Advierten Carga Administrativa a Entidades
La dependencia y el gobierno queretano mantienen un convenio de colaboración que implica aportaciones igualitarias.
Viviana Estrella
01 de agosto de 2018, 23:56
Querétaro, Qro. La Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra) pugnará porque se mantenga la representación estatal del Servicio Nacional del Empleo (SNE).
De retirarse la dirección estatal del SNE, se podría generar una carga administrativa y presupuestaria para el gobierno del estado, toda vez que ambas instancias mantienen un convenio de colaboración, afirmó el secretario del Trabajo (ST) de Querétaro, José Luis Aguilera Rico.
Del 1 al 3 de agosto, en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 de la Conasetra, los secretarios se reunirán en Guanajuato para dialogar sobre la permanencia del SNE en las entidades, así como para configurar el presupuesto federal que se planteará a la próxima administración, entre otros puntos.
Aguilera Rico expuso que se propondrá que estas direcciones funjan como subsecretarías del Trabajo en las entidades.
“Iniciamos una reunión nacional de secretarios del Trabajo en Guanajuato, la postura que tenemos es no desaparecer el Servicio Nacional del Empleo, como se ha comentado en varios foros, y que se convierta prácticamente en una dependencia directamente como subsecretarías”, pronunció.
Actualmente, dijo, el SNE cuenta con autonomía; en el estado desarrolla dos programas sociales que dependen directamente de esta dependencia federal.
En tanto, el SNE y el gobierno del estado de Querétaro mantienen un convenio de colaboración que implica aportaciones igualitarias de recursos para conjuntar una bolsa que se ejerce en los programas que desarrolla el servicio.
“Son recursos federales que él (director del SNE en la entidad, Alberto Torres González) pelea para el estado. Si él pelea 2 pesos, el gobierno del estado tiene la obligación con la firma de convenio de colaboración de poner 2 pesos más; si desapareciera esa figura del SNE dependerían esos 4 pesos del estado y entonces sería una carga administrativa prácticamente de los programas sociales”, mencionó.
Dentro de la Conasetra, explicó, son 20 secretarios del Trabajo los que mantienen la postura de evitar la desaparición del SNE, aunado a solicitar que no se recorte el presupuesto para esta dependencia.
“La postura en este momento, a nivel nacional, es la de no desaparecer al SNE y que no hagan el recorte presupuestal de más de 60% que han hecho en más de dos años”, sostuvo.
Como parte de los efectos del recorte presupuestal, añadió, durante esta administración federal desapareció el denominado Periódico de ofertas de empleo del SNE, en el cual los solicitantes podrían identificar opciones laborales y se sustituyó por una plataforma virtual.
José Luis Aguilera declaró que la desaparición del SNE —que este año cumple 40 años de operación— sería un error para los estados, por lo que contrario a ello, propondrán que se aumente el presupuesto a través de programas como Bécate y Fomento al Autoempleo.
“El SNE tuvo una carga administrativa después del sismo del 19 de septiembre del año pasado porque sus instalaciones prácticamente son inservibles y eso también significó un gasto, que tuvimos nosotros que absorber, algunas cosas como en Querétaro a través de convenio, lo estamos haciendo, pero no estamos en la premura de que el SNE desaparezca”, comentó.
Reforma laboral
El secretario agregó que han tenido conocimiento de que podría haber ajustes a la reforma laboral, que planteaba la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y que prevería transitar a un nuevo esquema de impartición de justicia laboral, cuyas funciones se trasladarían al Poder Judicial.
“Y en segundo lugar, nosotros no tenemos la confirmación, pero sí un adelanto de que la reforma laboral va a desaparecer. Que no va a ser propiamente ya como se estaba proponiendo”, manifestó.
Durante la reunión de la Conasetra también se abordará qué procedería con los Centros Estatales de Conciliación que se habían propuesto como una alternativa para las entidades. Además de que en siete estados ya se había planteado esta figura ante el Congreso local.
De momento, se prevé que las JLCA continúen operando a cargo de las secretarías del Trabajo de los estados. Por tanto, las dependencias estatales seguirán presupuestando los recursos de las juntas locales, teniendo como fecha límite el 25 de agosto para plantear el proyecto de Egresos.
En junio del año en curso, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, declaró que al no haberse aprobado la legislación secundaria de la reforma en justicia laboral, ésta se quedó a la mitad, pues permaneció en manos del Senado y se prevé que sea discutida en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la próxima legislatura, que iniciará formalmente el 1 de septiembre.
Comprometidos, 4.7 millones de pesos
Presupuesto nunca será suficiente: SNE
Querétaro, Qro. La dirección estatal del Servicio Nacional del Empleo (SNE) desconoce cuál será la planeación de trabajo para el ejercicio fiscal del 2019, la cual dependerá del Ejecutivo federal.
