La Secretaría del Trabajo (ST) mantiene en capacitación a Inspectores estatales, para que su intervención en empresas y centros laborales contribuya al cumplimiento de la normatividad en beneficio de derechos de las y los trabajadores.
Esta capacitación también fortalece una atención de calidad y un actuar en beneficio de la sociedad.
Por ello, el personal cuenta con capacitaciones como: Implementación de la Reforma Laboral; Derechos Humanos y Género; Jornada Norma Oficial Mexicana 35; Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación análisis y prevención; Curso básico de derechos humanos; Trata de personas: protección y asistencia a víctimas; Fortalecimiento de capacidades para detectar, asistir y proteger a víctimas de trata de personas en México; Persecución penal del delito de trata de personas; Lucha contra la trata en entornos humanitarios; Migración y trata de personas; Manejo del estrés; Administración del tiempo; Jóvenes, tolerancia y no discriminación, inclusión y discapacidad.
Además, la Unidad de Inspección y Asesoría del Trabajo también ha capacitado a dependencias estatales y municipales en la aplicación del Protocolo Interinstitucional para la detección, Atención y protección de Niñas, Niños y Adolescentes laborando.
Esta Unidad anexa de esta dependencia estatal, también está facultada para realizar inspecciones y asesorías, -entre otros mecanismos alternos-, que propicien el trabajo digno y decente.
Con la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha anunciado sus intenciones de aumentar las inspecciones laborales.
Para 2021, la STPS espera realizar más de 40 mil inspecciones. Los enfoques principales serán las medidas sanitarias y la subcontratación. Por último, las inspecciones revisarán temas laborales como aguinaldo, salario mínimo, PTU y seguridad social.
Desde 2019, la STPS anunció un nuevo tipo de inspecciones basadas en el análisis de datos. De acuerdo con Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, el número de inspectores con los que cuentan no es suficiente para investigar a todas las empresas y centros del trabajo del país por abusos laborales.
Solamente inspeccionan al 3% de las empresas
El bajo número de inspectores significa que no hay mucho control. En entrevista con Reforma, el abogado laboral Germán Reyes dijo que solamente el 3% de las empresas en México son revisadas en las inspecciones.
Esto se debe, por un lado, a falta de personal y de recursos. Por otro lado, no hay una autoridad central, por lo que algunas inspecciones las realiza la STPS y otras son responsabilidad de la Secretarías del Trabajo Estatales. Esto significa que no hay un programa nacional, regional y sectorial.
En cuanto a la falta de personal, esto significa que no se puede verificar la información que reportan las empresas. Así, los patrones pueden modificar los datos de su cumplimiento. El especialista también explicó que los salarios de los inspectores son muy bajos, y que en muchos casos carecen de capacitación.
El objetivo es reducir el tiempo que pasa entre que la inspección laboral detecta un problema y cuando se corrige. Actualmente, este plazo es de 90 días; de acuerdo con la STPS, la integridad física de los trabajadores puede estar en peligro por estos periodos tan largos.
La propuesta establece que las empresas deberán corregir las irregularidades detectadas en un plazo de cinco días. Además, los patrones deberán demostrar los documentos que prueben que sí hicieron los cambios necesarios.
Ajeno a este proceso, hay otras propuestas para modificar las inspecciones de la STPS. Actualmente, el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral (OCRL) y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) están trabajando en propuestas que presentarán al Congreso en septiembre.
Uno de los cambios principales es crear una institución central que se encargue de las inspecciones.
Hasta junio del presente año en Puebla se registraron 2 mil 265 accidentes de trabajo, lo que indica una tasa de 0.4 por cada 100 empleados.
Cifras preliminares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) colocan a esta entidad federativa en el lugar 13 a nivel nacional con la mayor incidencia.
La primera posición es para el estado de México, con 10 mil 926; seguido de Jalisco, con 9 mil 412; Ciudad de México, 7 mil 914; Nuevo León, 5 mil 691, y Guanajuato, con 4 mil 318.
En cambio Campeche mostró la menor recurrencia, con solo 283 casos; en tanto que en Tlaxcala hubo 397.
El año pasado Puebla cerró con 12 mil 66 accidentes de trabajo, en 2018 fueron 13 mil 814; en 2017, 12 mil 846; en 2016, 13 mil 503, y en 2015, un total de 539 mil 172.
