El abogado laboral dijo que los señalamientos recientes sobre los supuestos conflictos de interés con su hija, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tienen que ver con impedir su participación en la reforma laboral.
Es importante que exista un equilibrio entre las exigencias de algunos sindicatos por los aumentos salariales y el no poner en riesgo a las empresas, consideró Arturo Alcalde, abogado laboral.
“La clave está en que todos los actores nos pongamos las pilas y entremos a dialogar de una manera distinta para conciliar estos intereses: los de trabajadores legítimos y sindicatos reales, no de organizaciones de Morena”, sostuvo en entrevista para #AristeguiEnVivo.
En ese sentido, coincidió en el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los trabajadores para que se cuiden las empresas y los aumentos no resulten contraproducentes.
Sobre los señalamientos de que el Gobierno Federal buscaría controlar a las centrales obreras a través del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, propuesto en la reforma laboral, Alcalde señaló que la clave está en preservar su carácter autónomo.
“Es un organismo clave pero no hay que caer en el juego de que para preservar un funcionamiento adecuado metan la mano los gremios y los sectores tradicionales de control o el gobierno mismo”, agregó.
El abogado dijo que la vida laboral del país atraviesa por un momento de definiciones donde se está determinando cómo procesar el voto secreto sin regresar a los contratos de protección o al control estatal; cómo permitir que se formen organizaciones libremente sin reproducir un “corporativismo de izquierda”, y cómo generar un diálogo responsable a través de un pacto.
“Uno de cada 100 trabajadores está en un sindicato real donde puede votar por sus líderes y recibir información de las cuotas”, agregó.
El jurista rechazó cualquier tipo de participación en las huelgas de Tamaulipas o del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (SITUAM), por lo que descartó conflictos de interés con su hija, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Explicó que en el caso de Tamaulipas “quisieron manejar que tenía una asociación con la abogada del movimiento sindical (Susana Prieto Terrazas)” a partir de una foto que se tomaron.
En cuanto a su papel dentro del SITUAM, aclaró que es el abogado Eugenio Narcía Tovar quien representa jurídicamente al sindicato.
“Yo particularmente ni siquiera estoy físicamente presente y cuando se decide el estallamiento de la huelga, no tuve participación en ese proceso legal”, detalló.
Y agregó: “obviamente hay el interés que no tengamos participación en los debates, en la construcción de la nueva reforma laboral más que los conflictos concretos”.
Aquí la entrevista completa:
Etiqueta: Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales
Sindicatos alertan por intromisión del Gobierno en sus operaciones
Líderes sindicales y abogados externan su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno pueda controlar las centrales obreras con lo propuesto en la reforma laboral.
Por: Agencia Reforma / Ciudad de México
28 de Febrero
Líderes sindicales y abogados laborales alertaron sobre el riesgo de que el Gobierno federal busque controlar a las centrales obreras a través del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, que se propone en la nueva reforma laboral.
Entrevistados durante las audiencias sobre la reforma en la Cámara de Diputados, reconocieron que puede existir la intención del Gobierno federal de entrometerse en la vida interna de los sindicatos.
La iniciativa de Morena prevé crear un Centro Nacional, que entre sus facultades tendrá la verificación del cumplimiento de directrices sobre democracia sindical.
Los líderes estuvieron ayer en las audiencias de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Foto: Agencia Reforma
El abogado Gilberto Chávez, de la Barra Mexicana de Abogados, solicitó a Morena trasladar el Centro Nacional de Conciliación al Poder Judicial, para evitar un derroche de recursos y evitar duplicidades.
Sólo que la intención sea mantener un control político, no hay congruencia ni lógica en dividir la instancia de conciliación con una sede del Ejecutivo y otra con una sede judicial.
Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, advirtió que hay riesgos de que personajes cercanos al Ejecutivo ocupen posiciones en ese órgano.
Si esto que se propone, para supervisar y fiscalizar, se hace en esos términos de apertura, para constituir un órgano que sea autónomo, sería útil. De lo contrario, va a estar manipulado, mediatizado.
Ángel Celorio, director jurídico de la CTM, reconoció que hay temor de que el Gobierno intervenga en la vida sindical.
Por eso queremos poner candados en esta iniciativa. Sí, tememos que se pueda inmiscuir en los sindicatos.
En contraste, Rodolfo González, dirigente de la CROM, consideró que siempre ha existido control sindical desde el Gobierno a través del registro de estas organizaciones ante la Secretaría del Trabajo.
AMLO pide paciencia
Ante las crecientes exigencias laborales que han derivado en huelgas y hasta cierre de empresas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió paciencia a los trabajadores para conseguir aumentos salariales.
Claro que hay que mejorar los salarios, pero hay que ver también las condiciones económicas de las empresas para mantener los centros de trabajo.
https://www.am.com.mx/noticias/Sindicatos-alertan-por-intromision-del-Gobierno-en-sus-operaciones-20190228-0025.html
Impulsa diputado Francisco Ramírez expedir la Ley General de Centros de Conciliación
Boletín N°. 0964
04-02-2019.- Con el propósito de transformar el actual modelo de relaciones laborales y crear nuevas instituciones que protejan mejor los derechos de los asalariados, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Centros de Conciliación.
