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Advierte senador Luis Humberto retrocesos con propuesta de Reforma Laboral

  • La Prensa Sábado 17 de febrero de 2018 en México

 

Por: Genoveva Ortiz
Ciudad de México.- El senador Luis Humberto Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por los senadores del PRI y líderes sindicales Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas representa una contrarreforma dañina para los trabajadores.
El legislador del grupo parlamentario del PT recordó que el 24 de febrero de 2017 se publicó la reforma Constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial; crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio; y brindar certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Apuntó que el 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo aprobado en 2017.
No obstante, “vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora; la contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la Reforma Constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege”.
Fernández Fuentes subrayó que la iniciativa en comento libera del outsourcing, “que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también, un elemento coadyuvante del lavado de dinero”.
Además, agregó, echa para atrás uno de los logros más importantes de la reforma, el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, pues en la iniciativa ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.
Luis Humberto Fernández señaló que con la propuesta de reforma laboral el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria.
“También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”, dijo.
El senador cuestionó que si bien hay fecha límite para legislar esta materia, no hay razón para que el Gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral.
“Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar”, concluyó.
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https://www.la-prensa.com.mx/mexico/277064-advierte-senador-luis-humberto-retrocesos-con-propuesta-de-reforma-laboral
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Coahuila: Acabaran malas prácticas de abogados con los Centros de Justicia Laboral


Juan Manuel Contreras Sábado 17 de febrero de 2018 en Local
Saltillo, Coahuila.- La intervención de un juez para resolver los conflictos laborales evitará malas prácticas de algunos abogados, que en forma deliberada prolongaban los procesos para acumular salarios caídos y otros gastos, en perjuicio de los empresarios, expresó el diputado Jesús Berino Granados.
El coordinador de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, se refirió a la próxima creación del Centro de Justicia Laboral, cuyo organismo va sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Expresó que forma parte de una reforma a los artículos 107 y 123 Constitucional, para crear este organismo, que además servirá para agilizar la solución de los conflictos laborales y abatir el rezago que hay en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Era un rezago en favor de los abogados que promovían un juicio y le daban largas, con el objetivo de acumular los salarios caídos. Eso a cualquier empresario le afecta este tipo de conflictos, porque le quitaba la oportunidad de seguir trabajando.
“Con esta iniciativa se protege a los pequeños empresarios y a los grandes industriales también, para que ya no tengan este tipo de problemas, de que vienen a un país o un estado, donde cualquier demanda, aunque no haya razón, le demandaban aguinaldos, salarios caídos, tiempos extras y otro tipo de prestaciones”, expuso.
Mientras que al trabajador también le beneficia, al resolverse de manera más rápida un conflicto y que se le fije la indemnización o finiquito que corresponde, de acuerdo a los años de servicio y lo que establece la ley.

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/acabaran-malas-practicas-de-abogados-con-los-centros-de-justicia-laboral
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Iniciativa laboral: un monstruo jurídico


sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/opinion/020a1pol
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La peligrosa contrarreforma laboral


17 febrero, 2018
Cómo ha cambiado México. ¿A dónde se fueron aquellos días en los que los líderes sindicales defendían a los trabajadores? Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentan una iniciativa que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma laboral anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. Es neoliberal, en un momento en el que el mundo vuelve a girar a lo social; cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta ley los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsourcing, que no solo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo; en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora, en muchas entidades del país, implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de derecho y a la planta productiva.
La conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos es atroz, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que, contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria.
También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
Esta ley no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral? Pareciera que se trata de una estrategia para enfrentar a la izquierda con los empresarios, lo que constituye una gran irresponsabilidad. A estas alturas de un gobierno defenestrado, poco vale la patria frente a un parcito de puntos para tomar ventaja electoral. Esa es su lógica.
Estamos a favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La visión planteada en la iniciativa no es de avanzada, significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.

http://www.siempre.mx/2018/02/la-peligrosa-contrarreforma-laboral/
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Entre parches y reforma integral laboral


