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2018-02-14
Hermosillo, Sonora, 13 de febrero de 2018.- Una reforma constitucional con la que se pretende dar certeza jurídica a las y los miles de trabajadores sonorenses, al garantizar sus derechos laborales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y conocidos como «derechos humanos de segunda generación», aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Se trata de la armonización de la norma jurídica local en materia de justicia laboral a lo establecido en el Artículo 123 de la Carta Magna Federal, iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 24 de febrero de 2017 y dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo.
De acuerdo a la lectura del dictamen que estuvo a cargo del diputado Javier Villarreal Gámez, la Gobernadora del Estado propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora en los siguientes términos:

1.      Facultar al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral:
2.      Otorgar al titular del Ejecutivo la facultad de prestar el servicio de conciliación en materia laboral, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora;
3.      Otorgar al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y
4.      Precisar que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deberán agotar la etapa conciliatoria.

La exposición de motivos del dictamen establece que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna para crear un nuevo sistema de justicia laboral, como una reforma de fondo al Derecho Procesal del trabajo, de manera que la justicia laboral será impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron viable jurídicamente la iniciativa, ya que recoge el espíritu de las modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia laboral, y sobre todo porque cumple con los principios constitucionales de «no contradicción y supremacía constitucional».
Esta Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Desechan iniciativa y turnan proyecto de decreto
En el desarrollo de la sesión ordinaria fue desechada por la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PAN, al no obtener las dos terceras partes de la votación en el Pleno.
El exhorto estaba dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Economía Federal, a la Gobernadora del Estado y al Secretario de Economía estatal, mediante la cual solicitaban que llevaran a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones tendientes a revertir la caída en el crecimiento y el empleo que sufrió la economía estatal a finales de 2017, a fin de garantizar el bienestar de las familias sonorenses en 2018.
Enseguida la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, la cual establece algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales.
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental y/o los ayuntamientos en su caso podrán ejecutar dichas medidas, entre las que se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones que manejen o almacenen materiales o substancias contaminantes. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Previo al inicio de la sesión, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, a nombre del grupo parlamentario del PAN, y acompañado del diputado Juan José Lam Angulo, con la representación parlamentaria del PRD, se pronunciaron en contra de las supuestas acciones de espionaje denunciadas por el precandidato de la coalición «Por México al Frente», a través del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, y exigieron al Gobierno Federal aclarar la presunta persecución de la que dicha persona asegura ha sido objeto en los últimos días.
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