El rediseño del modelo de inspección laboral ha permitido mejorar la eficiencia de los ejercicios de verificación a un nivel de entre 85 y 95%; el esquema anterior tenía una eficiencia de 60%, indicó Alejandro Salafranca Vázquez.
Desde 2019 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció un rediseño en su mecanismo de inspección de empresas, prometiendo ejercicios más focalizados y derivados de un análisis a través del cruce con bases de datos con autoridades fiscales y de seguridad social, por ejemplo. Este año la nueva estrategia se aplicará por primera vez a cabalidad, luego de que la pandemia limitó su implementación.
“Se hizo un trabajo destacable, pero atípico y enfocado en la pandemia y, por lo tanto, se dejó —entre paréntesis— gran parte de la normalidad de la inspección. En esos dos años se hicieron inspecciones de todo tipo, pero con el volumen y la estrategia de un año de normalidad. El 2022 es el primer año en el que pudimos planificar conscientemente lo que queremos hacer”, señaló Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS.
Para este año. la Secretaría del Trabajo tiene como meta inspeccionar alrededor de 40,000 centros de trabajo en el país, priorizando el cumplimiento en aspectos como la reforma de subcontratación, salario mínimo, reparto de utilidades y centros de trabajo con altas tasas de incapacidades.
Durante su participación en un webinar de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario destacó que este año el programa de inspecciones operará tal como estuvo planeado desde el cambio de administración pública: “Preparar más las inspecciones antes de ponerlas en marcha, saber a dónde queremos ir, para qué queremos ir e investigar antes con medios tecnológicos los datos exactos de las empresas y tener mucha información de la empresa que se visitará”.
Antes del cambio del modelo, explicó Salafranca Vázquez, la eficiencia de las inspecciones era cercana al 60%, esto quiere decir que de 100,000 veces que los inspectores salían a visitar empresas, sólo en 60,000 ocasiones lograban desahogar un procedimiento de verificación. El rediseño del mecanismo, que se apoya en big data para focalizar los ejercicios, ha mejorado la eficiencia entre 85 y 95 por ciento.
En ese sentido, Alejandro Salafranca reconoció que a pesar de que se realizan menos ejercicios actualmente, éstos son más profundos, estratégicos y eficientes porque se envía a los inspectores a los centros de trabajo donde se observa una irregularidad de antemano.
“El plan de inspección del 2022 es el primero articulado a cabalidad sobre la filosofía del nuevo plan de inspección”, puntualizó el funcionario federal.
Además de esto, la STPS prepara cambios al Reglamento General de Inspección que contemplan una reducción en los plazos para solventar incumplimientos observados durante una visita. “Había mucho que cambiar no sólo para adecuarlo a la reforma de subcontratación, sino al modus operandi que le queremos dar a la inspección”, señaló.
Aunque en su momento se planteó reducir de 90 a 5 días el plazo para que los empleadores presenten los documentos requeridos o hagan correcciones tras una inspección, el último anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) busca fijar este período en 30 días hábiles para casos de inspecciones de seguridad y salud, y de cinco días por una verificación de condiciones generales de trabajo.
“Como el objetivo no es recaudatorio ni mucho menos, sino modificar la realidad objetiva de los centros de trabajo, en seguridad y salud se pensó que además de los cinco días, se pueden dar 30 días más, con la idea de que lo solventable sea solventado y lo que no sea solventable en ese momento, se haga en otro momento, pero incurriendo seguramente en una multa que fotografía la capacidad de la empresa de no haberlo hecho en su tiempo y haberlo hecho en un tiempo razonado”, apuntó Alejandro Salafranca.
Inspecciones laborales en dos fases
Una de las problemáticas observadas por la STPS, detalló el funcionario federal, es que muchos juicios por sanciones impuestas por la autoridad laboral se perdían debido al tiempo que demoraba la dependencia en su proceso de inspección.
“Nos dimos cuenta que en más del 90% de los casos las resoluciones judiciales no eran de fondo, eran de forma. Estaban caducas e incluso se nos acusaba de inactividad procesal por tardar mucho entre que se multaba y se llegaba al juicio. Nos dimos cuenta que el plazo que podía transcurrir entre que el inspector iba a una empresa, la empresa contestaba y se daban los plazos, solicitaba una prórroga y se cerraba la inspección, se abría el proceso sancionador y se le otorgaban otra vez plazos a la empresa, podían transcurrir hasta 200 días”, explicó.
Para contrarrestar esta situación, Salafranca Vázquez informó que la verificación de centros laborales se ha dividido en dos fases. “El proceso de inspección acaba en unos plazos y cuando se ocurre, se cierra ese expediente. Cuando ese expediente entra en el proceso sancionador, se trata de otro expediente y otro proceso jurídico y, por tanto, es el que se llevaría los tribunales y es sobre el que se tendrían que medir los tiempos”.
Adicional a esto, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS detalló que otro cambio en el sistema de inspección es la reducción de 240 a 60 indicadores estratégicos que conforman las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo para verificar a las empresas cuando exista una denuncia o un accidente de trabajo.
“Se está cambiando la metodología para visitar y revisar un número fijo de normas básicas, que lo fijamos entre seis y siete normas, pero no con todos los indicadores de esas normas, sino con los más estratégicos. Entonces se inspeccionaría el elemento denunciado, el elemento accidentado y esta batería mínima, de tal suerte que una inspección promedio tenga 60 indicadores y no 240. Esto también es importante. Se pueden aplicar los 240 pero quizá a alguna empresa con un nivel alto de riesgo o siniestralidad, pero ya serían casos específicos de una empresa a la que le apliquen todas las normas”, señaló.
Por: Gerardo Hernández / El Economista
