LUNES 29 DE ABRIL DE 2019
Durante más de 80 años los sindicatos, que se decían ser los representantes de la clase trabajadora, fueron el principal dique para que ésta accediera a mejores salarios y por consecuencia mejores niveles de vida
Lucía Meza Guzmán / Senadora por Morena
Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y campus Puebla, “la política salarial-laboral de la administración del presidente Enrique Peña Nieto destruyó fuentes de trabajo en empleos de altos salarios y sólo presentó crecimiento del empleo en salarios de baja remuneración”.
En el análisis de coyuntura “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, se afirma que “la política laboral y salarial es sin duda, uno de los aspectos más inamovibles de los últimos 30 años en México” y que la política laboral del gobierno peñista se caracterizó con “precariedad en las condiciones laborales, con población sin seguridad social y contratación no permanente”.
Durante más de 80 años los sindicatos, que se decían ser los representantes de la clase trabajadora, fueron el principal dique para que ésta accediera a mejores salarios y por consecuencia mejores niveles de vida. Esos sindicatos, brazo corporativo del PRI, fueron, por el contrario, quienes consistieron la precariedad en el trabajo y la pobreza salarial.
Durante décadas el control sobre los trabajadores fue implacable. La mayoría priísta en los congresos locales y en el federal no permitía que pasara ninguna iniciativa de la oposición de izquierda que significara mejoras sustantivas en favor de los trabajadores.
Sin duda alguna en el recuerdo oscuro de los trabajadores están aquellos líderes como Fidel Velázquez, Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascoe, Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores Morales y Joaquín Hernández Galicia, por ejemplo.
Estos, y muchos más, eran quienes marcaban línea para que nada que afectara los intereses de la clase política y de los grupos empresariales. Por fortuna la lucha siguió. En la llamada “congeladora parlamentaria” quedaron muchas iniciativas que hoy podrán ser una realidad.
Cuatro meses antes de que terminara su administración, el portal SinEmbargo publicó: “Los saldos de Peña: 68.4 millones, sin seguridad social; 26% de los adultos mayores, sin una pensión”, precisaba que “México se encuentra entre ´los peores países del mundo para trabajar´ en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional. Nuestro país se encuentra en la categoría 5 de este ranking por ser una nación que no garantiza los derechos de los trabajadores”.
Se destacaba que México se encontraba en la categoría 5, donde “si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están, por tanto, expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”.
El pasado 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma laboral cuya minuta fue enviada al Senado, donde fue aprobada por unanimidad por las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.
Y por qué por unanimidad?, porque a partir de su publicación, por ejemplo, las trabajadoras gozarán de seguridad social, aguinaldo y vacaciones; porque se acabarán los llamados contaos de protección patronal, y ahora los sindicatos van a tener que someter a votación, de todos sus agremiados, qué tipo de contrato quieren y podrán discutir sus cláusulas.
Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y se crean tribunales laborales para garantizar mayor imparcialidad, tribunales especializados en el ámbito del Poder Judicial que están obligaos a garantizar una verdadera justicia laboral.
Se visibilizará a los trabajadores del campo y deberá respetarse sus derechos de seguridad social, lo que, sin lugar, es un gran triunfo de los sindicatos independientes, organizaciones sociales, de abogados laboristas y de la izquierda que siempre propugnaron para que se alcanzara la justicia laboral.
Esta reforma tiene un significado relevante, pues hoy, las trabajadoras y los trabajadores del hogar van a poder tener asegurados sus derechos que antes no se tenían, pues por cada 100 personas ocupados en actividades domésticas, 90 de ellos son mujeres y regularmente laboraban sin ningún tipo de contrato. Sin duda, debemos de reconocer la lucha social emprendida por mujeres trabajadoras, como Marcelina Bautista. Este triunfo también es de ellas.
De igual manera, se cumplen los acuerdos 87 y 98 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), sobre democracia y libertad sindical, y se atiende el anexo 23 del tratado de libre comercio conocido como T-MEC, relativo al derecho de sindicación y negociación colectiva.
