NOTIMEX 09.02.2018
El dirigente de los trabajadores telefonistas, Francisco Hernández Juárez, consideró necesario un debate abierto, plural y transparente donde se tomen en cuenta todos los puntos de vista sobre la reglamentación en materia de justicia laboral.
Al participar en el foro “El sindicalismo, el derecho de asociación y la negociación colectiva en la encrucijada de la iniciativa de la reforma laboral”, el integrante de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvo que no se deben provocar retrocesos en los derechos laborales.
En el acto organizado por El Colegio de México, y que se llevó a cabo en el Salón “Alfonso Reyes”, señaló que «vamos a dar la lucha» en el Senado y en la Cámara de Diputados para impedir que avance una ley secundaria en materia de justicia laboral que atente contra los derechos de los trabajadores.
Recordó que la reforma laboral aprobada en su momento por el Congreso fue construida por abogados laboristas, organizaciones sindicales independientes y académicas y fue retomada totalmente por el Gobierno Federal y presentada en su momento al Poder Legislativo que la aprobó íntegramente.
Consideró que es una de las reformas más avanzadas en materia de justicia laboral ya que se quitó el control al gobierno sobre los sindicatos al desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje pero, según él, ahora se quieren nulificar ese avance.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/330753/0/unt-plantea-debate-sobre-reglamentacion-en-materia-de-justicia-laboral/
Mes: febrero 2018
Senadores advierten que no permitirán albazo del PRI en las leyes laborales
Opositores deploran la negociación de priístas, empresarios y la STPS
Comisión del Trabajo se equivoca al pretender que el dictamen se apruebe sin discusión, señalan
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 10 de febrero de 2018, p. 13
La oposición en el Senado advirtió que no permitirá el albazo que pretenden el Revolucionario Institucional y el gobierno federal para aprobar en los próximos días la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, sin que se haya discutido en esa cámara.
Los senadores Adriana Dávila y Luis Humberto Fernández, integrantes de la Comisión de Trabajo, así como el independiente Alejandro Encinas y el coordinador perredista, Luis Sánchez, deploraron que la negociación de esa ley, referida a derechos fundamentales de los trabajadores, se realice de forma poco transparente entre la Secretaría del Trabajo, la cúpula empresarial y el PRI.
Hicieron notar que la Comisión de Trabajo ni siquiera se ha reunido y su presidente, el priísta Miguel Ángel Chico Herrera, estuvo de licencia y apenas se reincorporó, por lo que fueron sus compañeros de bancada, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, ambos dirigentes sindicales, los que negociaron con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y la cúpula patronal.
El senador Encinas comentó que se han enterado de esos acuerdos por declaraciones del secretario del Trabajo, Roberto Campa, y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Este último comentó en un encuentro privado con legisladores del PAN que ya había acuerdo con González Cuevas y Medina para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral.
Es una falta de respeto al Senado, ni González Cuevas ni Medina pueden decidir por el resto de los legisladores, recalcó la panista Adriana Dávila. Dijo que seguramente la próxima semana el presidente de la Comisión de Trabajo va a presentar el dictamen que elaboraron con el gobierno y a pretender que se apruebe sin discusión.
Por separado, el coordinador perredista, Luis Sánchez, señaló que, de entrada hay tres iniciativas, no sólo la presentada por González Cuevas y Medina, dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que es la del gobierno, sino otras dos, que él llevó al pleno y fueron elaboradas conjuntamente con organizaciones sindicales independientes.
La primera, explicó, modifica la Ley Federal del Trabajo y, la más reciente, la presentó ante el pleno senatorial el jueves pasado y es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para crear los tribunales unitarios de circuito en materia laboral, que dará certidumbre a quienes se encargarán de resolver asuntos y conflictos obrero patronales, al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje.
El senador Sánchez adelantó que buscará el apoyo del PAN, a fin de frenar “la contrarreforma laboral que pretenden el gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido. Sostuvo que no basta con que quede fuera de la iniciativa del Ejecutivo el tema del outsourcing, ya que hay otros puntos que vulneran derechos de los trabajadores.
