialistas, no para contratar a toda la plantilla laboral.
Sobre la conciliación, resaltó que el proyecto carece de “dientes” para aplicar una resolución a los conflictos, ya que la conciliación no se establece como obligatoria.
“Cuando el promovente de la conciliación no acude, de cualquier forma se le va a dar su certificado para que pueda ir a demandar, no va a ser conciliación obligatoria. Deben necesariamente agotarse los procesos de conciliación. Si el promovente, sea trabajador, empresa o sindicato no va, no tiene derecho a demandar, de lo contrario no tiene sentido, todo mundo va a faltar a la conciliación y puede demandar. Le faltan dientes a esa parte; si queremos un proceso conciliatorio real, tiene que ser obligatorio”, detalló.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/outsourcing-sin-condiciones-para-discutirlo-en-el-senado#.WoV1XY_JroQ.facebook
Con el Instituto de Conciliación agilizarán soluciones en conflictos laborales: Campa
De manera paulatina tomará las riendas de la juntas locales de arbitraje
La reforma en justicia laboral ya está aprobada, faltan las leyes secundarias, señala
El secretario del Trabajo aseguró que para noviembre los nuevos tribunales entrarán en funcionesFoto Jesús Villaseca
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
La reforma en justicia laboral vendrá a transformar, limpiar, y hacer más ágil la solución de conflictos obrero-patronales para que se resuelvan en menor plazo, se privilegie la conciliación y ya no se alarguen innecesariamente los procesos, aseguró el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián.
El funcionario adelantó que el Ejecutivo propondrá en los próximos días al funcionario que encabezará el nuevo Instituto Federal de Conciliación y Registro de Asociaciones.
Luego de señalar que esta secretaría prepara el terreno para el “aterrizaje” de la reforma, puntualizó que la propuesta de quien dirigirá el nuevo instituto la planteará el presidente Enrique Peña al Senado de la República, el cual tiene que ser ratificado por esta Cámara antes de finales de febrero e incluso ya se tiene una terna de quienes podrían encabezar el organismo.
En entrevista con este diario en sus oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Campa expuso que la dependencia está a la espera de que el Legislativo vote, y en su caso, apruebe las leyes secundarias de la reforma –antes del 26 de febrero–. A la par, se realizan diversas tareas, pues se ve el espacio físico que ocupará el nuevo organismo de conciliación.
Además se elabora un esquema para que las juntas locales de conciliación y arbitraje den salida a los miles de juicios que tienen rezagados a través de un esfuerzo de “transparencia y no corrupción”.
Al respecto, puntualizó que las leyes secundarias plantean un plazo para la desaparición de dichas juntas, que será de cuatro años a partir de noviembre de 2018, y también a partir de esa fecha los nuevos tribunales laborales empezarán a operar con una carga cero, es decir, recibirán sólo nuevos casos.
–¿Hay confianza en que se logrará que las dos cámaras legislativas voten y aprueben las leyes secundarias de la referida reforma antes de que concluya febrero?
–En primer término, la parte principal de la reforma ya fue votada, aprobada y ya es ley, hoy es norma constitucional. Ya se reformaron las leyes y lo único que se atiende en este momento es el compromiso legislativo de concluir con las leyes secundarias que tienen un plazo que vence a finales de febrero, el cual estamos obligados a cumplir por ley.
–En caso de que se cumplan los plazos y las leyes secundarias se aprueben, ¿cómo se va a aterrizar la reforma?
–La secretaría ya se prepara en varios frentes para eso, pero lo fundamental es lo que habrá de discutirse en los próximos días en el Congreso, los pormenores de la conformación de nuevos tribunales de lo laboral y del instituto que tendrá las tareas de conciliación y registro de asociaciones.
El planteamiento es que los tribunales de lo laboral empiecen a operar a partir del 7 de noviembre de este año, es decir, hay nueve meses para establecerlos y ponerlos en marcha. En tanto, las juntas tendrán cuatro años a partir de ese mes para despachar todos los juicios que tienen en trámite.
–Entonces, ¿operarán paralelamente tribunales laborales y las viejas juntas?
-Sí, sólo un tiempo. En los próximos cinco años habrá un proceso de responsabilidad paralela.
–¿Qué proceso se va a establecer para que las juntas terminen con todo el cúmulo de miles de juicios laborales en trámite?
–Se van a tomar diversas acciones, en primer término se les pedirá un esfuerzo de transparencia y solución de los juicios “sin corrupción”; se van a llevar a cabo medidas para acelerar los procesos de dictaminación y se hará una propuesta que atienda la realidad que es la enorme carga de trabajo que tienen.
Es decir, se prepara toda la cuestión administrativa, técnica, física y legal para aterrizar la reforma, sólo se espera que el Congreso concluya con el proceso, pero lo fundamental es que esta reforma agilizará la justicia laboral, ya no habrá juicios interminables pues se quitarán los alicientes para alargar procesos, se acabará con el coyotaje y se dará un cambio radical a este esquema.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/15/politica/016n1pol
Se conservan restricciones del outsourcing
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
Legisladores, representantes del sector patronal y el gobierno federal acordaron mantener los candados al régimen de outsourcing en la reforma laboral y no liberar este esquema.
El dirigente en Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el senador Tereso Medina, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, indicaron que estos tres sectores participaron en las negociaciones en las que se determinó que no se modificarán los artículos en los que se trata la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo.
Indicaron que incluso en la Comisión de Trabajo del Senado la redacción del dictamen de la iniciativa ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
A su vez el senador González Cuevas planteó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para las empresas, como las labores de limpieza, logística, gestión, ventas y tareas administrativas.
Por eso se acordó que no se eliminarán las restricciones al régimen del outsourcing ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.
En tanto, Tereso Medina expuso que los cambios que se proponen, modifican de manera radical el actual modelo de justicia laboral, privilegian la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos y sentencias judiciales.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/15/politica/016n2pol
Sonora: Ajustan ley de justicia laboral
Guillermo Saucedo Miércoles 14 de febrero de 2018 en Hermosillo
Los diputados del Congreso del Estado aprobaron la armonización de la ley local con la federal en materia de justicia laboral, la cual tiene como objetivo remediar conflictos de intereses entre trabajadores y patrones mediante audiencias orales.
Javier Villarreal Gámez, diputado del Partido Revolucionario Institucional, señaló que los cambios más importantes es cambiar las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Juzgados laborales, mismos que atenderán los conflictos no remediados, pasando así la responsabilidad del Poder Ejecutivo al Judicial.
También se aprobó la creación de un Centro de Justicia de Conciliación Laboral, el cual, tiene como fin que los casos no lleguen a los juzgados por medio del arreglo entre las partes involucradas.
“La justicia laboral pasa del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y por otro lado la creación un Centro de Justicia de Conciliación Laboral, es una figura muy interesante porque de esta manera se va a poder trabajar más intensamente en la conciliación de los conflictos para buscar un arreglo antes de llegar a juicios largos, costosos, que incluso afectan a la economía de muchos compañeros trabajadores”, aseveró.
Detalló que sólo en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora existen más de 30 mil expedientes de trabajadores que actualmente se encuentran en litigio con empresas que en mayor porcentaje son maquiladoras, comercios y prestadoras de servicios.