El aumento al salario mínimo presionaría la demanda de revisiones salariales; sindicatos podrían pedir alzas de entre 10 y 20%.
María Del Pilar Martínez
08 de febrero de 2019, 01:14
Independientemente de la discusión que se dé para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el Congreso de la Unión, nuestro país tendrá una transformación en materia laboral, no sólo por la inclusión de una libertad sindical y una contratación colectiva real; sino porque las revisiones salariales experimentarán un impacto por el aumento a los mínimos y los sindicatos podrían demandar aumentos de entre 10 y 20 por ciento.
Otro factor más es la mayor inspección por parte de la autoridad laboral y los beneficios adicionales —días de paternidad, permisos escolares— que pretenden aprobarse.
Así lo expresó Fernando Yllanes Martínez, titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco del foro Congreso Reformas 2019, quien expuso que de las cuatro iniciativas laborales que se encuentran en la Cámara de Diputados “sólo la del grupo parlamentario de Morena es la que se discutirá de fondo y será aprobada”.
Advirtió que los temas del capítulo laboral que se incluyeron en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obligan a nuestro país a dar cumplimiento “en la legislación a la libertad sindical, y eso es un riesgo porque es muy probable que tengamos muchos sindicatos demandando la titularidad de un contrato, es decir una multisindicalización”.
Asimismo, dijo que “la madre de todas las batallas” será en la revisión del outsourcing, pues “la propuesta para reformar esta figura la presentó el pasado 15 de enero un diputado de Morena y cuya autoría es la Unión Nacional de Trabajadores, concretamente el Sindicato de Telefonistas, y lo que buscan es que se convierta en una actividad esporádica”.
“Nos han dicho que por ahora no se va a reformar (al outsourcing), pero viene una segunda generación de reformas, en donde sí se incluirá”.
Yllanes Martínez expuso que la “actividad esporádica” podría afectar la contratación de servicios, incluso como el de limpieza o vigilancia. “Es importante que se consideren actividades que se complementen, no es posible que se busque desaparecer a una industria que es indispensable para mantener una competitividad y hacerle frente a los costos laborales atendiendo los derechos de los trabajadores”.
Aunado a lo anterior, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social “desempolvó la iniciativa de homologar la Ley del Seguro Social y la del Impuesto sobre la Renta; es la tercera vez que se busca esa homologación, lo cual representará un cambio para las empresa”.
El abogado laboral expuso que es momento de que se consideren todos los aspectos que se modificarán y en los que se encuentran también una recomposición del mapa sindical, “con la llegada de nuevas organizaciones sindicales como la Confederación Autónoma de los Trabajadores y Empleados de México, con Pedro Haces, o la nueva central sindical de Napoleón Gómez Urrutia, las cuales buscarán las posiciones de los órganos tripartitas como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o la Comisión para la Revisión de las Utilidades”.
Etiqueta: contratación colectiva real
Sindicatos tendrán nuevas reglas con reforma laboral
La propuesta establece que cualquier sindicato deberá presentar la Constancia de Representatividad para cada trámite que realicen.
María Del Pilar Martínez
26 de diciembre de 2018, 22:27
Las organizaciones sindicales en el país tendrán nuevas reglas con la reforma laboral que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados y deberán ajustarse a los nuevos mecanismos como presentar la Constancia de Representatividad para cada trámite que realicen frente a alguna empresa o gobierno.
Así lo establece la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el pasado sábado 22 diciembre en donde se considera como objetivo que haya una contratación colectiva real que permita establecer salarios y condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados, para lo cual “la obtención de la Constancia de Representatividad mediante consulta previa a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, como condición para acceder a la firma del contrato colectivo, es el mecanismo que la iniciativa propone para acabar con los vicios y simulación que hoy los afectan”.
En ese sentido, solicitar la legitimación del contrato al sindicato no sólo será para los nuevos contratos colectivos de trabajo, sino para todos aquellos que se encuentran depositados ante las juntas laborales y que en su gran mayoría no reportan movimiento alguno, imponiéndose una regla democrática novedosa al exigirse que éstos sean revisados dentro de los próximos cuatro años, mediante el voto mayoritario de los trabajadores.
Además, ningún trabajador puede estar obligado a formar parte o no de un sindicato, federación o confederación.
Los sindicatos están obligados a rendir cuenta completa y detallada de la administración de los recursos sindicales.
Necesitan 30% de votación
De acuerdo con la propuesta, los sindicatos necesitan 30% de los trabajadores asistentes en el proceso de votación para obtener la Constancia de Representatividad, y si hay más de dos sindicatos en una misma empresa, la constancia sólo será de quien tenga la mayoría en la votación, pues ello permitirá iniciar el proceso de negocios para incremento al salario o para revisar las prestaciones laborales.
Datos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, actualizados al 26 de diciembre del 2018, revelan que hay un registro de 32,973 contratos colectivos, los cuales incluso deberían entrar en un proceso de verificación según la propuesta en reforma laboral.
Vale la pena destacar que en los procesos de elección de las directivas sindicales se actuará conforme a las reglas democráticas y se promoverá la igualdad de género.
“Se consideran medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarse bajo su control”, de tal manera que puede ser cancelado el proceso en caso de que se detecte tal injerencia.