Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
Legisladores, representantes del sector patronal y el gobierno federal acordaron mantener los candados al régimen de outsourcing en la reforma laboral y no liberar este esquema.
El dirigente en Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el senador Tereso Medina, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, indicaron que estos tres sectores participaron en las negociaciones en las que se determinó que no se modificarán los artículos en los que se trata la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo.
Indicaron que incluso en la Comisión de Trabajo del Senado la redacción del dictamen de la iniciativa ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
A su vez el senador González Cuevas planteó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para las empresas, como las labores de limpieza, logística, gestión, ventas y tareas administrativas.
Por eso se acordó que no se eliminarán las restricciones al régimen del outsourcing ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.
En tanto, Tereso Medina expuso que los cambios que se proponen, modifican de manera radical el actual modelo de justicia laboral, privilegian la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos y sentencias judiciales.
Categoría: Justicia Laboral
Sonora: Ajustan ley de justicia laboral
Guillermo Saucedo Miércoles 14 de febrero de 2018 en Hermosillo
Los diputados del Congreso del Estado aprobaron la armonización de la ley local con la federal en materia de justicia laboral, la cual tiene como objetivo remediar conflictos de intereses entre trabajadores y patrones mediante audiencias orales.
Javier Villarreal Gámez, diputado del Partido Revolucionario Institucional, señaló que los cambios más importantes es cambiar las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Juzgados laborales, mismos que atenderán los conflictos no remediados, pasando así la responsabilidad del Poder Ejecutivo al Judicial.
También se aprobó la creación de un Centro de Justicia de Conciliación Laboral, el cual, tiene como fin que los casos no lleguen a los juzgados por medio del arreglo entre las partes involucradas.
“La justicia laboral pasa del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y por otro lado la creación un Centro de Justicia de Conciliación Laboral, es una figura muy interesante porque de esta manera se va a poder trabajar más intensamente en la conciliación de los conflictos para buscar un arreglo antes de llegar a juicios largos, costosos, que incluso afectan a la economía de muchos compañeros trabajadores”, aseveró.
Detalló que sólo en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora existen más de 30 mil expedientes de trabajadores que actualmente se encuentran en litigio con empresas que en mayor porcentaje son maquiladoras, comercios y prestadoras de servicios.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/ajustan-ley-de-justicia-laboral
Cámara de Diputados: Aprueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral
Boletín N°. 4927
13-02-2018.- La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado, mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, para que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Añadió que esta propuesta abona para que la justicia laboral coadyuve a que todos los trabajadores tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral pronta, expedita, imparcial y atienda la equidad entre las partes de los conflictos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) puntualizó que es fundamental que las condiciones de trabajo sean benéficas para empleados, se reconozcan y respeten los derechos adquiridos y bajo ninguna circunstancia sean puestos en entredicho.
En este sentido, se debe asegurar que la justicia laboral funcione de manera clara y transparente; por ello, Encuentro Social se une a la propuesta que dará como resultado la concreción de la legislación secundaria, llevar a cabo una amplia consulta para robustecer y asegurar el beneficio, el desarrollo humano y el tema de la integración de las cuestiones familiares.
La diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
“El reto de materializar la reforma y hacerla eficiente solo podrá conseguirse al escuchar y analizar las voces y puntos de vista de todos y con ello garantizar la estabilidad del mercado laboral”.
Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) se manifestó a favor del punto de acuerdo, ya que la justicia laboral ha sido una de las de más rezago. “En la actualidad existen más de 300 mil juicios y en promedio la resolución de un juicio laboral lleva algo así como tres años”.
“Hoy que la reforma constitucional ya está plasmada es fundamental que la ley reglamentaria tenga una discusión amplia que se escuche a expertos y académicos para que el ordenamiento sea una reforma que realmente haga justicia a los trabajadores”.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
“Pongamos las reglas para que se sustituyan las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales, creando un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo encargado de registrar sindicatos y contratos colectivos, donde el voto personal y secreto quede realmente consagrado para la resolución de conflictos”.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su fracción parlamentaria presentó el 17 de enero, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
“En él estamos exhortando al Congreso de la Unión, para que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo sea analizada y discutida con los diferentes sectores interesados e hicimos un segundo exhorto para crear un grupo de trabajo con la participación de las Cámaras del Congreso de la Unión, actores involucrados y el apoyo de instituciones especializadas con el objeto de elaborar una nueva iniciativa que beneficie a todos”, subrayó.
