Implementar el nuevo esquema de justicia laboral hasta su última fase, proyectada para mayo del 2022, alcanzaría un presupuesto total de 9,631 millones de pesos. Sin embargo, las entidades federativas que conforman la última etapa han solicitado prórroga para implementar este modelo argumentando no tener los recursos suficientes.
La tercera y última etapa de la implementación de la reforma laboral es también la más costosa. Las entidades federativas que conforman esta etapa solicitaron prorrogar, hasta cinco meses, su entrada en vigor prevista para el primero de mayo de 2022, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para atender este mandato.
Las entidades que esperan la prórroga son: Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Por: El Economista