Conclusiones de las Audiencias Públicas de la Reforma Laboral


Del 25 de febrero al 6 del marzo de 2019, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de su Comisión del Trabajo y Previsión Social, realizó seis audiencias públicas para analizar la reforma en materia de justicia laboral.
A estas seis audiencias públicas fueron convocados representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, tribunales laborales, colegios y barra de abogados, académicos, organizaciones sindicales, catedráticos, especialistas, colectivos de la sociedad civil y público en general.
En las mesas se abordaron los siguientes temas:

  • Implementación de la reforma laboral.
  • Derecho colectivo.
  • Derecho individual y justicia laboral.
  • Centros de conciliación y registro laboral.
  • Reforma laboral y sociedad civil.

En las mesas de trabajo participaron 62 ponentes entre magistrados, abogados laboralistas, académicos, investigadores, representantes de organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, e integrantes de colectivos, entre otros.
Este esfuerzo de parlamento abierto dio como resultado audiencias plurales, inclusivas, transparentes, con vocación de intercambio de opiniones.
PLANTEAMIENTOS GENERALES
En las seis audiencias públicas se expresaron múltiples puntos de vista respecto a la reforma en justicia laboral de los cuales destacan:

  1. Que el Congreso de la Unión debe acatar el mandato constitucional en materia de justicia laboral.
  2. Que la reforma debe establecer un proceso de traslado de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales judiciales laborales.
  3. Que es el momento de avanzar en materia de democracia sindical.
  4. Que cualquier reforma en esta materia, debe garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
  5. Que uno de los objetivos es hacer la justicia laboral rápida y expedita.
  6. Que si bien el tema del outsourcing y de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas no son materia de esta reforma, se identificó la necesidad de que a la brevedad debe ser tema de una nueva reforma al marco legal correspondiente.

CONCLUSIONES PARTICULARES
En la Mesa 1: Alfredo Domínguez Marrufo, Subsecretario de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Sara Elvira Morgan Hermida, Procuradora de a Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, en representación de la Lic. Soledad Aragón Martínez, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; Sergio Javier Molina Martínez, Titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del CJF; Margarita Darlene Rojas Olvera, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y Presidente de la CONATRIB.
Principales conclusiones:

  • Se intenta cumplir el Convenio 98 de la OIT, con la reforma Constitucional y al T-MEC, en el Anexo Laboral 23-A.
  • La iniciativa pretende crear un Centro Especializado en la Conciliación en materia federal (organismo público descentralizado) y en el registro sindical (ambos fueros), así como, Centros de Conciliación Local.
  • Con esta reforma se implementaría la función conciliadora federal, que sería obligatoria antes de acudir a solución de conflictos ante tribunales.
  • Para conflictos sindicales será requerida constancia de representatividad de trabajadores, para que puedan acudir a la instancia prejudicial conciliatoria.
  • Plantea una implementación paulatina, de tribunales laborales, instaurándose primero en los Estados con menor índice de conflictos laborales.
  • Los asuntos instaurados en las juntas de conciliación deben ser resueltos hasta la conclusión, los tribunales judiciales deben conocerlos a partir de la aprobación de la ley y el cumplimiento de sus artículos transitorios.
  • Es una nueva forma de resolver los conflictos y es lo más trascendente desde la incorporación de los derechos sociales en el sistema mexicano.
  • Se trata de materializar el derecho al acceso a la impartición de justicia; hacerlo más ágil y con mayor legitimidad.
  • Deben establecerse fechas y montos de entrega presupuestales, para la operación e implementación de la reforma.
  • Carga cero de asuntos inconclusos para los tribunales judiciales y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje mantengan los procedimientos ya instaurados.

