Por irónico que parezca, la Cámara de Senadores impidió que se cumpliera el mandato constitucional para que las juntas de Conciliación y Arbitraje pasara a la esfera del Poder Judicial, por lo que no hay modificación alguna.
En estas condiciones, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez dejó en compás de espera las actividades que tenían lugar para hacerse cargo de la Junta local, hasta en tanto se emitan las leyes secundarias, ya que sin ellas no se puede proceder al cambio tan largamente anunciado.
En términos del Decreto por el que se reformó la Constitución General de la República, en materia de justicia laboral, que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de febrero de 2017, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se dispuso un plan de un año para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales llevarán a cabo las adecuaciones legislativas correspondientes, por consiguiente el plazo venció el pasado 25 de febrero.
Ante el desinterés del Congreso de la Unión por cumplir con esa obligación, trabajadores y patrones tendrán que aguardar ara que se haga realidad la modernización en la materia que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, pero que no está en sus manos acelerar la aprobación, sino dar tiempo al tiempo.
Ponce Sánchez consideró que la tardanza para acordar leyes secundarias pone en conflicto a las Juntas “pues en pleno proceso de disolución se encuentra ahora en un escenario de incertidumbre obligadas a sacar adelante un rezago de miles de expedientes y a la vez recibir los asuntos nuevos, sin contar con todos los elementos para ello”.
Es lamentable que a falta de trabajo legislativo no se cumpla en precepto constitucional y con ello se genere vacilación en el espacio de la aplicación de justicia, que es un punto de la mayor importancia que debería cuidar y acatar los propios legisladores.
Desde que se difundió la reforma laboral el objetivo central fue tener un modelo de justicia laboral, qe fuera más eficiente, ágil y de mayor confianza para todas las partes, por lo que en su momento los representantes populares se comprometieron a aprobar las leyes reglamentarias y las reformas y adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Una vez que se cumplió con la fecha fatal sin tener las leyes secundarias hay total incertidumbre sobre este asunto, por lo que todos los involucrados “estamos con las manos atadas y sólo nos queda esperar”, puntualizó el magistrado Juan Manuel Ponce.
Dentro de los problemas que registra esta demora está en el Poder Judicial del Estado no pueda llevar el proceso de selección y capacitación del personal que necesitará para atender desde su ámbito jurisdiccional la impartición de justicia en materia de trabajo.
Al mismo tiempo se han frenado los trámites para concretar la nueva estructura que se habrá de requerir, ya que antes se debe tener la base legal sobre cómo va a operar el nuevo sistema y de los conocimientos que tendrán los nuevos operadores.
Cada día que pasa es uno más que “apretará” la observancia de la citada capacitación, que en lo que corresponde al Poder Judicial tiene avanzados los estudios para llevarlos a la práctica, pero sin leyes secundarias no se pueden alcanzar los objetivos.
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