Sobre el tema, el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, dijo que exigirán que se reúna la Comisión del Trabajo y se les informe sobre las negociaciones con las autoridades laborales y los empresarios. De ninguna forma, recalcó, van a aprobar un dictamen que se les presente a última hora.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/10/politica/013n1pol
Gómez Urrutia llama a evitar control y subordinación de la clase trabajadora
Se les pide ser héroes a costa de sus empleos: investigadora
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 10 de febrero de 2018, p. 13
Líderes sindicales y académicos reconocieron que no sólo los trabajadores, sino el país en general, enfrentan un enorme desafío para detener la aprobación en el Congreso de las leyes secundarias en materia laboral, las cuales son regresivas, porque no respetan en nada el espirítu de la reforma al artículo 123 constitucional aprobada en 2017.
Al participar en el seminario El sindicalismo, el derecho de asociación y la negociación colectiva, organizado por El Colegio de México (Colmex), Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, llamó a las organizaciones y sindicatos independientes a movilizarse en contra de su aprobación.
En un videomensaje transmitido en la sala Alfonso Reyes del Colmex, el líder minero destacó que las iniciativas de leyes secundarias a la reforma laboral, presentadas en diciembre pasado por dos senadores priístas representantes del sector obrero, son no sólo aberrantes, sino un retroceso histórico, por lo que reiteró su llamado a unir fuerzas entre los distintos sectores de trabajadores y organizaciones sociales para frenar la aprobación de medidas que matendrán los mecanismos de subordinación y control salarial de la clase trabajadora.
Por su parte, Graciela Bensusán, experta en sindicalismo y profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que pedirle a los trabajadores que defiendan el derecho a la libre asociación, la negociación colectiva y el acceso a mejores salarios bajo el actual marco normativo laboral sería suicida, es como perdirles que se conviertan en héroes a costa de sus empleos, por eso es tan importante cambiar las reglas del juego.
En el encuentro, donde acudieron expertos en temas laborales y líderes sindicales, la investigadores destacó que la reforma laboral aprobada en 2017 es fundamental para el país. Está en juego la posibilidad de cambiar un desequilibrio muy fuerte en el poder de negociación del trabajo y el capital, que en México se traduce en una parte muy significativa de la pobreza, porque tiene que ver con los bajos salarios, la falta de relación entre los salarios y la productividad, y la desigualdad, afirmó.
Podemos dar un primer paso, explicó, para desarmar un acuerdo corporativo estatista, que tuvo su función bajo el modelo de industrialización por el mercado interno, que pudo funcionar entre los años de 1940 y 1980 del siglo pasado, pero luego vino una fase en la que el mismo modelo sirvió para desactivar, porque el corporativismo fue un desactivador de la protección en el mundo del trabajo.
Hoy tenemos cuatro décadas con un modelo neoliberal que da muestra, sostuvo, de grandes fallas en México y el mundo, pero que tiene un rostro distinto en cada nación y que en la nuestra es dramático. Se trata, dijo, de crear un terreno más nivelado entre trabajo y capital, pero esto supone también que los sindicatos vuelvan a representar los intereses de los trabajadores.
Ahora, señaló, tenemos una inversión de esta representatividad, porque hoy los sindicatos no representan a los trabajadores, sino al Estado y las empresas, la recuperación de los gremios, indicó, también es sustantiva para alcanzar una verdadera mejora salarial y la protección de una negociación colectiva.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/10/politica/013n2pol
Reforma Laboral garantizará derechos de la clase trabajadora: STPS
Adelantó que la próxima semana se podría tener el dictamen de la ley secundaria en materia judicial de esta reforma.
09 Feb 2018 – Notimex
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, afirmó que, con la ley secundaria en materia laboral, se busca garantizar la tutela efectiva de los derechos de la clase trabajadora.
Adelantó que la próxima semana se podría tener el dictamen de la ley secundaria en materia judicial de esta reforma y estar en condiciones de discutirlo en un proceso abierto y transparente, toda vez que lo que se pretende -dijo- es tener un sistema de justicia que dignifique el empleo.
Al participar en el foro «El Sindicalismo, el derecho de asociación y la negociación colectiva”, indicó que, para garantizar la tutela efectiva de los derechos de la clase trabajadora, se impulsa la creación de tribunales independientes para que los factores de la producción puedan resolver sus controversias dentro de un marco legal autónomo.
Con ello se pretende que la impartición de justicia dentro del sector laboral sea innegable pero también que los trabajadores tengan capacitación y de esta manera sean más productivos y competitivos en el mercado internacional, abundó en el encuentro celebrado en el Colegio de México.
El funcionario federal refirió que la reforma laboral de 2012 tenía como objetivo la dignificación del empleo, así como los derechos de los trabajadores.
