David Kaplan
17 de mayo de 2019, 02:03
La reforma laboral recién aprobada en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva tiene dos objetivos principales. El primero es promover la transparencia y democracia sindical para que los trabajadores estén representados de manera más efectiva. El segundo es instaurar un proceso más ágil y confiable para resolver los conflictos laborales en el poder judicial (eliminando las juntas de conciliación y arbitraje), incluyendo una etapa prejudicial de conciliación en el poder ejecutivo. Pienso que es la reforma de justicia laboral más profunda en más de un siglo, pero hay que trabajar desde ya para alcanzar los impactos esperados.
El éxito de esta reforma dependerá de la calidad de la implementación. Basta recordar que, según la ley vigente antes de la reforma, una demanda por despido injustificado no debía tomar más de 105 días en resolverse, cifra que seguramente hace reír a los abogados laboralistas acostumbrados a juicios que duran años. Los problemas de justicia laboral se hubieran solucionado hace mucho con una aplicación estricta de las leyes.
La reforma contempla un periodo de implementación: cuatro años para que estén en funciones los nuevos tribunales laborales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones de conciliación. En un tiempo no mayor de dos años, el centro tendrá que iniciar el registro de los contratos colectivos. Pero los primeros hitos concretos de la implementación deben ocurrir mucho antes.
Se creará un Consejo de Coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la coordinación necesarias para implementar el Sistema de Justicia Laboral. El consejo emitirá acuerdos, lineamientos, normas y procedimientos necesarios, de carácter vinculatorio para el debido cumplimiento de su objeto. Tendrá que estar en funciones a finales de agosto a más tardar porque en esa fecha debe recibir de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un programa de trabajo para la conclusión de asuntos en trámite. Si los asuntos regidos por las reglas anteriores no se resuelven en un tiempo razonable, se convertirán en un lastre para el nuevo sistema.
Una tarea gigantesca que se debe empezar cuanto antes es la revisión de los contratos colectivos existentes. En un lapso de cuatro años, cada uno de los contratos colectivos (se estima que son 500,000) tendrá que revisarse, incluyendo su aprobación por los trabajadores cubiertos. Al respecto, a principios de agosto la Secretaría del Trabajo tendrá que establecer el protocolo para verificar las consultas a los trabajadores y disponer las medidas necesarias para su instrumentación.
El Congreso de la Unión también tiene su tarea en el corto plazo. Para finales de octubre a más tardar, tendrá que expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dado que el siguiente periodo del Congreso empieza el 1 de septiembre, no hay tiempo que perder.
A pesar de todos los retos asociados a la implementación de esta reforma, que son considerables, prefiero enfatizar la oportunidad que presentan. En un tiempo muy corto la Secretaría del Trabajo y el Congreso de la Unión podrán cumplir con los primeros compromisos de la nueva legislación laboral y demostrar que la implementación de esta importante reforma es una prioridad del gobierno.
*El autor es especialista líder en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Etiqueta: transparencia y democracia sindical
Movimiento obrero llega dividido y confrontado al Día del Trabajo
NOTIMEX 30.04.2019 – 18:51H A pesar de que Andrés Manuel López Obrador ocupa ya de manera permanente Palacio Nacional, la voz de los trabajadores agrupados a diversas centrales obreras no será escuchada una vez más y las demandas de mejores salarios, así como la defensa de sus derechos laborales consagrados en la Ley Federal del Trabajo pasarán sin pena ni gloria.
La Plaza de la Constitución será ocupada por diversos contingentes de trabajadores que, como lo indica la tradición, llevarán pancartas de protesta por el aumento de precios, fin a la carestía, más empleo, educación y vivienda para sus familias.
Poco o casi nada le queda al Congreso del Trabajo, a la Unión Nacional de Trabajadores, a la Nueva Central Obrera y mucho menos a la organización que representa Napoleón Gómez Urrutia para conmemorar a los Mártires de Chicago y Río Blanco.
El movimiento obrero organizado en el país llega dividido, confrontado y sin orientación ante los constantes cambios que se le ha hecho a la Ley Federal del Trabajo, sobre todo desde finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hasta las reformas de 2017 de Enrique Peña Nieto, y ahora la de 2019 de Andrés Manuel López Obrador.
Cada uno de los diferentes gobiernos en turno quisieron dejar su huella en el Artículo 123 Constitucional, sin importarles los daños a los trabajadores y con la complacencia de líderes sindicales. Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), afirmó a Notimex que mañana será un día triste la celebración del Día del Trabajo, pues “debido a nuestras discrepancias, envidias y odios, no nos hemos podido unir y conformar un frente que realmente defienda los intereses de la clase obrera mexicana”.
El Congreso del Trabajo, con la CTM, CROC, CROM, Ferrocarrileros, COR, CTC, FSTSE y el SNTE marcharán juntos una vez más, luego de que por seis años, se reunieron en petit comité en la residencia oficial de Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, como lo hicieron también en su momento con los panistas Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada. Pero antes de este encuentro se reunían, como ahora lo harán, en la Plaza de la Constitución a partir de las 9:00 horas, con un mitin y en donde habrá tres oradores, Carlos Aceves del Olmo, Reyes Soberanes y uno más aún por definir. Luego, a las 11:00 horas el contingente de la Unión Nacional de Trabajadores saldrá caminando del Eje Central hacia el Zócalo, por las calles Tacuba, Cinco de Mayo y Madero.
La caravana estará encabezada por el Sindicato de Telefonistas, el STUNAM, la Nueva Central Obrera, el Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Sobrecargos, organizaciones campesinas, disidencia de jubilados del sindicato ferrocarrilero y del SITUAM, entre otros.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social realizará una marcha que partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las oficinas centrales del IMSS. Se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un encuentro con dirigentes sindicales en Palacio Nacional alrededor del mediodía.
El representante del STUNAM apuntó que por diversas circunstancias nunca se logra la unidad del movimiento obrero en el país. Cada gobierno tiene su central preferida y en osta ocasión no será la excepción y eso se verá próximamente.
A su parecer, la reforma laboral aprobada en fast-track por el Congreso de la Unión demuestra la prisa que tenía este gobierno para firmar antes de que concluya este año el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, donde nuevamente los trabajadores mexicanos nos quedamos a la saga en materia salarial.
Es cierto, dijo, que hubo avances en materia de transparencia y democracia sindical, pero eso ya se venía dando desde hace mucho tiempo.
El problema radica, precisó, en terminar con el rezago que hay en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ver si realmente hay autonomía de las autoridades judiciales con el nuevo mecanismo que se acaba de crear. A pesar de que dicen que no hay topes salariales en el país, expuso, en la práctica existen y se ve con la huelga del SITUAM y de otras organizaciones sindicales en donde 3.35 por ciento es la barrera que han impuesto las autoridades laborales y hacendarias, para que la inflación no se les dispare.
El presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, afirmó que a pesar de que hay un nuevo gobierno, los trabajadores deben mostrar fortaleza y unidad. Advirtió que no permitirán que pretendan dividirlos o en su caso quitarles la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, ya que ello iría en contra de la productividad y la generación de más empleo, así como de inversiones en el país.