Corrupción y venalidad en los sindicatos; México debe su gran atraso en productividad a la existencia del aparato gremial oficial y su complicidad con patrones
Por Jesús González Schmal – abril 20, 2019
Confederación de Trabajadores de México. Cumplió, por décadas, la función asignada
En 1970 se promulgó la actual Ley Federal del Trabajo. La precedente, también reglamentaria del artículo 123 constitucional entró en vigor en 1931. Ambas, pese a sus evidentes avances en cuanto a materializar los postulados de la primera Constitución social-demócrata en el mundo, fueron minimizadas por una realidad que se sobrepuso a los modernos derechos de los trabajadores que, al final de cuentas, quedaron reducidos a un enunciado teórico sujeto a los vaivenes de los intereses políticos acabando por servir sólo de bandera demagógica para tener a los trabajadores esperanzados en una mejoría de sus ingresos y prestaciones pero, fundamentalmente ser utilizados como votantes cautivos de un partido oficial que posteriormente sería el Revolucionario Institucional integrado por sectores para su mejor manejo.
Así, se crearon las grandes centrales obreras entre las que destacó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que cumplió por décadas la función asignada valiéndose de la aceptación en los contratos Colectivos de Trabajo de la “cláusula de exclusión” para los trabajadores que los sindicatos integrados a la CTM ordenaran al patrón que procediera al despido de cualquier agremiado disidente. Asimismo la “cláusula de admisión” mediante la cual cualquier nuevo ingreso de un trabajador sólo podía derivar de una propuesta del sindicato cetemista al empleador. Este mecanismo operó con resultados óptimos para el mantenimiento del PRI en el poder compensándose a los líderes sindicales con cargos públicos en el Senado, la Cámara de Diputados y hasta de gobernadores.
El engranaje del voto de trabajadores sindicalizados con el partido fue modelo que los fascistas más reconocidos en Europa hubieran envidiado. De igual manera se hizo con los ejidatarios sujetos para el reconocimiento de sus derechos a la obediencia de filiación política al partido oficial y de su asistencia a los actos de apoyo al gobierno y a su partido para los que fueran convocados. Todo se dejó al arbitrio de las decisiones de la dupla presidente y partido articuladas para la obtención de la mayoría del voto rural y urbano en toda la República, atando al mismo propósito a los tribunales laborales y agrarios que quedaban presionados por estos vínculos. Deben reconocerse sin embargo excepciones de impartidores de justicia que no acataron este sometimiento.
El siguiente sector más amplio y plural fue el popular que agrupaba básicamente a comerciantes, negociantes, profesionistas etcétera, pero que acabó manipulando a los ambulantes e informales que conformaban inmensos contingentes que todavía son materia de disputa entre diversos partidos. Los maestros, que si bien caerían en este sector, en realidad se manejaban habilidosamente a través del único gigantesco sindicato con más de 1 millón de afiliados que fue manejado por Jonguitud Barrios y hasta la fecha por Elba Esther Gordillo. Este macro sindicato disperso en toda la República, fue fundamental no sólo porque el voto del magisterio estaba garantizado sino porque también los maestros cumplían como funcionarios de casillas rurales para llevar a cabo las votaciones con sufragios planchados y urna llena con el total del padrón a favor del multicitado partido de gobierno.
Ahora se habla de una nueva ley laboral que desde siempre se había ofrecido con el agravante de que hoy es inaplazable porque ya la vieja y la menos vieja ley guardadas en el armario, están tambaleándose con la exigencia que, sin el menor recato, hizo la lideresa del Congreso norteamericano Nancy Pelosi en el sentido de que no se firmaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (hoy T-MEC) si el gobierno mexicano no emitía una nueva ley en la materia laboral porque son manifiestas las abismales diferencias de salarios entre los tres países. El origen de este vergonzoso hecho no puede sino encontrarse en la corrupción y venalidad de los sindicatos mexicanos con sus grandes centrales. La presidenta de la Cámara de Representantes conoce a fondo la lamentable situación de los trabajadores mexicanos.
Lo que ahora con tanta premura discute el Congreso mexicano respecto de la perversión y corrupción del sindicalismo nacional, amenaza con convertirse en un cambio de apariencias para mantener todo igual. Ello si se contempla que reduciéndose y hasta extinguiéndose la CTM, CROC, STRM, SNTE, CNTE, SNTM etcétera etcétera, tal cual serían reemplazados por la nueva central que está fraguando Napoleón Gómez Urrutia de Morena con la creación de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) para reeditar la CTM que el padre del ahora senador de nombre Napoleón Gómez Sada capitalizó toda su vida y le permitió heredar a su primogénito las mejores prácticas de control y explotación sindical.
