Redacción/El Vigía
Mexicali, B.C.
Mexicali, B. C.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) intensificará los ejes estratégicos que fortalezcan la paz y justicia laboral, así como esquemas de previsión social y capacitación permanente de personal.
Así lo dio a conocer la titular de la dependencia estatal, Juana Laura Pérez Floriano, quien explicó que los nuevos retos en el terreno laboral obligan a todo servidor público a mantenerse actualizado de forma jurídica y operativa, además de mantener permanente comunicación con los trabajadores de la entidad para conocer sus necesidades.
Uno de los objetivos primordiales es mantener a Baja California como entidad líder en conciliación laboral, ya que el pasado 2017 se cerró con un 90 por ciento de efectividad, debido a las más de 25 mil asesorías proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Mayor acercamiento
La funcionaria estatal dio a conocer que para el 2018 la meta de la dependencia, así como de las diversas áreas que conforman la STPS (como la Dirección de Previsión Social, Inspección del Trabajo, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y las Juntas de Conciliación y Arbitraje) es tener un mayor acercamiento con los sectores empresariales, asociaciones de la sociedad civil, y las cámaras de comercio, entre otros.
Lo anterior para transparentar y acercar a la comunidad los protocolos operativos empleados por la dependencia en busca de tener uno de los mejores sistemas en el país de atención integral para el sector laboral, afirmó Pérez Floriano.
Cabe señalar que el año pasado, la STPS benefició a más de 7 mil trabajadores con el programa de Desarrollo Humano Laboral, mientras que a través de la Dirección de Inspección del Trabajo se realizaron más de 9 mil visitas de supervisión a diversos establecimientos y campos agrícolas.
Oaxaca: Radiografía política – Reforma de justicia laboral
Aquiles Cruz Ramales
Ocho sindicatos y muchas organizaciones están publicando sendos manifiestos en donde condenan la reforma laboral que viene a darle en la suya a los trabajadores de todos los ámbitos, pero la clase obrara está muy preocupada, una reforma que a decir de los sindicatos serios, como el del ayuntamiento y otros, no de los belicosos que ni ayudan y como friegan, “usted ya sabe quiénes” como está de moda la palabrita.
El pasado 7 de diciembre, aprovechando la confusión y la indignación cada vez más creciente contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los representantes de la aristocracia obrera en el Senado de la República: Tereso Medina, de la Confederación de Trabajadores de México, e Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, presentaron una iniciativa a la que han bautizado como Reforma de Justicia Laboral que en esencia desmantela de facto los últimos derechos laborales y sindicales que conservaba el proletariado y la clase trabajadora de México luego de las múltiples contra-reformas que en materia de derecho del trabajo ha sufrido la constitución federal y la propia Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración que también las reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han afectado de forma directa y tajante el derecho de jubilación y pensión de los trabajadores de los apartados A y B.
Esta mal llamada Reforma de Justicia Laboral que el Senado pretende aprobar en lo oscurito, es quizá el más duro de los golpes que haya recibido el derecho colectivo del trabajo al oficializar los contratos de protección y el sindicalismo blanco (pro-patronal o de protección) y charro (amarillo o burocrático) por encima de la contratación colectiva y el sindicalismo democrático e independiente.
La contrareforma contempla la cancelación y desmantelamiento de las juntas de conciliación y arbitraje (las cuales de por sí, en la última reforma laboral burguesa, se impuso su desmantelamiento oficial, turnando su competencia a los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación una vez que se hayan creado los mecanismos de especialización en la materia) y la creación de centros de conciliación (los cuales no están contemplados en la Ley Federal del Trabajo ni la propia Constitución) supeditados al control de la aristocracia obrera, siempre solícita a cumplir con los dictámenes de la gran burguesía nacional extranjera, con lo cual, el arbitrio sería impuesto de manera fáctica atendiendo el interés del patrón y no del trabajador de forma evidentemente más corrupta y burocrática que en las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje.
