Angélica Melín Campos ·12/Abr/19 06:53 En caso de sanciones impuestas por el sindicato a sus integrantes, contemplaron que éstas no podrán afectar su permanencia en el empleo / Foto: Twitter @veronicasobrado
En el dictamen, se estableció la prohibición de descontar a los trabajadores el pago de cuotas sindicales, siempre y cuando éstos lo soliciten por escrito.
En un debate que se alargó por ocho horas y en el que se registraron 104 reservas para hacer modificaciones, solo se aceptaron siete propuestas. Entre otros elementos que se integraron al dictamen, se estableció la prohibición de descontar a los trabajadores el pago de cuotas sindicales, siempre y cuando éstos lo soliciten por escrito.
El planteamiento fue hecho por el diputado panista Justino Eugenio Arriaga. Determinaron implementar multas hasta por cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a las mineras que por riesgos de trabajo, omisión o negligencia, causen lesiones a los trabajadores y les provoquen la muerte.
Ello, a partir de una reserva presentada por el diputado panista Miguel Alonso Riggs. Los planteamientos en cuestión fueron hechos por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En caso de sanciones impuestas por el sindicato a sus integrantes, contemplaron que éstas no podrán afectar su permanencia en el empleo ni las condiciones del trabajo. El diputado panista Ricardo García Escalante indicó que la llamada “cláusula de admisión” prevista en la reforma, representaba una forma de discriminación a trabajadores no sindicalizados, ya que establecía preferencia entre un trabajador y otro.
Esto, explicó, atenta contra la libertad de formar parte o no de un sindicato, e incluso de ejercer la profesión que se elija. Plantearon que los emplazamientos a huelga tendrán un plazo definido de 30 días naturales, y solo cuando la empresa en cuestión dependa del uso de recursos públicos, dicho periodo podría extenderse.
Lo anterior a partir de una reserva presentada por el diputado panista Fernando Torres. . Avalaron como requisitos para formar parte del Centro Federal de Conciliación, que quienes operen como conciliadores, no tengan inhabilitación para ejercer el servicio público.
Aprobaron que lo tribunales laborales no puedan revocar sus propios fallos, a menos que esto resulte de recursos de reconsideración; aunado a que las partes podrán exigir responsabilidades en que incurran los integrantes de los tribunales. El cambio fue propuesto por el diputado de Morena, Rubén Cayetano.
Establecieron fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos laborales, a través de la emisión de opiniones sobre el desempeño de los procedimientos de conciliación, y la recomendación de métodos que los hagan más eficaces. Esto, a propuesta del diputado de Morena, Francisco Javier Ramírez.
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