Declaración de la Coordinadora Socialista Revolucionaria
21-05-2019
Rebelión
“El proletariado, para ser capaz de gobernar como clase, debe despojarse de cualquier residuo corporativo, de todo prejuicio o incrustación sindicalista”
Antonio Gramsci
La conmemoración del 1 de mayo de 2019 se ha realizado en medio de un proceso de recomposición de la lucha de la clase trabajadora, de nuevos esfuerzos de articulación del sindicalismo independiente y de una reciente reforma laboral que abre importantes oportunidades para enfrentar al charrismo sindical y construir organizaciones sindicales auténticas.
La aplastante derrota electoral de los partidos de la derecha, PRI y PAN -que auspiciaron y protegieron la existencia de un aparto corporativo burocrático que mantuvo oprimida y maniatada a la clase trabajadora a lo largo de casi 80 años-, ha generado mayor confianza en la clase trabajadora para destruir a ese aparato, democratizar sus organizaciones sindicales y alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo. Esa es la razón que explica el histórico triunfo de las 96 huelgas de la maquila en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a principios de año; del repunte de huelgas del sindicalismo universitario, de disputas por la titularidad de contratos colectivos o la formación de corrientes sindicales disidentes en gremios tan importantes como el petrolero, seguro social, la educación, entre otros.
Después de muchos años de no hacerlo, la plaza del Zócalo de la Ciudad de México se vio nuevamente desbordada por contingentes del sindicalismo independiente de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Sindicato Minero. Grandes movilizaciones también se realizaron en otras entidades de la república en donde también participaron contingentes de la combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), corriente democrática al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ese mismo día fue promulgada una nueva Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, que contiene medidas progresivas, por lo menos en el papel, que otorga a los trabajadores mayores recursos legales para disputar al charrismo la representación sindical; la obligación del voto universal, directo y secreto; crear nuevas organizaciones sindicales; impedir la formación de sindicatos de protección patronal (blancos); consultar a la base para aprobar la firma de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT); acceder a su registro público y de las organizaciones sindicales; obligar a los patrones a cotizar al Seguro Social con el salario real de los trabajadores y entregar a cada trabajador ejemplares de los CCT y sus modificaciones, entre otras cosas.
Estos avances son viejas demandas por las cuales ha luchado el sindicalismo independiente desde hace décadas y que ahora son posibles porque están acompañadas de la presión del sindicalismo de Estados Unidos y Canadá para que el capítulo laboral (Anexo 23-A) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obligara a México a realizar cambios en materia de justicia laboral y libertad sindical. A esta misma lógica obedece la ratificación, por parte del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Para que estos logros no queden en letra muerta, es muy importante que las dirigencias sindicales conozcan el contenido y alcance de esta reforma y elaboren estrategias para impulsar la sindicación de los trabajadores no organizados (casi el 90 por ciento del total de la fuerza de trabajo), disputar al interior o como sindicatos independientes, la representación sindical; unificar en una misma organización democrática e independiente del gobierno, y de cualquier partido político, al conjunto del sindicalismo independiente y democrático. Se ha abierto una coyuntura muy favorable para que la clase trabajadora mexicana alcance su objetivo más preciado y estratégico: enviar al charrismo sindical al basurero de la historia. Lograrlo significará un verdadero golpe mortal al viejo régimen de dominación priista.
Los avances que representa esta reforma no pueden hacernos olvidar, ni por un momento, que aún queda pendiente revertir la reforma neoliberal de 2012 que legalizó la precariedad laboral al reglamentar laxamente el outsourcing; facilitar y abaratar el despido de trabajadores; reducir a un año el derecho a salarios caídos en caso de litigio y establecer el pago por hora; ampliar los contratos temporales a prueba y capacitación y atentar contra la bilateralidad de la relación obrero patronal al permitir acuerdos individuales entre patrones y trabajadores.