En todo el país fueron 79 mil 127, de los cuales 21 mil 756 ocurrieron en el comercio, 20 mil 143 en industria de la transformación y 15 mil 622 en servicios para empresas, personas y el hogar, entre otras actividades económicas.
Además, derivado de estos, 808 personas quedaron con incapacidad permanente.
Accidentes ocasionaron deceso de tres trabajadores
Datos de la STPS refieren que en Puebla hubo tres personas que fallecieron, todos del sexo masculino, como consecuencia de accidentes de trabajo.
A nivel nacional suman 72 muertes y es Guanajuato el estado que más ha registrado, un total de 11; seguido de Nuevo León, con ocho; Veracruz y Michoacán, con seis por separado, y estado de México, cuatro.
Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son los únicos que no reportaron defunciones.
Con relación a enfermedades de trabajo, en el primer semestre del 2020 Puebla registró 64 casos –33 del sexo masculino y 31 del femenino–, de los 3 mil 495 que hubo en todo el país.
Baja California es la entidad con mayor incidencia, con 459 trabajadores con padecimientos a consecuencia de su actividad laboral; Ciudad de México, con 442, y Chiapas, con 345.
Cabe referir que hasta el momento los datos de todas las entidades muestran una tendencia a la baja en decesos, accidentes y enfermedades, en comparación con años anteriores.
Pero también es necesario recordar que por la epidemia de Covid-19, desde abril y hasta el 7 de agosto pasado estuvieron suspendidas las actividades en empresas y negocios no esenciales en Puebla, por lo que varios colaboradores comenzaron a trabajar desde casa.
En esta entidad el periodo de confinamiento fue más largo, ya que en otras terminó precisamente en junio.
La corrupción y desregularización de procesos son «caldo de cultivo» para accidentes en centros de trabajo del sector minero, advirtió Luisa María Alcalde titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El sector minero puede continuar con la reducción de riesgos ligados a su actividad a través de innovaciones en sus procesos, la incorporación de nuevos elementos tecnológicos y la capacitación de su personal, señaló la Secretaria.
«La corrupción, la desregularización de varios procesos mineros son caldo de cultivo para los accidentes que van ocurriendo. Los riesgos se pueden reducir al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad tales como tener al personal capacitado, proveer los equipos de protección y las herramientas adecuadas para cuando están realizando sus distintas tareas.
«Indispensable también es revisar las condiciones de seguridad e higiene tales como ventilación, polveo, barrenación y contar con todos los estudios actualizados en mecánica de roca y geohidrólogicos, por mencionar algunos», dijo titular de la dependencia.
El papel del Gobierno es fundamental para la aplicación de las normas del sector minero, pero también es importante la toma de conciencia por parte de las empresas para hacer posible que los principios que integran el marco jurídico sean una realidad en beneficio de los trabajadores, agregó Alcalde.
La industria minera tiene una tasa de incidencia de accidentes de trabajo 38 por ciento menor que la media nacional, mencionó Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) durante la entrega de los Casco de Plata, reconocimiento que se otorga a las unidades mineras con mejores prácticas de seguridad del País.
La media nacional de incidencia de accidentes de trabajo es de 2.0 mientras que la minería cuenta con una tasa de 1.24, la actividad económica con mayor incidencia es la compra venta de tiendas de autoservicio con una tasa de 3.72.
«Las estadísticas que tenemos del año pasado (2019) es que tuvimos una reducción del 24 por ciento en el Índice de incidencia que actualmente se ubica en 1.24. Nos posiciona muy por debajo de la media nacional.
«Nuestro objetivo es y seguirá siendo la búsqueda de cero accidentes», dijo Alanís.
De los 288 centros de trabajo incorporados en el sector minero-metalúrgico, 233 cuentan algún reconocimiento de empresa segura, agregó Alanís.
Chihuahua, Chih. Maquiladoras, supermercados y otros establecimientos de Chihuahua obligaron a sus empleados a laborar a puerta cerrada este fin de semana para evadir el decreto estatal de alerta sanitaria por Covid-19 que impone medidas adicionales al semáforo rojo y restringe los sábados y domingos todas las actividades que no correspondan a servicios de salud. En respuesta, policías e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) clausuraron al menos 85 empresas.