Lo mismo ocurriría con el derecho a huelga, los emplazamientos de revisión salarial, contractual, los registros sindicales, etcétera. Los cuales se desprende que también deberán pasar el por ese mismo filtro, o el del Poder Judicial, atendiendo no el interés y el ejercicio constitucionales del derecho de asociación, la libertad de manifestación y los derechos laborales consagrados en el 123 constitucional, entre otros, sino el interés fundamental del gran capital y el imperialismo, donde los trabajadores y el sindicalismo democrático y clasista estarían topando de frente con la bota militar tras la reciente imposición de la Ley de Seguridad Interior, resolviendo las luchas sindicales y colectivas de la clase trabajadora a bayoneta calada.
Otro tanto puede decirse de la oficialización de la práctica del outsourcing, el cual tendrá capacidad gremial entre los patrones con la creación de una coalición de empresas que realizan la subcontratación sin respetar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Así, en condiciones de máxima discreción por parte del Senado y ante un proletariado atomizado en diversas agrupaciones sindicales gremiales, de industria, territoriales, nacionales, federativas, confederadas, etcétera, dispersado entre si y focalizado en áreas muy específicas del territorio nacional, desorganizado política y numéricamente, la odiosa Reforma de Justicia Laboral viene a depositar mayores escombros e injusticias sobre la clase trabajadora mexicana que aún sigue aguantando —al menos hasta este momento— en un país donde a la gran burguesía cada vez le es más difícil gobernar como antes, recurriendo para ello a auténticas contrareformas antiobreras y antipopulares como ésta y como la propia Ley de Seguridad Interior que buscan imponerse por encima del pueblo trabajador para dar manga ancha a la maximización de ganancias de las distintas facciones de la burguesía y los latifundios, justo como lo confirma la también nueva ley de Zonas Económicas Especiales, cuya declaratoria reciente se hizo hace unas semanas en el puerto proletario de Salina Cruz, Oaxaca.
La lección para la clase obrera, el campesinado pobre y las masas más profundas de la población es dejar de pensar un poco en elecciones y cambio de amos, para hacerse cargo de su propio destino atreviéndose a luchar y escalar las alturas. Por hoy, es todo. Sayonara.
http://despertardeoaxaca.com/radiografia-politica-reforma-justicia-laboral/
Temen crezca el outsourcing en México
martes, 2 de enero de 2018 a las 1:45pm
REFORMA | NTRZACATECAS.COM
CIUDAD DE MÉXICO. Expertos laborales temen que la contratación vía outsourcing se generalice en centros de trabajo y ya no se use sólo en actividades especializadas.
Este temor se debe a la iniciativa de reforma secundaria sobre justicia laboral que fue propuesta por los senadores Isaías González Cuevas y Tereso Medina el pasado 8 de diciembre.
Esta iniciativa pretende reformar cinco leyes y crear una nueva legislación. Todo ello en el marco de la entrada en vigor de la reforma laboral constitucional en materia de justicia laboral.
El artículo 15-A de Ley Federal del Trabajo (vigente desde 2012) acota la subcontratación a aquellas actividades que no sean estratégicas para las empresas.
Sin embargo, en la iniciativa de ley, permite que 100 por ciento de la plantilla laboral sea subcontratada, lo cual abarata el ingreso y despido de los trabajadores.
“En la ley actual, el outsourcing solamente esta permitido para actividades que se suponen que no son sustantivas, que pueden ser administrativas, de ventas, de gestión, administrativas, de logística, de limpieza. Pero ahora la iniciativa plantea que el outsourcing tenga una vía libre.
“Esto significa que las corporaciones puedan contratar personal que ya pertenezcan a las áreas sustantivas de la empresa. Puede ser hasta 100 por ciento de personas que sean contratadas por esa vía, lo que abarataría significativamente los costos de contratación y despido de las personas”, señaló Miguel Reyes, director del Observatorio del Salario.
La iniciativa aún debe ser discutida y aprobada en la Cámara de Senadores y luego remitirse a la de Diputados, todo antes del 24 de febrero.