En la Mesa 2: Isaías González Cuevas, Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Ángel Solorio Guevara, en representación de Carlos Aceves del Olmo, Secretario General del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Rodolfo González Guzmán, Secretario General de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); Oscar Alzaga, Secretario de Asuntos Legales de la SNTMMSSRM, en representación del Lic. Napoleón Gómez Urrutia, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM); Ismael Cruz López, Catedrático del INESAP en representación de Joel Ayala Almeida, Secretario General de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); Rafael Olivos Hernández, en representación de Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); Eric Ricardo Osorno Medina, en representación de Pedro Haces Barba, Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM); Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); Alejandro Velázquez Méndez, Presidente del Sindicato de Empleados
y Trabajadores, Agentes de ventas en Almacén, Tiendas de Autoservicio, Artesanías, Oficinas particulares del Comercio en Particular, Similares y Conexos de la Ciudad de México; Salvador Alcázar Mendivil, Secretario de Acción Juvenil de la Federación de
Trabajadores de Jalisco CTM; Rafael Díaz Covarrubias, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y Santos Juan Olivo Hernández, representante de trabajadores de PEMEX rescindidos.
Principales Conclusiones

  • El contenido del Artículo 123 Constitucional está en sincronía con el Convenio 98 de la OIT.
  • CTM fija postura: Centro de Conciliación, es órgano descentralizado y administrativo, por lo que se encuentra impedido legalmente de llevar a cabo verificaciones en asambleas, según el Artículo 1º Constitucional; no pueden llevar a cabo inspecciones a documentos, ya que se verían afectados los derechos de los sindicalizados. Sólo pueden verificar la lista de requisitos que marca la ley. No puede aprobar o desaprobar ni aun cuando haya carácter voluntario.
  • El Instituto Federal de Conciliación debe integrarse para que la clase trabajadora tenga una justicia pronta y expedita.
  • El 11 de junio 2011, se introducen los derechos humanos en la Constitución; la Corte Interamericana obligó a todos los poderes a que este principio se elevará a nivel constitucional.
  • Afirman que, sí a la rendición de cuentas. Sí a la democracia sindical. Sí a la inclusión de género. Sí a una libre contratación colectiva.
  • Aprueban la rendición de cuentas obligatoria a los sindicatos que reciben recursos públicos.
  • Rechazo a los contratos blancos y los de protección.
  • El cambio de gobierno será el detonante para modificar el mundo sindical en México, estos cambios tienen que ser en conjunto con la ciudadanía.
  • Es importante destacar que la clave para una verdadera transformación en el mundo laboral, por lo que toca a la parte sindical es, generar las condiciones para que los trabajadores sean quienes dirijan a sus organizaciones, como la elección de sus dirigentes, bajo los principios del voto personal, universal, secreto, libre y directo.
  • Los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre sindicación libre y negociación colectiva, también incluyen la no intromisión de las autoridades laborales en los sindicatos.

 
En la Mesa 3: Jorge Erick Sales Boyoli, coordinador de derecho laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE); Maximiliano Camiro Vázquez, en representación del Lic. Fernando Yllanes Martínez, Presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN); María Claudia Esqueda Llanes, especialista en derecho laboral y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Laboral, AC; Jaime Alejandro Barrios Anaya, representante del Grupo Restitución del Artículo 123 de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga; Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la comisión de derecho del trabajo y seguridad social de la Barra Mexicana de Abogados (BMA); Enrique Octavio García Méndez, prosecretario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVITUR); Jorge Cervantes Martínez, analista jurídico de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados; Gerardo Pinto Dáger, Colegio de Abogados de Yucatán; Jorge Domingo Viveros, especialista en derecho laboral, y Fernando Mier Concha y Soto, abogado laboralista.
Principales Conclusiones

  • Se tiene que erradicar el emplazamiento a huelga, como forma de extorsión, se debe generar certidumbre jurídica para las empresas.
  • Afirma que es necesario tener una reforma, en el menor plazo posible, y dejar temas de lado que no tienen que ver con la reforma constitucional de febrero de 2017.
  • Pide que exista una Ley Orgánica para el Centro de Conciliación y Registro, ya que no puede ni debe existir en la iniciativa de reforma laboral.
  • Afirma que el artículo 123 era el más vanguardista en su oportunidad, y ahora nos vamos quedando atrás, en nuevas fórmulas de derecho.
  • La asesoría a trabajadores debe realizarla la Procuraduría de Defensa del Trabajo, en la vía conciliatoria y en la de litigio.
  • Que se permita el desahogo de la prueba confesional de manera de interrogatorio libre, sin pliego de peticiones.
  • En el ofrecimiento del trabajo en el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, considera que el último párrafo va en contra de conservar las fuentes de empleo. La adición del párrafo va a inhibir la práctica de la reinstalación u ofrecimiento de empleo, para dirimir un conflicto hará que en ningún caso el patrón quiera hacerlo, por ello no debe desvirtuarse.
  • La iniciativa que reforma la Ley Federal de Trabajadores es lasciva para los trabajadores, debe verse integralmente, puede observarse que se sustrae el derecho del trabajo del social y se envía al privado.
  • Los contratos colectivos muchas veces no son acordes a derechos humanos y los Centros de Conciliación deben analizar y revisar esas cuestiones, ya que ayudaría a disminuir la carga de trabajo.