Asimismo, reformar las leyes Federal del Trabajo y la de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
En el documento, enviado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoce la necesidad imperiosa de actualizar el ámbito laboral con una acción legislativa sustentada en la equidad entre la producción y la justicia social para los asalariados.
Con esta iniciativa se busca poner “fin al régimen cuyos rasgos autoritarios y corporativos representaron un freno para su modernización” y alcanzar el equilibrio y armonía entre los derechos del capital con los del trabajo.
Además, que la protección de los intereses de los trabajadores derive del principio de legalidad, acceso a la justicia, promoción de organizaciones sindicales libres, autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real y de propuesta, en el ámbito de lo productivo y lo laboral.
En el documento se considera indispensable una reglamentación puntual y revisión profunda de las normas secundarias del trabajo para hacerlas compatibles con el nuevo status político, económico y social de México, a fin de modernizarlo e incorporarlo al entorno de creciente competencia e integración económica mundial.
En la exposición de motivos, Francisco Javier Ramírez adujo que existen 53 millones de trabajadores en México, aproximadamente, de los cuales, casi 28 millones subsisten en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y sólo un pequeño estrato goza de trabajo decente al haber logrado constituir sindicatos representativos y contratos colectivos operativos.
Además, el promedio salarial en México es cada vez menor, y se despide a trabajadores, que contaban con percepciones medianamente decorosas, para recontratarlos con montos cercanos al mínimo.
“Los millones de mexicanos no ocupados subsisten de milagro y por lo menos un millón de ellos ha reconocido vivir de la mendicidad o de actos ilícitos”.
Afirmó que existe un estado de “extrema miseria institucionalizada”, debido a la crisis de la justicia laboral y a la ausencia casi total de sindicatos y contratos colectivos auténticos, situación que de no remediarse en el corto plazo, podría acentuar la crisis política, económica y social, así como la inviabilidad democrática de México.
La tasa de sindicación ha disminuido a niveles críticos. “Apenas cerca del tres por ciento de la fuerza laboral mexicana del sector formal cuenta con sindicatos representativos y contratos colectivos operativos y, por tanto, tiene salarios y prestaciones relativamente decorosas”.
El resto de los trabajadores formales, abundó, está privado del ejercicio de la libertad sindical y el derecho a contratación colectiva, sometido al sistema de simulación de sindicatos y contratos colectivos de protección patronal, o al sistema de subcontratación conocido como outsourcing, que contradicen el artículo 3 de la propia ley laboral.
Explica que la nueva ley sería complementaria de la laboral, de aplicación nacional y estructurará normativa e institucionalmente los centros de conciliación, tanto al Federal —encargado la conciliación prejudicial y de las funciones de registro de sindicatos y contratos colectivos en todo el país— como a los locales, para reglamentar sus respectivas competencias constitucionales y dotarlos de eficacia. Serían organismos públicos descentralizados, encabezados por sus respectivos titulares o directores.
El titular del centro nacional de conciliación sería nombrado por el Senado de la República, electo de una terna que proponga el Ejecutivo federal, y su Junta Directiva se integrará por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y por el de la Función Pública, así como por representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Se busca garantizar su debido funcionamiento como organismo descentralizado de la Administración Pública y el cabal respeto en sus funciones constitucionales mediante reglas procedimentales previstas en la Ley Federal del Trabajo, “eludiendo, desde luego, el insano apetito de los personeros del peculiar tripartismo a la mexicana, de meter las manos en el importante organismo”.
Propone reglas comunes aplicables en todos los centros, para homologar las funciones y objetivos de la nueva institución prejudicial.
Asimismo, plantea modificar la Ley Federal del Trabajo a fin de organizar la instauración de los tribunales laborales, dependientes de los poderes federal y locales, y del organismo público descentralizado de carácter federal, que se encargará de la conciliación y del registro de todos los contratos colectivos y sindicatos en el país.
Además, reglamentar los organismos públicos descentralizados de carácter local, los centros de conciliación de las entidades federativas para facilitar la conciliación prejudicial.
La iniciativa, especificó el diputado, reforma de fondo el derecho procesal del trabajo para garantizar autonomía y eficacia en la administración e impartición de justicia laboral, sustituye las juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales dependientes de los Poderes Judiciales, que pueden conocer conflictos del régimen de seguridad social y perfecciona funciones y competencias de la inspección del trabajo.
Propone cambiar de denominación el Capítulo XII del Título Once a Tribunales Unitarios en Materia Laboral de Circuito y Tribunales Laborales Locales; también, del Capítulo V del Título Catorce, De la Actuación de los Tribunales, de los Centros de Conciliación y del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, y del Capítulo XVII del Título Catorce, Procedimiento Ordinario ante los Tribunales Laborales.
Respecto a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, modifica el artículo 170, para que el juicio de amparo también pueda proceder contra sentencias de tribunales laborales locales o federales, o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/04/0964-Impulsa-diputado-Francisco-Ramirez-expedir-la-Ley-General-de-Centros-de-Conciliacion
Impulsa diputado Francisco Ramírez expedir la Ley General de Centros de Conciliación
Por Equipo Editorial – 4 febrero, 2019
Con el propósito de transformar el actual modelo de relaciones laborales y crear nuevas instituciones que protejan mejor los derechos de los asalariados, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Centros de Conciliación.
