Roberto Gil Zuarth
El equilibrio entre los factores de la producción y la efectiva garantía de los derechos laborales y sociales de los trabajadores favorecen la productividad de una economía. Son condiciones imprescindibles para el crecimiento económico y la justicia social. Dependen de un andamiaje institucional eficaz, pero también de la neutralidad del Estado frente a la complejidad de las relaciones entre el trabajo y el capital.
El régimen autoritario gestionó, a través del partido hegemónico, esa complejidad. Era parte de su esencia funcional. El arbitraje sobre las tensiones entre los sectores productivos y sociales era una variable asociada a la capacidad del Estado; por un lado, de otorgar y quitar privilegios económicos (protección industrial o comercial, contratos y proveeduría públicos, cargas y eximentes fiscales, etcétera) y, por otro, de determinar el comportamiento político de las organizaciones sindicales y gremiales. El “capitalismo de compadres” no sólo alentó y protegió monopolios económicos, sino que también sirvió para estructurar corporativamente la defensa y representación de los intereses de empresarios y trabajadores. Las patronales y los sindicatos se convirtieron en brazos del régimen que gozarían de beneficios económicos y políticos, mientras se sometieran a la conducción de la economía por parte del Estado y a la autoridad política del presidente. Era la partitura de la estabilidad y de la paz social: transacciones dinámicas entre obediencias y privilegios.
Bajo los códigos del régimen autoritario, los procedimientos y las instituciones tuvieron escasa importancia para ordenar los mercados laborales. La gestión extralegal de los conflictos se convirtió en la regla. No había necesidad de fortalecer las capacidades públicas para normar las interacciones entre la oferta y la demanda de trabajo. Sin embargo, pronto el pluralismo dejó inservibles los viejos instrumentos del Estado autoritario. El proceso de modernización política y económica contrastaba con la subsistencia de ese modelo de gestión de las relaciones productivas y laborales. La primera alternancia, en lugar de sustituir ese modelo por dinámicas institucionales previsibles, coexistió con las estructuras corporativas que el régimen autoritario creó para reducir la complejidad de las demandas sociales de los trabajadores. La segunda alternancia reestableció, en gran medida, la mecánica de su funcionamiento.
Pero la sofisticación de nuestra economía evidenció la precariedad de los equilibrios entre los factores de producción. Una suerte de entendimiento implícito entre los gobiernos, los empresarios y el grueso de las organizaciones sindicales históricas, produjo una larga etapa de paz laboral. Ese entendimiento hizo posible, además, una reforma legal para flexibilizar los contratos laborales (2012) y otra constitucional para profesionalizar la justicia laboral y robustecer la libertad sindical (2017). Ambas reformas coinciden en tiempo e intención con la ola de reformas estructurales que se emprendieron en las últimas dos administraciones. Así pues, las instituciones del trabajo cobraron relevancia conforme la economía iniciaba una nueva marcha de apertura y el Estado pluralista reconocía el valor de la certidumbre jurídica.
La tercera alternancia inicia con signos preocupantes de intervención facciosa del régimen en las relaciones laborales. Pero el indicador relevante de esa estrategia no es sólo el surgimiento de conflictos laborales políticamente inducidos, como el reciente caso de Matamoros. A mi juicio, esos episodios son en realidad síntomas de la intención de reestablecer el control corporativo de las organizaciones laborales y, por supuesto, de los trabajadores. Morena, al estilo del PRI, concedió parcelas de poder a cambio de lealtad política y votos. Ahí están, como ejemplo, el escaño concedido a Gómez Urrutia y las curules a la CNTE, entre otros. Ahora, esas nuevas organizaciones morenistas se aprestan como el brazo de captura de las representaciones sindicales y de los contratos colectivos, con la visible aquiescencia y los recursos del gobierno. La creación de una especie de CTM, pero ahora de Morena, para influir en las relaciones laborales, para transigir privilegios y votos, para dar al régimen un látigo que sirva al propósito de domesticar las fuerzas del mercado.
La ofensiva sindical del régimen es un dato más de concentración de poder. Pero habrá que advertir que la propagación de conflictos laborales producirá inestabilidad política y costos económicos altísimos que padecerán, sobre todo, los más vulnerables. En medio de una era de proteccionismo económico, es muy mala idea para el país perder competitividad y ahuyentar las inversiones y el empleo. Pero todo eso es irrelevante, claro está, cuando lo importante es instaurar una nueva hegemonía.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/sindicalismo-moreno