México debe su gran atraso en productividad a la existencia del aparato sindical oficial y su complicidad con patrones que preferían pagar sobornos a líderes, que implicar a los trabajadores verdaderos en la búsqueda y compromiso de mejor trabajo en beneficio mutuo. Ya desaparecieron el PNR, el PRM para convertirse en el PRI como siglas en el poder presidencial. Tal parece que los que lo hicieron, sus herederos y beneficiarios lo llevaron a mantenerse en el sitio sólo cambiando las siglas que parecen agotadas. Hoy el riesgo es que por lo que se ve las nuevas siglas podría ser Morena. Ojalá nos equivoquemos pero seríamos ingenuos si no advertimos que los datos dan para sospecharlo. La nueva ley quedaría con un camuflaje para encubrir el más anacrónico sistema de control de la libertad del trabajador.
Etiqueta: cláusula de admisión
Diputados regulan cobro de cuotas sindicales y avalan sanciones a mineras
Angélica Melín Campos ·12/Abr/19 06:53 En caso de sanciones impuestas por el sindicato a sus integrantes, contemplaron que éstas no podrán afectar su permanencia en el empleo / Foto: Twitter @veronicasobrado
En el dictamen, se estableció la prohibición de descontar a los trabajadores el pago de cuotas sindicales, siempre y cuando éstos lo soliciten por escrito.
En un debate que se alargó por ocho horas y en el que se registraron 104 reservas para hacer modificaciones, solo se aceptaron siete propuestas. Entre otros elementos que se integraron al dictamen, se estableció la prohibición de descontar a los trabajadores el pago de cuotas sindicales, siempre y cuando éstos lo soliciten por escrito.
El planteamiento fue hecho por el diputado panista Justino Eugenio Arriaga. Determinaron implementar multas hasta por cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a las mineras que por riesgos de trabajo, omisión o negligencia, causen lesiones a los trabajadores y les provoquen la muerte.
Ello, a partir de una reserva presentada por el diputado panista Miguel Alonso Riggs. Los planteamientos en cuestión fueron hechos por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En caso de sanciones impuestas por el sindicato a sus integrantes, contemplaron que éstas no podrán afectar su permanencia en el empleo ni las condiciones del trabajo. El diputado panista Ricardo García Escalante indicó que la llamada “cláusula de admisión” prevista en la reforma, representaba una forma de discriminación a trabajadores no sindicalizados, ya que establecía preferencia entre un trabajador y otro.
Esto, explicó, atenta contra la libertad de formar parte o no de un sindicato, e incluso de ejercer la profesión que se elija. Plantearon que los emplazamientos a huelga tendrán un plazo definido de 30 días naturales, y solo cuando la empresa en cuestión dependa del uso de recursos públicos, dicho periodo podría extenderse.
Lo anterior a partir de una reserva presentada por el diputado panista Fernando Torres. . Avalaron como requisitos para formar parte del Centro Federal de Conciliación, que quienes operen como conciliadores, no tengan inhabilitación para ejercer el servicio público.
Aprobaron que lo tribunales laborales no puedan revocar sus propios fallos, a menos que esto resulte de recursos de reconsideración; aunado a que las partes podrán exigir responsabilidades en que incurran los integrantes de los tribunales. El cambio fue propuesto por el diputado de Morena, Rubén Cayetano.
Establecieron fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos laborales, a través de la emisión de opiniones sobre el desempeño de los procedimientos de conciliación, y la recomendación de métodos que los hagan más eficaces. Esto, a propuesta del diputado de Morena, Francisco Javier Ramírez.
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/diputados-regulan-cobro-de-cuotas-sindicales-y-avalan-sanciones-a-mineras/
Diputados cocinan una Reforma Laboral a fuego rápido y sacan partes crudas y otras quemadas
Por Daniela Barragán
SinEmbargo
abril 10, 2019
SECCIÓN economía
Una de las reformas más esperadas de la actual administración está a punto de discutirse: la Laboral. La legislación que en las dos administraciones pasadas causó molestia tanto a trabajadores como a sindicatos, y que terminó por modificar los modos de contratación en una generación, subirá al Pleno de la Cámara de Diputados para ser aprobada bajo la prisa de Estados Unidos.
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Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El tiempo apremia y se nota en la velocidad que los legisladores le metieron a la Reforma Laboral. A punto de discutirse y aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen arrastra críticas por la premura en su análisis, la ausencia de la regulación del outsourcing, por algunos de loscambios que prevé en materia sindicaly por el cambio en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Aunque la oposición sostiene que el documento presentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) responde a intereses de Estados Unidos, cuando debe priorizar las condiciones laborales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la aprobación de la reforma para que no se obstaculizara la firma del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá.
“Lo hemos dado a conocer a los legisladores, que son independientes, son autónomos. No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no le conviene al país”, dijo en conferencia de prensa.
Antes, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que no se votaría el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta que México mejorara las condiciones laborales en su Reforma Laboral.
En el T-MEC se incluyó el Capítulo 23-A y su anexo, que establece obligaciones en materia de derechos sindicales, negociación colectiva, libertad y democracia sindical, así como el ejercicio del voto individual, libre y secreto de los trabajadores.