Asimismo, reformar las leyes Federal del Trabajo y la de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
En el documento, enviado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoce la necesidad imperiosa de actualizar el ámbito laboral con una acción legislativa sustentada en la equidad entre la producción y la justicia social para los asalariados.
Con esta iniciativa se busca poner “fin al régimen cuyos rasgos autoritarios y corporativos representaron un freno para su modernización” y alcanzar el equilibrio y armonía entre los derechos del capital con los del trabajo.
Además, que la protección de los intereses de los trabajadores derive del principio de legalidad, acceso a la justicia, promoción de organizaciones sindicales libres, autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real y de propuesta, en el ámbito de lo productivo y lo laboral.
En el documento se considera indispensable una reglamentación puntual y revisión profunda de las normas secundarias del trabajo para hacerlas compatibles con el nuevo status político, económico y social de México, a fin de modernizarlo e incorporarlo al entorno de creciente competencia e integración económica mundial.
En la exposición de motivos, Francisco Javier Ramírez adujo que existen 53 millones de trabajadores en México, aproximadamente, de los cuales, casi 28 millones subsisten en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y sólo un pequeño estrato goza de trabajo decente al haber logrado constituir sindicatos representativos y contratos colectivos operativos.
Además, el promedio salarial en México es cada vez menor, y se despide a trabajadores, que contaban con percepciones medianamente decorosas, para recontratarlos con montos cercanos al mínimo.
“Los millones de mexicanos no ocupados subsisten de milagro y por lo menos un millón de ellos ha reconocido vivir de la mendicidad o de actos ilícitos”.
Afirmó que existe un estado de “extrema miseria institucionalizada”, debido a la crisis de la justicia laboral y a la ausencia casi total de sindicatos y contratos colectivos auténticos, situación que de no remediarse en el corto plazo, podría acentuar la crisis política, económica y social, así como la inviabilidad democrática de México.
La tasa de sindicación ha disminuido a niveles críticos. “Apenas cerca del tres por ciento de la fuerza laboral mexicana del sector formal cuenta con sindicatos representativos y contratos colectivos operativos y, por tanto, tiene salarios y prestaciones relativamente decorosas”.
El resto de los trabajadores formales, abundó, está privado del ejercicio de la libertad sindical y el derecho a contratación colectiva, sometido al sistema de simulación de sindicatos y contratos colectivos de protección patronal, o al sistema de subcontratación conocido como outsourcing, que contradicen el artículo 3 de la propia ley laboral.
Explica que la nueva ley sería complementaria de la laboral, de aplicación nacional y estructurará normativa e institucionalmente los centros de conciliación, tanto al Federal —encargado la conciliación prejudicial y de las funciones de registro de sindicatos y contratos colectivos en todo el país— como a los locales, para reglamentar sus respectivas competencias constitucionales y dotarlos de eficacia. Serían organismos públicos descentralizados, encabezados por sus respectivos titulares o directores.
El titular del centro nacional de conciliación sería nombrado por el Senado de la República, electo de una terna que proponga el Ejecutivo federal, y su Junta Directiva se integrará por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y por el de la Función Pública, así como por representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Se busca garantizar su debido funcionamiento como organismo descentralizado de la Administración Pública y el cabal respeto en sus funciones constitucionales mediante reglas procedimentales previstas en la Ley Federal del Trabajo, “eludiendo, desde luego, el insano apetito de los personeros del peculiar tripartismo a la mexicana, de meter las manos en el importante organismo”.
Propone reglas comunes aplicables en todos los centros, para homologar las funciones y objetivos de la nueva institución prejudicial.
Asimismo, plantea modificar la Ley Federal del Trabajo a fin de organizar la instauración de los tribunales laborales, dependientes de los poderes federal y locales, y del organismo público descentralizado de carácter federal, que se encargará de la conciliación y del registro de todos los contratos colectivos y sindicatos en el país.
Además, reglamentar los organismos públicos descentralizados de carácter local, los centros de conciliación de las entidades federativas para facilitar la conciliación prejudicial.
La iniciativa, especificó el diputado, reforma de fondo el derecho procesal del trabajo para garantizar autonomía y eficacia en la administración e impartición de justicia laboral, sustituye las juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales dependientes de los Poderes Judiciales, que pueden conocer conflictos del régimen de seguridad social y perfecciona funciones y competencias de la inspección del trabajo.
Propone cambiar de denominación el Capítulo XII del Título Once a Tribunales Unitarios en Materia Laboral de Circuito y Tribunales Laborales Locales; también, del Capítulo V del Título Catorce, De la Actuación de los Tribunales, de los Centros de Conciliación y del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, y del Capítulo XVII del Título Catorce, Procedimiento Ordinario ante los Tribunales Laborales.
Respecto a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, modifica el artículo 170, para que el juicio de amparo también pueda proceder contra sentencias de tribunales laborales locales o federales, o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas.
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