Propuesta de leyes privilegia la creación del nuevo sistema de justicia, un centro de conciliación y registro sindical y la democratización sindical; de momento no toca outsourcing ni salarios.
Maria Del Pilar Martínez
06 de diciembre de 2018, 01:33
Para transitar en el nuevo modelo de relaciones laborales contractuales, el nuevo gobierno mexicano optó por privilegiar tres aspectos fundamentales: modificar el sistema de justicia; crear un nuevo centro de conciliación y registro sindical autónomo, y privilegiar la democratización sindical, dejando para una segunda generación de reformas temas como outsourcing y salarios.
La reforma más importante en 100 años a la Ley Federal del Trabajo cumple con las exigencias de la reforma constitucional del 2012, la Ley General de Transparencia, los Convenios internacionales (87 y 98 de la OIT) y con el capítulo y anexo del T-MEC, comentaron participantes en la elaboración del documento que se entregará al Congreso de la Unión como iniciativa legal impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cabe destacar que la totalidad de la reforma estará vigente hasta después de un periodo de cuatro años, pues por asuntos presupuestales no se puede crear el organismo autónomo que llevara el registro de los sindicatos; como tampoco se pueden poner en funcionamiento los tribunales.
Asimismo, el documento refiere que hubo el consenso de todos los sectores, pues participaron, desde el Observatorio Laboral, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Entre los temas que destaca está la regulación en los emplazamientos a huelga, con el fin de terminar con las extorsiones a las empresas; como también someter a revisión, en un periodo de cuatro años, todos los contratos colectivos de trabajo existentes, pues con ello se pretende poner punto final a los contratos de protección patronal.
Se dice que la reforma es una combinación entre libertad sindical, negociación colectiva con dialogo social productivo y justicia eficaz, “ésos son como los productos que se están entregando con la propuesta”, indica el documento.
En la propuesta no se incluye la revisión del outsourcing, pues hay una discusión en dos agendas: la que platean quienes quieren desaparecer a la tercerización y quienes buscan regularla. De entrada, los encargados de elaborar el proyecto comentaron que la posición del equipo encargado, y que encabeza el subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, es que “en este momento no es conveniente incluir el tema de la subcontratación por varias razones, la primera porque el mandato constitucional se remite a la agenda de otros temas y porque tiene el riesgo de dificultar la aprobación rápida”.
Pese a que identificaron que los artículos en donde se reguló hace seis años la subcontración, el 15A, el 15B y el 15C de la Ley Federal del Trabajo no se cumplen, decidieron no incorporarlos en la discusión, pues “es muy delicado, y lo que propone Morena y la STPS es hacerlo en una segunda generación de reformas, no se puede aprobar un tema que no ha discutido con todos los sectores”, refirieron las fuentes consultadas.
Nuevo capítulo laboral
Las leyes que implementarán la reforma en materia de justicia laboral del 2017 contarán con tres ejes:
Justicia laboral
- En el sistema de justicia hay un cambio estructural que transita hacia los juicios rápidos, juicios orales. Se pretende mayor cercanía del juez para que los juicios terminen en periodos cortos porque se compactan los procedimientos.
- Creación, en dos años, del Centro de Conciliación y Registro Sindical, garantiza su autonomía.
- Voto secreto para lograr la firma de un contrato colectivo, lo cual es el punto clave para acabar con los contratos de protección.
- No se podrá firmar un contrato colectivo si no se consulta a los trabajadores en un procedimiento que garantiza voto secreto, lugar neutral y padrón confiable.
- No se podrá emplazar a huelga si no se acredita que se representa a trabajadores.
- Incluye sanciones para los sindicatos que utilizan su membrete para defraudar al fisco.
Democratización
- Nuevas reglas para la vida sindical que se sustenta en los convenios 87 y 98 de la OIT, así como del T- MEC.
- Los líderes tendrán que, bajo mecanismos muy precisos, rendir por escrito a cada trabajador cómo y en qué se han gastado las cuotas sindicales.
- Se prevén mecanismos para que el proceso electoral sindical no sea viciado desde la convocatoria, dando garantía a la participación.
- Se establecerán reglas para la reelección de las dirigencias sindicales; los trabajadores decidirán si quieren o no que haya reelección y los límites a ella.
- Se plantea que en cuatro años todos los contratos colectivos sean sometidos a consulta para garantizar que no son de protección.
Los tiempos de la reforma
- Se contemplan seis meses para que los tribunales laborales empiecen a atender demandas de titularidad.
- En dos años entrará en funciones el Centro de Conciliación y Registro Laboral y los estatales.
- Se contemplan tres años para que funcionen totalmente los juzgados laborales.