Aún reconociendo la bondad de algunas medidas de la política laboral obradorista –agreguemos el aumento a los salarios mínimos nacionales del 16 %, en la frontera norte del 100 %, becas para estudiantes y trabajadores jóvenes, eliminar el carácter punitivo de la evaluación magisterial e impulsar el fortalecimiento de empresas estratégicas como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la no represión a movilizaciones sociales-, todavía son insuficientes para confiar en que su gobierno ha emprendido un curso antineoliberal. Menos aun cuando debemos mantener una postura crítica ante las decenas de miles de despidos de empleados públicos ocasionados por la “austeridad republicana”, la intromisión en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el mantenimiento de un tope a los salarios mínimos y profesionales, su reticencia a dialogar con las direcciones del sindicalismo independiente o dejar en pie aspectos fundamentales de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
El movimiento sindical no debe bajar la guardia ante el gobierno de AMLO. Debe mantener en alto reivindicaciones como la de revertir las reformas neoliberales del 2012; recuperar gradualmente la pérdida del 70 por ciento de la capacidad de compra de nuestro salario, producto de 30 años de neoliberalismo; reducir la jornada laboral a 35 horas semanales; regresar al régimen solidario de pensiones y por el control de las organizaciones sindicales de los fondos de pensiones; revertir las reformas neoliberales en materia educativa y energética; aplicar un impuesto progresivo a las grandes fortunas; demandar una auditoria a la deuda pública y desconocer las deudas odiosas.
Es muy importante que el sindicalismo democrático comprenda que se ha abierto una nueva coyuntura, que demanda una exacta comprensión de los cambios políticos acontecidos, para elaborar una nueva estrategia y táctica para emprender la ofensiva en contra del charrismo sindical y fortalecer la auto organización de la clase trabajadora. Es insensato continuar utilizando las mismas formas de lucha ante un gobierno diferente al PRI y al PAN, aunque tampoco haya roto con el neoliberalismo.
Sobre todo, es necesario superar las visiones gremialistas e inmediatistas, tan arraigadas en el conjunto del sindicalismo mexicano, construyendo una visión de clase y de largo plazo, es decir que, sin perder de vista el objetivo de nuestra emancipación total, tengamos la capacidad de pensar políticamente y actuar localmente. Es la capacidad de construir un movimiento que abarque al conjunto de la clase trabajadora –convirtiéndose en el caudillo de una nación oprimida como la nuestra (hegemonía)-, y su aplicación en sus propios espacios, lo que convierte a los gremios en su conjunto en una clase.
Etiqueta: sindicalismo independiente
El sindicalismo en la 4ta. transformación (Primera de dos partes)
VIERNES 15 DE MARZO DE 2019
Por Jorge Jiménez Alonso
La ola de la 4T ha llegado al movimiento obrero también, y aun cuando el Senador Napoleón Gómez Urrutia dijo el miércoles 13 de febrero que “la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) no es una Central Obrera que naciera por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni tampoco es una agencia del Partido Morena”, es evidente que cuenta con el aval del Presidente para encauzar un nuevo movimiento sindical que buscará llenar un vacío del sindicalismo corporativo y globalizar a los sindicatos mexicanos.
Lo anterior se enmarca indudablemente en los vientos de fronda del sindicalismo corporativo, en el marco del Convenio 98 de la OIT. El 30 de noviembre del año 2015 la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República emitió un dictamen cuyo propósito era que México se adhiriera al Convenio 98 de la OIT, que versa sobre el derecho de libre sindicalización y negociación colectiva. Este Convenio fue puesto a consideración del Senado por primera vez el 31 de diciembre de 1956, pero tras su discusión se emitió una reserva, ya que chocaba con la cláusula de exclusión contenida en la ley de 1931.
La OIT no permite reserva a sus convenios y rechazó la propuesta del Gobierno Mexicano, por lo que el Convenio 98 quedó sin ratificarse los siguientes 62 años pese a ser una de las demandas más sentidas del sindicalismo independiente, ya que su aprobación significaba libertad a los trabajadores para afiliarse al sindicato de su preferencia y poder negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.
