Nueva ley; añejas prácticas

Corrupción y venalidad en los sindicatos; México debe su gran atraso en productividad a la existencia del aparato gremial oficial y su complicidad con patrones
Por Jesús González Schmal – abril 20, 2019

Confederación de Trabajadores de México. Cumplió, por décadas, la función asignada
En 1970 se promulgó la actual Ley Federal del Trabajo. La precedente, también reglamentaria del artículo 123 constitucional entró en vigor en 1931. Ambas, pese a sus evidentes avances en cuanto a materializar los postulados de la primera Constitución social-demócrata en el mundo, fueron minimizadas por una realidad que se sobrepuso a los modernos derechos de los trabajadores que, al final de cuentas, quedaron reducidos a un enunciado teórico sujeto a los vaivenes de los intereses políticos acabando por servir sólo de bandera demagógica para tener a los trabajadores esperanzados en una mejoría de sus ingresos y prestaciones pero, fundamentalmente ser utilizados como votantes cautivos de un partido oficial que posteriormente sería el Revolucionario Institucional integrado por sectores para su mejor manejo.
Así, se crearon las grandes centrales obreras entre las que destacó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que cumplió por décadas la función asignada valiéndose de la aceptación en los contratos Colectivos de Trabajo de la “cláusula de exclusión” para los trabajadores que los sindicatos integrados a la CTM ordenaran al patrón que procediera al despido de cualquier agremiado disidente. Asimismo la “cláusula de admisión” mediante la cual cualquier nuevo ingreso de un trabajador sólo podía derivar de una propuesta del sindicato cetemista al empleador. Este mecanismo operó con resultados óptimos para el mantenimiento del PRI en el poder compensándose a los líderes sindicales con cargos públicos en el Senado, la Cámara de Diputados y hasta de gobernadores.
El engranaje del voto de trabajadores sindicalizados con el partido fue modelo que los fascistas más reconocidos en Europa hubieran envidiado. De igual manera se hizo con los ejidatarios sujetos para el reconocimiento de sus derechos a la obediencia de filiación política al partido oficial y de su asistencia a los actos de apoyo al gobierno y a su partido para los que fueran convocados. Todo se dejó al arbitrio de las decisiones de la dupla presidente y partido articuladas para la obtención de la mayoría del voto rural y urbano en toda la República, atando al mismo propósito a los tribunales laborales y agrarios que quedaban presionados por estos vínculos. Deben reconocerse sin embargo excepciones de impartidores de justicia que no acataron este sometimiento.
El siguiente sector más amplio y plural fue el popular que agrupaba básicamente a comerciantes, negociantes, profesionistas etcétera, pero que acabó manipulando a los ambulantes e informales que conformaban inmensos contingentes que todavía son materia de disputa entre diversos partidos. Los maestros, que si bien caerían en este sector, en realidad se manejaban habilidosamente a través del único gigantesco sindicato con más de 1 millón de afiliados que fue manejado por Jonguitud Barrios y hasta la fecha por Elba Esther Gordillo. Este macro sindicato disperso en toda la República, fue fundamental no sólo porque el voto del magisterio estaba garantizado sino porque también los maestros cumplían como funcionarios de casillas rurales para llevar a cabo las votaciones con sufragios planchados y urna llena con el total del padrón a favor del multicitado partido de gobierno.
Ahora se habla de una nueva ley laboral que desde siempre se había ofrecido con el agravante de que hoy es inaplazable porque ya la vieja y la menos vieja ley guardadas en el armario, están tambaleándose con la exigencia que, sin el menor recato, hizo la lideresa del Congreso norteamericano Nancy Pelosi en el sentido de que no se firmaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (hoy T-MEC) si el gobierno mexicano no emitía una nueva ley en la materia laboral porque son manifiestas las abismales diferencias de salarios entre los tres países. El origen de este vergonzoso hecho no puede sino encontrarse en la corrupción y venalidad de los sindicatos mexicanos con sus grandes centrales. La presidenta de la Cámara de Representantes conoce a fondo la lamentable situación de los trabajadores mexicanos.
Lo que ahora con tanta premura discute el Congreso mexicano respecto de la perversión y corrupción del sindicalismo nacional, amenaza con convertirse en un cambio de apariencias para mantener todo igual. Ello si se contempla que reduciéndose y hasta extinguiéndose la CTM, CROC, STRM, SNTE, CNTE, SNTM etcétera etcétera, tal cual serían reemplazados por la nueva central que está fraguando Napoleón Gómez Urrutia de Morena con la creación de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) para reeditar la CTM que el padre del ahora senador de nombre Napoleón Gómez Sada capitalizó toda su vida y le permitió heredar a su primogénito las mejores prácticas de control y explotación sindical.
México debe su gran atraso en productividad a la existencia del aparato sindical oficial y su complicidad con patrones que preferían pagar sobornos a líderes, que implicar a los trabajadores verdaderos en la búsqueda y compromiso de mejor trabajo en beneficio mutuo. Ya desaparecieron el PNR, el PRM para convertirse en el PRI como siglas en el poder presidencial. Tal parece que los que lo hicieron, sus herederos y beneficiarios lo llevaron a mantenerse en el sitio sólo cambiando las siglas que parecen agotadas. Hoy el riesgo es que por lo que se ve las nuevas siglas podría ser Morena. Ojalá nos equivoquemos pero seríamos ingenuos si no advertimos que los datos dan para sospecharlo. La nueva ley quedaría con un camuflaje para encubrir el más anacrónico sistema de control de la libertad del trabajador.

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