Patricia Kurczyn Villalobos
14 de febrero de 2018, 23:17
En el 2012, en los últimos momentos de la administración de Felipe Calderón se reformó la Ley Federal del Trabajo. ¿Un acierto? No lo creo, y ahora una de mis dudas se repite: ¿Por qué una reforma laboral en el último tramo de gobierno? ¿Habrá condiciones y quedará espacio para consolidar una reforma del tamaño de la que se propone ahora y de la constitucional del 2017? ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los Senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo con el sector patronal? A fin de cuentas, muchas cabezas piensan más que unas cuántas; ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo.
Permítanme referirme como derecho a la estabilidad en el empleo, legítima aspiración de la clase trabajadora que establece la ley vigente y que hoy se pretende vulnerar. La reforma propuesta facilita el despido del trabajo, lo que implica truncar derechos de antigüedad y todo lo que ello conlleva. Despedir a trabajadores libremente, cuando tampoco existe el seguro de desempleo, es insensato y facilita al empleador la liberación de responsabilidades laborales. Esta reforma representa un desafío a la justicia social y genera un reto para la sociedad que al final cargará con las necesidades de la clase trabajadora.
Por otro lado, el outsourcing es una modalidad administrativa que surgió en Inglaterra en la década de los años 80. Se trata de allegarse de elementos externos para facilitar la gestión administrativa que, sin duda, es de gran utilidad cuando se aplica para que la empresa se enfoque en sus actividades y finalidades esenciales. Sin embargo, cuando se utiliza para realizar actividades esenciales de la empresa, se convierte en un instrumento de liberación de responsabilidades laborales y fiscales. Las empresas de subcontratación convierten el trabajo humano en mercancía; rompiendo con ello las reglas del trabajo digno y decente. Los empleados de un “patrón” trabajan para un tercero y se convierten en mercancía, una violación a los derechos humanos. La subcontratación dificulta la cohesión social e impide la sindicalización —defensa organizada de los derechos laborales—. La ley vigente exige la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes con las de tercerización, ¿pero se cumple?
Agreguemos a la legalización de esta ficción abrir el trabajo a prueba sin condicionamientos como lo propone la iniciativa, con lo que se reducirían las oportunidades de capacitación y con ello menos productividad y otras prestaciones, como las de antigüedad, días de vacaciones, reparto de utilidades y otras, además del impacto en la seguridad social.
Una reforma progresiva como corresponde al siglo XXI impondría estrictas normas para que las empresas de tercerización se constriñan a actividades específicas y especializadas de las empresas contratantes; cumplan con el principio de igualdad de remuneración, y con sus obligaciones en general. Entre ellas, las de capacitación, de reparto de utilidades, registro de empleados en el IMSS, el cumplimiento de las normas de higiene, salud y medio ambiente en el trabajo, rigurosa inspección, etcétera. Sugiero, en cambio, que se contemple la ratificación del C. 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (de 11 agosto 1983). Lo agradecerían las familias mexicanas.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Entre-parches-y-reforma-integral-laboral-20180214-0153.html
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La contrarreforma laboral

 

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró:
Transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial.
Crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio. El organismo descentralizado en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Brinda certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Este 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo anteriormente comentado.
Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsorcing, que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora en muchas entidades del país implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de Derecho y a la planta productiva.
En lo referente a la conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria. También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
La iniciativa, no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral?
Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral, sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.

XXX TWITTER: @LuisHFernandez
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-contrarreforma-laboral-952306.html
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Quintana Roo: Por falta de diputados, no aprueban reforma en Justicia Laboral


No se contó con la mayoría de legisladores requerida en el primer día de sesiones.
En la apertura de trabajos, asistieron 16 de los 25 legisladores locales, cuando es obligatoria la mayoría de 17 diputados. (Joel Zamora/SIPSE)
HOY VIERNES, 16 FEB. 2018 06:07 PM
Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado dejó para otra sesión la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, al no contar con la mayoría calificada, en el primer día de sesiones del Período Ordinario.
Durante la sesión de apertura de los trabajos, únicamente asistieron 16 de los 25 legisladores locales, mientras que para reformas constitucionales, la legislación establece la obligatoriedad de una mayoría calificada, en este caso 17 diputados.
El punto que quedó pendiente es la reforma al artículo 97 y la adición de un párrafo al artículo 92 de la Constitución, cuyo plazo de aprobación vence el próximo 25 de febrero.
En la misma sesión, se dio entrada a la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, mediante la cual se pretende declarar el 23 de febrero como Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo, para reconocer la labor altruista que realizan esos grupos de personas.
Previo a la sesión del Pleno, durante la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, los legisladores locales aprobaron por unanimidad, la ratificación de los nombramientos de los tres auditores especiales de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), a propuesta del titular, Manuel Palacios Herrera.
De esa manera, Arlin Edmundo Muñoz Ancona, será el auditor especial en materia de Obra Pública; Edwin Celis Madrid, auditor especial en Materia Financiera; mientras que Alberto Flota Medrano, seguirá como auditor especial en Materia de Desempeño.
Según la legislación y los nombramientos emitidos, los auditores especiales durarán en su cargo por un período de siete años, con la posibilidad de ser nombrados por un período adicional de tres años.
Previamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que preside el diputado Emiliano Ramos Hernández, verificó en una sesión privada, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.

