18/12/2018
Por Miguel Carbonell
Llevamos días y semanas enfrascados en la discusión sobre los sueldos del Poder Judicial de la Federación. Los puntos de vista se han ido extremando cada vez más, las posturas parecen del todo irreconciliables y hemos llegado al punto de quiebre en el que ya se están presentando agresiones físicas a integrantes de la judicatura federal. Nada de eso es bueno para México.
Un país democrático debe aprender a discutir los temas de interés público desde la serenidad y con argumentos, no a base de manotazos sobre los cofres de los coches que trasladan a los funcionarios. Algo no estamos haciendo bien.
Lo curioso, sin embargo, es que en medio de ese frenesí deliberativo en el que nos hemos instalado parece que se nos olvida lo más importante de todo: ¿qué medidas debemos tomar para el mejoramiento de la justicia en México? Sobre esto no se ha escuchado una sola voz en los días recientes.
Nadie está pensando qué hacer para que los procesos judiciales no sean tan largos y tortuosos, nadie tiene un plan para elevar el nivel de las sentencias de nuestros jueces (tanto a nivel federal como local, en cada una de las 32 entidades federativas), nadie ha propuesto nada para terminar con las mafias que controlan la ejecución de los laudos en materia laboral, y que prácticamente son grupos de choque para practicar desalojos y embargos. ¿Cuándo pasaremos a hablar de los temas de fondo, dejando atrás las cuestiones de pesos y centavos?
No lo digo porque el tema del dinero no sea importante (desde luego que lo es), pero me parece que nos estamos enfocando a discutir las percepciones de 11 funcionarios, que son los ministros de la Suprema Corte, cuando en realidad los problemas de la justicia mexicana van mucho más allá de esas oficinas ubicadas en Pino Suárez número 2.
Es curioso que la ira de las redes sociales se haya centrado en la Suprema Corte y no en los consejeros de la Judicatura Federal que ganan casi lo mismo, o en los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no se quedan atrás. Discutamos sobre sueldos, sobre privilegios, sobre abusos incluso (que los hay, sin duda), pero desde la amplitud de miras y no desde la mezquindad y la visión cortoplacista que parece pretender abatir la legitimidad de la Corte.
La actual campaña de odio hacia los jueces puede tener muy funestas consecuencias. Es probable, de inicio, que se produzca una fuga de talentos hacia el sector privado. En segundo lugar, tampoco se puede descartar que se hunda todavía más la confianza de la ciudadanía en la justicia, lo cual en nada ayuda para la construcción del Estado de derecho con el que muchos soñamos para México.
Un país no puede ser desarrollado si no cuenta con los mecanismos y resortes institucionales que nos permitan dirimir de forma pacífica nuestras diferencias. Esa es la función de los jueces y por eso es tan importante fortalecer su tarea y apoyar su trabajo. Contar con una Judicatura dedicada a hacer un trabajo de calidad es un paso civilizatorio de gran relevancia en la historia de la humanidad. En temas judiciales, tenemos que pedir un debate de mayor altura y no basado en el encono y la descalificación.
Si de verdad quiere el partido en el poder mejorar la justicia, debería enfocarse en expedir a la brevedad las nuevas reglas del procedimiento laboral (pendientes desde febrero de 2017) así como el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (que podría haber estado listo desde hace más de un año y medio, sino fuera por la irresponsabilidad de los legisladores). Hay muchas cosas por hacer y por mejorar.
¿Cómo podemos atender mejor a las víctimas de la delincuencia, qué capacidades necesitamos mejorar de las fiscalías que investigan los delitos, cómo prevenimos la tortura de personas detenidas, qué hacemos contra las mafias que utilizan al Poder Judicial para asignarse de manera fraudulenta casas y terrenos, cómo nos apoyamos en las nuevas tecnologías para hacer notificaciones judiciales más expeditas, y muchas cosas más?
Ese es el debate que me gustaría estar presenciando. Lo malo es que ese debate requiere de cierto nivel intelectual y de alguna formación académica, aunque sea básica. Ninguna de las dos cosas abunda en el actual escenario político del país. No nos debe extrañar que nuestro debate público esté por los suelos. Nos lo merecemos.
Investigador del IIJ-UNAM. @MiguelCarbonell
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Las trampas de una iniciativa laboral
Por: Graciela Bensusán
La reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 fue una estrella fugaz. Prometió el fin del tripartismo en el sistema de justicia laboral, un esquema que por décadas fue el soporte del régimen corporativo-estatista que, en el contexto del modelo exportador, generó pocos ganadores y muchos perdedores, y entregó a un órgano nacional autónomo el registro de los sindicatos y los contratos colectivos, terminando con la ineficiente distribución de competencias entre los ámbitos federal y local.
