Para la organización de trabajadores, una transición energética justa va más de un cambio de fuentes de energía, pues debe considerar sus impactos sociales.
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), representativa de más de 55 millones de trabajadores de la región, con afiliación y presencia en 21 países del continente, dieron a conocer su posicionamiento frente a COP27 llamando a la urgencia de “avanzar hacia una transición verdaderamente justa. No más falsas soluciones ni postergación del financiamiento para enfrentar el cambio climático”.
Cabe destacar que la inclusión del término Transición Justa (TJ) en el Preámbulo del Acuerdo de París (AP) implicó un reconocimiento al mundo del trabajo y sentó precedentes dando impulso a iniciativas para el abordaje de la crisis climática.
Sin embargo, el concepto está siendo adoptado y reinterpretado por diferentes espacios, tan diversos como antagónicos, convirtiéndose en un término que se modifica en función de los intereses del interlocutor.
El sindicalismo de la región manifestó que la TJ es más que una transición energética y la transición energética justa es mucho más que un cambio de fuentes de energía. Apunta a garantizar el acceso a la energía como derecho y la democratización de la misma.
“La región enfrenta grandes problemas estructurales que impactan directamente sobre la viabilidad de las políticas climáticas y la TJ: los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, la desprotección social casi generalizada de la clase trabajadora, el nivel de trabajadores en condiciones de informalidad, el aumento constante de la violencia, entre otros”.
No más endeudamiento
En ese sentido, reafirmaron que la financiación no puede implicar bajo ningún concepto un nuevo ciclo de endeudamiento ni ser un circuito que promueva negocios o políticas de privatización, desregulación o mercantilización de sistemas energéticos.
“La capitalización de los fondos y gestión de esta financiación debe tener un control público, democrático y transparente y partir del reconocimiento del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”, indicaron.
A pesar de los años de negociaciones, para la CSA el debate sigue priorizando la mitigación relegando los temas de implementación y el financiamiento para la adaptación y lo referente a pérdidas y daños. “Esto se explica por la resistencia de los países centrales en avanzar en compromisos asumidos en relación a la asistencia económica”.
Por: María Del Pilar Martínez / El Economista