Recordó que en diciembre pasado se presentaron dos iniciativas que proponen la creación del Instituto de Conciliación y Registro Federal de Contratación, que tendría autonomía de gestión y administrativa, a fin de darle certeza e imparcialidad profesional y transparencia a los factores de la producción.
Sostuvo que la conciliación será obligatoria para acceder a una justicia para las partes, con lo cual, los nuevos tribunales laborales van a iniciar con una carga cero y las juntas de conciliación y arbitraje concluirán su trabajo hasta el final, con pleno respeto a los derechos de sus trabajadores.
Esperamos que el Congreso de la Unión sea respetuoso de los tiempos y se apruebe en tiempo y forma esta propuesta en el Senado de la República para luego turnarla a la Cámara de Diputados, manifestó.
A su vez, la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorgio, sostuvo que los sindicatos en el país han ido perdiendo su rol protagónico en el ámbito laboral mexicano.
En su mensaje de bienvenida, precisó que en México se tienen registradas tres mil 371 agrupaciones sindicales que agrupan a más de 4.4 millones de agremiados, lo que representa alrededor de 12.5 por ciento de los trabajadores subordinados y remunerados.
Detalló que las mujeres son más propensas a contar con alguna afiliación sindical (14.8 por ciento) que los hombres (11 por ciento), lo cual parece estar asociado al tipo de trabajo desempeñado por estas.
Agregó que, de acuerdo con información estadística, existe una disminución gradual de 16.9 por ciento de sindicalización entre la población ocupada asalariada en 2005 a 12.5 por ciento en 2017.
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/reforma-laboral-garantizara-derechos-de-la-clase-trabajadora-stps-855
SLP: Reforma Laboral sigue firme: STPS
Mayra Tristán Sábado 10 de febrero de 2018
El cambio de titular en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel federal, no frenará la reforma laboral, manifestó Edgar Durón Puente, delegado de la STPS en San Luis Potosí.
Luego de que Alfonso Navarrete Prida dejó la titularidad de la STPS y Roberto Rafael Campa Cifrián asumió el cargo, el delegado del Trabajo en San Luis Potosí manifestó que “se mantiene firme la reforma laboral y entra a discusión a fin de mes”.
Recordó que uno de los principales cambios que va a generar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el país, y la creación de un Organismo Público Descentralizado (OPD) que se va a hacer cargo de la mediación en temas laborales, que serán denominados Centros Federales de Conciliación.
Manifestó que debido a ello, la prioridad es que se agoten los temas laborales que están pendientes en las juntas de conciliación, tanto en la federal como en la local, dentro del plazo que se determine en la discusión en la Cámara de Diputados, que puede ser de tres o de cuatro años.
Otro de los puntos prioritarios es que el Supremo Tribunal de Justicia (STJE) haga una petición formal de presupuesto para instalar los juzgados laborales, “el factor preponderante es planeación que se tenga en materia de presupuesto para que ya los tribunales locales acepten ya la creación de los tribunales laborales y la distribución”.
Lo anterior porque se deberá definir cuántos juzgados laborales habrá en la Capital potosina y cuántos al interior del estado.
Durón Puente destacó que con esta reforma la intención es acortar los plazos en que se resuelven las demandas laborales, por lo que se buscará que la transición hacia los juzgados laborales sea pacífica.
La iniciativa planteada a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el próximo 24 de febrero entra en vigor la reforma laboral que incluye la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/reforma-laboral-sigue-firme-stps
Un siglo atrás en materia laboral
Julián Germán Molina Carrillo 10/02/18
La reforma al artículo 123 constitucional, aprobada el 24 de febrero de 2017, tenía como objetivo impactar de forma trascendental y positiva el
sistema laboral mexicano, pretendiendo erradicar el cumulo de vicios
que impedían una libre asociación y afectaban en perjuicio de los trabajadores la negociación colectiva auténtica, así como, sacar de la creciente precariedad en la que la legislación anterior tenía sumidos a los trabajadores en nuestro país.
Anudado a lo anterior, también pretendía terminar con la desconfianza por parte del sector empresarial en la justicia laboral sustentada en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, acabar con las redes de extorsionadores que exigían cuotas a cambio de no ser afectados por amenazas de supuesta huelgas. Terminar con los contratos colectivos de protección patronal suscritos al margen de la voluntad de los trabajadores, los cuales, se convierten en un escándalo internacional, evidenciando la corrupción en expedientes ordinarios en los que resultaban beneficiados, no solo los líderes sindicales, sino también, los despachos de los abogados empresariales, quienes obtenían jugosos beneficios por estas formas de contratación y también por facilitar el outsourcing.
