La titular de la STPS y Ricardo Monreal sostuvieron ayer una reunión.
Rolando Ramos
16 de abril de 2019, 01:06
La Cámara de Senadores aprobaría antes del próximo día 30, fecha en que terminará el actual periodo de sesiones ordinarias, la minuta sobre la nueva reforma laboral.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y coordinador de la bancada senatorial de Morena, informó que sobre el punto dialogó en privado, con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien lo visitó.
“Hoy (ayer) empezamos a trabajar en la reforma laboral”, comentó en entrevista.
También se encontró con Napoleón Gómez Urrutia, su correligionario y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, amplió, y con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales, y de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, sin precisar con quiénes en específico, “para ir avanzando en la reforma laboral’’. Los empresarios, aseguró, “están de acuerdo’’ con los cambios aprobados por los diputados federales la semana pasada; “en términos generales la han aceptado, según me dijeron.
“Vamos a ver cómo avanzamos la próxima semana”.
Cuestionado sobre si aprobará el Senado la reforma laboral en el actual periodo de sesiones ordinarias, el zacatecano respondió:
“Sí. Lo deseable es que pudiéramos la semana que entra aprobarla”.
¿En los términos en que llegó la minuta de la Cámara de Diputados?.
Estamos en eso. Está muy allanada porque trabajamos antes. Entonces, vamos a intentar, por consenso, sacarla.
El sector empresarial, enfatizó, “en términos generales, da el visto bueno (a la reforma), aunque tiene observaciones. Vamos a revisar la pertinencia y creo que podemos avanzar. Sus observaciones, finalizó, las harán públicas la semana que entra durante el proceso de discusión de la reforma laboral en comisiones. El dictamen de la reforma laboral aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados plantea mecanismos encaminados a fortalecer la democracia sindical, a través del voto libre, secreto y directo, además de garantizar el derecho de los trabajadores que no deseen sindicalizarse.
Contempla también la creación de un órgano de registro sindical y centros de conciliación laboral, además de la creación de tribunales especializados en materia laboral administrados por el poder judicial.
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