Leticia Rivera
Guadalajara, México (11 junio 2019).- Algunos de los presidentes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) destacan en todo, menos en derecho laboral.
Por lo menos seis de los 17 presidentes de la JLCA no cumplen con los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo para ejercer el cargo.
Los artículos 629 y 630 de la Ley señalan que los presidentes especiales deben tener por lo menos cinco años de experiencia profesional después de haber obtenido el título y distinguirse en estudios de derecho del trabajo.
Sin embargo, no todos los que ocupan este cargo cumplen los requisitos, tomando como referencia el currículum público de la página de Internet de la Secretaría del Trabajo.
En la Novena Junta Especial está Georgina Argüello, que tiene especialidad en Administración Pública y su experiencia profesional es el área administrativa y fiscal; trabajó en el INEGI y en la Secretaría de Planeación.
Jorge Enrique Huerta, de la Segunda Junta, con especialidad en Derecho Público, trabajó como asesor de regidor en el Ayuntamiento de Zapopan; ejerce desde hace tres años.
Luis Carlos Arias, de la Octava Junta, tiene especialidad en el área fiscal y administrativa, y Luis Javier Rodríguez, de la Séptima Junta, en Ciencias Penales.
Mario Humberto Rodríguez, de la Junta 17, tiene experiencia profesional en justicia para adolescentes; y la especialidad de Sergio Gutiérrez, asignado a la Tercera Junta, es en derecho corporativo.
Pueden ser muy capaces en otras materias, pero la Ley es muy clara sobre quién puede ocupar el puesto, comentó Mariana Fernández, coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso.
«Podrían declarar no válidos los juicios que ellos han hecho de diciembre para acá. Estos nombramientos los hace directamente el Ejecutivo estatal, son gente de confianza del Ejecutivo estatal, entonces obviamente quien no cumple con los requisitos no puede estar en ese espacio», dijo.
El tema ya está como punto de acuerdo en el Congreso, se solicitaron los perfiles de los 17 presidentes para corroborar que lo que se declaró sea cierto, que cuentan con cédulas profesionales y se pedirá la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción y la Contraloría.