En el mes de julio del 2015, el Presidente Peña Nieto remitió nuevamente al Senado el Convenio, ante la oposición de los Senadores del PRI y del PAN. Y fue el 20 de septiembre del 2018, ya con la actual Legislatura, que la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la ratificación del Convenio, lo que fue oficialmente Decretado por el Presidente el 30 de octubre del año pasado. Transcurrieron casi 70 años para que México aceptara oficialmente la democracia sindical establecida en la OIT en el año de 1949, el 1º de julio.
Con esto, la cláusula de exclusión por admisión establecida en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo resulta violatoria de este Convenio y debe desaparecer de la mayoría de contratos colectivos de trabajo existentes en México.
Este es el preludio de la aparición de la CIT y de un nuevo sindicalismo mexicano acorde con la globalización, y con estos cambios de democracia que estamos viviendo con la 4ta. transformación que impulsa pese a las reticencias naturales, el Presidente de la República.
Y claro, los primeros en incomodarse han sido los empleadores y los líderes de los sindicatos tradicionales, que ha quedado más que evidenciado, que el 90 por ciento de los contratos colectivos en México son de protección, esto es a modo con la empresa y a espaldas de los trabajadores.
Este era el verdadero negocio de los líderes obreros en su mayoría, con honrosas excepciones, traficando, que ironía, la protección de los empleadores, casi siempre, en perjuicio de sus agremiados. Por ello a la CTM y a la CROC se les expulsó, que vergüenza, el 17 de diciembre del 2018 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según dice su acuerdo, “Por realizar acciones contrarias a defender los derechos de los trabajadores”.
Y esto denota clara y contundentemente el grado de corrupción del llamado sindicalismo mexicano, que ha enriquecido insultantemente a sus líderes y empobrecido criminalmente a los trabajadores, con la complacencia y contubernio de empleadores y autoridades laborales.
Escúchame mañana sábado en mi programa “CONVERSACIONES”, en ABC Radio, 12.80 de AM. Y te recuerdo “LO QUE CUESTA DINERO VALE POCO”
https://www.elsoldepuebla.com.mx/analisis/el-sindicalismo-en-la-4ta.-transformacion-primera-de-dos-partes-3189805.html
En pos de una verdadera reforma laboral
ARTÍCULO D N OPINIÓN CONTRALÍNEA
SEMANA enero 28, 2019 at 8:30 am •
AUTOR: MARTIN ESPARZA
En el periodo de transición de 2012, a tres meses de concluir su gobierno, el panista Felipe Calderón Hinojosa envió al Congreso una iniciativa de reforma laboral con carácter de “preferente” que puso en alerta al sindicalismo independiente del país por los riesgos que implicaba a los derechos laborales de millones de trabajadores, esta imposición fue apoyada por legisladores del PRI.
Como sucedió de manera recurrente con el amasiato de neoliberales panistas y priístas, nunca se escuchó a los directamente afectados; es decir, a los trabajadores ni tampoco a los sindicatos y a los expertos en derecho laboral que advirtieron del franco retroceso que significaba aprobar de manera irresponsable una reforma con marcados tintes empresariales.
Un traje hecho a la medida de los intereses del capital que borró de un plumazo las conquistas laborales plasmadas en la Constitución de 1917 y que en su artículo 123 establece el derecho a huelga, a la seguridad social y un salario remunerador que permitiera a los trabajadores otorgar un nivel de vida decoroso a sus familias.
En la iniciativa de Calderón, mejor conocida en su momento como Ley Lozano por atribuirse la paternidad de tal estropicio jurídico al exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se dejaban intactos los cimientos del corporativismo priísta, así como la inmunidad de los contratos de protección y, en aras de flexibilizar el mercado laboral, se permitía la existencia de contratos de prueba y capacitación inicial, la legalización de las tercerizadoras y su modelo de encubierta esclavitud plasmado en las outsourcings.