Para Miguel Reyes, estos cambios legislativos son respuesta a los cambios fiscales en Estados Unidos que podrían quitarle competitividad a México.
“Cuando se generaliza el outsourcing, se desampara a los trabajadores. Nuestra interpretación es que ésta es una respuesta ante la reforma fiscal que viene de EU y la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
“La salida que ellos están planteando es abaratar todavía más la fuerza de trabajo, fortalecer como principal herramienta de competitividad mexicana los salarios bajos y decirle a los corporativos estadounidenses que lo que vayan a repatriar a EU que lo dejen en México porque se está abaratando más en términos de nómina y costos laborales, con esta iniciativa”, señaló.
La iniciativa también propone un marco legal para el nuevo sistema de justicia laboral, según un análisis de Sales Boyoli, así como crear la Ley Federal del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, entre otros temas.
http://ntrzacatecas.com/2018/01/02/temen-crezca-el-outsourcing-en-mexico/
Q. Roo: Adecuarían Códigos para combatir el robo de identidad
Se dio entrada a dos iniciativas para reformar el Código Penal y la Constitución local
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 2 de enero, 2018
En la sesión 04 de la Diputación Permanente, también se dio entrada a una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución de Quintana Roo en materia de justicia laboral, presentada por los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Tyara Schleske de Ariño, Santy Montemayor Castillo y José Carlos Toledo Medina, todos integrantes del grupo parlamentario del PVEM.
De acuerdo con la exposición de motivos, el propósito fundamental de la reforma es hacer de los procedimientos tanto de conciliación como jurisdiccionales, sean ágiles, transparentes y accesibles.
La iniciativa de los diputados del PVEM, pretende socializar la impartición de justicia laboral, disminuyendo con ello las malas prácticas y dar certeza jurídica a trabajadores y empleadores, acortando tiempos para que la justicia sea una realidad.
A la sesión también asistieron la diputada Mayuli Martínez Simón, así como los diputados José Esquivel Vargas, Fernando Zelaya Espinoza, Ramón Javier Padilla Balam y Carlos Mario Villanueva Tenorio.
https://www.lajornadamaya.mx/2018-01-02/Adecuarian-Codigos-para-combatir-el-robo-de-identidad
Temen expertos que la contratación vía outsourcing se generalice
Expertos laborales temen que la contratación vía outsourcing se generalice en centros de trabajo y ya no se use sólo en actividades especializadas.
Este temor se debe a la iniciativa de reforma secundaria sobre justicia laboral que fue propuesta en el Senado el pasado 8 de diciembre.
La iniciativa de ley permite que 100 por ciento de la plantilla laboral sea subcontratada, lo cual abarata el ingreso y despido de los trabajadores. (Foto: Cuartoscuro)
http://www.notisistema.com/noticias/temen-expertos-que-la-contratacion-via-outsourcing-se-generalice/
La política laboral: causante de la pobreza
Por Roberto Morales Estrella
2 enero, 20
Dos titulares del Ejecutivo federal se han autoproclamado “presidente del empleo”; ponerse ese mote es una burda máscara para fingir la carencia del sentido social de su gestión presidencial, nos referimos tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto.
Desde de la década de 1980, los presidentes no han hecho otra cosa que seguir los lineamientos tácitos y explícitos del Consenso Washington, orientados a transformar todo en mercancía, más allá de los recursos económicos y financieros que por su propia naturaleza son mercancías, pero ahora también son mercancías, a través de la propiedad industrial e intelectual, la ciencia, tecnología e innovación, incluso los recursos naturales que integran la biodiversidad, sin faltar los derechos humanos y las prestaciones sociales.
Desde la década de 1980, ya sean panistas o priistas, los gobiernos tienen en común el modelo económico neoliberal y depredador, manteniendo los salarios bajos como oferta para atraer inversiones extranjeras, fórmula que ya no funciona ante la reforma fiscal de Trump, quien hoy apoya el aumento de salarios a los mexicanos, para hacer menos atractivo invertir en tierras mexicanas, y con impuestos norteamericanos más bajos, llevarse los capitales a Estados Unidos (EU).