Para el año en curso, el organismo recibió un presupuesto de 4.7 millones de pesos, monto que se encuentra comprometido y lejos de llegar a caer en subejercicio, indicó el director estatal del SNE, José Alberto Torres González.
A este recurso, se suma la partida igualitaria que destina el gobierno de estado al SNE, a través del acuerdo de colaboración que firman anualmente.
En los últimos dos años, dijo, la dependencia ha sufrido recortes al presupuesto federal que percibe, por lo que han optado por aumentar la eficiencia del gasto.
“Tuvimos un recorte de dos años para acá, más o menos de 30%, es algo que determina la federación (…) nosotros de lo que nos hemos encargado es de hacer efectivos y eficientes los recursos”, declaró el director.
El recurso de este año, comentó, se ha ejercido acorde con los objetivos planteados por la dirección estatal.
“Lo que nos dieron para operar todo el año fueron 4.7 millones de pesos y hemos aplicado el recurso tal como se planeó, conforme a nuestros objetivos y metas y hasta el momento está comprometido; es decir, no tenemos ningún riesgo de que se nos retire algún recurso y obviamente habrá que esperar hasta el siguiente año la nueva planeación, sin subejercicios”, pronunció.
Destacó que el recurso que se otorgue a esta dependencia nunca será suficiente para atender a la población, por lo que la estrategia se sigue sustentando en hacer más eficientes los recursos que les designan.
A través del programa Fomento al Autoempleo, para este año se presupuestaron 2 millones de pesos, que benefician a 2,500 personas. Y por medio del programa Bécate, 3.6 millones en apoyo a 150 personas.
Etiqueta: Legislación secundaria
Diputados prueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral
NOTIMEX 13.02.2018 – 18:56H
La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el perredista Rafael Hernández Soriano recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, a fin de que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
En tanto, el priista Ramón Bañales Arámbula aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.
Por Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
En tanto, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde, dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su bancada presentó el 17 de enero en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
Del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que una materia pendiente de concretar en el país es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/332240/0/diputados-prueban-punto-de-acuerdo-en-materia-de-justicia-laboral/
Carta a los legisladores
Arturo Alcalde Justiniani
Indebidamente, se pretende que ustedes legislen al vapor la reforma laboral más importante en la historia de nuestro país y asuman una definición trascendente para la suerte de las mujeres y hombres que viven de su trabajo, para nuestra vida democrática y el sistema productivo nacional. Lo más grave es que se intenta que tomen decisiones apresuradas, aprobando normas que formalizarían un nuevo modelo de relaciones de trabajo, sustentado en la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, en contradicción con los importantes avances contenidos en la reforma al artículo 123 constitucional, llevada a cabo en febrero de 2017, de la cual ustedes fueron parte. No hay que olvidar que esta reforma respondió a un añejo reclamo social y laboral, a una exigencia de la comunidad internacional y fue el resultado de una amplia consulta nacional en el entorno de la mejora a la justicia cotidiana impulsada por el Presidente de la República a finales de 2014.
La reforma constitucional de 2017, que ustedes aprobaron, atendió a dos objetivos fundamentales: primero, recuperar la vigencia del estado de derecho incluyendo el respeto a la división de poderes en la impartición de justicia, mediante jueces imparciales y procedimientos ágiles, para lo cual se abandonó la figura del tripartismo, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, asignando sus funciones al Poder Judicial. Para impulsar la conciliación y garantizar el respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva auténtica, se crearon dos instituciones: los centros de conciliación en el ámbito local y un organismo descentralizado, autónomo, de carácter nacional, que además de contar con las tareas de conciliación en el ámbito federal, tuviese el encargo del registro de los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo.
El segundo objetivo de esta reforma fue recuperar el papel de la negociación colectiva como medio de concertación productiva y así suprimir los contratos colectivos de protección patronal celebrados a espaldas de los trabajadores en un esquema de simulación y corrupción. Esta práctica ha generado indefensión laboral, violencia y un impacto negativo en las condiciones salariales y de trabajo, así como extorsión a las empresas por medio de siglas sindicales que formulan falsos emplazamientos de huelga. Para lograr este cambio trascendental, a partir de los principios de representatividad y certeza, se fijó una regla democrática esencial consistente en la consulta previa a los trabajadores mediante el voto secreto. Nació así, la fracción XXII bis del artículo 123 apartado A, que en su parte final contiene un texto fundamental: para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos preceptos.
