16 enero, 2019
Saúl Escobar Toledo
De manera similar a lo que sucede en la industria del petróleo, en la que se ha revelado la existencia de una estructura paralela, oculta e ilegal que ha servido para proporcionar enormes ganancias a particulares, en el mundo laboral hace tiempo que viene operando un esquema similar. En este caso, se trata de sindicatos de papel que no representan a sus pretendidos agremiados y de contratos colectivos que no son del conocimiento de los trabajadores y nunca han sido negociados entre la representación de los empleadores y la parte obrera. Se les ha llamado contratos de protección patronal pues solo han servido para que éste pueda manejar a su antojo las condiciones de trabajo.
Como en el caso de la industria de los hidrocarburos, las estructuras paralelas surgieron desde el interior de las instituciones del Estado, Pemex en el caso del huachicol y en la Secretaría del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los asuntos laborales. Si allá han servido para enriquecer a una amplia red de funcionarios públicos y negociantes privados, acá los beneficiados han sido un conjunto de líderes espurios, despachos de abogados y autoridades corruptas que se han comportado como una verdadera mafia para repartirse el dinero mal habido, simular que sucede lo que nunca sucede (una relación obrero patronal basada en organizaciones gremiales representativas), y protegerse unos a otros.
No son las únicas muestras de la corrosión de las estructuras del Estado. Es el caso también, muy notable, de la seguridad pública, donde mandos policiacos de distinto rango y nivel, jueces y ministeriales fingen cumplir con su deber cuando en realidad solapan o pertenecen a grupos criminales.
Aunque indudablemente en todos los ámbitos existen funcionarios honestos que se esfuerzan por cumplir con la ley y su responsabilidad, en las últimas décadas el surgimiento de camarillas y mecanismos ocultos dentro de las propias instituciones, concertados para satisfacer intereses particulares, se ha agudizado. En el caso del mundo laboral, la ausencia de democracia sindical viene de muchas décadas atrás, sobre todo desde fines de los años cuarenta del siglo pasado. Pero con la globalización de los mercados y las políticas neoliberales, el sindicalismo se convirtió, en su mayor parte, en un aparato vacío, fantasmal y sombrío.
No hay mal que dure cien años, dice el refrán. En este caso, la presión internacional principalmente de nuestros socios extranjeros, Canadá y Estados Unidos, y de los organismos internacionales como la OIT, han jugado un papel destacado para tratar de modificar esta situación pues consideraron que la ausencia de representaciones sindicales legítimas y democráticas en nuestro país forman parte de un sistema ilegal que ha servido para bajar artificialmente los salarios y prestaciones y atraer inversiones extranjeras, una competencia desleal que debe ser combatida.
Ello, junto con diversas manifestaciones de descontento nacionales, llevaron a una reforma del 123 constitucional en febrero de 2017. Sin embargo, durante casi dos años, ésta no se ha aplicado porque no se ha reformado la Ley Federal del Trabajo. El cambio político ocurrido el año pasado y la nueva composición del Congreso de la Unión parece abrir por fin esta posibilidad. En las últimas semanas, diversas iniciativas, entre ellas la suscrita por algunos diputados de Morena, fueron presentados ante el Congreso. Se trata de un proyecto que recoge puntos de vista de sindicalistas, abogados y académicos del Observatorio Laboral. Se propone construir un nuevo modelo basado, en primer lugar, en la independencia del sistema de justicia respecto del Poder Ejecutivo, lo que implica la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Pero en segundo lugar y de manera igualmente destacada, busca garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores. Con ello, se afirma, el mercado de trabajo y las relaciones obrero-patronales podrían convertirse en espacios de inclusión social, frenando la pobreza y la desigualdad imperantes.
En este comentario abordaremos solamente una parte de las reformas: la que tiene que ver con la democracia sindical y la negociación colectiva. Una pieza clave de este nuevo modelo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical (el CFCyR) el cual tendrá a su cargo el registro de los sindicatos y contratos colectivos. Vigilará también el respeto a la democracia sindical. Se trata de un organismo novedoso que deberá gozar de plena autonomía y regirse por los principios de independencia, imparcialidad y transparencia. El texto prevé un periodo de transición pues el Centro empezaría a funcionar en un plazo no mayor de dos años.