Del PRD, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
Enfatizó que su grupo parlamentario defiende a la clase trabajadora con esta reforma innovadora, ya que hace falta “una verdadera justicia laboral, incluyendo mejores salarios a los trabajadores”.
El diputado del PAN, Jaime Mauricio Rojas, Silva consideró que una materia pendiente de concretar en nuestro país, es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
En este sentido, las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y “no a modo de un sector en particular”.
En tanto, el diputado Ramón Bañales Arambula (PRI) aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo, se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Febrero/13/4927-Aprueban-punto-de-acuerdo-en-materia-de-justicia-laboral
Diputados prueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral
NOTIMEX 13.02.2018 – 18:56H
La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el perredista Rafael Hernández Soriano recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, a fin de que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
En tanto, el priista Ramón Bañales Arámbula aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.
Por Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
En tanto, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde, dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su bancada presentó el 17 de enero en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
Del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que una materia pendiente de concretar en el país es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/332240/0/diputados-prueban-punto-de-acuerdo-en-materia-de-justicia-laboral/
Pide líder sindical abrir diálogo en materia de justicia laboral
NOTIMEX 13.02.2018 – 16:56H
El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, pidió retirar el proyecto de la ley secundaria en materia de justicia laboral, que está en comisiones del Senado, por considerar que no representa los intereses de la clase trabajadora.
Planteó que en su lugar se abran espacios reales de discusión y diálogo entre legisladores, trabajadores, organizaciones sindicales y sociedad civil para que cualquier proyecto se apegue al espíritu y naturaleza original del Artículo 123 de la Constitución mexicana.
Nuestra agenda, abundó, debe promover el crecimiento y desarrollo económico basado en la reconstrucción del mercado interno y las cadenas productivas, así como incluir el pleno empleo, el impulso a la economía social solidaria, una política que garantice salarios remuneradores, el combate a la impunidad y el respeto pleno a los derechos humanos, la defensa de la educación pública, laica y gratuita.
De cara a los próximos comicios, manifestó que su agenda va más allá de lo electoral, «pretendemos una participación más activa para la transformación de la sociedad e influir en dicho proceso, pero desde una perspectiva democrática y progresista, desde la visión de los trabajadores del campo y la ciudad y de una Agenda Social, desde su autonomía e independencia.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/332165/0/pide-lider-sindical-abrir-dialogo-en-materia-de-justicia-laboral/
Una reforma laboral lamentable
Por Alfredo Sánchez Castañeda
14 febrero 2018
De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país
14 febrero 2018
El modelo de relaciones laborales en México ha transitado en muchas ocasiones de la tutela al control estatal. Las cosas parecían cambiar el 24 de febrero de 2017; fecha en que se reforma la Constitución garantizando: la representatividad de las organizaciones sindicales; la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo; el voto libre y secreto en la resolución de conflictos sindicales; la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de dirigentes sindicales; el tránsito de la justicia laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial; la creación de un organismo federal descentralizado encargado de registrar sindicatos, contratos colectivos y realizar conciliación prejudicial, así como el establecimiento de centros de conciliación estatales para agilizar la justicia laboral.
Empero, fue hasta el 7 de diciembre de 2017 que dos Senadores del PRI presentaron al Senado de la República, un paquete de iniciativas de reforma en la materia. Reformas que la STPS ha hecho suyas. Desafortunadamente, las iniciativas se alejan de la Constitución tanto en lo social como en lo legal.
Las modificaciones planteadas alteran radicalmente el paradigma, si bien no siempre cumplido, de relaciones laborales establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, fundado en el equilibrio entre patrón y trabajador, porque: suprime la obligación del patrón de avisar por escrito al trabajador los motivos de su despido; permite el outsourcing ilimitado; desaparece requisitos de los contratos a prueba y de capacitación inicial; reduce indemnizaciones laborales; elimina la obligación del patrón de justificar despidos colectivos ante la autoridad; desecha la demanda del trabajador que no haya sido corregida en tres días; y, establece requisitos que dificultan el derecho sindical, de contratación colectiva y de huelga.
