Laura Gómez Flores
lunes 19 de enero de 2018
Ciudad de México. La reglamentación de la reforma laboral representa grandes riesgos al no considerar los recursos para operar, plantear la terciarización de los servicios para hacer informal el trabajo formal y considerar menores indemnizaciones para los empleados cuando sean despedidos, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez.
La iniciativa, que se discute en el Senado de la República y que entraría en vigor el 24 de febrero, es un “monstruo, pues tiene características de incongruencia, irresponsabilidad, ilegalidad, falta de conocimiento, no considera la división de poderes y coloca a los trabajadores en una situación que mucho se parece a la esclavitud”, afirmó Alfonzo Bouzas.
El coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral señaló que se creará un instituto que será un pre-juicio que llevará a los trabajadores a poner en la mesa todos sus argumentos de defensa y a aceptar la negociación que la política de Estado determine, y colocarlos a como estaban atrás de 1917, en materia laboral.
Se trata de una iniciativa que atenta contra la paz social, al desestimular las demandas de los trabajadores, poniéndoles todos los obstáculos posibles para que puedan reclamar a un patrón, ahondando las desigualdades sociales, advirtió a su vez Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM.
Las nuevas instituciones contempladas en la iniciativa, explicó, tienen un objetivo: encapsular los contratos colectivos de protección patronal en un centro denominado de conciliación y de registro de contratos colectivos y todo lo que concierne al mundo sindical, para conservar los privilegios del sector sindical y patronal “charros”.
Así como cerrar el acceso a la justicia evitando que algún asunto laboral llegue a tribunales, con lo cual se hará más tediosa y larga, a fin de “asfixiar a una de las clases de la sociedad, la trabajadora y si eso pasa en el Congreso de la Unión, deben saber perfectamente que el PRI lo ha enviado directamente, y perderá votos; así como los partidos que la apoyen”, dijo.
En el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017, la presidenta de la CDHDF explicó que el primer riesgo que enfrenta la iniciativa es que no cuenta con presupuesto, está endeble para operar y, el segundo, la terciarización de los servicios como una norma, la parte del outsourcing.
Con ello, los patrones quedan sin las responsabilidades que tienen, pues los trabajadores no tienen seguridad social, ni los mismos derechos de quienes están en las instituciones y con una dirección laboral directa, a lo cual se suma el tema de las indemnizaciones con una unidad de medida diferente al salario, que va en contra del empleado, indicó.
Hasta el momento, comentó, los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no han venido a presentar una queja en contra de la iniciativa, porque todavía no opera, pero si se aprueba de esa manera, seguramente vamos a tener varias, porque no hay presupuesto ni recursos para operarla.
Su aprobación corresponde al Congreso de la Unión, no existe otro camino al cual acudir para impedir que pase, por lo cual pedimos una prórroga y un debate abierto, antes del 25 de febrero, cuando tendría que publicar esta reglamentación, propuso la ombudspersona, petición a la cual se sumó la academia y el Observatorio Ciudadano.
Enrique Larios planteó que el nuevo presidente del país decida sobre la reforma, pues “nos despierta graves sospechas de que hay algo encerrado ahí y no huele muy bien”, a fin de abrir una discusión ordenada y democrática para toda la República; y evitar que por “la vía de facto”, las organizaciones se hagan escuchar, rompiendo el orden y la paz social.
Bouzas Ortiz también se sumó a esa petición de prórroga, para “ser prudentes por el bien de la sociedad y de un estado de derecho, pues no es una exageración decir que las nuevas condiciones en que se coloca al trabajo, se parecen mucho a las de la esclavitud”.
‘Nearshoring’: impulso para el trabajo en México
El nearshoring o relocalización de empresas es una estrategia comercial que busca acercar los centros de producción entre mercados internacionales, con la finalidad de mejorar