La ombudsman capitalina dijo que esta iniciativa está endeble para operar
19 de febrero, 2018 Alejandro Granados
La Reforma laboral que se discutirá en el Senado de la República son una violación a los derechos humanos laborales ya que consideran menores indemnizaciones para los empleados o trabajadores despedidos, afirmó Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México.
Al encabezar el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017, la ombudsman capitalina dijo que esta iniciativa está endeble para operar, pretende implementar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituyendo con esto el salario como base para su cálculo, y el outsourcing que es una forma de contratación que tiene como resultado la precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores al trasladar la responsabilidad de los patrones que reciben sus servicios a un tercero.
Explicó que con ello, los patrones quedan sin las responsabilidades que tienen, pues los trabajadores no tienen seguridad social, ni los mismos derechos de quienes están en las instituciones y con una dirección laboral directa, a lo cual se suma el tema de las indemnizaciones con una unidad de medida diferente al salario, que va en contra del empleado.
El coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Alfonso Bouzas, dijo que es un “monstruo, pues tiene características de incongruencia, irresponsabilidad, ilegalidad, falta de conocimiento, no considera la división de poderes y coloca a los trabajadores e una situación que mucho se parece a la esclavitud”, indicó.
Por su parte, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM, advirtió que se trata de una iniciativa que atenta contra la paz social, al desestimular las demandas de los trabajadores, poniéndoles todos los obstáculos posibles para que puedan reclamar a un patrón, ahondando las desigualdades sociales.
El académico universitario planteo que a fin de abrir una discusión más abierta se prorrogue su discusión y aprobación en el Senado y que el próximo presidente del país decida sobre la reforma.
“Nos despierta graves sospechas de que hay algo encerrado ahí y no huele muy bien, y evitar que por la vía de facto, las organizaciones se hagan escuchar, rompiendo el orden y la paz social”, advirtió
Etiqueta: CDHDF
Ombudsman capitalina señala riesgos por reforma laboral
Laura Gómez Flores
lunes 19 de enero de 2018
Ciudad de México. La reglamentación de la reforma laboral representa grandes riesgos al no considerar los recursos para operar, plantear la terciarización de los servicios para hacer informal el trabajo formal y considerar menores indemnizaciones para los empleados cuando sean despedidos, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez.
La iniciativa, que se discute en el Senado de la República y que entraría en vigor el 24 de febrero, es un “monstruo, pues tiene características de incongruencia, irresponsabilidad, ilegalidad, falta de conocimiento, no considera la división de poderes y coloca a los trabajadores en una situación que mucho se parece a la esclavitud”, afirmó Alfonzo Bouzas.
El coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral señaló que se creará un instituto que será un pre-juicio que llevará a los trabajadores a poner en la mesa todos sus argumentos de defensa y a aceptar la negociación que la política de Estado determine, y colocarlos a como estaban atrás de 1917, en materia laboral.
Se trata de una iniciativa que atenta contra la paz social, al desestimular las demandas de los trabajadores, poniéndoles todos los obstáculos posibles para que puedan reclamar a un patrón, ahondando las desigualdades sociales, advirtió a su vez Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM.
Las nuevas instituciones contempladas en la iniciativa, explicó, tienen un objetivo: encapsular los contratos colectivos de protección patronal en un centro denominado de conciliación y de registro de contratos colectivos y todo lo que concierne al mundo sindical, para conservar los privilegios del sector sindical y patronal “charros”.
Así como cerrar el acceso a la justicia evitando que algún asunto laboral llegue a tribunales, con lo cual se hará más tediosa y larga, a fin de “asfixiar a una de las clases de la sociedad, la trabajadora y si eso pasa en el Congreso de la Unión, deben saber perfectamente que el PRI lo ha enviado directamente, y perderá votos; así como los partidos que la apoyen”, dijo.
En el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017, la presidenta de la CDHDF explicó que el primer riesgo que enfrenta la iniciativa es que no cuenta con presupuesto, está endeble para operar y, el segundo, la terciarización de los servicios como una norma, la parte del outsourcing.
Con ello, los patrones quedan sin las responsabilidades que tienen, pues los trabajadores no tienen seguridad social, ni los mismos derechos de quienes están en las instituciones y con una dirección laboral directa, a lo cual se suma el tema de las indemnizaciones con una unidad de medida diferente al salario, que va en contra del empleado, indicó.
Hasta el momento, comentó, los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no han venido a presentar una queja en contra de la iniciativa, porque todavía no opera, pero si se aprueba de esa manera, seguramente vamos a tener varias, porque no hay presupuesto ni recursos para operarla.
Su aprobación corresponde al Congreso de la Unión, no existe otro camino al cual acudir para impedir que pase, por lo cual pedimos una prórroga y un debate abierto, antes del 25 de febrero, cuando tendría que publicar esta reglamentación, propuso la ombudspersona, petición a la cual se sumó la academia y el Observatorio Ciudadano.
Enrique Larios planteó que el nuevo presidente del país decida sobre la reforma, pues “nos despierta graves sospechas de que hay algo encerrado ahí y no huele muy bien”, a fin de abrir una discusión ordenada y democrática para toda la República; y evitar que por “la vía de facto”, las organizaciones se hagan escuchar, rompiendo el orden y la paz social.
Bouzas Ortiz también se sumó a esa petición de prórroga, para “ser prudentes por el bien de la sociedad y de un estado de derecho, pues no es una exageración decir que las nuevas condiciones en que se coloca al trabajo, se parecen mucho a las de la esclavitud”.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/19/ombudsman-capitalina-senala-riesgos-por-reforma-laboral-9696.html
La propuesta de incorporar la Unidad de Medida y Actualización en la Normativa Laboral, constituye un riesgo al derecho laboral
Boletín 19/2018
9 de febrero de 2018
Preocupa a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que en la Reglamentación de la Reforma Constitucional en materia laboral se contemplen disposiciones que representan una afectación a las indemnizaciones de las y los trabajadores, de sus familiares y/o de las personas beneficiarias; cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Cabe destacar que la iniciativa pretende implementar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituyendo con esto el salario como base para su cálculo, no obstante estar fijado en un monto inferior.
Este Organismo hace un llamado al Senado de la República para que se discutan dichas propuestas que conllevan un retroceso a lo que en la actualidad dispone la Ley Federal del Trabajo (LFT) respecto a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo (Artículo 427 LFT), terminación colectiva de las relaciones de trabajo (Artículos 434 y 436 LFT), en los casos de reajuste de personal por la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos (Artículo 439), y por riesgos de trabajo, incapacidad permanente total, y muerte (Artículos 485, 495 y 500 LFT).
Por lo anterior, resulta imprescindible realizar una discusión y análisis a fondo, tomando en consideración la obligación del Estado para legislar con un enfoque garantista que proteja el derecho de las y los trabajadores a percibir un salario justo y adecuado como indemnización en los casos antes señalados, a fin de satisfacer sus necesidades; de lo contrario, la aprobación en los actuales términos de dicha iniciativa se traduce en una violación a derechos humanos al restringir u obstaculizar el derecho al trabajo decente.