Posted by Óscar Alzaga
Date: enero 14, 2019
in: Opinión, Principales
El asunto del nuevo aeropuerto fue a consulta popular, el tren maya fue a consulta, la guardia nacional igual se debate, las redes son consultas y foros ciudadanos diarios que influyen en la toma de decisiones del país. Hay un gobierno que escucha y sabe rectificar, hay un diálogo abierto con la sociedad y los medios todas las mañanas; no se evade la consulta ni la toma de decisiones con el pueblo, como lo hacían antes.
El triunfo regresivo del PAN-PRI en 2012 fue el cambio constitucional con la reforma preferente, para evitar deliberadamente la consulta y participación ciudadana en las reformas “estructurales”; o sea, las estratégicas para cambiar la nación a favor del gran capital nacional y extranjero.
Bajo esa política neoliberal de cúpula se hicieron las reformas petrolera y eléctrica, que entregaron el patrimonio nacional, sin consultar a nadie, por sí y ante sí; igual fue la primera la reforma laboral de noviembre de 2012, luego vino la educativa en 2013 y otras. Todas punitivas contra la nación y a favor de una minoría rapaz. La misma minoría que ahora se opone al cambio democrático ciudadano y popular.
Esa diferencia entre la democracia representativa y la participativa es importante: el PRI-PAN buscan el voto, para decidir en el gobierno con los empresarios, haciendo a un lado a la opinión ciudadana. En cambio, la democracia participativa de AMLO, en todo momento depende y toma en cuenta a la opinión ciudadana. Lo que es un cambio de fondo.
El país que dejaron 36 años de neoliberalismo está destrozado por sus reformas, actos ilegales, corrupción y entrega humillante a Estados Unidos, para privilegiar a los millonarios y desproteger al pueblo a sus derechos e intereses: nunca cayeron tanto los salarios como en esos 36 años, hasta hacerlos los más bajos de la historia y de América Latina; el empleo eventual o precario sustituyó al de planta con derechos; creció el falso patrón subcontratista o outsourcing; los despidos baratos se hicieron una arma patronal anti-obrera; los sindicatos los cambiaron de charros del PRI a viles patronales; los contratos colectivos los hicieron de protección patronal y la huelga, por lo tanto, dejó de ejercerse por la CTM, CROC y la mayoría de los sindicatos: “cero huelgas”.
Si nos preguntamos: ¿por qué México tienen los salarios más bajos de América Latina?, la respuesta es: casi no tiene sindicatos auténticos que defiendan los derechos e intereses de los trabajadores. Eso lo saben de sobra los patrones y los gobiernos neoliberales. Porque ellos corrompieron a los líderes de la CTM, CROC y demás, afiliados al PRI. Tan fue así, que esos sindicatos del PRI aprobaron la reforma laboral regresiva de 2012; a la vez que presentaron el proyecto de reforma laboral, el peor de la historia, el 7 de diciembre de 2017 en el Senado.
El PAN siempre fue patronal o conservador, desde 1939 que surgió, como Coparmex y los sindicatos blancos: todos patrocinados por los empresarios de Monterrey, enemigos acérrimos del general Lázaro Cárdenas y los gobiernos progresistas, como el de AMLO.
¿Cómo avanzar en contra del neoliberalismo y sus destrozos, en la construcción de un nuevo país, que cumpla con los derechos del pueblo y los trabajadores del campo y la ciudad? ¿Cómo hacer que la reforma laboral del gobierno actual sea a favor de los trabajadores?
La palabra y decisión la tienen el pueblo y los trabajadores, la mayoría ciudadana tiene que asumir su responsabilidad, ejerciendo sus derechos con su participación y luchas por sus intereses. Ningún trabajador logrará el cambio si lo intenta aislado, dividido y sin organización. Los sindicatos son de los trabajadores, fueron una conquista histórica de sus luchas, solo a ellos corresponde recuperarlos para hacerlos auténticos e independientes. Al gobierno toca cumplir y hacer cumplir la Ley, la Constitución y los tratados internacionales.
Etiqueta: cero huelgas
La esperanza de la clase trabajadora
Napoleón Gómez Urrutia
A partir de la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el Senado, referente a la libertad de sindicalización y al derecho a la contratación colectiva, y una vez superados los problemas iniciales del rechazo por parte de algunos empresarios y senadores de diferentes grupos parlamentarios, de inmediato se inició un proceso de entendimiento, ajuste y aceptación, aunque a veces a regañadientes, sobre el alcance y los beneficios a futuro para la clase trabajadora mexicana.