Sin embargo lo que parecía un avance jurídico-laboral y social, ha terminado por ser solo un espejismo, un sueño del que nuestros flamantes legisladores nos han despertado con la iniciativa de ley reglamentaria a la mencionada reforma, con la que pretenden llevarnos un siglo atrás, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional, presentada el 7 de diciembre pasado, está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales, eliminando incluso los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 2012 impuso a favor de los trabajadores, al restringir la libertad patronal de subcontratación, pretendiendo eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservando en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía emplazamiento a huelga, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Y como puntal a este cúmulo de incongruencias, pretenden incluir la representación de sindicatos y empleadores al órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, es decir, nunca se va a terminar con el conflicto de intereses que ha estado históricamente presente en las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Así, la autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores, instrumentos que abonarían a obtener de forma gradual la legitimación de la representación sindical, pasarán a ser nuevamente, meras utopías, significativas únicamente en la sintaxis de una ley inservible.
Si la iniciativa de ley reglamentaria se materializa, tendremos que seguir conviviendo con la rigidez de la herencia corporativa, propia de nuestro modelo político autoritario, con el temor al cambio, las complicidades entre patrones y líderes sindicales, y sobre todo, con la se- d de intereses agregados por tantos años, que han impedido, que la democracia y el régimen del Estado de Derecho avanzaran en este campo.
Y como resultado de todo ello, el principal generador de pobreza y desigualdad, el mercado laboral, seguirá siendo manejado por los intereses de los más poderosos económicamente hablando y dejando de lado, la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, impactando negativamente el desarrollo y crecimiento del sector que directamente sostiene sociedad con un sistema neoliberal, con la complicidad de las centrales obreras como la CTM y la FROC, (CROC) cuyos líderes se empeñan en conservar sus privilegios y seguir con sus corruptelas, a costa de sus “representados”.
http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/materia_laboral-poder_ejecutivo-contratos_colectivos-ctm-croc_18_1119668039.html
México ante el Comité de Derechos Sociales
10 enero 2018-02-10 Por: Santiago Corcuera
México es parte en diez tratados internacionales sobre Derechos Humanos dentro del Sistema de Naciones Unidas. Dentro de cada uno de dichos tratados, se establece la creación de un comité que se encarga de verificar el nivel de cumplimiento que cada uno de los Estados partes tiene respecto de las obligaciones que cada tratado impone. Cada uno de dichos tratados establece la obligación a cada Estado parte de presentar informes iniciales y de seguimiento, respecto de la implementación del tratado a nivel doméstico.
México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1981 y la última vez que compareció ante el Comité a sustentar su informe fue hace 11 años y lo hará nuevamente a mediados del mes que entra. La sustentación por parte de México ante dicho Comité resulta pues de la mayor relevancia, dado que, aunque recientemente México ha sido objeto de una intensa vigilancia internacional, los temas motivo de tal escrutinio se han relacionado más con asuntos relativos a la tortura, a las desapariciones, ejecuciones; es decir, con cuestiones relacionadas con la severa crisis humanitaria en la que se encuentra sumido México.
Sin embargo, la realización de los derechos económicos sociales y culturales es fundamental para cimentar una vida mejor, y por lo tanto, de la vivencia de todos los demás derechos, en razón de que la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo, todos ellos dignos, son necesarios para que los demás derechos se puedan ejercer a plenitud.
Uno de los principios fundamentales previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el principio de progresividad, que consiste en que los Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias, y a destinar todos los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. Este principio, si bien tuvo su origen y natural aplicación en los derechos económicos, sociales y culturales, hoy, desde la Declaración de Viena sobre derechos humanos de 1993, en la que se confirmó el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos, se entiende aplicable también a los derechos civiles y políticos. Es así que el artículo 1o constitucional, a partir de la reforma de 2011, lo consagra específicamente.
El principio de progresividad se entiende no solamente como la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para avanzar en la realización de los derechos, sino también como la obligación de no adoptar medidas regresivas. Es decir, si un determinado derecho ha alcanzado cierto nivel de avance, los Estados no deben adoptar ninguna medida que adelgace tal derecho. Implica también no quedarse estancado, pues la obligación contenida en el Pacto es de seguir avanzando, aunque sea poco a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito. Es decir, en materia de derechos humanos, pa’ tras, ni para agarrar vuelo. Siempre pa’lante.