En la Mesa 4: Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Maximiliano Camiro Vázquez en representación del Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Tomás Natividad Sánchez, Presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); José Manuel López Campos, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVITUR); Margarita del Pilar Sánchez Sainz, Directora Nacional de Capacitación y Desarrollo Empresarial en representación de la Lic. Blanca Esthela Pérez Villalobos, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, A.C. (AMMJE); Juan Carlos de la Vega, en representación del Mtro. Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Mónica Loaiza Mateos, Vicepresidenta de Global Summit of Women-Capítulo México; Raúl Millard Barquera en representación del Ing. Enrique Guillén Mondragón, Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA); Manuel García Garrido, en representación del Ing. Eduardo Ramírez Leal, Presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Fabiola Ortiz Ruiz, Presidenta de Mujeres Conectadas, A.C. y Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, A.C., (AMMJE) Capítulo Ciudad de México; José Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de CANACAR en representación del Lic. Enrique Armando González Muñoz, Presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR); Alfredo Kupfer Domínguez, en representación del Lic. Luis Aguirre Lang Presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, A.C. (INDEX); José Alfonso Bouzas Ortiz y Raúl Sapien Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, A.C.
Principales Conclusiones

  • La reforma laboral resulta clave para concretar los principios de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. El país ha estado inmerso en acuerdos internacionales que tienen que cumplirse en materia laboral, como los firmados con la OIT y anexo 23 del TEC-MEC.
  • La inclusión en materia laboral sobre anexo 23 del TEC-MEC, compromiso sobre establecer y mantener un organismo independiente para la conciliación y registros de los contratos de trabajo.
  • Libertad sindical, debe de agregarse la opción en que los trabajadores tengan el derecho de no afiliarse a ningún sindicato.
  • El Instituto de Conciliación debe ser dotado con reglas de transparencia, porque se detectan riesgos para las mipymes.
  • Centro Federal de Conciliación, debe incluir un órgano consultivo tripartito, porque así se estarían tomando en cuenta los tres puntos de vista: el patronal, trabajadores y gobierno.
  • Horario flexible, no mobbing, trabajo en casa, igualdad de salarios y no discriminación.
  • Es importante que el Centro de Conciliación no sólo tenga la tarea del registro de los sindicatos, sino que también lleve un registro de todos los trabajadores que no quieran pertenecer a un sindicato.
  • Tripartismo para el Centro de Conciliación. Reforma más trascendente.
  • Pide que la Ley sea congruente con los tiempos que se están viviendo, para una equidad laboral y de género.

En la Mesa 5: Rosario Jiménez Moles, Representante del Gobierno Federal de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; Héctor Arturo Mercado López, Magistrado del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito; Silvia Selene Sánchez Rodríguez, Auxiliar de Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; Hugo Arriaga Estrada, Ejecutivo del Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, AC; Hayde Ortiz Trejo, Representante de Consultoría Médica Integral Metropolitana, SC; María del Rocío González Balsa, Fundadora Hijas de la MX; Ana María Nolasco, Integrante de la Campaña Trabajo Digno Derecho de las Mujeres; Cristina Zaragoza Lemus, delegada del Sector de Jubilados del Sindicato de Telefonistas de México, y Natalia Juárez Medina, Secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Principales Conclusiones