https://sipse.com/novedades/chetumal-congreso-sesion-diputados-faltan-inasistencia-probacion-reforma-materia-justicia-laboral-legisladores-285565.html

 

Justicia Laboral

Coahuila: “El Tribunal Superior de Justicia cuenta con mi respaldo: Riquelme” viernes, 16 de febrero de 2018te »


El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció, a nombre de todos los coahuilenses, que el Sistema de Justicia Penal ha sido fundamental para mantener las condiciones de paz en nuestro estado, y que se tiene la certeza que con su trabajo prevalezca la tranquilidad y el orden en una sociedad coahuilense donde impere la ley y se privilegie el estado de derecho.
Lo anterior lo expresó durante el Informe de Actividades 2017 de la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que con el pleno respeto a los poderes del Estado pero mediante una cooperación efectiva se comparten grandes retos por un Coahuila más justo e igualitario, uno de ellos es consolidar un sistema judicial de calidad que privilegie la justicia cotidiana, la justicia abierta, la promoción y garantía de los derechos humanos, el uso de las nuevas tecnologías y el servicio profesional de carrera del personal administrativo.
Otro de los retos es lograr que la justicia en Coahuila se imparta con perspectiva de género. Los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres constituyen la estrategia del estado para erradicar la estrategia contra las mujeres y otorgarles todo el apoyo necesario que asegure su integridad física y psicológica.
Además de la implementación de los juicios orales en materia mercantil de acuerdo a la reforma federal y la instrumentación de la justicia laboral derivada de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017; y establecer políticas públicas que fortalezcan la cohesión social y la integración de las familias coahuilenses, en particular las relacionadas con el resarcimiento a las víctimas de un delito o el aseguramiento de los derechos patrimoniales de las personas.
El Mandatario Estatal reconoció al TSJ por todas las acciones que hacen patente su compromiso de ubicar a Coahuila a la vanguardia en materia de transparencia y trabajo institucional eficiente.
En ese sentido, subrayó los reconocimientos y las cifras que lo confirman, como el sexto lugar nacional que tiene Coahuila en el índice de calidad de los procesos judiciales y en el séptimo en cumplimiento de contratos de acuerdo con el informe Doing Business en México 2016.
«No cabe duda, que tener un buen Sistema de Justicia es una gran fortaleza para el desarrollo y crecimiento económico porque brinda seguridad a los ciudadanos y confianza a inversionistas y empresarios”, aseguró Riquelme Solís.
«La sociedad de nuestro estado está conformada por mujeres y hombres de bien, de trabajo y lucha diaria que celebran los éxitos de la justicia», enfatizó el gobernador coahuilense.
La magistrada Miriam Cárdenas Cantú, en su informe indicó estar convencida de que solo con acciones y resultados se podrá fortalecer el vínculo de confianza con la sociedad.
Con orden y disciplina -agregó- es posible alcanzar las metas que se plantean; sin embargo aseguró que los retos son constantes y lo serán mientras se aspire a cambiar y a mejorar.
«Porque la responsabilidad que tenemos encomendada es muy grande: se trata de que garanticemos a las personas su derecho de acceso a la justicia; nada más noble que ello, pero también nada más demandante de compromiso ético, estudio permanente, imparcialidad, transparencia y trabajo comprometido con los principios y valores del derecho”, aseguró la magistrada.
Dentro de los logros obtenidos, resaltó el Primer Lugar Nacional en el Ranking del Sistema de Justicia Penal, así como la calificación de «Nivel Óptimo” que otorgó a Coahuila el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Miriam Cárdenas informó que se atendieron 173 mil 265 asuntos en las materias familiar en la modalidad tradicional; y el sistema oral, civil, mercantil y penal en sus sistemas tradicional y acusatorio.
Agregó que desde un principio se han tomado en cuenta las recomendaciones que el Banco Mundial ha señalado para el funcionamiento eficaz de los sistemas de justicia, cuando propone que ofrezcan mayor seguridad jurídica en sus decisiones, otorguen respuestas eficaces en forma ágil y económica, garanticen el acceso equitativo, apliquen transparentemente la justicia y protejan en forma efectiva los derechos humanos.
«Atender estas recomendaciones es imperativo, porque Coahuila es una entidad altamente competitiva que ocupa lugares importantes en los principales indicadores económicos, por lo que nuestro estado resulta atractivo a inversionistas”, subrayó la magistrada presidenta.
«Los retos y la forma en que les hemos hecho frente es nuestro deber; es un compromiso ineludible y en él habremos de poner nuestro máximo esfuerzo y perseverancia”, aseguró Miriam Cárdenas Cantú.