Es por ello que es motivo de grave preocupación la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que está siendo considerada por el Congreso de la Unión y que implicaría la afectación adversa al derecho de contratación colectiva, lo que implicaría una violación al principio de progresividad, respecto de uno de los derechos sociales más emblemáticos. De ser aprobada esta reforma, propiciaría el incremento de contratos colectivos de “protección patronal”, con lo que se entorpecería la organización colectiva de las y los trabajadores para la defensa del resto de sus derechos.
Lo anterior, desde luego, sería muy mal visto y considerado condenable por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ahora que México sustentará su informe. Hacemos votos por que el Congreso de la Unión analice cualquier reforma laboral bajo la lente de la progresividad y evite la adopción de cualquier medida regresiva a los derechos laborales ya alcanzados.
Profesor de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana. @ CORCUERAS
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/santiago-corcuera/nacion/mexico-ante-el-comite-de-derechos-sociales
Senadores perfilan acabar con juntas de Conciliación
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, e informó que el sector privado está de acuerdo con gran parte de la iniciativa laboral que se discute. (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIV)
Se reúnen con Consejo Coordinador Empresarial; avanzan en revisión de iniciativa de reformas
Senadores del sector obrero del PRI y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) avanzan en la revisión de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, con el propósito de que sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, confirmó el senador Isaías González Cuevas, líder de la CROC, e impulsor del proyecto que reglamenta terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, como lo ordena la Constitución.
El dirigente sindical remarcó que el tema de las reglas para el trabajo llamado outsourcing, como se designa a la subcontratación de partes en el proceso productivo, se había propuesto en general y se modifica para que se aplique en algunas industrias y en áreas del sector terciario.
Tras la revisión que se lleva a cabo con el CCE, cuyo presidente, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, informó que su sector está de acuerdo con gran parte del proyecto de los priístas.
Abogados patronales revisan el proyecto junto con representantes de los sindicatos, a hn de estar de acuerdo en la iniciativa, dijo González Cuevas, lo cual reprobó el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT) en entrevista, y reclamó que se informe de lo que son actos de cabildeo sin transparencia.
“Estamos frente a una atrocidad, pues la parte patronal no vino a negociar, sino a dar instrucciones”, aseguró Fernández Fuentes.
La panista Adriana Dávila lamentó que se incurriera en una falta de respeto a los integrantes de la Comisión de Trabajo, dictaminadora de la propuesta, al no informarle de la revisión del tema con el sector privado.
Tereso Medina, senador de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), junto con González Cuevas, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, que instrumenta la aplicación de la reforma constitucional de febrero de 2017.
En ese sentido, la iniciativa presentada por los senadores y líderes sindicales plantea la creación de un instituto federal de conciliación y registro laboral, que será un organismo público descentralizado, que dispondrá de autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión.
El senador Ernesto Ruffo dijo que en la reunión con los panistas, Castañón explicó que se llegó a acuerdos con los senadores priístas que impulsan el proyecto. El sector privado, en general, está de acuerdo.
Uno de los temas que se incluyeron en la iniciativa que firmaron Tereso Medina e Isaías González se regere al trabajo outsourcing, y al respecto Ruffo Appel indicó que éste no se abordó específicamente.
Castañón, al referirse al outsourcing en lo general, señaló que había “algunos detalles” que considera se deben de incorporar.
González Cuevas afirmó que le pidió a Medina que en el tema outsourcing “todo quedara como está en la ley vigente, para que esta modalidad no sea general”, y refirió que se ocupa en la industria automotriz, con las autopartes, y en empresas terciarias.
Lo esencial en la iniciativa es terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y al efecto se han reunido representantes del CCE, senadores y autoridades laborales, y la conclusión es sacar la reforma sólo para terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y que la justicia pase al Poder Judicial. El plazo establecido concluye el próximo 28 de febrero.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadores-perfilan-acabar-con-juntas-de-conciliacion
Sonora: Aprueban comisiones proyectos y renuncias
Redacción
Nuevo Día/Hermosillo, Sonora
Los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciona-les y de Asuntos del Trabajo, en forma unida, aprobaron el proyecto de dictamen de la iniciativa de Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de justicia laboral, presentada por la titular del Poder Ejecutivo.