Llama la atención las declaraciones de la dirigencia priísta que en San Lázaro que reconocieron: “Ya muchos liderazgos nos dimos cuenta de que, o nos adecuamos a los tiempos de la nueva realidad o nos quedamos fuera”. Esta reforma representa un avance significativo, amén de que debemos seguir, impulsando cambios que ofrezcan mayores beneficios a la clase trabajadora. Hoy en el Senado, al aprobar la reforma laboral, el triunfo será de todos y será unánime.
Etiqueta: política laboral y salarial
¿Volver al 68? Hacia una política laboral y salarial para el desarrollo
Por Marcos T. Águila
Morena carece de una política laboral y salarial desarrollada (no lo requería para ganar las elecciones), pero la alianza y soporte de la clase trabajadora al nuevo gobierno, la exige
11/10/2018
Resulta paradójico el hecho de que 1968, año de la movilización estudiantil y popular autónoma de mayor envergadura que nuestro país ha vivido después de la Revolución, coincidió con uno de los puntos de más alto nivel salarial relativo en México. Dicho de pasada, ello indica que las motivaciones económicas inmediatas no producen por default protestas políticas, como una cuestión de acción- reacción predeterminada y predecible. Las protestas políticas tienden a asociarse a asuntos que lastiman la dignidad personal y social, y sus vasos comunicantes pueden ser internacionales, como en el caso del año que nos ocupa. La paradoja de 68, también, nos indica que si bien las clases trabajadoras mexicanas pudieron ser simpatizantes silenciosas del movimiento estudiantil popular, en general éstas permanecieron al margen, como a los temas centrales de la protesta de estudiantes y clases medias urbanas, a diferencia del mayo francés, por ejemplo. La defensa de la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento, y más adelante, la denuncia de la brutal represión en Tlatelolco, fueron un tema secundario para los obreros. México vivía entonces un panorama favorable para el empleo y las expectativas de crecimiento salarial. No en balde, el salario medio industrial se había duplicado, entre el an de la Segunda Guerra Mundial y 1968. Ubicado en la cima de su poder, el charrismo sindical presumía su control, basado en la fórmula de sumisión política a cambio de aumentos salariales regulares. Ello permitió al eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez, pronunciar sus declaraciones en favor del presidente Díaz Ordaz después del 2 de octubre, en nombre del movimiento obrero.
Cincuenta años después, el panorama laboral que vivimos es el opuesto, tanto en el terreno del mercado de trabajo, caracterizado por la ausencia de oportunidades ocupacionales suacientes y dignas a todos los niveles, incluidos los empleos de caliacación relativamente alta, como por el piso salarial forzadamente bajo. Decimos forzadamente, tanto por efecto de la debilidad del propio mercado – la sobreoferta de mano de obra propia de los países atrasados-, como por la desintegración del sindicalismo de todo tipo, así como por el carácter antiobrero de la política de los gobiernos del TLC, orientados al crecimiento basado en las exportaciones, cuyo complemento natural consiste en deprimir el costo salarial como arma competitiva. Así, una de las piezas clave de la estrategia antiobrera fue el control férreo del salario mínimo, verdadera ancla para toda la estructura salarial desde los años de la crisis de la deuda externa y los programas de estabilización del FMI. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos llegó a ser supervisada por organismos anancieros internacionales. La debacle salarial comenzó en aquellos años, pero sus efectos se congelaron hasta hoy, con la excepción de pequeños segmentos del espectro salarial ligados a las antiguas empresas estatales (y sus sistemas de jubilación privilegiados, por ejemplo), a la élite del sector ananciero o a la casta dorada del poder judicial, con la joya de la corona representada por los impúdicos ingresos y condiciones laborales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para la inmensa mayoría de los trabajadores de a pie, más de tres décadas de vacas kacas. ¿Será por an la época de cambiar el sentido del ciclo salarial de largo plazo? ¿Volver a un nuevo 68?