De acuerdo con la iniciativa, habrá plena libertad para organizar sindicatos, pero la autoridad cuidará que éstos cumplan con sus estatutos. No habrá afiliación obligatoria y la elección de sus directivas tendrá que realizarse por voto personal, libre y secreto. Las organizaciones estarán también obligadas a rendir cuentas de la administración de su patrimonio.
El registro de estos colectivos se simplificará y solo se requerirá copia de las actas de su asamblea constitutiva y de la elección de su directiva; la lista de sus miembros; y la presentación de sus estatutos. La autoridad, el CFCyR, no podrá negar dicho registro pero sí deberá observar que sus reglas internas contemplen, necesariamente, el voto secreto y la representación proporcional de género de sus dirigencias.
El proceso legal para pactar contratos colectivos es un poco más complejo ya que el sindicato deberá contar previamente con una Constancia de Representatividad (CR) expedida por el CFCyR. Dicha Constancia solo podrá obtenerse si se realiza una consulta con los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto. Esta Constancia requerirá por lo menos el respaldo del 30 por ciento de los asistentes y, en caso de que concurran dos o más asociaciones, la constancia se otorgará a la que resulte mayoritaria. El Centro también se encargará de convocar y organizar el proceso de votación, elaborará las boletas, instalará las urnas y hará el registro de los votantes. Llevará a cabo también el escrutinio y cómputo de la votación, levantará el acta correspondiente y dará fe de su validez. Finiquitado este paso, y si se cumplen los requisitos legales, la autoridad deberá resolver la procedencia de la solicitud de la Constancia de Representatividad y entonces se podrá dar validez al contrato colectivo.
Este procedimiento, completamente nuevo, tiene como finalidad evitar cualquier forma de simulación que permita a un grupo de personas usurpar la representación de los trabajadores en las negociaciones con el empleador. Pretende también impedir que las autoridades decidan arbitrariamente la procedencia de un registro sindical o de un contrato colectivo, fenómeno muy común desde hace años que ha impedido el surgimiento de sindicatos independientes y democráticos.
Una buena ley no garantiza su inviolabilidad. En caso de que se apruebe el texto, el respeto a la voluntad de los trabajadores, mediante el voto secreto, dependerá ahora, sobre todo, de la conducta y probidad de las autoridades encargadas del flamante Centro Federal de Conciliación y Registro. La iniciativa de Morena, junto con otras ya presentadas o en curso, deberán discutirse en febrero, durante el periodo ordinario, y sufrir todos los cambios que sean necesarios, siempre de acuerdo con los preceptos constitucionales. Una vez aprobada, el gobierno deberá tener tiempo suficiente para preparar el cambio. Estamos ante una oportunidad histórica de construir una nueva realidad en el que se elimine la simulación y se destierren esas estructuras paralelas, ocultas e ilegales que han controlado el ámbito laboral. Con ello, el sindicalismo mexicano podría empezar a salir de las sombras y, de manera transparente, reinventarse con la participación genuina de sus afiliados.
Etiqueta: derechos colectivos de los trabajadores
Diputación de Morena busca modernizar el ámbito sindical
NOTIMEX 03.01.2019 – 14:26H Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de lograr la instauración de un nuevo modelo que haga efectiva la independencia del sistema de justicia laboral respecto del Poder Ejecutivo, como lo exige la reforma constitucional de 2017.
La propuesta que presentó el diputado morenista Miguel Ángel Chico Herrera, sienta las bases para una verdadera transformación en el ámbito sindical y de contratación colectiva, induciendo los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones sindicales.
El legislador de Morena dijo que el país requiere que la justicia sea impartida por los órganos del Poder Judicial, para otorgar mayor certeza al trabajador en su empleo y en su salario, y evitar abusos en el supuesto ejercicio de los derechos, como las demandas fraudulentas que destruyen la pequeña y mediana empresa o que desalientan la creación de más y mejores empleos.
«Hoy estamos ante la puerta de una gran transformación en el mundo del trabajo, junto con lo que deberá experimentar el régimen político y nuestro modelo económico acorde con los marcos normativos nacional e internacionales», argumentó.
Chico Herrera expuso que esta iniciativa -turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados- orienta la reglamentación de los principios constitucionales en la Ley Federal del Trabajo, a garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial, así como el libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores.
Indicó que la propuesta persigue dos objetivos: el respeto al Estado de derecho y la vigencia del principio de representatividad sindical como condición necesaria para un diálogo social que encamine al país hacia una verdadera transformación productiva que asegure al trabajo digno al o a los ciudadanos.