Y es que es necesario entender lo que estamos viviendo en términos de la desigualdad, la explotación y la pobreza, resultado de un modelo fracasado de política económica y social, producto de la ineficiencia gubernamental, la avaricia y la ambición empresarial, así como de la corrupción generalizada entre sectores dominantes de la sociedad. El futuro hoy para los trabajadores y sus familias es de frustración, tristeza, desencanto y abandono provocados por las autoridades y los círculos de poder económico.
No es para menos: la falta de oportunidades y de ingresos dignos, justos y estables están llevando a la población, simbólicamente hablando, al borde del suicidio colectivo, medido por la desesperación y el coraje de ver a sus hijos y familias enfermar y morir en el desamparo, sin esperanza de recuperar una vida humana con dignidad.
Lo que ha sucedido es terrible y las estrategias e instrumentos que se utilizaron durante las pasadas tres décadas, por lo menos, condenaron a la gran mayoría a esa clase de supervivencia sin futuro o esperanza, que tanto daño ha causado a los núcleos más importantes de la población.
El cinismo empresarial, gubernamental y de muchos líderes sindicales ha implantado un sistema, que es urgente erradicar, de contratos colectivos de protección patronal (CCPP), en contra y a espaldas de los derechos fundamentales de los trabajadores y en oposición a la Constitución de México, la Ley Federal del trabajo y el Convenio 87, hermano del Convenio 98 de libertad sindical de la OIT.
El modelo de los CCPP hoy es muy común en todo el país, sobre todo en las maquiladoras y las trasnacionales; surgió a partir de que originalmente entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994 y, como parte de la política laboral de Carlos Salinas, sirvió para beneficiar al capital extranjero y a las grandes empresas nacionales. El método fue y sigue siendo abaratar el costo de la mano de obra como elemento de competitividad y flexibilidad que degrada los derechos humanos, a pesar de que se definieron las comisiones nacionales respectivas en esta materia. En la práctica, Salinas excluyó el trabajo como derecho humano en la Constitución mexicana.
Así, los CCPP sustituyeron a los contratos colectivos de trabajo (CCT), que alguna vez fueron mayoría. Aquéllos, en los gobiernos neoliberales de 1983 a 2018, crecieron y se reprodujeron como parásitos al calor de la corrupción y de los actos ilegales de los gobiernos, las autoridades y los empresarios.
De esta manera, muchos sindicatos se volvieron patronales y declararon “cero huelgas”, señalaron “topes salariales” y por su parte comenzaron a crecer ampliamente los patrones contratistas y las compañías de outsourcing, que se dedicaron a interpretar la justicia laboral en favor de las corporaciones de negocios por medio de las juntas de conciliación y arbitraje y en favor del gran capital, salvo pocas excepciones.
Hoy el panorama para los trabajadores es desolador y las grandes confederaciones sindicales han promovido una de las peores reformas laborales de todos los tiempos en contra de la fuerza de trabajo. Esto es vergonzoso y hasta llegan al extremo de plasmar en un contrato de protección patronal cláusulas que aplican con lenguaje que se torna esclavizante, como la frase de que el trabajador se someterá al mando de la empresa o que ésta podrá contratar libremente con terceros y despedir a los trabajadores sin ninguna responsabilidad para los empleadores.
Asimismo, en esos contratos se indica que es la empresa la que selecciona al personal con absoluta libertad y a los obreros los llama “colaboradores sindicalizados”, los cuales están obligados a pertenecer y adherirse al sindicato mediante un documento de adhesión a la empresa sin condiciones, siempre favoreciendo las órdenes y los intereses de los patrones, quienes les ordenan laborar en todas las áreas productivas sin los debidos criterios de capacitación, seguridad y protección.
Finalmente, esta aberrante situación tendrá que cambiar con la llegada del nuevo gobierno y terminar con la explotación indiscriminada de la clase trabajadora. De otra manera, jamás se podrá conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social que tanto está demandando el pueblo de México. Esto es lo que, entre otras cosas, espera con realismo la clase trabajadora mexicana.