Napoleón Gómez Urrutia
Se ha hablado mucho de la posibilidad de utilizar la renegociación del TLCAN como un impulso para aumentar los salarios en México, pues la elevación de los ingresos de los trabajadores mexicanos eliminaría el pretexto aducido por Donald Trump para complicar el tratado, ya que dice que por este motivo opera a favor de empresas mexicanas y en perjuicio de las de Estados Unidos y Canadá.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto aumentar el salario mínimo hasta homologarlo con el de Estados Unidos, poco más de mil pesos diarios, a la tasa de cambio actual.
No hay duda de que los aumentos son necesarios. Después de tres décadas de políticas neoliberales, la pobreza sigue muy alta y rebasa 50 por ciento de la población mexicana. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de pobres aumentó de 49 millones, en 2008, a 53.4 millones para 2016. Los salarios en China son ya dos veces mayores a los de México.
Pero los aumentos no son tan valiosos cuando se otorgan sin acompañamiento de derechos democráticos con los que los trabajadores y las trabajadoras puedan defender sus conquistas. En los últimos años. el Sindicato Minero ha logrado un promedio de aumento en salarios y prestaciones arriba de 12 por ciento, o sea, dos o tres veces mayores que los que consiguen los organismos charros. Este éxito se debe fundamentalmente a la disposición y la capacidad de nuestros afiliados para movilizarse junto con sus comunidades, ejercer democráticamente y de forma responsable el derecho de huelga para hacer crecer al sindicato con nuevos proyectos, además de la sindicalización de nuevos compañeros y compañeras.
Sería un error pensar que los aumentos por sí mismos podrían resolver el déficit de derechos democráticos que persiste en el mundo laboral mexicano. Como muchos expertos han observado, los salarios mexicanos en las grandes industrias son inferiores comparados con los de otros países, no debido a la falta de productividad, sino a un pacto diabólico entre políticos, empresarios y sindicatos sometidos para robar sistemáticamente esta estructura jurídica a los trabajadores, mientras dividen el botín entre aquéllos.
El ejemplo más reciente de esta alianza es el dictamen de la ley secundaria para aplicar las reformas constitucionales en materia laboral, que esta semana está a punto de debatirse en el Senado. Como muchos abogados, académicos y dirigentes sindicales hemos advertido, el dictamen pretende consolidar el control de los sindicatos corruptos, los funcionarios cómplices y las empresas amafiadas con ellos sobre las instituciones de la justicia laboral, al cerrar todos los espacios a los trabajadores que pretendieran organizarse en sindicatos democráticos y así negociar contratos colectivos que les garantizaran salarios buenos, seguridad adecuada e higiene en el trabajo, las utilidades y las prestaciones que en justicia y de acuerdo con la ley les correspondan, así como la posibilidad de una jubilación digna.
No es un accidente que los patrocinadores de esta propuesta sean representantes sindicales conocidos internacionalmente por su corrupción y venalidad, como es el caso de Tereso Medina Ramírez, jefe de la CTM en Coahuila y dueño de unos 146 contratos colectivos de protección patronal que abarcan a un mínimo de 22 mil trabajadores en varias ramas industriales, según datos oficiales. Por otra parte, está Isaías González Cuevas, de la CROC, también líder charro; con su iniciativa, ambos traicionan a la clase trabajadora.
Como observó el senador del PT, Luis Humberto Fernández, tan vergonzosa es la ley que nadie ha salido a defenderla. Sería una gran desgracia y una gran vergüenza para el Senado y para la Cámara de Diputados que se apruebe una ley como ya hemos aprobado muchas, sin que nadie salga a defenderla, nada más porque dieron la instrucción, nada más porque sus jefes los mandaron, nada más porque no había razones: sólo había instrucciones.
La única estrategia efectiva para revertir el control de las grandes empresas y sus lacayos charros es derrotar este falso dictamen y aprobar uno que implemente fielmente las normas constitucionales y los convenios internacionales suscritos por México que protegen los derechos de los trabajadores.
Ésta ha sido la principal exigencia de los sindicatos internacionales de Canadá, Europa y Estados Unidos en sus cartas dirigidas a los senadores de México. Es otra cruel ironía que ellos se preocupen más por los derechos de los trabajadores mexicanos que nuestro propio gobierno y que, naturalmente, los sindicalistas charros.
Sólo un candidato presidencial se ha manifestado claramente por una verdadera reforma del derecho laboral. En un documento reciente, López Obrador exige:
–Que las leyes reglamentarias de la reforma laboral constitucional se ajusten estrictamente al contenido y principios de la Carta Magna.
–Que las tareas propias del Poder Judicial no deben ser sustituidas por el Órgano Nacional Autónomo de justicia laboral, cuyas funciones se refieren limitadamente sólo a la conciliación y al registro de sindicatos y contratos colectivos. Éste no deberá ser tripartito ni admitir en su estructura de gobierno una representación que lo pueda convertir en juez y parte en los procesos.
–Que los procesos de los cuales dependa el ejercicio de los derechos laborales, incluso los conflictos por titularidad y por cumplimiento de requisitos para emplazar a huelga o suscribir un contrato colectivo, deben quedar a cargo del Poder Judicial, manejado con justicia e independencia.
–Que las y los trabajadores tengan garantizada la consulta previa antes de la firma de cualquier contrato colectivo, a través de un procedimiento de voto secreto validado por el Poder Judicial.
–Que se apliquen a este proceso los preceptos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información para proteger esos mismos derechos laborales de los trabajadores.
El Sindicato Nacional de Mineros, que tengo el honor de presidir, conoce la amarga realidad del inframundo del derecho laboral actual, donde los trabajadores que intentan afiliarse a un gremio democrático como el nuestro, sufren demoras interminables, despidos sin remedio, acoso y amenazas, y hasta asesinatos con impunidad, como es el caso reciente de la empresa canadiense Torex Gold Resources, en la mina Media Luna, ubicada en el estado de Guerrero.
Aún si en este mes logramos derrotar la reforma reaccionaria del PRI, quedará pendiente para el Congreso, en septiembre próximo, reglamentar fielmente nuevas reformas constitucionales para acabar de una vez por todas con el infierno de los contratos de protección patronal y los demonios – charros, empresarios y funcionarios cómplices– que viven de ellos.
Como senador, de entrada mi compromiso será el de luchar por una reforma laboral que garantice los derechos y la dignidad de la clase obrera, que logre de esta forma aumentos salariales reales y permanentes para mejorar las condiciones del pueblo, el fortalecimiento y crecimiento de la economía nacional. No hay ninguna duda, por mi parte, de que ésta habrá de ser mi primera y más importante encomienda senatorial tras las elecciones del 1º de julio próximo. De ella habrán de surgir inevitablemente nuevas oportunidades y más importantes retos políticos, jurídicos y sociales para el avance de México.