De igual manera, no se respeta el mandato constitucional, al crear: los centros de conciliación estatales y permitir conciliar también en la vía judicial, resultando elefantes blancos de mero trámite y alto impacto presupuestal; el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, también con funciones conciliatorias de mero trámite, controlado por sindicatos corporativos y cámaras patronales y, con una regulación que burocratiza el derecho de sindicalización, de contratación colectiva y de huelga, y finalmente, los Tribunales Especializados en Seguridad Social sin hacer las reformas complementarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prever el personal especializado, unificar procedimientos, ni señalar fecha para el inicio de sus operaciones en los artículos transitorios constitucionales.
Desde el punto de vista jurídico y político, el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto así como Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, como ya casi candidatos presidenciales, tienen dos opciones: preservar un modelo que asegure el futuro del país bajo esquemas laborales de siglo XXI, es decir, democracia, libertad, trasparencia, desarrollo, productividad e industria 4.0, o bien, abrir la puerta a un modelo de siglo XIX, de desequilibrios, explotación y pobreza.
La reforma constitucional establece un año como término para realizar las adecuaciones legislativas, el cual se cumple el 26 de febrero de 2018. Sin haber considerado lo difícil y tardado que ha sido la implementación de la reforma penal y mercantil. De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país.
Twitter: @asc_unam
http://www.eluniversal.com.mx/alfredo-sanchez-castaneda/una-reforma-laboral-lamentable
Una reforma que huele a podrido
14/02/2018
Manuel Fuentes
Ya está lista la propuesta de reforma laboral. Les urge aprobarla para que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente | Manuel Fuentes
Quedan menos de 15 días para llegar al límite fantasmal, el 24 de febrero, impuesto desde la presidencia de la republica junto con sectores patronales y de tinterillos sindicales (que aplauden y aplauden), para aprobar la contrarreforma laboral más agresiva de los últimos 100 años en contra de los trabajadores.
Los sectores patronales son los más activos promotores para que se apruebe esta contrarreforma, que hace añicos el derecho laboral. Dicen a los distraídos senadores que se encuentran buscando hueso que es urgente su aprobación porque se requieren fuentes de empleo dignas (¿?), mejores salarios (¿?), inversiones no golondrinas (¿?), que nuestro país será de primer mundo con esta reforma (¿?) y prometen hasta que la maldita inflación se va a acabar (… y bla bla bla).
Outsorcing
En el Senado de la Republica están los cabilderos patronales, a toda hora, para que no se mueva una sola de sus propuestas, ni una coma. Ya les dijeron que la propuesta del outsourcing será retirada porque ha causado un gran enojo, principalmente la del líder cetemista y no quieren ser promotores de la división sindical (¿?).
A los empresarios ya les dijeron que sigan con el negocio de las outsourcing,como lo han hecho siempre. Que nadie les va a decir nada. Que si bien la Ley federal del trabajo prohíbe la subcontratación total, el gobierno no se mete en las empresas. Que hagan lo que quieran. Los empresarios más conspicuos están de plácemes por ese cambio para no ejecutar nada.
Ellos saben que seguir con el negocio de las outsourcing es acabar con la obligación de otorgar las utilidades a los trabajadores, y eso lo festinan por todos lados. Es permitir que sus empresas se vuelvan fantasmas cuando así lo requieran y cuando tengan un adeudo, con quien sea, se esfumen. Es contar con permiso de robar. Permitir la división de sus empresas para evadir pago de impuestos y esto, lo saben ellos, lo seguirán haciendo con reforma o sin ella.
Mera usura empresarial…
Al gobierno federal lo que le apura es que se apruebe la creación del Instituto de Conciliación, de Registros de Sindicatos y de Contratos Colectivos para controlar en la raíz al movimiento obrero y con ello mantener a raya el aumento de los salarios. En otras palabras, mantener la usura empresarial y el esclavismo obrero. La ganancia de unos pocos y la miseria de la inmensa mayoría de los mexicanos. Los promotores de esta iniciativa son unos mexicanos de vergüenza.
El gobierno federal logró insertar en el mismísimo artículo 123 constitucional su derecho a controlar la vida de los sindicatos. Legalizó que quién se encargue del aparato de control sea un emisario del presidente de la republica actual, al cual no se le pueda remover ni molestar, por ningún motivo, en los siguientes seis años.