Fue precisamente en el ámbito local donde hubo mayor inequidad entre las organizaciones sindicales contendientes y la influencia de los gobernadores en los conflictos laborales frustró el acceso a la justicia para los trabajadores y sindicatos independientes. La medida legislativa parecía una excelente noticia.
Más tardamos en asimilar la importancia de estos cambios para transitar por fin al siglo XXI, que sus oponentes en diseñar una iniciativa de ley reglamentaria que amenaza con llevarnos al siglo XIX, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
Como ha venido sucediendo en las últimas cuatro décadas bajo los imperativos de un modelo económico probadamente fallido, el viejo sindicalismo reclama seguir beneficiándose de un arreglo que obliga a pagar el precio de su complicidad y corrupción para facilitar la más extrema flexibilidad laboral y los salarios más bajos de la región.
A su vez, gran parte del sector empresarial sigue resistiéndose a aceptar un derecho humano fundamental: la libertad sindical y de negociación colectiva. Ni qué decir que el gobierno actual cobija estos intereses ilegítimos en un juego tramposo en el que después de dar un paso adelante con la reforma constitucional, busca la complicidad del sindicalismo para dar dos pasos atrás.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional –presentada por dos conspicuos senadores de la CTM y la CROC el 7 de diciembre último, en medio de conflictos entre ambas centrales por intereses internos, ajenos a los de los trabajadores– está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales. Incluso eliminan los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 impuso a favor de los trabajadores al restringir la libertad patronal de subcontratación.
Entre los más graves retrocesos está la pretensión de eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservado en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía el emplazamiento a huelga. Como hasta ahora, bastaría el acuerdo con el empleador para que el sindicato acredite su representatividad con la pura documentación, sin consulta a sus agremiados, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Es igualmente inaceptable incluir la representación de sindicatos y empleadores en el órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, a la par que se otorga a un órgano administrativo competencias jurisdiccionales en la resolución de conflictos colectivos que corresponden al Poder Judicial. En la respuesta del gobierno de México a la queja que la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó a la Organización Internacional del Trabajo, se aclara que “esta propuesta no tiene identificación de organización sindical alguna para esta integración (por lo que) la participación en su órgano de gobierno se determina a partir de un criterio de representatividad numérica, de la cual se tiene certeza a partir de los registros sindicales con que cuenta la autoridad”.
Esta respuesta merece tres comentarios. Primero, permitir que la representación de los sindicatos y de los empleadores tenga voz en el órgano que resuelve el registro de sindicatos y contratos colectivos es llevar al órgano de nueva creación un conflicto de interés que estuvo históricamente presente en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
En segundo lugar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que firmó la respuesta a la CSI, quiere hacernos creer que la representatividad numérica de las organizaciones sindicales, de acuerdo con sus registros o los de las juntas locales de conciliación, goza de alguna credibilidad, cuando se trata de mayorías artificiales. La autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores son los que ayudarían a legitimar, si se quiere de manera gradual, a la representación sindical.
Por último, otorgar a un órgano administrativo así integrado funciones que van más allá de la conciliación y competen a la justicia laboral en temas de contratación colectiva y derecho de huelga, anularía los aciertos de la reforma constitucional al trasladar los conflictos laborales a un ámbito independiente con las garantías del debido proceso.
La recomendación, aparentemente girada desde la STPS, para que las legislaturas locales adopten leyes que establezcan la estructura tripartita de los órganos locales de conciliación y regulen su operación, ignorando que constitucionalmente ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es preocupante. El único apoyo jurídico sería una disposición transitoria en el artículo 123 que ordena que las legislaturas de los estados hagan las adecuaciones necesarias para cumplir con dicho precepto. ¿De verdad se quiere otorgar a las legislaturas locales competencia para legislar en materia de trabajo o es una estratagema de dudosa constitucionalidad para salir del paso ante las objeciones a la reforma?
Un escenario como el actual, en donde un muy competido y polarizado proceso electoral opaca temas cruciales de la agenda nacional, aunado al poco interés que el devenir de la institucionalidad laboral genera en diversos sectores de la sociedad, abre el paso a estas maniobras. Parecería que sólo la presión externa, que llevó al gobierno a presentar la iniciativa de reforma en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), logrando en menos de 10 meses las mayorías necesarias para su aprobación, podría obligar a desandar este sinuoso camino. Sin embargo, reglamentar los principios constitucionales en este contexto es desaconsejable. La reforma de la LFT de 2012 se logró después del proceso electoral de ese año y resultó del acuerdo entre el presidente saliente y el candidato ganador, apoyado por legisladores de los tres partidos políticos mayoritarios. Cualquier reglamentación regresiva carecerá hoy de legitimidad y, más que resolver, complicará la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, toda vez que el mercado laboral es el principal generador de pobreza y desigualdad y, por ende, una traba para el crecimiento y el desarrollo.
Revista PROCESO
3 de febrero de 2018
*Profesora de la UAM-Xochimilco