Esto implica revitalizar a los sindicatos y la contratación colectiva como instrumentos de construcción, consensos entre trabajo y capital en aras de mejorar los salarios y las condiciones laborales, dejando atrás la unilateralidad.
El diputado Chico Herrera destacó que esta serie de reformas recogen las propuestas que hizo el Observatorio Ciudadano de la reforma laboral.
Con la implementación de esta reforma se considerará que exista un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Habrá un capítulo de sanciones para aquellos servidores públicos de los centros de conciliación que obstruyan o dilaten los procedimientos.
Detalló que se incluirá a los trabajadores del campo en los salarios mínimos profesionales, además de que refrendará y ampliará el derecho de los empleados y patrones para constituir las organizaciones que estimen convenientes.
Establecerá que, en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como la actualización de las directivas sindicales, se observen y prevalezcan los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, así como el respeto a la libertad sindical.
Establecerá como norma obligatoria que los estatutos incluyan como requisito para su aprobación, el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto.
También, indicó Chico Herrera, con esta reforma se refrenda, amplía y precisa la obligación de la directiva de los sindicatos de rendir cuentas a sus afiliados, así como el deber de entregar copia por escrito del informe respectivo.
Se crea el procedimiento de conciliación prejudicial de carácter previo y obligatorio. Precisa las atribuciones y obligaciones de los conciliadores para su selección que garantice imparcialidad, independencia y profesionalismo.
Se privilegia la solución del conflicto por encima de los formalismos procedimentales sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Se brinda mayor claridad a los procedimientos para ejercer la garantía de huelga El diputado federal señaló que con esta reforma se amplían y precisan las facultades del tribunal laboral para lograr la ejecución de las sentencias laborales.
La iniciativa incluye reglas especiales que constituyen una ruta crítica que debe conducir a una transición exitosa, a fin de garantizar democracia y transparencia sindical, acceso de los trabajadores a una justicia imparcial y libertad de negociación colectiva.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/463695/0/diputacion-de-morena-busca-modernizar-el-ambito-sindical/
Ver también
Impulsan reforma sobre democracia sindical
Agencia Reforma
Morena propuso a la Comisión Permanente una reforma para garantizar democracia y transparencia sindical y libertad de negociación colectiva.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Ley General del Trabajo que tiene como objetivo garantizar que haya democracia y transparencia sindical, acceso de los trabajadores a una justicia imparcial y libertad de negociación colectiva.
La iniciativa, firmada por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, destaca la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo autónomo descentralizado, cuyo director general será designado por el Senado entre una terna propuesta por el Presidente de la República.
La Junta de Gobierno del organismo estará integrada por los titulares de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda, así como los titulares del INEGI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y del Instituto Nacional Electoral (INE).
El Centro Federal de Conciliación y Registro Federal tendrá facultades para conciliar conflictos obrero-patronales, además de que en las entidades federativas deberán de establecerse Centros de Conciliación.
En la propuesta se establece que la elección de las directivas sindicales y secciones sindicales, las cuales tendrán que integrarse bajo principios de paridad de género, se deberá de llevar a cabo mediante voto libre y secreto, para lo cual es necesario que los sindicatos cuenten con un padrón completo y actualizado de sus agremiados, así como materiales electorales que garanticen la libertad del sufragio.
Para la obtención de la constancia de representatividad, además, se requiere del voto de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores.
La iniciativa también considera mecanismos y sanciones de incumplimiento para que los sindicatos cumplan con la rendición de cuentas, con el objetivo de desestimular la apropiación indebida del patrimonio de las organizaciones gremiales y asegurar la transparencia en el manejo de cuotas y finanzas sindicales, las cuales deberán ser públicas en internet.
En tanto, la justicia laboral será impartida por órganos del Poder Judicial, tanto federales como locales, en procedimientos predominantemente orales y con una fase escrita.
No obstante, se sugiere una instancia prejudicial obligatoria de conciliación, con lo cual se pretende ofrecer la posibilidad de solución de los conflictos laborales y disminuir los plazos de resolución de los mismos.
Dicha etapa de conciliación no podrá exceder de 45 días naturales, ya que a tribunales llegarán sólo aquellos casos en los que realmente sea imposible un arreglo conciliatorio.
Al presentar la iniciativa, el diputado morenista Miguel Ángel Chico Herrera aseguró que con esta propuesta de reforma de ley se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores y habrá mayor justicia para los mismos.
