Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.

1. Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.

Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/31/opinion/011a1pol