A principios de diciembre de 2017 se presentaron las iniciativas de la reforma laboral que incluyen la Ley Federal del Trabajo, como a la que se refiere al organismo encargado de registro de contratos colectivos y de conciliación.
Iniciativas que se caracterizan por ser anticonstitucionales y violatorias de convenios internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que cancela derechos laborales al dar lugar a la subcontratación vía outsourcing, proceso a cargo de un subcontratista y del patrón, por lo tanto el trabajo pasa ser una mercancía más, eliminando el derecho de huelga.
El director del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos no tiene derecho a voto, quedando el control en manos de los sindicatos CROC y CTM leales al gobierno y enemigos de los obreros, invalidándose además el artículo 78 de la Ley General de Transparencia, ya que sustituye la obligación de la autoridad de publicar y mantener actualizada la documentación contractual y sindical, cambiándola por simples índices y versiones públicas.
A petición de los dueños de las líneas aéreas hoy se limita la libertad de asociación y contratación colectiva, pero lo más grave de estas reformas es la cancelación de las garantías de aviso de despido por escrito, dejando en indefensión a los trabajadores frente a los términos otorgados por los patrones, esto significa un retroceso histórico de los derechos laborales.
En este marco legal kafkiano, vemos que en materia salarial México está en las peores condiciones, dado que los ingresos de los trabajadores registran un retroceso significativo.
El salario mínimo tiene como objetivo proteger a los trabajadores contra el pago de salarios indebidamente bajos, por lo que la política de salarios mínimos es un factor estratégico para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la reducción de la desigualdad y pobreza.
Según la OIT, en el periodo 2005-2015 la media de las mejoras salariales en las naciones latinoamericanas fue de 3.6 por ciento, pero en México fue de solo 3.0 por ciento; para el tercer trimestre de 2017, en materia de salarios reales solo Perú y México registraron una contracción de menos 1 por ciento. Mientras que en 10 años el salario en China creció en 225 por ciento, en Rusia y Turquía 45 por ciento, en México se redujo en 25 por ciento.
El salario mínimo, que entró en vigor a partir del primero de diciembre de 2017, es de 88.36 pesos, insuficiente para adquirir la canasta básica que cuesta 94.06 pesos, pero el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) Basilio González expresó que el salario mínimo sí alcanza; claro, el gana 5 mil 787.22 pesos diarios, más 21 prestaciones, entre las cuales están vehículo con todo y gasolina, gastos médicos mayores, celular, ayuda de despensa, pago por riesgo (no se vaya a caer), etcétera. Así, sí alcanza.
Cabe citar que Carlos Slim registró un aumento en su fortuna en 2017 de 12 mil 500 millones de dólares, o sea que su capital suma 67 mil millones de dólares. ¿Y los campesinos y obreros?
Eso de que se han creado 3 millones 328 mil empleos en lo que va del sexenio suena irreal, al respecto cabe reflexionar, ¿cuántos de esos empleos son realmente nuevos?, porque mientras el empleo crece, el PIB decrece, dado que el sector industrial cayó en menos 1.2 por ciento en el tercer trimestre de 2017, y en cinco años de la gestión Peñista han cerrado más de 600 mil Pymes.
Segundo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 15 tipos de aseguramiento: cinco obligatorios y 10 voluntarios. ¿Cuántos de los que reportan como nuevos empleos ya los dieron de baja? Tercero, los precios no dejan de subir, por lo que la inflación de 6.63 por ciento ya ha deteriorado los aumentos de 80.04 y de 88.36.
Generar empleo sin calidad en remuneraciones, prestaciones sociales y seguridad es vivir en un proceso de precarización cada vez mayor, por ello autonombrarse “presidente del empleo” es una ofensa para los mexicanos. ¿No lo cree usted?