La aplicación de esta Reforma está sujeta a las leyes secundarias que detallaran el nuevo modelo de la impartición de justicia laboral
Visto 19 veces | La Ciudad | Por Daisy Verónica Herrera Medrano
En Tamaulipas no hay condiciones para atender la Reforma Constitucional que dicta el traslado de la Justicia Laboral al Poder Judicial, toda vez que no hay leyes secundarias para su ejecución, no hay presupuesto asignado para el nuevo modelo y no se cuenta con el personal ni la infraestructura para hacerlo.
La Justicia Laboral representa en Tamaulipas 14 mil expedientes albergados en las ocho Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, que atienden unos 250 burócratas entre oficiales, actuarios, jueces y personal administrativo.
La reforma constitucional, propuesta por el Ejecutivo, entra en vigor el 24 de febrero de 2018, en ella se ordena la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el traslado de su competencia al Poder Judicial Federal, que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribuales de Justicia de los Estados, a fin de que sean estos los que resuelva los litigios laborales.
La aplicación de esta Reforma está sujeta a las leyes secundarias que detallaran el nuevo modelo de la impartición de justicia laboral, una de estas leyes – La Ley Federal del Trabajo- se discute actualmente en el Senado de la República.
Esta reforma, explica el Subsecretario de Trabajo en Tamaulipas, Arturo González Salazar, dará luz sobre la nueva impartición de justicia a cargo de los Estado, pero advierte, que mientras no se apruebe, los Estados no están en posibilidades de prepararse para el nuevo modelo, pues incluso el Poder Judicial depende de ella para organizarse.
“En el Estado estamos a la espera para que cuando se apruebe, los expedientes sindicales y los contratos colectivos se pasen a al organismo de naturaleza federal que tendrá todos los registros sindicales y todos los contratos colectivos, ya estamos listos para cuando se acuerde el traslado”, precisa.
Los términos de la reforma a la Ley del Trabajo que está en discusión refieren que el día 8 de noviembre de 2018 empieza a funcionar el nuevo Sistema de impartición de justicia y que también van a empezar a funcionar las nuevas Unidades de Conciliación.
Estas Unidades de Conciliación, explica el funcionario -serán las responsables de arreglar y solucionar los conflictos individuales y colectivos-.
La falta de aprobación de las leyes secundarias y la falta de asignación de un techo presupuestal para la reforma constitucional limitan la preparación del Poder Judicial y del propio Estado, pues no pueden adelantar ni organizar nada para cumplir con la ley que ya entra en vigor en un mes y medio.
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