La radiografía laboral del país revela que más de tres mil600 agrupaciones que representan a más de dos millones de trabajadores, que perdieron poder, deberán democratizarse, frente a una baja del salario de 60% en las últimas cuatro décadas
1 de mayo de 2019
Tomás de la Rosa
tdelarosa@ejecentral.com.mx
México celebra la 94 aniversario del Día Internacional del Trabajo con cambios legales que podrían marcar un hito en la democracia y justicia laboral, gracias a las exigencias del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También llega con muchos sindicatos, menos afiliados y una recuperación salarial del 12.9%, algo no visto en medio siglo, pero por la pérdida sufrida aún no alcanza los mínimos niveles que tenía 40 años atrás.
CAÍDA. El salario mínimo tuvo su mayor pérdida del poder de compra con Ernesto Zedillo, en 1999.
Esta transformación en el ámbito laboral inició en cierta forma desde diciembre del año pasado, ya que derivado de una pérdida de 70% en el poder de compra del salario mínimo, el presidente de Andrés Manuel López Obrador impulsó un incremento de 12.9 por ciento. Algo no visto en medio siglo.
En 1977, con un salario mínimo se podría comprar 1.7 kilos de carne de res para milanesas, en el último año de Peña era menos de medio kilogramo. Con AMLO ahora es poco más de 600 gramos. Si bien, el ajuste a la alza es marginal, es algo que no pasó ni con Ernesto Zedillo, ni con Vicente Fox, ni con Felipe Calderón.
El siguiente paso ha sido reorganizar en una nueva central laboral que agrupe a los sindicatos, como ocurrió en los años 30 con la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Napoleón Gómez Urrutia ya puso en marcha la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), la cual según el también senador por Morena, buscará unificar al movimiento obrero para ser el interlocutor de los trabajadores frente a empresas y gobierno.
›Actualmente, las más de tres mil 600 agrupaciones sindicales de trabajadores registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sus agremiados suman poco más de dos millones de trabajadores. De ese total, con alrededor de 750 mil trabajadores (37.4%) de los sindicalizados en el país los concentran esa Confederación, convirtiéndola en la mayor central obrera de México que dirige Carlos Aceves del Olmo, con 80 años de edad.
Por otra parte, la organización obrera independiente más importante en México es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con más de 359 mil afiliados. De hecho, los sindicatos independientes representan la segunda mayor fuerza al concentrar 34.7% del total de sindicalizados.
Ante esta concentración de poder, la CIT buscará ser interlocutor de los trabajadores, con una reorganización de ese poder. Por ahora, el magisterio ya se declaró como un brazo “intelectual” de la Cuarta Transformación.
Otro de los elementos que Andrés Manuel López Obrador ha introducido en el ámbito laboral es la democracia interna de los sindicatos, para elegir a sus líderes a través del voto directo.
Esto se integra a la Reforma Laboral aprobada apenas el pasado 30 de abril por el Congreso y que contiene, como cambio medular, la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, y en su lugar la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde se dirimirán las controversias en la materia.
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Sindicatos, el conflicto que se avecina
11 DE MARZO, 2019 OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE
Durante décadas el sindicalismo oficial tuvo una gran influencia en las decisiones del Gobierno en turno, desde políticas laborales hasta la designación del candidato a la Presidencia, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo dieron su aval o rechazo para ello.
Con el cambio en el Gobierno y la llegada de la cuarta transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, los vientos cambian y se prevén tormentas sindicales, toda vez que la centrales oficialistas enfrentan el desafío de las organizaciones creadas por los senadores de Morena, Pedro Haces y Napoleón Gómez Urrutia.
Combatir la corrupción es el centro de los discursos y decisiones del Presidente. Sin embargo, el origen de los senadores que encabezan lo que ya muchos denominan “el sindicalismo de AMLO” genera legítimas dudas.
Ambos legisladores son herederos de imperios sindicales; en el caso de Gómez Urrutia por parte de su padre en uno de los sindicatos mineros, mientras que Haces es sobrino del finado dirigente de la CTM, Leonardo la Güera Rodríguez Alcaine, es decir, son familiares de importantes líderes obreros, y sin haber sido trabajadores, defienden las condiciones y situación de la clase trabajadora.
Haces Barba, que encabeza la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuenta con un historial “poco” pacífico, y contrario a la “pacificación del país” que pretende el Gobierno federal, pues ha sido acusado de encabezar episodios de violencia, además de haber recibido un jugoso contrato del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El Ejecutivo Federal y su secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, deben prever que la colición entre los oficialistas contra las centrales impulsadas de Morena no serán los únicos conflictos; también hay confrontación entre Gómez y Haces.
Los grupos que deberán dirimir la disputa entre Haces y Napito son nuevamente los del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y la dirigente de ese partido, Yeidckol Polevnsky, pues Haces es cercano al primero, mientras que Gómez ha encontrado eco en los oídos de la segunda.
Además, Haces ya anunció que busca terminar con centrales como la CTM, que dirige su compañero en el Senado, Carlos Aceves del Olmo, y la CROC, donde manda Isaías González, pero además también contra líderes cercanos al actual Gobierno como Ismael Figueroa, de los bomberos de la Ciudad de México.
Otro ángulo del conflicto se ubica en la pugna contra los denominados “sindicatos independientes”, cuya central, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) encabeza el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez.
Al senador Haces se le ha acusado de querer imponer líderes e influir en las decisiones “colegiadas” de la UNT, pues hay que recordar que el liderazgo de la central independiente lo comparten Hernández Juárez y Agustín Rodríguez, del sindicato de la UNAM.
Alcalde Luján tiene frente a sí un panorama de desafíos que en el mejor de los casos podrá resolver exigiendo que todos los dirigentes cuenten con la aprobación y confianza real y comprobada de sus agremiados.
https://www.24-horas.mx/2019/03/11/sindicatos-el-conflicto-que-se-avecina/
Movilizar a los trabajadores
- Prensa OEM miércoles 16 de enero de 2019
PATRICIA CARRASCO
Para el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, los sindicatos independientes no deben dejar de movilizarse en las calles, aunque haya un gobierno democrático que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque de lo contrario, no les harán caso.
“Tenemos que lograr que nos hagan caso con la fuerza de la movilización y con las propuestas de los trabajadores”, por lo que al presentar una propuesta alterna de la reforma laboral se debe marchar: “propuesta y movilización”. Incluso propone cambiar el lenguaje que ya se utilizó en el gobierno anterior y ahora manejar otro más positivo y de apoyo; “aunque el objetivo sigue siendo el mismo: el cambio de rumbo económico político y social del país”, citó.
Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de telefonistas, criticó la iniciativa de reforma laboral que presentó el grupo parlamentario de Morena, “por ser light y limitada, ya que sólo abarca la materia de justicia laboral y no es favorable para los trabajadores.
Asegura que no atiende de fondo los problemas del mundo del trabajo, entre ellos, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la creación de tribunales y el outsourcing. Adelantó que el STRM va a presentar una nueva iniciativa a dicha reforma, aunque no hay fecha para ello, la cual apoyará un diputado de Morena.
Reconoció que acelerar las gestiones para presentar una propuesta adicional, va a generar roces con la autoridad laboral que encabeza Luisa María Alcalde Luján.
Sindicatos universitarios y los de la educación están limitados en su ejercicio de la libertad sindical y contratación colectiva, ya que no pueden tener agrupaciones donde estén asociados trabajadores de distintas universidades, ni contratos colectivos de aplicación nacional. “Son limitaciones anticonstitucionales, que deben tocarse en la reforma laboral”, precisa el asesor jurídico de la UNT, Héctor Barba.
@Patri17Carrasco
https://www.la-prensa.com.mx/columnas/movilizar-a-los-trabajadores?fbclid=IwAR0TykQba4ifZcdPt6oA-6xEJoM20SY5V4GnPpjs8FUtnFjtP6hSHttPz48
Las trampas de una iniciativa laboral
Por: Graciela Bensusán
La reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 fue una estrella fugaz. Prometió el fin del tripartismo en el sistema de justicia laboral, un esquema que por décadas fue el soporte del régimen corporativo-estatista que, en el contexto del modelo exportador, generó pocos ganadores y muchos perdedores, y entregó a un órgano nacional autónomo el registro de los sindicatos y los contratos colectivos, terminando con la ineficiente distribución de competencias entre los ámbitos federal y local.
Fue precisamente en el ámbito local donde hubo mayor inequidad entre las organizaciones sindicales contendientes y la influencia de los gobernadores en los conflictos laborales frustró el acceso a la justicia para los trabajadores y sindicatos independientes. La medida legislativa parecía una excelente noticia.
Más tardamos en asimilar la importancia de estos cambios para transitar por fin al siglo XXI, que sus oponentes en diseñar una iniciativa de ley reglamentaria que amenaza con llevarnos al siglo XIX, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
Como ha venido sucediendo en las últimas cuatro décadas bajo los imperativos de un modelo económico probadamente fallido, el viejo sindicalismo reclama seguir beneficiándose de un arreglo que obliga a pagar el precio de su complicidad y corrupción para facilitar la más extrema flexibilidad laboral y los salarios más bajos de la región.
A su vez, gran parte del sector empresarial sigue resistiéndose a aceptar un derecho humano fundamental: la libertad sindical y de negociación colectiva. Ni qué decir que el gobierno actual cobija estos intereses ilegítimos en un juego tramposo en el que después de dar un paso adelante con la reforma constitucional, busca la complicidad del sindicalismo para dar dos pasos atrás.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional –presentada por dos conspicuos senadores de la CTM y la CROC el 7 de diciembre último, en medio de conflictos entre ambas centrales por intereses internos, ajenos a los de los trabajadores– está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales. Incluso eliminan los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 impuso a favor de los trabajadores al restringir la libertad patronal de subcontratación.
Entre los más graves retrocesos está la pretensión de eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservado en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía el emplazamiento a huelga. Como hasta ahora, bastaría el acuerdo con el empleador para que el sindicato acredite su representatividad con la pura documentación, sin consulta a sus agremiados, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Es igualmente inaceptable incluir la representación de sindicatos y empleadores en el órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, a la par que se otorga a un órgano administrativo competencias jurisdiccionales en la resolución de conflictos colectivos que corresponden al Poder Judicial. En la respuesta del gobierno de México a la queja que la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó a la Organización Internacional del Trabajo, se aclara que “esta propuesta no tiene identificación de organización sindical alguna para esta integración (por lo que) la participación en su órgano de gobierno se determina a partir de un criterio de representatividad numérica, de la cual se tiene certeza a partir de los registros sindicales con que cuenta la autoridad”.
Esta respuesta merece tres comentarios. Primero, permitir que la representación de los sindicatos y de los empleadores tenga voz en el órgano que resuelve el registro de sindicatos y contratos colectivos es llevar al órgano de nueva creación un conflicto de interés que estuvo históricamente presente en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
En segundo lugar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que firmó la respuesta a la CSI, quiere hacernos creer que la representatividad numérica de las organizaciones sindicales, de acuerdo con sus registros o los de las juntas locales de conciliación, goza de alguna credibilidad, cuando se trata de mayorías artificiales. La autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores son los que ayudarían a legitimar, si se quiere de manera gradual, a la representación sindical.
Por último, otorgar a un órgano administrativo así integrado funciones que van más allá de la conciliación y competen a la justicia laboral en temas de contratación colectiva y derecho de huelga, anularía los aciertos de la reforma constitucional al trasladar los conflictos laborales a un ámbito independiente con las garantías del debido proceso.
La recomendación, aparentemente girada desde la STPS, para que las legislaturas locales adopten leyes que establezcan la estructura tripartita de los órganos locales de conciliación y regulen su operación, ignorando que constitucionalmente ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es preocupante. El único apoyo jurídico sería una disposición transitoria en el artículo 123 que ordena que las legislaturas de los estados hagan las adecuaciones necesarias para cumplir con dicho precepto. ¿De verdad se quiere otorgar a las legislaturas locales competencia para legislar en materia de trabajo o es una estratagema de dudosa constitucionalidad para salir del paso ante las objeciones a la reforma?
Un escenario como el actual, en donde un muy competido y polarizado proceso electoral opaca temas cruciales de la agenda nacional, aunado al poco interés que el devenir de la institucionalidad laboral genera en diversos sectores de la sociedad, abre el paso a estas maniobras. Parecería que sólo la presión externa, que llevó al gobierno a presentar la iniciativa de reforma en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), logrando en menos de 10 meses las mayorías necesarias para su aprobación, podría obligar a desandar este sinuoso camino. Sin embargo, reglamentar los principios constitucionales en este contexto es desaconsejable. La reforma de la LFT de 2012 se logró después del proceso electoral de ese año y resultó del acuerdo entre el presidente saliente y el candidato ganador, apoyado por legisladores de los tres partidos políticos mayoritarios. Cualquier reglamentación regresiva carecerá hoy de legitimidad y, más que resolver, complicará la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, toda vez que el mercado laboral es el principal generador de pobreza y desigualdad y, por ende, una traba para el crecimiento y el desarrollo.
Revista PROCESO
3 de febrero de 2018
*Profesora de la UAM-Xochimilco