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/2/16/tribunal-superior-justicia-cuenta-respaldoriquelme-713079.html

 

Justicia Laboral

“Cumpliremos tiempos en justicia laboral”

 
Más consultas, innecesarias: Isaías González
Uno de los autores de la iniciativa de legislación secundaria aseguró que la redacción del dictamen ya está muy avanzada.
María Del Pilar Martínez
14 de febrero de 2018, 23:34
Tras señalar que el Senado de la República cumplirá con el tiempo estipulado para la aprobación de la legislación secundaria en materia de justicia laboral, misma que se cumple al término de este mes, el senador del PRI, Isaías González Cuevas, afirmó que no hacen falta más consultas sobre el tema cuando lo que se quieren es dar paso a un nuevo sistema de procesal en la materia.
En entrevista, comentó que nadie se puede oponer a terminar con el “coyotaje” que se registra en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, y en donde el único perjudicado es el trabajador, “de ahí la importancia de la aprobación de las leyes secundarias que cumplen con lo que se aprobó en la Constitución el año pasado”.
El legislador, quien es autor de la iniciativa de leyes secundarias, afirmó que “hay personas que no quieren que se cambie el sistema porque tienen un beneficio, son los que se oponen al cambio, les representa un negocio que al final perjudica al trabajador”.
Cabe destacar que el pasado martes se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para abrir espacio a una “amplia consulta” sobre la propuesta en la legislación para una nueva impartición de justicia laboral. De acuerdo con los tiempos en el proceso legislativo, las leyes secundarias deben estar aprobadas para el 26 de febrero.
El también secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)expuso que avanzar en un proceso modelo de impartición de justicia permitiría disminuir el rezago que se tiene en las juntas, “tan sólo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen un rezago de juicios de 430,000; y ahí quienes están ganando son los intermediarios”.
Recordó que los cambios, primero en la Constitución, fueron resultado de un amplio análisis que encargó el presidente Enrique Peña Nieto al Centro de Investigación y Docencia Económica, “ahí se encontraron y se documentaron los vicios del sistema de imputación de justicia, y es eso, sólo eso lo que pretendemos que avance. No son necesarias ya más consultas”.
Con respecto al tema de outsourcing, que causó controversia, reiteró que ya se tuvo un acuerdo con senadores, la Iniciativa Privada y el gobierno para determinar que no se eliminarán los candados al régimen de la subcontratación, ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
González Cuevas afirmó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación, y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para la empresa, como las administrativas, ventas, gestión, logística, y limpieza. Explicó que la redacción del dictamen de la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.

pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cumpliremos-tiempos-en-justicia-laboral-20180214-0158.html
Justicia Laboral

Retos de la justicia laboral


15/02/2018
Con el tiempo encima, el Poder Legislativo se encuentra a menos de dos semanas de aprobar la normatividad reglamentaria a la reforma a la Ley Federal de Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2017, y que estableció un año para lograr tal cometido.
El cambio supone un nuevo modelo en la resolución de problemas en la materia. Desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje hasta ahora dependientes de los poderes Ejecutivos —federal y locales— para dar lugar a tribunales laborales que estarán adscritos al Poder Judicial. También se crearán centros de conciliación, los cuales serán el primer filtro para evitar que los conflictos lleguen a los juzgados.
La característica que ha dominado en las juntas de conciliación a lo largo de un siglo de historia es el rezago. En febrero del año pasado, cifras de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registraban que 300 mil expedientes estaban en espera de resolución y cada año en promedio 83 mil trabajadores inician una demanda contra sus empleadores. Llevar a juicio a patrones resulta en una virtual prueba de resistencia, además de representar una interminable travesía por oficinas y audiencias.
Especialistas en derecho laboral han explicado en estas páginas que luego de que un juicio es resuelto, pueden pasar años antes de que se ejecute la resolución, sea la reinstalación del trabajador o el pago de salarios caídos. Burocracia y lentitud operan usualmente contra el trabajador, mientras desde la otra parte se acusa a la falta de presupuesto como el origen de los retrasos. La dilación también afecta a quienes generan empleos.
Es clara la existencia de una situación anómala que frena la aplicación expedita de justicia y que requiere solución inmediata.
Al Poder Judicial se le viene también un reto enorme cuando el país aún está terminando de asimilar el sistema de justicia oral.
Lograr un clima laboral justo y que dé certeza tanto al empleado como al trabajador puede resultar inclusive en un impulso a la productividad y a la llegada de inversión.
Por las razones anteriores el documento que presenten los legisladores debe ser una vía de resolución expedita a los conflictos obrero- patronales, sin que se mutilen los derechos alcanzados por el trabajador. En sus manos está que el marco que regirá la resolución de conflictos cumpla con las expectativas.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/el-universal/nacion/retos-de-la-justicia-laboral