  • En la propuesta hay un gran respeto a los derechos humanos y a la igualdad de género.
  • Hay que capacitar al personal, buscar infraestructura y salarios suficientes, acordes al grado de responsabilidad.
  • Preocupa que la reforma va dirigida a una minoría. Se necesitan mejores operadores del derecho y las Juntas los tienen, pero se requieren recursos para los salarios de los funcionarios.
  • La parte adjetiva es muy importante, porque los procedimientos son lentos y engorrosos, por ello los medios electrónicos pueden contribuir a coadyuvar a su inmediatez.
  • La reforma no dice cómo han de ser usados los medios electrónicos, ello debe ser subsanado.
  • La productividad de una empresa depende de la eficiencia de los empleados. El home office (trabajo en casa) reduce gastos para las empresas y beneficia la convivencia y vigilancia de los padres y madres trabajadores sobre su hogar.
  • Históricamente la Ley Federal del Trabajo y el derecho laboral fue conceptualizado en masculino.
  • La carencia de recursos económicos en las Juntas, se debe a que no hay plataforma de diagnóstico, en el que se vea cuáles patrones envían todos los asuntos a las Juntas para beneficiarse, por saber que los procedimientos son lentos.
  • Existe un falso tripartismo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje; afirma que las partes son jueces perjudicando a la clase trabajadora.

En la Mesa 6: Eugenio Narcia Tovar, Socio Director de Asesoría Legal y Representación Laboral ANR, S.C. y asesor de sindicatos del  sector público y privado; Oscar Rubio González, Socio Fundador de Asesoría Legal y Representación Laboral ANR, S.C. y asesor de sindicatos del sector público y privado; Sandra Maricela Flores Alonso, Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados; Gustavo Macías Sandoval, Asesor Jurídico de la Federación Nacional de Sindicatos
Independientes; Guadalupe Morales Núñez, Servicio público en calidad de ciudadana; J. Eliel Morales Sosa, Representante patronal por el Consejo Coordinador Empresarial y COPARMEX ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; Felipe
García Martínez, Representante del Grupo Restitución del Artículo 123 de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga; Rosario Ortiz Magallón, Comisionada de acción política del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas; Héctor Barba García, Asesor Jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores; César Maillard Canudas, Presidente de la Comisión de Empleo y Productividad de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos CONCAMIN; César Adrián de León Guadiana, Funcionario Conciliador de Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; Selene Campos, Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Principales Conclusiones

  • La reforma constitucional de febrero de 2017 marca cual debe ser el contenido de la reforma laboral, junto con el Capítulo del T-MEC. El Centro de Conciliación debe mantenerse como órgano descentralizado con autonomía, como lo establece la reforma constitucional.
  • El problema con el tripartismo fue degenerando la situación, ya que los representantes fueron resolviendo conforme a sus intereses propios, por ello no hay argumentos en las sentencias.
  • Cuestionamiento al tripartismo se deben a la falta de representatividad de las organizaciones, porque generó prácticas de simulación.
  • Debe tenerse cuidado con el padrón de trabajadores que ha de servir para las constancias de representatividad, porque pueden convertirse en listas negras, que servirán para despedirlos.
  • Debe buscarse el cómo lograr que las recomendaciones internacionales permitan la eliminación de la brecha salarial.
  • Se debe puntualizar a detalle los requisitos para la designación de los juzgadores, evaluados mediante exámenes orales. El Centro de Conciliación, debe capacitar y actualizar a su personal constantemente.
  • Las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido abandonadas, con ello quiere justificarse su extinción, pero generaron la inoperancia y su corrupción.
  • La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que la precariedad laboral en México, sobre todo en la brecha salarial, está marcando una desigualdad social.
  • Debe establecer el concurso abierto para elegir al personal que ha de integrar el Centro de Conciliación.
  • Libertad sindical es fundamental para evitar los contratos colectivos de protección patronal.

