David Kaplan
17 de mayo de 2019, 02:03
La reforma laboral recién aprobada en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva tiene dos objetivos principales. El primero es promover la transparencia y democracia sindical para que los trabajadores estén representados de manera más efectiva. El segundo es instaurar un proceso más ágil y confiable para resolver los conflictos laborales en el poder judicial (eliminando las juntas de conciliación y arbitraje), incluyendo una etapa prejudicial de conciliación en el poder ejecutivo. Pienso que es la reforma de justicia laboral más profunda en más de un siglo, pero hay que trabajar desde ya para alcanzar los impactos esperados.
El éxito de esta reforma dependerá de la calidad de la implementación. Basta recordar que, según la ley vigente antes de la reforma, una demanda por despido injustificado no debía tomar más de 105 días en resolverse, cifra que seguramente hace reír a los abogados laboralistas acostumbrados a juicios que duran años. Los problemas de justicia laboral se hubieran solucionado hace mucho con una aplicación estricta de las leyes.
La reforma contempla un periodo de implementación: cuatro años para que estén en funciones los nuevos tribunales laborales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones de conciliación. En un tiempo no mayor de dos años, el centro tendrá que iniciar el registro de los contratos colectivos. Pero los primeros hitos concretos de la implementación deben ocurrir mucho antes.
Se creará un Consejo de Coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la coordinación necesarias para implementar el Sistema de Justicia Laboral. El consejo emitirá acuerdos, lineamientos, normas y procedimientos necesarios, de carácter vinculatorio para el debido cumplimiento de su objeto. Tendrá que estar en funciones a finales de agosto a más tardar porque en esa fecha debe recibir de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un programa de trabajo para la conclusión de asuntos en trámite. Si los asuntos regidos por las reglas anteriores no se resuelven en un tiempo razonable, se convertirán en un lastre para el nuevo sistema.
Una tarea gigantesca que se debe empezar cuanto antes es la revisión de los contratos colectivos existentes. En un lapso de cuatro años, cada uno de los contratos colectivos (se estima que son 500,000) tendrá que revisarse, incluyendo su aprobación por los trabajadores cubiertos. Al respecto, a principios de agosto la Secretaría del Trabajo tendrá que establecer el protocolo para verificar las consultas a los trabajadores y disponer las medidas necesarias para su instrumentación.
El Congreso de la Unión también tiene su tarea en el corto plazo. Para finales de octubre a más tardar, tendrá que expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dado que el siguiente periodo del Congreso empieza el 1 de septiembre, no hay tiempo que perder.
A pesar de todos los retos asociados a la implementación de esta reforma, que son considerables, prefiero enfatizar la oportunidad que presentan. En un tiempo muy corto la Secretaría del Trabajo y el Congreso de la Unión podrán cumplir con los primeros compromisos de la nueva legislación laboral y demostrar que la implementación de esta importante reforma es una prioridad del gobierno.
*El autor es especialista líder en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Etiqueta: Reforma de Justicia Laboral
Bajo presión, senadores revisan dictamen de reforma laboral
El PAN pidió que Gómez Urrutia se excuse de participar en los trabajos por estar en un “conflicto de interés” al tener una representación sindical.
María Del Pilar Martínez
24 de abril de 2019, 01:26
En medio de manifestaciones de organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y bajo cuestionamientos por “conflicto de interés” del presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, iniciaron los trabajos para revisar el dictamen sobre la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de abril.
Hasta el Senado llegaron los sindicalistas para exigir que se revise a profundidad el dictamen aprobado por los diputados, con el fin de que se respete la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva, se reconsidere la eliminación del tripartismo y por la defensa de los derechos adquiridos en los contratos colectivos de trabajo, dijo Carlos Galindo del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
Además, en la sesión ordinaria el Partido Acción Nacional (PAN) presentó un punto de acuerdo para que la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral, la cual depende de la STPS, informe el costo presupuestal que tendrá la reforma laboral.
“Todas las modificaciones legales conllevan un impacto presupuestal que hasta el momento no ha sido considerado. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se hizo un recorte al Poder Judicial de aproximadamente 7,700 millones de pesos, cifra que representó un recorte de 14% en términos reales y debido a que el nuevo modelo de justicia laboral traerá consigo cargas de trabajo”, es de importancia conocer el impacto presupuestal.
Los legisladores apuntaron que cifras de la Junta de Conciliación y Arbitraje durante el 2017 se reportaron 422,978 juicios laborales en trámite, de los cuales aproximadamente la mitad era conflictos individuales del trabajo. En el mismo año, el Poder Judicial de la Federación tuvo en trámite alrededor de 200,000 juicios en materia civil, mercantil, familiar y penal. Para el mismo periodo el Inegi declaró que solamente 51.4% de los conflictos de despido en México (de jurisdicción local) concluyó en un convenio conciliatorio.
En ese sentido, a las nuevas cargas de trabajo deben incorporarse gastos por adquisición de tecnología y sistemas informáticos para agilizar los juicios, y se deberá contratar más personal para realizar la verificación de la representatividad sindical en cada centro laboral.
En otro punto de acuerdo, los legisladores del PAN solicitaron que el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, se excuse de participar en los trabajos en comisiones y en el pleno respecto de las reformas a la legislación secundaria en materia laboral y de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto de interés referidos por los artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de la República, debido a la creación de su central obrera y de su nacionalidad canadiense.
Pese a ello, los trabajos en la Comisión de Trabajo siguen adelante y se espera que se discuta este miércoles en dicha comisión.