Se ajusta a lineamientos del T-MEC y de la OIT
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 12 de abril de 2019, p. 11
La Cámara de Diputados aprobó ayer el nuevo marco legal en materia laboral que, según expresaron las distintas bancadas, va en sintonía no sólo con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino también con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical.
Con matices, todos los partidos expresaron su respaldo a la reforma, incluso los dirigentes obreros que se verán sometidos a una realidad de elección por voto directo, personal, libre y secreto, y a límites en el periodo de conciliación anterior a la huelga, para evitar que los conflictos se alarguen artificialmente.
En ese ánimo, el dictamen fue aprobado por 417 votos en favor de todos los partidos, aunque Movimiento Ciudadano se abstuvo con el argumento de que votar en este momento la reforma “somete a la Cámara a un texto acordado en el marco de la relación” con Estados Unidos y Canadá, además de que el dictamen no consideró su impacto presupuestal
La discusión del documento se prolongó casi nueve horas, en un salón de sesiones que lució semi vacío.
Desde la perspectiva de Morena, la reforma es “de vanguardia” en materia de democracia en los sindicatos y el nuevo esquema de conciliación obligatoria, antes de que los asuntos lleguen a los tribunales especializados.
A lo largo de la revisión del dictamen, el pleno aceptó algunas reservas, en su mayoría las que negoció el PAN con Morena. Así, se hizo un cambio respecto a la temporalidad del proceso de prehuelga y huelga.
En tribuna, el panista Fernando Torres Graciano presentó una reserva para determinar que después de emplazado el patrón, a petición del gremio se podrá prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una sola ocasión hasta por 30 días, con la finalidad de buscar un acuerdo conciliatorio.
Sólo se podrá dar un plazo mayor en caso de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos o si el tribunal en materia laboral considera que existe causa que lo justifique. Además, cuando el contrato colectivo o el convenio de revisión no sean aprobados por los trabajadores, el sindicato podrá alargar el periodo de prehuelga hasta por 15 días, o si hay circunstancias que lo ameriten se podrá autorizar hasta por un máximo de 30 días, siempre y cuando el gremio lo solicite y justifique.
La modificación también considera que las partes podrán prorrogar o ampliar el periodo de pre huelga con el propósito de llegar a un acuerdo conciliatorio; no obstante, no podrá tener una duración que afecte derechos de terceros.
Se incluyeron otras tres modificaciones del blanquiazul:definir que las empresas podrán descontar las cuotas sindicales “siempre y cuando el trabajador haya expresado su consentimiento por escrito”; imponer multas a las mineras que, por omisión, causen la muerte de uno o varios trabajadores, y que si un sindicato aplica una sanción a un trabajador, no afectará su permanencia en el empleo.
La mayoría de las 104 propuestas de modificación se desechó, incluso un dislate que priístas y panistas detectaron en el artículo 371, que se refiere a la elección democrática de los dirigentes gremiales, donde se repiten dos conceptos.
De esta forma, el citado artículo quedó así: “la elección de la directiva y secciones sindicales se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo (sic) y secreto”.
El pleno desechó todas las solicitudes de los priístas del sector obrero. Isaías González, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) terminó por admitir que “los tiempos han cambiado” y los sindicatos ya no se pueden oponer a la libre elección.
En la tribuna, Enrique Ochoa Reza (PRI) afirmó que la nueva legislación resulta del legado de la reforma constitucional que Enrique Peña Nieto envió el sexenio pasado.
Sin embargo, dijo que el tricolordetectó en la redacción del dictamen “algunas manzanas envenenadas que llegaron ahí por prisa, omisión o por una perversa intención”.
Citó que falta un artículo transitorio que defina con claridad el respeto a los contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos; el hecho de que en la Constitución sólo obliga al voto personal, libre y secreto en las decisiones sindicales, pero no se refiere al directo, y la “inaceptable intromisión de la autoridad” en la vida sindical, con la verificación de los procesos de elección, entre otros.
El PT reclamó que se dejó fuera eliminar el esquema de subcontratación, y aunque por ello acordó votar en contra, finalmente avaló la reforma porque Morena le prometió abordar el tema en septiembre.
Etiqueta: Diputados
Preocupa más a senadores su próximo empleo que legislar
Tanto senadores como diputados están más preocupados por buscar acomodo con el proceso electoral, por lo que hay comisiones sin titular y sesiones con poca concurrencia Foto Guillermo Sologuren
Si no aprueban ley de propaganda, incurrirán en desacato
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Lunes 5 de marzo de 2018, p. 12
Pese al elevado número de pendientes en este último periodo ordinario de la legislatura en el Senado, durante febrero los avances fueron nulos. Mucho ausentismo en las sesiones, poco trabajo en comisiones que deben dictaminar los temas más urgentes y caras nuevas, de quienes suplen a los legisladores que pidieron licencia, la mayoría para contender por otros cargos de representación popular.
Desde que se inició la legislatura, 37 senadores titulares se marcharon y su lugar lo ocuparon suplentes, que llegan a enterarse apenas de los temas por dictaminar. Tres ex presidentes del Senado: Pablo Escudero, del PVEM; Roberto Gil Zuarth, PAN, y Miguel Barbosa, del PT-Morena, dejaron sus escaños recientemente, este último para contender por el gobierno de Puebla.
