La Columna por Carlos Jaramillo Vela
14 de junio de 2018
Dentro del ámbito forense es publico, notorio y conocido el estado de anquilosamiento institucional que padecen los órganos jurisdiccionales en materia laboral, en el Estado de Chihuahua. Tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Chihuahua, como la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua, presentan un desempeño que dista de ser eficiente e imparcial. La deliberada demora en el seguimiento de las etapas procesales, y la emisión de acuerdos que en ocasiones resultan controversiales, son dos características que comúnmente se presentan en ambos entes, colocando a éstos lejos de los principios de equidad, prontitud y expedición que la ley y el sentido común exigen. La justicia pronta y expedita se ha vuelto una frase quimérica, en materia laboral, en nuestro estado, pues los tribunales de esta índole son conocidos por la negligencia y lentitud con la que atienden las demandas.
Además, el hecho de que la Junta Arbitral dependa del Poder Ejecutivo, le resta a ésta legitimidad moral, al ser juez y parte en el proceso de impartición de justicia, en virtud de que por un lado es la emisora de los laudos en los juicios laborales bajo su jurisdicción, y por otro lado se halla subordinada al Gobierno estatal, cuyo papel en tales litigios es el de demandado. En adición a las mencionadas irregularidades que frecuentemente se presentan en los tribunales laborales locales, pesan sobre éstos sospechas respecto a su honestidad y profesionalismo, ya que la corrupción existente, al menos en la JLCA de la capital –como recientemente lo confesó a este articulista una funcionaria de dicho ente-, menoscaba la solidez de dicha instancia. Una de las asignaturas pendientes de la presente administración estatal es, sin duda, generar credibilidad y eficacia en la impartición de justicia laboral, pues hoy esta enfrenta problemas derivados de su parcialidad e ineficiencia.
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