La novedad, por supuesto, es el impulso popular que ha llevado al hasta hace muy poco despreciado “líder populista” en los medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador, “el fantasma de Venezuela”, a su inminente toma de posesión como nuevo presidente de México. Un verdadero terremoto electoral. Pero, ¿cuál será la política laboral y salarial del nuevo gobierno? ¿La tiene? Desafortunadamente, contamos solamente con pocas pistas y algunas conjeturas. Ello se basa en otra paradoja. Por un lado, es evidente que el triunfo de AMLO se asentó en buena medida en el voto de millones de trabajadores asalariados a favor suyo, pero por otro lado Morena no es un partido de trabajadores urbanos, con una estructura asociada a sindicatos o círculos de obreros. El Movimiento de Regeneración Nacional se construyó alrededor de un proyecto político-electoral, asociado a una mezcla variopinta de sectores vinculados a organizaciones de colonias populares, de comerciantes, de clases medias depauperadas; así como de organizaciones campesinas e indígenas, todos víctimas de la política de modernización excluyente que inauguró el Salinismo: ¡Muera el Estado obeso!, ¡Viva la competencia!, ¡Viva la propiedad!, y un implícito ¡Viva la corrupción! El grito de guerra de Morena: ¡Muera la corrupción!, por tanto, convocó a millones. La coalición probó ser eacaz, pero en ella el segmento de trabajadores asalariados como tales se diluye en la palabra pueblo. A diferencia de partidos como el PT brasileño, con un núcleo obrero organizado en su centro, Morena no es un partido de la clase trabajadora, repetimos, sino más bien un movimiento pluriclasista, con peral nacionalista y acaso también “de raza”, indígena y mestizo. Muchos de sus militantes hicieron carrera política en otros partidos. Claro está, con sus propias contradicciones, como muestra la sorprendente boda de César Yáñez (el colaborador cercano de AMLO), en Puebla. Una boda tan cercana en forma y fondo a las de los “aas” y “mirreyes”, ¡antes de tomar posesión!, acaso ameritaría plantear su separación del proyecto.
En suma, Morena carece de una política laboral y salarial desarrollada (no lo requería para ganar las elecciones), pero la alianza y soporte de la clase trabajadora al nuevo gobierno, la exige. En cuanto a pistas y conjeturas, se desprende que su orientación puede favorecer un despegue de la organización sindical independiente, y una posible mejora de la negociación salarial a favor de los trabajadores. No tenemos espacio para desarrollar aquí los contenidos. Vamos apenas a enunciar tres ideas: Primera: se precisa de una política salarial progresiva. No repentina, ni fugaz, pero arme, asentada en una recuperación progresiva del mercado interno (que permita que el incremento de la demanda de consumo de bienes salario eleve el empleo local, y no sólo el extranjero, asociado a las mercancías importadas). Acaso el primer paso en esta política sea revertir la orientación sobre el salario mínimo como ancla, al de un salario como vela. La CONASAMI no tiene por qué desaparecer (como se ha sugerido), sino transformarse en una institución orientada a recuperar el texto constitucional, a procurar el bienestar de las familias trabajadoras, como sucedió en el Cardenismo, cuya herencia ha reclamado Morena. El tripartismo no es por naturaleza proliberal, ello depende de la fuerza relativa y orientación de los integrantes, especialmente del árbitro estatal. Segundo: Procurar una defensa efectiva de la contratación colectiva (como sostiene el recién armado convenio 98 de la OIT en el nuevo Senado), lo que supone combatir el llamado outsourcing, que debilita extraordinariamente el lado obrero del mercado laboral. Tercero, y complementario a los otros dos: una política que favorezca la emergencia de representaciones sindicales autónomas, contra la gerontocracia y gangsterismo sindical. El panorama político social cambiaría. Las huelgas dejarían de ser reliquia del pasado o tratarse como actos antipatrióticos. Serían la expresión pactada para hacer valer el derecho de los trabajadores a una vida digna. Para volver a otro 68.
Profesor Investigador de la UAM Xochimilco. Historiador y economista.