Cuando de la mano de PRI y PAN votaron de forma mayoritaria por esta contrarreforma en perjuicio de millones de trabajadores, no tuvieron empacho en asegurar que se fomentarían empleos estables y bien remunerados, lo que fue una broma de mal gusto si se toma en cuenta que Calderón, el fallido presidente del empleo, se preocupó más por bañar de sangre al país en su guerra contra el narcotráfico, que en fomentar el trabajo digno y respetar las fuentes de empleo; la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que envío de la noche a la mañana a la cesantía a 44 mil agremiados del SME, y el inesperado cierre de Mexicana de Aviación fueron dos de los casos más representativos que auguraban malos tiempos para la clase trabajadora del país.
Al tomar posesión el primero de diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto dio la instrucción de iniciar sin dilaciones la aplicación de la reforma laboral que al final de su sexenio quedó a deber, como Calderón, las promesas de más empleos y mejores condiciones de vida para los mexicanos, su gobierno terminó embrollado con las leyes secundarias que deberían regular su propia reforma aprobada en febrero de 2017 en el Congreso.
Como se recordará, la pasada administración elaboró la reforma de 2017 como una condición y requerimiento para negociar el llamado TPP, Acuerdo Transpacífico, que se vino abajo con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadunidense. De hecho, en diciembre de 2017, los entonces senadores priístas Isaías González Cuevas, de la CROC, y Tereso Medina, de la CTM, buscaron dar un madruguete legislativo proponiendo una iniciativa para echar a andar esta reforma en condiciones todavía más lesivas que las de la contrarreforma panista de 2012.
La traición a la clase trabajadora fue de tal gravedad que incluso al interior del feudo cetemista se pidió la expulsión de Tereso Medina. Al final este nuevo atentado a los trabajadores no caminó y quedó varado en el Congreso, como también la ratificación del Convenio 98 de la OIT, relativo a libre sindicalización y a la negociación colectiva.
Tras los resultados electorales de julio pasado, el anquilosado esquema político se vino abajo abriendo las puertas a un nuevo modelo de gobierno que obtuvo no únicamente la Presidencia de la República, sino la mayoría en el Congreso, lo que ha permitido la ratificación del Convenio 98 y preparar la ley secundaria pendiente de aprobarse desde 2017.
En este nuevo esquema, el capítulo laboral establecido en el contenido del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, viene a delinear buena parte del contenido de la iniciativa que presentarán al respecto los legisladores de Morena.
En su Anexo 23-A, establece que México deberá incluir en su legislación disposiciones tales como:
– El derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de los patrones en las actividades sindicales.
– La creación de un órgano independiente encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo.
– La participación de los trabajadores en la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.
– Para el registro inicial de un contrato colectivo de trabajo, el órgano independiente creado deberá verificar que el centro de trabajo esté en operaciones, que los trabajadores hayan tenido acceso a una copia del contrato y que la mayoría de los trabajadores estén de acuerdo en la celebración del contrato.
– Para las futuras revisiones de los contratos colectivos de trabajo, incluyendo los que estén actualmente depositados, se deberá acreditar el apoyo de la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo.
De igual forma, obliga a revisar por lo menos una vez dentro de los siguientes cuatro años a la entrada en vigor de la legislación, todos los contratos colectivos de trabajo. Lo que en la práctica implicaría revisar unos 21 mil contratos.
Debe enfatizarse, por ello, que además de la responsabilidad de los legisladores de Morena para elaborar una ley acorde con lo peticionado en el T-MEC, y encaminada a resarcir el retroceso en las conquistas de la clase trabajadora, deben consultar y pedir la opinión tanto de sindicatos independientes como de diversas organizaciones sociales y expertos en la materia.
Es hora de que la clase trabajadora emita su punto de vista y haga valer sus derechos para recuperar lo que el bipartidismo neoliberal le arrebató al imponerle esquemas como las outsourcings, que se han convertido en fábricas encubiertas de esclavos, sin estabilidad laboral ni acceso a la seguridad social. Llegó el momento de sepultar la contrarreforma panista.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas