En uno de sus reportes más recientes, el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) –institución del Tecnológico de Monterrey que periódicamente lleva a cabo escrupulosos análisis y estudios en materia económica y financiera– pronostica que la economía de México no superará 2 por ciento de crecimiento, mientras más de la mitad de la población que trabaja lo haga en la informalidad.
El reporte ayuda a responder preguntas que a menudo se hace la ciudadanía de a pie cuando se aborda el tema de la insuficiencia o la falta de ingresos: ¿Por qué por un lado los indicadores oficiales (vía la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) muestran que la tasa de personas ocupadas es aceptable y que quienes buscan trabajo lo encuentran, y por otro lado casi 62 millones de hombres y mujeres en el país tienen un ingreso diario menor al mínimo indispensable para vivir dignamente? ¿Acaso las cifras emanadas de las encuestas hechas por los organismos públicos están amañadas y no reflejan la realidad del ámbito laboral mexicano? Las respuestas no se encuentran en lo cuantitativo sino en lo cualitativo: el problema no es tanto la falta de empleo –apuntan los investigadores del CIEN– como los bajos salarios que perciben los ocupantes de las plazas ofrecidas, que resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Pero eso no es todo: el índice de subocupación supera con creces al de desocupación, aunque ello no significa que las personas subocupadas estén, en cuanto a ingresos, en condiciones mucho mejores que las que no tienen trabajo. A estas categorías debe sumarse otra que a partir de la llamada flexibilización laboral incorpora cada vez a más personas no sólo en México sino en todo el mundo: la informalidad, en donde se desempeñan, grosso modo, 32 millones de personas. Y hay todavía una modalidad más para categorizar a la población económicamente activa (PEA), sobre la cual se hacen todos los cálculos: la que agrupa a quienes se encuentran en condiciones críticas de ocupación, que trabajan un número reducido de horas o en cualquier caso lo hacen ganando menos que el salario mínimo (en ocasiones hasta dos veces menos).
En tales condiciones resulta comprensible que las perspectivas de crecimiento económico del país sean poco alentadoras, para no hablar de las economías individuales de quienes sólo disponen, como medio de subsistencia, de su fuerza de trabajo. De deplorable califica la investigación del CIEN a la calidad de los empleos que mayoritariamente se ofrecen en el mercado laboral mexicano, calificativo que naturalmente engloba a gran parte de ese porcentaje de la PEA que conforman las personas insertas en el sector informal de la economía.
El estudio de referencia no se queda en el mero diagnóstico de la situación: postula, a grandes rasgos, que la única forma para superar la difícil situación laboral por la que atraviesa un vasto sector de nuestra población, y de paso destrabar el lento crecimiento económico del país, no está en habilitar más puestos de trabajo mal pagado sino en la creación de empleos que ayuden a quienes los desempeñan a vivir una existencia sin privaciones.
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Yucatán: La subcontratación ha generado la elusión de responsabilidades laborales
El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, sostuvo que la subcontratación ha convertido al trabajo en una mercancía, como abarata la mano de obra y vulnera los derechos fundamentales, como el principio constitucional y legal de igualdad de salario.
Al inaugurar el foro “Fomentar el Trabajo Digno y Suficiente: subcontratación integral del capital humano”, impulsado por el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Julio Saldaña Morán (PRD), el legislador aseguró que la subcontratación ha propiciado la elusión de responsabilidades como el reparto de utilidades; generar antigüedad, que conlleva prestaciones y beneficios elementales como vacaciones, pensiones, indemnizaciones, liquidación; facilita el despido y rompe la unidad del contrato colectivo.
Explicó que el trabajo informal, por cuenta propia, eventual, la alta rotación en los puestos, la ausencia de una contratación colectiva, la falta de prestaciones y el pago por debajo de la línea mínima de bienestar, de ser modalidades “atípicas” se han convertido en formas predominantes.
Añadió que lo “atípico” ahora es el empleo estable y bien remunerado, conforme a la definición de trabajo digno o decente que contempla nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Derecho Internacional.
Recordó que en 2012, la reforma a la Ley Federal del Trabajo atendió este tema, reconociendo a la subcontratación como una modalidad del trabajo que debe regularse, imponiéndole condiciones, así como sanciones a los patrones que utilicen este régimen en forma dolosa.
Asimismo, continuó, el propio secretario del Trabajo reconoce que no se han instrumentado políticas públicas y que se necesita mayor inspección en las empresas de subcontratación, para evitar que sigan eludiendo el pago de impuestos y sus obligaciones laborales.
El diputado perredista, Jesús Zambrano Grijalva, mencionó que con la Reforma Laboral de 2012 no sólo se ha tenido una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, sino una pérdida de sus derechos contractuales, de todo lo que tiene que ver con las prestaciones, la seguridad social y otros rubros.
Comentó que el diputado Julio Saldaña presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de cambiar este panorama; por ello, dijo, este evento es muy importante en lo referente a la administración integral del capital humano poniendo en el centro a la persona.
“Se entiende que el empresario pretende conseguir mayor ganancia en el menor tiempo posible; es decir, elevando la capacidad productiva de los trabajadores, pero esto no debe ocurrir viendo al trabajador como una mercancía más, sino como una parte fundamental de la actividad productiva”.
Enfatizó que México bajó varios puntos en sus niveles de competitividad internacional, a pesar de generar más empleos, lo cual se debe a que los trabajadores no poseen una mejor calidad de vida, y disminuyen sus derechos y prestaciones.
El vicepresidente de la Mesa Directiva, el diputado Arturo Santana Alfaro, manifestó que buscar mejores derechos para los trabajadores es fundamental, por lo que desde su trinchera trabajará para impulsar que esta iniciativa sea aprobada en el Pleno este periodo de sesiones.
Julio Saldaña, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, indicó que su iniciativa plantea reformas a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para hacer una definición más amplia sobre el régimen de subcontratación y, con ello, evitar la afectación e incertidumbre de los legítimos intereses de los empleados.
Apuntó que “en un estudio profundo de la reforma laboral aprobada en 2012, se detectó la necesidad de definir de una forma mucho más certera y amplia al citado régimen de subcontratación laboral, para evitar confusiones y cerrar espacios para la simulación y defraudación fiscal”.
Subrayó que la reforma propuesta no pretende adicionar obligaciones al contratista, pero sí establecer que como patrón debe cumplir las obligaciones que la ley estipula, lo cual ocurre cuando participa en procesos de administración integral del capital humano.
Agregó que actualmente existen 4.9 millones de trabajadores que están integrados a la subcontratación y que sólo el 3.8 tiene bondades como mejores prestaciones y capacitación, entre otras.
El secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Corral Mier (PAN), se congratuló por la iniciativa, pues busca establecer esquemas que permita a los empleados obtener un salario digno y unas prestaciones decentes.
Resaltó que dentro de la comisión se trabajará para que esta iniciativa noble avance rápidamente y logre debatirse y, en su caso, aprobarse antes de que concluya este periodo de sesiones.
Expresó que el salario mínimo tendría que eliminarse y plantear una medida distinta que fomente un ingreso digno para todos los que tienen una actividad lícita en este país.
Agustín Celorio Vela, presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal y Tributario AC, sostuvo que se tienen 400 empresas identificadas a nivel nacional que aparentemente se dedican a la subcontratación u outsourcing; sin embargo, “simplemente son cuevas defraudadoras que no pagan retención de ISR, lo cual daña y perjudica a la clase trabajadora nacional”.
Consideró fundamental que la legislación sancione con pena privativa de libertad, igual o similar a la que existe para la defraudación fiscal, al patrón que utilice el régimen de subcontratación de forma dolosa, es decir, transfiera de manera deliberada a sus trabajadores al modelo de outsourcing.
Refirió que los legisladores deben impulsar, si no un salario de altura como Estados Unidos y Canadá, al menos una previsión social que les permita una mejor calidad de vida y que el Estado no sea víctima de defraudación fiscal, pues esto afecta las finanzas públicas.
Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, mencionó que las empresas de administración de capital humano son mal vistas, ya que no existe certeza de que operan adecuadamente; no obstante, continuó, este modelo genera mayores índices de utilidad, ya que logra mejores condiciones de trabajo en equipamiento de alto nivel, es vanguardista, da seguridad y mayores salarios.
Coincidió en que las reformas que se contemplan en la materia permitirán que las empresas subcontratistas cumplan con todas las obligaciones fiscales, laborales y sociales; evitarán que se creen empresas fantasma que afectan a la sociedad y gobierno.
“Hoy en día muchas empresas se crean para nacer y morir de forma inmediata, por lo que la modificación legislativa es primordial, a fin de exista una situación jurídica más estable y saber cuántas hay”.
Raúl Navarrete Pizaña, socio director de GINgroup Centro, concordó en que la regulación de las empresas de outsourcing “no sólo dará certeza jurídica a los contratistas, sino a los contratantes”.
Jaime A. Flores Sandoval, director general de CADEM Consultores, expuso que el eje toral de la iniciativa es establecer quién es el patrón en la relación de la subcontratación.
Propuso generar una ley general para normar esta práctica, donde se premie a quien cumpla sus obligaciones, ya que esto impulsará el empleo y los salarios podrían mejorar.
Carlos Orozco Felgueres-Loya, presidente del Grupo ORFE AC, afirmó que el outsourcing es necesario para el mundo; por ello, se requiere regularlo para evitar malversación de los recursos.
http://www.mipuntodevista.com.mx/la-subcontratacion-ha-generado-la-elusion-de-responsabilidades-laborales/
El palomazo de Isaías y Tereso, y la contrarreforma laboral
Saúl Escobar Toledo
El tema del empleo se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes del mundo actual. Tanto en los países más desarrollados como en el resto del mundo hay signos evidentes de que las cosas no funcionan bien, sobre todo desde la crisis mundial de 2007-8. Y que ello ha dado lugar a una mayor irritación social y a reacciones políticas indeseables como en el caso de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
En los países menos desarrollados el problema es más agudo en la medida en que enfrentamos factores estructurales de muchos años y nuevos desafíos producto del avance de la tecnología.
Dentro de las voces que se han pronunciado permanentemente en este debate está, naturalmente, la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que cada año publica un informe sobre el empleo en el mundo.
Para esta organización no hay duda de que el trabajo decente es una condición necesaria para poner fin a la pobreza en todo el orbe. No basta, asegura, el crecimiento económico, por sí solo, para que ello ocurra. Por trabajo decente (o podría decirse también trabajo digno) se entiende aquel que obtiene una remuneración adecuada; estabilidad; seguridad social para las familias; libertad para organizarse; e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.
Su enfoque se basa en el respeto a los derechos laborales de cada país y en las normas internacionales más importantes discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores, y después ratificadas por los estados nacionales. Para asegurar la creación de empleos dignos se requiere de un marco institucional fuerte y por tanto la revisión y ampliación permanente de la legislación correspondiente; asegurarse de que se cumpla la ley sobre todo mediante la inspección y un mejor acceso a la justicia; y ampliar la cobertura a un número cada vez mayor de la población trabajadora. También es indispensable garantizar la democracia y la transparencia sindical.
La OIT recomienda, asimismo, cambiar el modelo económico y diversificar la base productiva de las naciones. Para ello, advierte, se requiere una base fiscal más amplia y una inversión pública cada vez mayor en infraestructura. Considera indispensable, finalmente, instrumentar políticas de fomento al empleo basadas en la mejora constante de los niveles de calificación de los trabajadores y en facilitar la transición a la formalidad mediante diversos estímulos y políticas públicas.
Desgraciadamente, el paradigma que propone la OIT enfrenta una realidad cada vez más compleja. En los últimos años se ha extendido lo que varios empiezan a llamar la “gig economy”. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español. La palabra gig se utiliza de manera coloquial en Estados Unidos cuando un ejecutante o un grupo musical toca ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Podría decirse, en México, que se echa un “palomazo”.
Recientemente se habla de economía gig para describir un mercado laboral que se caracteriza por: 1) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; 2) se trata de trabajos temporales; 3) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o “freelance”, pues ofrecen sus servicios a una compañía por medio de un contrato mercantil; y 4) por lo tanto, el trabajador no tiene ninguna prestación, ni seguridad social, y puede ser despedido cuando le parezca al empleador sin ninguna obligación legal.
El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular. Bajo las órdenes de ese consorcio, un trabajador cumple con la tarea de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido de antemano.
Pero también se habla de economía de plataformas digitales (que se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que se contratan bajo las mismas características, pero con una diferencia sustancial: el pago es mucho mayor pues el tipo de labores que desempeñan es sustancialmente más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales, de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.
Las virtudes de este modelo laboral (de plataformas digitales o gig) radican, según algunos estudios, en que ofrecen flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del trabajador contratado sin tener que desplazarse a la sede de la compañía. Se asegura también que las plataformas digitales son un mecanismo de intermediación muy eficiente pues se crean mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que permite a los empleadores un mejor acceso al tipo de trabajador que requieren y a éstos últimos acceder a una ocupación más rápidamente y escoger las mejores opciones.
Sin embargo, es evidente que las mayores ventajas son para el patrón que puede utilizar los servicios del trabajador cuando lo necesita, sin ninguna responsabilidad legal, y que paga sólo por la tarea realizada. Otro problema es que, bajo este esquema, ni los patrones ni los empleados pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social, lo que ha despertado también la inquietud de los gobiernos, pues facilita la evasión fiscal.
El crecimiento de las economías gig y de plataforma digital ha sido muy acelerado. Según algunos estudios de McKinsey, el 27% de los trabajadores de EU y Europa forman parte de este tipo de mercado de trabajo. De acuerdo a otra investigación, del Pew Research Center, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores de cuello azul, es decir, son el nuevo proletariado manual que ahora es contratado bajo condiciones de incertidumbre, inestabilidad y muy bajos ingresos. Además, afirma, la mayoría de ellos opta por esta modalidad de contratación no tanto para obtener un dinero extra, sino porque está desempleado.
En el caso de Uber, el modelo gig ha causado ya la oposición decidida de sindicatos y trabajadores por los bajos salarios y la inexistencia de cualquier derecho laboral. En el Reino Unido, el año pasado, después de un largo litigio en tribunales, se les reconoció como trabajadores al servicio de la empresa, lo que fue considerado un gran triunfo para los sindicatos.
En resumen, la economía gig es una realidad que está creciendo gracias al uso cada vez más extendido de las tecnologías digitales y, sobre todo, por la falta de puestos de trabajo fijos y bien remunerados. El reto es lograr el reconocimiento de sus derechos. Convertir el modelo gig en un sistema de empleos dignos, según los criterios de la OIT. No será fácil, pero la obligación de los gobiernos y los legisladores es procurar que así sea.
En cambio, en México, a un par de senadores que dicen representar a los trabajadores, Tereso Medina e Isaías González, del PRI, se les ocurrió hacer exactamente lo contrario: proponer una reforma laboral que quitaba todas las normas legales a la llamada subcontratación para que ésta pueda extenderse sin cortapisas. Y con ello, alentar, incluso a las empresas que no están basadas en plataformas digitales, a formar parte también de la economía gig. Es decir, convertir todas las relaciones de trabajo en un “palomazo”.
Parece que esta intención se ha detenido por el momento. Pero no basta. Hay que insistir en una ley (y en su aplicación) que no sólo impida la generalización de la subcontratación y el freelance, sino que además fomente la creación de un mayor número de empleos decentes.
Según la OIT este es el camino para una sociedad próspera y con menor pobreza y desigualdad. El de la economía gig, que defienden Isaías y Tereso, nos conduce, en cambio, a un futuro sin desarrollo ni paz social. Eso es lo que está en juego en el debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo que están hoy en manos de los legisladores.
https://suracapulco.mx/2018/02/14/palomazo-isaias-tereso-la-contrarreforma-laboral/
Sindicatos modernos y nuevos esquemas de trabajo
Por Tereso Medina 11 enero 2017
A más de un siglo de su promulgación, la Constitución mexicana ha conservado su espíritu de ser uno de los principales garantes de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial en materia laboral.
De acuerdo con diversos sondeos, México goza de altos niveles de satisfacción laboral en América Latina; factores como la calidad de vida de los trabajadores, las condiciones de trabajo en sus empresas, la especialización e integración de nuevas tecnologías y la competitividad de sus salarios, son algunas variables que inciden en el índice.
En materia de modernización, se reformaron los artículos 107 y 123, facultando a las entidades federativas para resolver conflictos individuales o colectivos, se crearon juzgados y tribunales bajo el mando del Poder Judicial de la Federación y se fortaleció el papel y rol de los sindicatos para la defensa de las garantías como el derecho de huelga y las prestaciones sociales.
Sin duda, una de las modificaciones más importantes ha sido impulsar una transformación de la Conciliación para convertirla en una verdadera y profesional mediación, con pleno conocimiento de las normas y reglas de trabajo, fomentando una cultura para la solución de controversias.
Ahora, el reto es fortalecer la profesionalización en la materia del Derecho del Trabajo, así como avanzar en la correcta implementación del Institutos de Conciliación Laboral, con representación tripartita de empleadores, trabajadores y gobierno, estableciéndose oficinas en cada entidad federativa y precisando sus atribuciones en materia de conciliación y arbitraje laboral.
Para mantener vivo el espíritu transformador de nuestra Carta Magna será necesario fortalecer los marcos de legalidad que sirvan para mejorar la competitividad y la calidad en el trabajo de los mexicanos, con salarios más competitivos, ligados a la productividad laboral y a las habilidades que preparen a los trabajadores a aprovechar las oportunidades que nos ofrece la economía digital, los nuevos mercados y un nuevo entorno internacional.
Senador de la República y secretario General de la Federación de Trabajadores de México del estado de Coahuila, CTM.