El estado de alerta sanitaria vigente en la entidad ordena cerrar centros comerciales, industrias y cuanta labor, incluso considerada esencial, no tenga relación con hospitales, además de suspender rutas de transporte público e impedir la movilidad de siete de la noche a seis de la mañana. No obstante, maquiladoras ofrecieron bonos a sus obreros a cambio de continuar sus tareas y las cadenas de supermercados obligaron a sus trabajadores laborar aunque no acudieran clientes.
Entre sábado y domingo, policías del municipio de Chihuahua desalojaron a decenas de empleados de tres tiendas de autoservicio que debieron presentarse a pesar de que los establecimientos no abrieron. Asimismo, fueron clausuradas tres sucursales de la tienda Elektra y una de Coppel, que tenían clientes y dependientes.
En redes sociales, ciudadanos y trabajadores de las cadenas Walmart, Soriana, Alsuper y Smart residentes en Ciudad Juárez y Chihuahua aseguraron que cumplieron sus turnos dentro de las franquicias con las puertas cerradas. Nos tienen encerrados sin derecho a salir a comer y cerraron el estacionamiento para que no entren los inspectores del gobierno, comunicó un empleado de Walmart.
Cubren las puertas y ventanas con plásticos y papel para que no se den cuenta de que estamos. Obligan a presentarnos a laborar sábado y domingo, y no hay transporte, declaró un trabajador de Smart.
Operarios de las maquiladoras Jabil, Sofi, SMTC y Borg Warner, en la capital chihuahuense, aseguraron que la producción no se detuvo y que en dos compañías había casos de coronavirus.
Nos dijeron que tenemos que trabajar para pagar días y ya salieron positivos 12 empleados. Hacen todo por debajo del agua, afirmó un obrero de Borg Warner, que produce piezas y componentes para la industria automovilística.
En SMTC, un empleado informó de cuatro casos de coronavirus y dos fallecidos, y la empresa sigue trabajando.
En el municipio de Camargo, policías desalojaron a 120 obreros de la maquiladora Contec que trabajaron a cambio de un bono, y pusieron sellos de clausura en las instalaciones.
Empleados de unas 12 maquiladoras en Ciudad Juárez revelaron que se les obligó a laborar el viernes hasta 24 horas para asegurar la producción del fin de semana. A otros los hicieron dormir en las naves industriales para cumplir el turno del sábado.
El domingo, inspectores retiraron a 27 operarios y a una supervisora de una maquiladora ubicada en el Parque Industrial Aztecas de Ciudad Juárez, que simulaba estar cerrada.
La STPS reportó que sus inspectores clausuraron el sábado al menos 85 empresas en todo el estado, incluidos supermercados, mueblerías, bancos, refaccionarias, constructoras, una maquiladora y tiendas de ropa. La dependencia recordó que las compañías que quebranten las restricciones serán acreedoras a sanciones económicas de entre 20 mil y 500 mil pesos.
En Juárez, autoridades dieron a conocer que células mixtas integradas por personal de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de Protección Civil y policías imponen las medidas restrictivas y desalojaron a 481 personas de 48 negocios que realizan actividades no esenciales.
Pedro Chavira, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, dio a conocer que el sector perdió 400 millones de dólares por la alerta sanitaria y aceptó que con el regreso al semáforo rojo ninguna maquiladora de Ciudad Juárez detuvo operaciones, pero las fábricas trabajan con aforo limitado y la mayoría dejó de laborar sábado y domingo.
Expuso que al menos siete empresas planeaban instalarse en Juárez a corto plazo, pero esas inversiones están en riesgo si las prohibiciones continúan.
Ayer el gobierno de Chihuahua confirmó 580 casos nuevos de Covid-19 e indicó que el estado tenía 29 mil 356 contagios certificados durante la pandemia, 6 mil 637 de ellos (22.6 por ciento) al momento activos, corroborados durante los últimos 14 días. Según el director médico de la Secretaría de Salud, Arturo Valenzuela, la entidad tiene una incidencia bastante alta, con 972 contagios de coronavirus por cada 100 mil habitantes.
Añadió que Chihuahua acumula dos mil 371 defunciones, 33 avaladas este domingo, 15 documentadas en Ciudad Juárez y 10 en la capital del estado, de tal forma que la tasa global de fallecimientos en el estado es de 62 por cada 100 mil pobladores.