La reforma estableció el plazo de un año para que el Poder Legislativo creara las disposiciones reglamentarias, tiempo propicio para la participación de la academia, especialistas, sectores productivos e interesados. Por el contrario, las autoridades optaron por un procedimiento oculto, sometido a la presión de los intereses que se sintieron afectados por la reforma constitucional y de otros más, conduciendo la reglamentación en su parte sustantiva a una vía contraria al mandato constitucional, esto es, hacia un nuevo modelo que suprime su carácter originalmente protector y social. La iniciativa que hoy se discute, de 7 de diciembre de 2017, elaborada por el Ejecutivo federal y presentada en su nombre por los senadores Tereso Medina, de la CTM, e Isaías González Cuevas, de la CROC, es contraria al estado de derecho, ya que suprime el carácter autónomo del denominado Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral. Lo transforma en un organismo tripartito, bajo el control de un órgano de gobierno integrado mayoritariamente por sindicatos y patrones que serán juez y parte en los conflictos colectivos, asignándosele tareas de impartición de justicia ajenas a su naturaleza de entidad de la administración pública. Este organismo resolverá sobre el cumplimiento de una serie de requisitos para ejercitar los derechos colectivos, incluyendo el acceso a la firma de un contrato colectivo, las demandas de titularidad o cambio de sindicato y el ejercicio del derecho de huelga, dejando al Poder Judicial en un plano marginal. Todo lo contrario de lo que pretendía la reforma constitucional.
En relación con la exigencia del voto secreto como condición previa a la firma de un contrato colectivo, simplemente se ignora y se sustituye por una serie de requisitos que en la práctica serían imposibles de cumplir para un gremio independiente o democrático. En suma, se blindan con mayor dureza los vicios que el constituyente buscó eliminar.
La lista de temas ajenos a la reforma constitucional es muy amplia y exhibe claramente la intención de llevar a la norma laboral el proceso de precarización que se viene experimentando en los hechos. Por ejemplo, se impulsa la subcontratación u outsourcing sin límites, eliminando restricciones y cancelando los derechos propios de una relación laboral auténtica; se facilita el despido, tanto en el plano individual como colectivo; se reducen indemnizaciones y se suprime un conjunto de principios protectores esenciales. La transparencia laboral se limita, contraviniendo la Ley General de Transparencia e Información Pública, conforme a sus artículos 78 y 79.
Tienen en sus manos una responsabilidad gigantesca y la oportunidad de diseñar una legislación secundaria acorde con los principios constitucionales, convencionales y con las necesidades de nuestro tiempo, sin menoscabo de su carácter social y protector, favorable al desarrollo productivo y al diálogo social, de reconocimiento del trabajo digno. Es falso que los temas ya han sido discutidos, porque todos ellos son tratados por primera ocasión. Abrir un espacio de tiempo suficiente para el análisis y la propuesta, sería el mejor camino para dar legitimidad a una reforma constitucional de esta envergadura. Con un sistema laboral acorde con ella, ganamos todos: trabajadores, empresarios, consumidores y una población que tiene cifrada su suerte en el mundo del trabajo.
La reforma laboral atenta contra los derechos de los trabajadores
No habrá legislación secundaria, advierte la oposición
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 3 de febrero de 2018, p. 13
La oposición en el Senado advirtió que no habrá legislación secundaria para poner en marcha el nuevo sistema de impartición de justicia laboral si no se eliminan de la iniciativa del gobierno las disposiciones que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores.
El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez y el independiente Alejandro Encinas, demandaron al Ejecutivo Federal remitir a la brevedad la terna para elegir al titular del nuevo Instituto de Conciliación y Registro de Contratos y Sindicatos, que es parte fundamental del nuevo sistema que elimina las juntas de conciliación y lleva a los tribunales laborales la resolución de conflictos obrero patronales.
El plazo para nombrar al funcionario y aprobar la ley secundaria vence el próximo día 25 de febrero, por lo que es probable que la legislación secundaria no esté lista a tiempo, coincidieron,
El senador Encinas resaltó que la iniciativa de ley reglamentaria de la reforma laboral en materia de justicia fue presentada por los senadores del PRI, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero en realidad es la propuesta gubernamental.
El proyecto introduce reglamentar la subcontratación u outsourcing, para acabar con los contratos colectivos y los sindicatos.
Es una verdadera contrarreforma laboral que no puede aprobarse, porque elimina las pocas prestaciones que aún tienen los trabajadores y que están contenidas en los contratos colectivos, expuso a su vez el senador Sánchez.
Ambos coincidieron en que si el PRI y el PAN se alían para aprobar esa inciativa, habrá un rebelión de organizaciones sindicales en defensa de los derechos conquistados por los trabajadores.
Confiaron en que el secretario del Trabajo, Roberto Campa, actúe sensiblemente como prometió, a fin de destrabar la negociación y aprobar la legislación que permita echar a andar la reforma laboral.