Esa oportunidad no la quieren desaprovechar las huestes peñistas, ¿qué tal si pierden la presidencia de la república? Tendrán al menos controlado el negocio de los registros sindicales, de las huelgas, de los aumentos salariales, de los contratos colectivos de protección, de la destitución de los dirigentes sindicales incómodos, de los juicios de titularidad. Tener en sus manos el verdadero poder de control político. ¡Hay que apurarse! Insisten en el Senado de la Republica los timoratos del poder.
Hay negocio para todos
Ante el enojo de los tinterillos sindicales de no dejarlos participar en el negocio, ya les dijeron que en ese Instituto «de control sindical» también participarán junto con sus socios del sector empresarial que los protege. ¡Hay negocio para todos, no se apuren!
Ya está lista la propuesta de reforma laboral que nunca fue puesta a consideración de la sociedad. Les urge aprobarla para que sea la gran reforma que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente.
¡Vamos Senadores del PRI, del PAN, ecologistas y otros satélites! ¡Solo levanten la mano para que se conviertan en héroes de la patria! En basura…
Pretenden una reforma que privatice el derecho laboral, para que sea solo de los patrones. Que permita el despido libre y las renuncias en blanco al por mayor.
Que acabe con el salario como medida de pago para las indemnizaciones y pensiones y sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización.
Que termine con todo rastro de bilateralidad y de libertad sindical. Que extinga el derecho a huelga y la contratación colectiva participativa. Que cancele la transparencia sindical.
Que anule el voto secreto para evitar que los trabajadores participen en la decisión de sus condiciones de trabajo. Que mande a la basura la seguridad social.
Que cree la conciliación punitiva enfilada contra los trabajadores. Que obstaculice la justicia laboral imponiendo requisitos insalvables para demandar en los nuevos tribunales laborales.
Quieren una reforma que esclavice más a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores de todas edades y a los viejos, desaparecerlos.
Es una reforma laboral que huele a podrido, porque encarna los principios más regresivos de nuestra sociedad, volcada sin reserva, en contra de los sectores más vulnerables de este país, para condenarlos a la miseria.
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@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
https://lasillarota.com/opinion/columnas/una-reforma-que-huele-a-podrido/205325#.WoQdLnLL-wk.whatsapp
Sonora: Reformas ayudarán a una justicia laboral más rápida y efectiva: Javier Villarreal
Para contribuir a que los juicios laborales se solucionen de manera más rápida, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes un dictamen para adecuar la Constitución Política de Sonora con las reformas que se dieron a nivel federal del Artículo 123 Constitucional.
El dictamen fue presentado por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Asuntos del Trabajo, en forma unida.
Una de las reformas posibilita la creación de los Juzgados Laborales, con lo que la justicia laboral pasará del Poder Ejecutivo al Poder Judicial; mientras que la otra hace posible la creación de un Centro de Conciliación Laboral.
“El Centro de Conciliación Laboral es una figura muy interesante porque de esta manera se va a poder trabajar más intensamente en la conciliación de los conflictos para buscar un arreglo antes de llegar a juicios largos y costosos que, incluso, afectan la economía de muchos compañeros trabajadores que no tienen un ingreso”, declaró el diputado Javier Villarreal.
“Nuestro propósito con este Centro de Conciliación es que ahí se haga una labor efectiva, que la autoridad busque que se llegue a un acuerdo justo que realmente atienda el derecho del trabajador”, añadió.
Villarreal Gámez señaló que estos dos organismos empezarían a funcionar a partir del próximo año, por lo que todavía se continuará con el trabajo que realizan actualmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el estado.
La Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
http://h.canalsonora.com/reformas-ayudaran-a-una-justicia-laboral-mas-rapida-y-efectiva-javier-villarreal/
Sonora: Darán certeza jurídica a trabajadores sonorenses mediante justicia laboral
Una reforma constitucional con la que se pretende dar certeza jurídica a las y los miles de trabajadores sonorenses, al garantizar sus derechos laborales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conocidos como “derechos humanos de segunda generación”, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Se trata de la armonización de la norma jurídica local en materia de justicia laboral a lo establecido en el Artículo 123 de la Carta Magna Federal, iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 24 de febrero de 2017 y dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo.