El proceso electoral ya causó estragos. Hay 14 comisiones sin presidente, la senadora del PRI Cristina Díaz estuvo dos semanas de licencia, por lo que la presidencia de la Comisión de Gobernación apenas fijó la ruta legislativa para dictaminar la Ley de Propaganda Gubernamental, que debe aprobarse antes de que concluya el periodo de sesiones –el 30 de abril– como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Congreso ha estado en falta desde hace 11 años, en que debió aprobar esa legislación encaminada a regular la aplicación de recursos públicos en los medios de comunicación, pero ahora sí tiene que hacerlo, pues tanto el Senado como la Cámara de Diputados incurrirían en desacato a la SCJN.
Otra comisión con un tema relevante que estuvo sin presidente varias semanas fue la de Trabajo y Previsión Social, ya que el entonces senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, pidió licencia para contender por la candidatura al gobierno de Guanajuato. No lo logró y dejó al tricolor para pasar a Morena.
Ahora el PRI quiere quitarle la presidencia de esa comisión, encargada de dictaminar la ley reglamentaria sobre justicia laboral, a la que el PT-Morena se ha opuesto.
Mientras, el plazo legal establecido por los propios legisladores en un transitorio de la reforma constitucional en la materia, venció el pasado 25 de febrero.
Como si el Senado no tuviera cerca de 50 nombramientos por ratificar, entre ellos del fiscal y los 18 magistrados anticorrupción, y una decena de leyes urgentes como la de la Fiscalía General de la República, la legislación para endurecer las penas por el robo de hidrocarburos, las modificaciones al derecho de réplica, con base en los señalamientos de la SCJN, además de un rezago de mil 322 iniciativas y 311 minutas, el periodo de sesiones se inició con un puente vacacional de siete días.
Los senadores acudieron a San Lázaro para la apertura, pero sólo sesionaron hasta el 8 y cada vez con muchos senadores ausentes. De los siete días que sesionaron sólo en uno la asistencia fue superior a cien, en las demás apenas acudieron 80 legisladores.
Durante marzo el panorama ha sido similar. La sesión del pasado jueves empezó con 82 senadores, pero en la última votación sólo quedaban 75, más ocupados en otros asuntos que en la agenda que se discute en el pleno, la mayor parte de las veces de temas irrelevantes. Un ejemplo es el dictamen aprobado por mayoría para declarar el último día de febrero como el “día de las enfermedades raras”.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/05/politica/012n1pol
Cámara de Diputados: Aprueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral
Boletín N°. 4927
13-02-2018.- La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado, mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, para que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Añadió que esta propuesta abona para que la justicia laboral coadyuve a que todos los trabajadores tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral pronta, expedita, imparcial y atienda la equidad entre las partes de los conflictos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) puntualizó que es fundamental que las condiciones de trabajo sean benéficas para empleados, se reconozcan y respeten los derechos adquiridos y bajo ninguna circunstancia sean puestos en entredicho.
En este sentido, se debe asegurar que la justicia laboral funcione de manera clara y transparente; por ello, Encuentro Social se une a la propuesta que dará como resultado la concreción de la legislación secundaria, llevar a cabo una amplia consulta para robustecer y asegurar el beneficio, el desarrollo humano y el tema de la integración de las cuestiones familiares.
La diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
“El reto de materializar la reforma y hacerla eficiente solo podrá conseguirse al escuchar y analizar las voces y puntos de vista de todos y con ello garantizar la estabilidad del mercado laboral”.
Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) se manifestó a favor del punto de acuerdo, ya que la justicia laboral ha sido una de las de más rezago. “En la actualidad existen más de 300 mil juicios y en promedio la resolución de un juicio laboral lleva algo así como tres años”.
“Hoy que la reforma constitucional ya está plasmada es fundamental que la ley reglamentaria tenga una discusión amplia que se escuche a expertos y académicos para que el ordenamiento sea una reforma que realmente haga justicia a los trabajadores”.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
“Pongamos las reglas para que se sustituyan las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales, creando un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo encargado de registrar sindicatos y contratos colectivos, donde el voto personal y secreto quede realmente consagrado para la resolución de conflictos”.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su fracción parlamentaria presentó el 17 de enero, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
“En él estamos exhortando al Congreso de la Unión, para que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo sea analizada y discutida con los diferentes sectores interesados e hicimos un segundo exhorto para crear un grupo de trabajo con la participación de las Cámaras del Congreso de la Unión, actores involucrados y el apoyo de instituciones especializadas con el objeto de elaborar una nueva iniciativa que beneficie a todos”, subrayó.
Del PRD, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
Enfatizó que su grupo parlamentario defiende a la clase trabajadora con esta reforma innovadora, ya que hace falta “una verdadera justicia laboral, incluyendo mejores salarios a los trabajadores”.
El diputado del PAN, Jaime Mauricio Rojas, Silva consideró que una materia pendiente de concretar en nuestro país, es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
En este sentido, las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y “no a modo de un sector en particular”.
En tanto, el diputado Ramón Bañales Arambula (PRI) aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo, se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.