La burocracia mexicana para la aplicación de la reforma laboral es lo que más preocupa al gobierno estadounidense, así como el poco avance en justicia laboral, el cambio y la transformación de la relación laboral entre empresas y sindicatos.
De acuerdo con el reporte que estará realizando el gobierno de Joe Biden cada seis meses, y que tengo en mi poder, la reforma laboral tampoco ha permeado en el conocimiento y conciencia de los trabajadores el derecho de la libertad de asociación y negociación colectiva efectiva que se busca con el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Y de frente a las inversiones por 168 millones de dólares que aplicará el país vecino, en su mayoría en México, para la implementación y cambios laborales en capacitación de jueces e innovación, no será para menos que la supervisión de parte de EU esté a la orden del día, y hasta se sabe que está latente la llegada de supervisores a México.
El próximo primero de febrero será decisivo y el 19 de mayo se cumplirán tres años de su aplicación, y a un año de que deban quedar listos todos los cambios, lo cual se ve lejano de frente al retraso. Se calcula que apenas se tiene un avance no mayor a 20%, y estamos a un año de que concluya el plazo.
Es cierto que la cantidad de que está disponiendo Estados Unidos no se les ha dado a las autoridades mexicanas de manera inmediata, todo ha sido gradual, ya que las autoridades del actual gobierno, al mando de Andrés Manuel López Obrador, deben rendir cuentas de las cantidades monetarias que reciben.
Los pendientes recaen en equipar adecuadamente las nuevas instituciones de justicia laboral, así como completar el reclutamiento, la capacitación y la dotación de personal de estos órganos.
En tanto, el gobierno mexicano propuso la implementación de recursos para la reforma de la ley laboral federal, de casi 228 millones de dólares (mdd). Esto no incluye los fondos que serán asignados a escala estatal.
Tal como se aprobó, el presupuesto federal es de aproximadamente 97 mdd menos que el compromiso del presidente López Obrador para 2019 con el congresista Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, para el financiamiento de 2022.
Al igual que para 2021, cuando se asignaron 164.5 mdd inicialmente y luego se agregaron 13.2 mdd, es probable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda) asigne recursos adicionales para la implementación de la reforma laboral a mediados de 2022.
El gran pero es el retraso de las empresas y los sindicatos, dado que el avance no llega al 0.5% de los 556 mil contratos colectivos registrados, y sólo queda un año para que se firmen todos.
De ahí que la fortaleza de sindicatos, la desaparición de muchos más, y las negociaciones arduas entre empresas y empleados estarán a la orden del día, pero será un gran lastre, así como la falta de pase a las nuevas figuras y desaparición de instituciones como las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Según la Secretaría del Trabajo, bajo la tutela de Luisa María Alcalde, hay cuatro amparos constitucionales pendientes a la reforma laboral, los cuales, a decir de la dependencia, serán desestimados con base en el fallo del 26 de marzo de 2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la constitucionalidad de la reforma y estableció los criterios para guiar las decisiones sobre futuras impugnaciones legales a la reforma. En fin, no se descartan más procesos legales de frente a la lentitud de la aplicación de la reforma laboral, a tres años de su promulgación.
Por: Marialena Vega