 

6 de marzo de 2019

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Audiencia-Publica-Reforma-Laboral/Materiales-de-las-Audiencias/Concluciones

Indispensable, coordinación de Ejecutivo, Legislativo y Judicial para no vulnerar derechos de trabajadores


Boletín N°. 1149
27-02-2019.- El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, consideró indispensable coordinar el trabajo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de no vulnerar los derechos de las y los trabajadores.
En la mesa 3 de las Audiencias Públicas sobre la reforma laboralDerecho individual y justicia laboral”, que se celebran en San Lázaro, el diputado expresó que “observamos que las juntas de conciliación están repletas de demandas; entonces, es necesario conjuntar esfuerzos para que ya no suceda”.
Además, quien esté a cargo de los órganos conciliadores no debe ser ciego ante las necesidades de los empleados. Y sobre los sindicatos, dijo que se tiene que apoyar a quienes toman buenas decisiones.
“Toda ley es perfectible, pero estar aquí obedece a la decisión de que México necesita un cambio en materia laboral. Los legisladores tenemos la tarea de escuchar a los trabajadores, pero también a los patrones, para nutrir las iniciativas y votar de manera responsable”.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) destacó el diálogo con expertos; “es un ejercicio del que nos llevamos todos los comentarios, porque es una discusión que está en puerta para hacer frente al colapso en el rubro laboral”.
Su compañero de partido, diputado Marco Antonio Medina Pérez comentó que “estamos en una etapa de análisis de una reforma reglamentaria; es decir, no estamos empezando de cero”. Además, no sólo se estudia una propuesta del grupo mayoritario, sino varias de distintos grupos parlamentarios.
La diputada Margarita García García (PT) resaltó el ejercicio de las audiencias, porque sirven para escuchar a una ciudadanía ávida de justicia. “Tenemos mucho qué hacer en esta reforma, porque la legislatura debe caracterizarse por escuchar y trabajar para el pueblo”.
Agregó que “vivíamos en un México corrupto que incluía a la Cámara de Diputados, los congresos locales aprobaban reformas a espaldas de los trabajadores, pero ha quedado demostrado que el pueblo estaba harto de la impunidad”.
Del PAN, el diputado José Elías Lixa Abimerhi inquirió si es posible que un juzgador pueda sostener la carga de trabajo, y si presupuestalmente se puede atender la iniciativa. Su compañera de grupo, María del Pilar Ortega Martínez, pidió saber la naturaleza que adquirirán los convenios luego de emitirse la legislación secundaria.
En su turno, Maximiliano Camiro Vázquez, en representación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), exhortó a las y los diputados a tener una reforma en el menor plazo posible, que surja del diálogo y la participación social. “Es necesario crear condiciones propicias para el sector empresarial, porque hay un alto índice de mortalidad de los centros de trabajo”.
Indicó que no se debe perder de vista para quién se está legislando, el 85 por ciento de empleos se genera en las micro, pequeña y mediana empresas; tiene que hacerse una reforma sencilla que permita a trabajadores y empleadores cumplir con sus obligaciones. “Muchas veces se enfrentan a una serie de cargas que termina ahogando a estas empresas o las orilla a la informalidad; es decir, las leyes no tienen que ser obstáculos para el sector”.
El coordinador de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Jorge Erick Sales Boyoli, destacó la necesidad de modificar la política laboral del país, con el propósito de mejorar los ámbitos social y económico. Recomendó privilegiar conciliación en un sentido práctico y no detenerse en lo técnico; “el Estado debe recuperarse como un buen empleador”.
Hizo votos porque la reforma en la materia sea un verdadero ejercicio democrático y que deje frutos concretos. Sugirió revisar las fechas que la propuesta presenta en los artículos transitorios, porque no queda claro cuándo y qué se pondrá en marcha. Las empresas están a favor de elevar el poder adquisitivo, pero no con medidas que vayan en contra de las compañías; la reforma debe contemplar un seguro de desempleo, hoy eso son demandas laborales por salarios caídos.
María Claudia Esqueda Lanes, representante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo AC, consideró que la regulación que la iniciativa contempla para el centro de conciliación es inadecuada; debería realizarse una ley orgánica para dicho centro y no regularlo en la misma ley secundaria.