De acuerdo a la lectura del dictamen que estuvo a cargo del diputado Javier Villarreal Gámez, la Gobernadora del Estado propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora en los siguientes términos:
- Facultar al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral:
- Otorgar al titular del Ejecutivo la facultad de prestar el servicio de conciliación en materia laboral, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora;
- Otorgar al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y
- Precisar que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deberán agotar la etapa conciliatoria.
La exposición de motivos del dictamen establece que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna para crear un nuevo sistema de justicia laboral, como una reforma de fondo al Derecho Procesal del trabajo, de manera que la justicia laboral será impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron viable jurídicamente la iniciativa, ya que recoge el espíritu de las modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia laboral, y sobre todo porque cumple con los principios constitucionales de “no contradicción y supremacía constitucional”.
Esta Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Desechan iniciativa y turnan proyecto de decreto
En el desarrollo de la sesión ordinaria fue desechada por la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PAN, al no obtener las dos terceras partes de la votación en el Pleno.
El exhorto estaba dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Economía Federal, a la Gobernadora del Estado y al Secretario de Economía estatal, mediante la cual solicitaban que llevaran a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones tendientes a revertir la caída en el crecimiento y el empleo que sufrió la economía estatal a finales de 2017, a fin de garantizar el bienestar de las familias sonorenses en 2018.
Enseguida la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, la cual establece algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales.
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental y/o los ayuntamientos en su caso podrán ejecutar dichas medidas, entre las que se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones que manejen o almacenen materiales o substancias contaminantes. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Previo al inicio de la sesión, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, a nombre del grupo parlamentario del PAN, y acompañado del diputado Juan José Lam Angulo, con la representación parlamentaria del PRD, se pronunciaron en contra de las supuestas acciones de espionaje denunciadas por el precandidato de la coalición “Por México al Frente”, a través del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, y exigieron al Gobierno Federal aclarar la presunta persecución de la que dicha persona asegura ha sido objeto en los últimos días.
El Pleno sesionará este miércoles 14 de febrero, a las 10:00 horas.
http://h.canalsonora.com/daran-certeza-juridica-a-trabajadores-sonorenses-mediante-justicia-laboral/
Sonora: Turnan a comisiones iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia laboral
En la primera sesión del año de la Diputación Permanente, la Presidencia turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo, la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo estatal en materia de justicia laboral.
Se trata de una armonización que el Poder Legislativo y los congresos locales del país deberán realizar a sus constituciones locales antes del 24 de febrero del presente, conforme al Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor desde el 24 de febrero de 2017.
Durante la sesión ordinaria, la diputada Teresa María Olivares Ochoa, secretaria de la mesa directiva, dio lectura a la correspondencia en la cual se dio cuenta de la iniciativa presentada por la Gobernadora, misma que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de justicia laboral, junto con otra que reforma y deroga disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
La diputada Angélica María Payán García, presidenta de la mesa directiva, cedió el uso de la voz al diputado Rafael Buelna Clark para que diera lectura a la propuesta, mediante la cual se busca crear un nuevo sistema de justicia laboral que implica que ésta sea impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda.
Expuso que la iniciativa replantea la función conciliatoria como una instancia a la cual los patrones y los trabajadores deberán acudir, con lo cual se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales propias de su nueva responsabilidad.
En tanto la función conciliatoria estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales, dijo, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
La Presidenta de la mesa directiva consideró como positivo que exista la preocupación de continuar en la armonización y modificación de leyes locales con las disposiciones federales, y en este caso seguramente va a beneficiar a los ciudadanos, sostuvo.
Consideró que esta LXI Legislatura está en tiempo y forma para aprobar la reforma constitucional en materia de justicia laboral antes del 24 de febrero, ya que el segundo periodo de sesiones ordinarias inicia el 1° de febrero del presente.
El diputado Rafael Buelna Clark agregó que desaparecerían las juntas de conciliación y arbitraje, para crear una sola junta y el Poder Ejecutivo sólo tendrá la parte conciliatoria, para que los juicios los lleve el Poder Judicial del Estado, o si se trata de un conflicto federal pasará al Poder Judicial de la Federación.
“Actualmente las juntas llevan la conciliación y llevan todo el proceso que se da en los conflictos laborales; con esta reforma a la Constitución de Sonora estamos en posibilidades de legislar las nuevas leyes en el tema laboral para que entren en vigor a partir del 24 de febrero del presente año”, expresó el vicepresidente de la mesa directiva.