A propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia, el pleno senatorial aprobó rescatar de los expedientes de la 63 Legislatura, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que data de 1949.
A propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), el pleno senatorial aprobó rescatar de los expedientes de la 63 Legislatura, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que data de 1949.
El presidente Enrique Peña Nieto envió el convenio al Senado, a la espera de su ratificación, el 27 de noviembre de 2015, con una exposición de motivos favorable a la esencia del convenio que se titular para la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama (Morena), presentó el asunto a la asamblea y lo hizo avanzar para quedar de Primera Lectura, con lo cual se inscribe de manera inmediata para ser discutido y votado en la sesión de este jueves 20 de septiembre.
En ese sentido, este sería el primer asunto que se sometería a la votación del pleno, correspondiente a sus facultades de ratificación de tratados internacionales.
Peña Nieto expuso, al proponer la ratificación, que se trata de un «instrumento internacional (que) tiene como propósito dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo«.
Expone también que «dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro del mismo».
Remarca que «el convenio busca regular que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas, respecto de las otras, ya sea que se realice directamente o por medio de sus miembros, en su constitución, funcionamiento o administración».
En 1965, el convenio fue expuesto al Senado, que propuso una reserva, dado que en la ley había la cláusula de exclusión, y la OIT rechazó esa posibilidad, pues no admite reservas en sus instrumentos.
Fue hasta la reforma laboral que se publicó el 30 de noviembre de 2012, cuando se hizo compatible la legislación mexicana con el convenio de la OIT.
Al proponer su ratificación hace tres años, Peña Nieto señaló al Senado que «la ratificación de este convenio se sumaría a los compromisos asumidos por México a nivel internacional, en materia laboral, garantizando el pleno goce y ejercicio del derecho de sindicación y de negociación colectiva a los trabajadores».
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Avanza convenio de libertad sindical
El Pleno del Senado conoció del documento y lo dejó en primera lectura, con la finalidad de que pueda ser discutido. Foto: Israel Rosas
Claudia Guerrero
Cd. de México (18 septiembre 2018).- Sin necesidad de pasar por comisiones, el Pleno del Senado dio primera lectura al dictamen de ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar la libertad sindical.
El documento fue firmado por el Estado mexicano desde hace 69 años, pero este mismo interpuso reservas en un primer momento, ya que la legislación establecía la llamada «cláusula de exclusión» que obligaba a los trabajadores a afiliarse a un sindicato para conservar su empleo.
En el 2015, luego de las reformas laborales, eliminaron esa limitante, por lo que el Presidente Enrique Peña Nieto reenvió el Convenio al Senado para su ratificación.
Este martes, fuera del orden del día inicial, el Pleno del Senado conoció del documento y lo dejó en primera lectura, con la finalidad de que pueda ser discutido y, en su caso, ratificado, en la sesión del jueves.
En el documento se establece que la protección al trabajador deberá ejercerse contra todo acto que tenga por objeto sujetar el trabajo de un empleado a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser integrante del mismo.
También regula que las organizaciones de trabajadores y de empleadores queden protegidas contra cualquier acto de injerencia de unas respecto de las otras.
El Convenio refiere que el Estado deberá crear organismos para estimular el desarrollo de procedimientos de negociación, además de garantizar el derecho de sindicación.
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