Si se quiere apoyar a la clase trabajadora se debe regresar a esquemas previamente establecidos; es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las áreas financieras del Estado deben recapacitar sobre la aplicación de algunos impuestos y exentar prestaciones como el tiempo extra.
Jaime Alejandro Barrios Anaya, representante del Grupo Restitución del Artículo 123 de la Escuela de Derecho “Ponciano Arriaga”, indicó que sustituir las juntas de conciliación tendrá un costo inherente y debe revisarse si es posible hacerlo o no.
Se tiene la oportunidad de mejorar el artículo 123, que antes era vanguardista, pero hoy nos estamos quedando atrás en la innovación de nuevas fórmulas del derecho laboral. “Lo que nos espera es abrumador para todos los trabajadores; es buen momento de crear leyes para nuestro futuro”.
Jorge Domingo Viveros, representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, estimó que la iniciativa es lesiva para los trabajadores y tiene que revisarse en su totalidad, no por artículo. “La propuesta, como está, deja a los trabajadores en aras del derecho privado”. Añadió que la subcontratación debe eliminarse en el país o, cuando menos, tiene que regularse”.
Pidió a los legisladores analizar en contexto los artículos y no aprobar una reforma regresiva para los empleados y los derechos avalados en la Constitución. “Por ejemplo, no se menciona cómo van a funcionar los tribunales y hay muchos contrasentidos en el articulado”.
Fernando Mier y Concha Soto, abogado especialista, subrayó la importancia de que los derechos humanos se tomen en cuenta en la reforma laboral; sería relevante que el centro de conciliación tenga facultades de fiscalización y de resolver controversias sobre las garantías de los trabajadores.
Indicó que si los derechos humanos ya están y se aplican, y en la ley laboral aún se está modificando, los contratos colectivos anteriores no cumplirían con esas garantías; por ello, dijo, se tiene que revisar detalladamente cada artículo de la iniciativa.
Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados, propuso que los entes de conciliación deben pertenecer al Poder Ejecutivo: “pero se olvidan que los organismos descentralizados bien pueden pertenecer a otros poderes como el Judicial, entre ellos”.
“El país no está para derroches, no hay dinero para construir, abonar y pagar instancias conciliatorias a las ya existentes adicionales, a los tribunales laborales futuros, no hay congruencia ni lógica en dividirlos en sede del Ejecutivo unos y en sede Judicial los otros, y más aún que la intensión sea mantener un control político”, reiteró.
Propuso que el organismo descentralizado y los centros de conciliación pertenezcan al Poder Judicial y sean las mismas instalaciones y la misma infraestructura de los tribunales laborales las que desahoguen esa fase conciliatoria prejudicial.
Por su parte, Enrique Octavio García Méndez, secretario de la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio Servicio y Turismo, agradeció las audiencias públicas porque hace efectivo lo que se mandata.
Los empresarios, dijo, requieren de la protección y acceso a la justicia pronta y expedita que ahora se hace realidad con la participación de las audiencias públicas. Explicó que gran parte del organismo representa a los micro, pequeño y mediano empresarios que son 55 por ciento del PIB y el 60 por ciento del empleo formal de nuestro país.
Necesitamos garantizar el derecho constitucional que tienen los patrones para no reinstalar a ciertos trabajadores mediante el pago de las indemnizaciones legales procedentes. Explicó que de acuerdo con la fracción décima segunda del artículo 123 constitucional, la ley determinará los casos en que el patrón puede ser eximido de la obligación de cumplir el contrato del trabajo mediante el pago de una indemnización.
Por otra parte, Gerardo Pinto Dáger del Colegio de Abogados de Yucatán, explicó que el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo habla de la negativa del despido y ofrecimiento del trabajo.
Esto, explicó, tiene su fundamento en una defensa ordinaria que se utiliza en el litigio para revertir la carga aprobatoria y, sí es cierto, más del 50 por ciento de las defensas laborales se pasan en negar el despido y ofrecer el trabajo para revertir la carga aprobatoria, que si bien es una práctica ordinaria, también va en contra de los objetivos de la ley, que es preservar las fuentes de empleo y las relaciones laborales.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/27/1149-Indispensable-coordinacion-de-Ejecutivo-Legislativo-y-Judicial-para-no-vulnerar-derechos-de-trabajadores