El documento de 600 páginas pasó rápidamente de su análisis al Pleno, son notorios los claroscuros; el pre dictamen se aprobó con votos de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social (PES) y Revolucionario Institucional (PRI) y aunque hubo cuatro propuestas distintas quedó la del partido mayoritario.
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De entre los resultados finales está que en materia sindical, los miembros de estos, de federaciones y confederaciones, contarán con los derechos de libre afiliación y de participación y que las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos dos organizaciones sindicales.
También incluirá protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual.
Sin embargo, la reforma no incluye la regulación del outsourcing, modo de contratación que incrementó “de manera exponencial” en los últimos seis años, afectando principalmente a mujeres y jóvenes, según quedó asentado en un estudio elaborado por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
NUEVA REFORMA CON TINTES A 2012
En entrevista con SinEmbargo, el abogado y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Manuel Cervantes Bravo, sostuvo que la Reforma vuelve a ser precipitada.
“Ya en 2012 tuvimos una iniciativa preferente por parte del Presidente de la República de entonces –Felipe Calderón– y nos resultó una reforma muy parchada. Hoy, la nueva Reforma principalmente lleva el concluir la Reforma Constitucional de febrero de 2017 donde las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen como tal. Es más, si vemos el texto de la Constitución, ya no vemos el nombre de las Juntas, son unas autoridades laborales que ya no tienen fundamento constitucional. Entonces esta reforma lo que creará es, en primer término, esos tribunales laborales sustituyen a las Juntas. Eso va como punta de lanza”, señaló.
En marzo de este año, Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y Luisa María Alcalde, Secretaria el Trabajo, encabezaron una reunión de Secretarios del Trabajo y Homólogos de los Gobiernos Estatales, en la que se trataron temas propuestas derivadas de la propuesta a la Reforma Laboral. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Desde la perspectiva del académico, en el texto sí hay algunas partes en las que el T-MEC y Estados Unidos, metieron presión, sobre todo en el tema de la libre contratación y en contra del sindicalismo, “es decir, al sindicalismo lo van a pulverizar y lo van a dejar como una cuestión de adorno. Leí las iniciativas de los partidos y no coinciden, parece que la tienen cocinada”.
Puso como ejemplo que actualmente los sindicatos tienen la facultad de establecer en sus contratos una cláusula de admisión en la que proponen a las empresas al trabajador con mayores capacidades. Eso para las empresas significa que es una autorización del sindicato que merma sus facultades como patrón, pero ocurre que el sindicato, como parte del derecho colectivo, viene a ser una fuerza en la relación laboral, “entonces ahora se tendrán dos fuerzas que equilibren la relación laboral y no se tengan problemas sociales en cada momento por la interpretación del contrato. Eso, los primeros años, puede generar muchos conflictos si no se lleva adecuadamente”.
“Lo que se esperaba es que no fuera tan grosera en contra de los trabajadores. La verdad es que todo viene en contra de ellos y de los sindicatos”, añadió.
De acuerdo con el documento final, se prevé la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá la función de conciliar, llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, establecer el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar al personal.
En febrero de este año, Carlos Salazar Lomelín, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial asistió a las Audiencias Públicas para la Reforma Laboral, realizada en las Cámara de Diputados. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
También se establece que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones, cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas, que implica que nadie podrá ser obligado a formar o no parte de estos grupos; que los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el derecho al voto personal, libre, directo y secreto de los miembros y el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados.
Y agrega que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones y en caso de comprobar estas conductas para demandar la cancelación del registro sindical.
Las problemáticas que este nuevo modelo podría generar recaen en el acceso la justicia laboral, ya que los gobiernos de los Estados y el federal no están preparados ni económicamente ni con instalaciones para colocar los nuevos tribunales laborales.
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“Eso puede motivar que muchas entidades de la federación puedan tener tribunales mixtos, donde un tribunal conozca derecho mercantil y laboral, por ejemplo, entonces la justicia podría ser aún más lenta los primeros años. Se buscará que se forme un centro de conciliación donde los asuntos se resuelvan a la mayor brevedad posible, pero con los parámetros económicos que marca la ley, difícilmente un trabajador podrá conciliar, sobre todo cuando tiene una antigüedad considerable dentro de la empresa y es despedido de manera injustificada”, explicó.
Finalmente está la ausencia del outsourcing, que su permanencia implica ir haciendo a un lado a los sindicatos, agregó el abogado, donde ya se contrata a través de estas empresas sin la necesidad de hacer un contrato ni con los trabajadores ni con los sindicatos y las empresas poder contratar libremente a otras empresas para que presten sus servicios sin tener relación directa con los trabajadores.
“Lo que se esperaba es que fuera menos agresiva. Los trabajadores yo creo que no esperaban nada favorable, así se vio en la de 2012. Creo también que viene muy agresiva nuevamente en contra del sector obrero”, concluyó.