Los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron cuatro proyectos de dictamen de iniciativas de Decreto de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, y de Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Política-Electoral, y las renuncias de regidores de los municipios de Nácori Chico y Banámichi.
La Diputada Lisette López Godínez, Presidenta de referida Comisión, sometió a consideración la iniciativa, que señaló tiene como objetivo adecuar el marco jurídico local de conformidad al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación en materia de justicia laboral, el día 24 de febrero de 2017; para ello, propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Detalló que a través de la reforma se faculta al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, con el que el Poder Ejecutivo podrá prestar el servicio de conciliación en esa materia.
Faculta, dijo, al titular del Ejecutivo para nombrar y remover al titular del referido Centro de Conciliación; otorga al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y precisa que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deben agotar primeramente la etapa conciliatoria.
Una vez aprobado el primer asunto del orden del día, los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales continuaron la reunión y la diputada López Godínez sometió a consideración el proyecto de dictamen de iniciativa de Decreto que reforma del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, presentada por la Gobernadora, misma que permite eficientar y agilizar la impartición de justicia por parte de los juzgados del Estado, específicamente los juzgados familiares.
Posteriormente, la Diputada López Godínez puso a consideración el proyecto de dictamen del escrito del Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el cual contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política-Electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
La aprobación de la minuta constituye una acción legislativa, dijo la Diputada López Godínez, que viene a consolidar la autonomía que tendrá la Fiscalía General de la República en el desempeño de sus funciones y, por otra parte, garantiza a los mexicanos que la designación del nuevo fiscal sea una persona que cuente con el perfil profesional necesario para realizar su labor constitucional de procurar la justicia.
Asimismo, la reforma al artículo transitorio que es materia de la reforma constitucional, garantiza que prevalezca la autonomía constitucional que tendrá dicha fiscalía frente a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado.
En este tema, la Diputada López Godínez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional celebró que se dieran los consensos para eliminar el pase automático del Fiscal General de la República y con ello evitar la desacreditación del naciente órgano.
Precisó que fueron organizaciones de la sociedad civil quienes impulsaron en mayor medida esta propuesta y que celebra que el Congreso del Estado de Sonora se sumara a través de la ratificación.
De acuerdo al orden del día, la diputada puso a consideración el escrito del Ayuntamiento de Nácori Chico, mediante el cual informa a este Poder Legislativo la renuncia con carácter de irrevocable del Regidor Propietario Andrés Martínez Gracia, razón por la cual hace del conocimiento del Ciudadano Antonio de Jesús Fuentes García, Regidor Suplente, de la resolución a efecto de que rinda la protesta de Ley.
Por último, sometió a consideración el escrito del Ayuntamiento de Banámichi, dirigido a este Poder Legislativo, mediante el cual hacen constar de la renuncia del Regidor Propietario Alejandro Molina Salazar, razón por la cual hace del conocimiento del ciudadano Rafael Morales Bermudes, Regidor Suplente, del contenido de la presente resolución, a efecto de que rinda la protesta de Ley.
A la reunión asistieron los diputados Célida Teresa López Cárdenas, Ramón Antonio Díaz Nieblas, Javier Villarreal Gámez, Jorge Luis Márquez Cázares, Flor Ayala Robles Linares, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, José Armando Gutiérrez Jiménez, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Moisés Gómez Reyna y José Ángel Rochín López.
Los proyectos de dictamen serán enviados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que se incluyan en el orden del día de una próxima sesión de Pleno.
http://nuevodia.com.mx/2018/02/08/aprueban-comisiones-proyectos-y-renuncias/
ASPA defiende derechos laborales
Desbalance
09 febrero 2017
Todo parece indicar que en los próximos días se verán muy activos los miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). Nos comentan que los pilotos participan en las movilizaciones en contra la reforma al artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo. El capitán Mario González Aguilera, secretario general de ASPA, también es presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y nos reportan que considera que la reforma al artículo 123 constitucional llevada a cabo en 2017 avanzó en desmantelar el sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora. Sin embargo, la iniciativa de reglamentación secundaria presentada por dos senadores príistas de la CTM y la CROC actual, contradice el espíritu de esa reforma constitucional y se excede al imponer procedimientos y principios legales que fortalecen el control corporativo sobre los trabajadores, nulificando derechos laborales esenciales. Nos dicen que ASPA considera que la propuesta que se pretende aprobar el 24 de febrero no representa los intereses de la clase trabajadora.