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/impulsan-reforma-sobre-democracia-sindical
Reforma reglamentaria en materia laboral
Presenta Morena iniciativa que transforma el ámbito sindical y de contratación
Considera ambiente de trabajo libre de discriminación y castigo a funcionarios que dilaten procesos de conciliación
▲ Los coordinadores de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, y en el Senado, Martí Batres (derecha), platican con legisladores del PAN durante la sesión de ayer de la Permanente.Foto Roberto García Ortiz
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 4 de enero de 2019, p. 11
Morena presentó en la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma reglamentaría en materia laboral, en la cual plantea “una verdadera transformación en el ámbito sindical y de contratación colectiva”.
Se trata –dice– de elevar el respeto al estado de derecho y la vigencia del principio de representatividad gremial, como condición necesaria para el diálogo social que encamine al país a una verdadera transformación productiva y asegure el trabajo digno a los ciudadanos.
El senador Pedro Haces Barba (Morena) consideró que la propuesta de su partido es de avanzada, “contiene elementos legales que darán certidumbre a la vida sindical en todos los ámbitos de la vida productiva nacional. En el Congreso estamos abocados a proveer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los elementos legales que fortalezcan su administración, anteponiendo a cualquier interés el interés superior, que es el de las mayorías”.
Al argumentar en tribuna, Miguel Ángel Chico, diputado de Morena, adujo que se considerará un ambiente laboral libre de discriminación y violencia. Habrá un capítulo de sanciones para aquellos servidores públicos de los centros de Conciliación que obstruyan o dilaten el procedimiento de conciliación.
Así se incluirá a los trabajadores del campo en los salarios mínimos profesionales; refrendará y ampliará el derecho de empleados y patrones a constituir las organizaciones que estimen convenientes; establecerá que, en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como la actualización de las directivas gremiales, se observen y prevalezcan los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez e imparcialidad, y se contempla el respeto a la libertad sindical.
También se considera el procedimiento de conciliación prejudicial de carácter previo y obligatorio. Las atribuciones y obligaciones de los conciliadores para su selección que garantice su imparcialidad, independencia y profesionalismo; privilegio a la solución del conflicto por encima de los formalismos sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo; mayor claridad de los trámites para ejercer el derecho de huelga, y se amplían y precisan las facultades del tribunal laboral para lograr la ejecución de las sentencias laborales.
Tanto el Poder Judicial de la Federación como el Ejecutivo establecerán los mecanismos conducentes para la aplicación de la presente reforma y se establece la obligación de contemplar los costos de operación y todo el demás gasto necesario para tales efectos, refirió el representante de Morena.
https://www.jornada.com.mx/2019/01/04/politica/011n1pol
Morena pretende modernizar el sistema de justicia laboral
Roberto Garduño | jueves, 03 ene 2019 13:17
Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, durante la sesión de la Comisión Permanente. Foto Roberto García
Ciudad de México. La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó este mediodía en San Lázaro su propuesta de ley reglamentaria a la reforma constitucional en materia laboral, aprobada en febrero de 2017.
El texto de la propuesta contempla modernizar el sistema de justicia laboral vigente, transformar la organización sindical y de contratación colectiva, a través de los principios de representatividad, transparencia y democracia en las organizaciones sindicales.
Miguel Ángel Chico Herrara, diputado de Morena, presentó la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Trabajo, para que ésta inicie el proceso legislativo de análisis y adiciones.
En tribuna, el legislador expuso que se trata de “un nuevo modelo laboral, que haga efectiva la independencia del sistema de justicia laboral respecto del Poder Ejecutivo”.
Así, la propuesta morenista se sustenta en los siguientes ejes: considerar un ambiente laboral libre de discriminación y violencia; sanciones a los servidores públicos de los centros de conciliación que obstruyan o dilaten los procedimientos en cause; aplicar salarios mínimos profesionales a los trabajadores del campo.
También, establecer el registro de los sindicatos, federalizaciones y confederaciones, bajo los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad y transparencia; hacer obligatorio que los estatus de esas organizaciones, e incluyan como requisito para su aprobación el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto.
Según la propuesta, se crea el procedimiento de conciliación prejudicial de carácter previo y obligatorio; se privilegia la solución del conflicto por encima de los formalismos procedimentales; se brinda mayor claridad a los procedimientos para ejercer derecho de huelga; y, se amplían las facultades del tribunal laboral, para lograr la ejecución de las sentencias laborales.