02/06/2018
Por: Porfirio Muñoz Ledo
Respecto a la reforma de justicia laboral que suprime las Juntas de Conciliación y Arbitraje, judicializando la materia del trabajo, celebramos la autonomía de los organismos encargados de dirimir los conflictos obrero-patronales, pero insistimos en abolir las prácticas tripartitas basadas en la complicidad entre los agentes del gobierno y los sindicatos corporativos. Nos oponemos a un modelo de tercerización —outsourcing— que encubre la responsabilidad de los empleadores y convierte a los empleados formales en informales.
La campaña presidencial ha desatado expresiones contundentes, pero pocas ideas claras respecto de las llamadas reformas estructurales que derivaron del “Pacto por México” de 2013. No todas tienen la misma orientación y calibre. En vez de descalificarlas o apoyarlas globalmente, debiéramos analizarlas y proponer modificaciones o enmiendas puntuales. En el sector progresista el verbo que más se utiliza es “revertir”, en el moderado “consolidar” y en el reaccionario “profundizar”. Pienso que el primero de esos verbos es inadecuado. La palabra reversión significa “la restitución de algo al estado anterior”. No define a qué época habría que regresar, incluyendo la aparición homo sapiens. Ello es además imposible porque la historia es como un río en que nadie puede bañarse dos veces con la misma agua.
Las reformas que derivaron de aquel acuerdo son variopintas y sugiere posiciones diferenciadas. Por ejemplo: la autonomía de la Ciudad de México, de grandes alcances gracias a la contribución de la sociedad civil y de la inteligencia. Así también la reforma electoral pactada constituye el basamento para establecer una autoridad nacional —que no federal— a an de salvaguardar el derecho humano a la democracia; es necesario que esas leyes se concreten mediante la cooperación efectiva de la ciudadanía y la integridad de las autoridades electorales. Hemos exigido la voluntad manifiesta del INE para detener las campañas sucias, la coacción del voto por grupos empresariales y la triangulación de recursos públicos hacia las entidades gobernadas por el oficialismo.
En materia educativa es claro que no nos oponemos a la evaluación y profesionalización de los maestros, a no ser que tenga un carácter punitivo. Planteamos un nuevo sistema de formación y capacitación permanente del magisterio, una revisión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la expansión de los espacios escolares para que puedan asegurar la formación integral de los educandos. Pugnamos por la definición de objetivos cuantitativos de la cobertura educativa que cumpla el objetivo de la educación media superior universal y el acceso efectivo a la educación superior.
Respecto a la reforma de justicia laboral que suprime las Juntas de Conciliación y Arbitraje, judicializando la materia del trabajo, celebramos la autonomía de los organismos encargados de dirimir los conflictos obrero-patronales, pero insistimos en abolir las prácticas tripartitas basadas en la complicidad entre los agentes del gobierno y los sindicatos corporativos. Nos oponemos a un modelo de tercerización —outsourcing— que encubre la responsabilidad de los empleadores y convierte a los empleados formales en informales.
La más controversial es la reforma energética, que requiere cuando menos tres estadios de implementación: el primero es constitucional, los actuales artículos 25, 27 y 28 comprenden sin duda una negación a la soberanía nacional sobre los recursos naturales: el extractivismo voraz elevado a Carta Magna. La política energética aplicada por el gobierno ha fracasado: no ha incrementado la producción petrolera sino lo ha disminuido considerablemente. Tampoco detonó la creación de “medio millón de empleos”, por el contrario Pemex ha despedido a más de 30 mil trabajadores. Nuestra dependencia externa de gasolinas ha crecido exponencialmente. La baja eficiencia en refinación bloquea la conversión de hidrocarburos en petroquímica. La renuncia al valor agregado.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho con razón que para evitar esos males son necesarias reformas constitucionales, en lo que coincide sustancialmente con las propuestas del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. La cuestión reside en el método. Cuauhtémoc es el guardián hereditario de la soberanía petrolera del país, AMLO es el candidato presidencial que comparte sus tesis. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en nuestros objetivos y posibilidades. La reforma constitucional requiere de la mayoría de dos tercios del Congreso de la Unión y más de la mitad del voto mayoritario de los Congresos locales. Tal vez podríamos alcanzarlos, si no quedaría el recurso de la consulta popular. Decía mi maestro Duverger que la derecha es generalmente compacta porque encarna intereses y la izquierda más diversificada porque defiende ideas. Mi convocatoria es que convirtamos nuestras posiciones en proyectos comunes.
Comisionado para la reforma
Categoría: Justicia Laboral
Crea el Consejo de la Judicatura Federal la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral
Foto: CJF
Ciudad de México, a 1 de junio de 2018
Comunicado No. 15
- Proporcionará apoyo y asistencia técnica al CJF y PJF con motivo de la implementación de dicha reforma
A partir de hoy inicia funciones la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia Laboral que tiene la facultades, entre otras, de elaborar y emitir opiniones consultivas al Congreso de la Unión o a cada una de sus cámaras de Diputados y Senadores, en temas relativos a la conformación de las normas procesales en materia laboral de competencia para el Poder Judicial de la Federación (PJF).
La nueva unidad, creada por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), responde a la transformación del sistema de justicia laboral a nivel federal y se encargará de las acciones y programas relacionados con la planeación, capacitación, difusión, proyectos normativos, reorganización institucional, programación presupuestal y seguimiento institucional de la reforma en materia de justicia laboral.
En el acuerdo, aprobado por unanimidad, se especifica que la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia Laboral coordinará las acciones necesarias para la planeación y prospectiva, capacitación, difusión, estudios y proyectos normativos, reorganización institucional y digital, programación, asignación, ejecución y comprobación del presupuesto, y seguimiento necesarios para la implementación en la materia.
Entre otras tareas que desarrollará esta nueva unidad, se encuentran la de proporcionar apoyo y asistencia técnica que requiera tanto el Pleno como los consejeros de la Judicatura Federal con motivo de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral en el PJF, así́ como la de elaborar y emitir opiniones técnicas de asuntos correspondientes a esta materia.
Para encabezar esta nueva área, el Pleno del CJF acordó́ la designación del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, como titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral.
El 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 constitucionales en materia de justicia laboral.
De esta manera y de conformidad con el artículo 123, fracción XX de la Constitución, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, se exige que las diferencias o conflictos de trabajo estén a cargo de tribunales federales.
http://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2018/comunicado15.pdf
Inicia funciones unidad para implementar reforma laboral
Foto: CJF
La oficina fue creada por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal y responde a la transformación del sistema de justicia laboral a nivel federal.
NOTIMEX @ElFinanciero_Mx
13:32
CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes entró en funciones la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia Laboral que proporciona apoyo y asistencia técnica al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al Poder Judicial de la Federación (PJF) con motivo de la implementación de esas modificaciones.
La nueva unidad tiene facultad de elaborar y emitir opiniones consultivas al Congreso de la Unión o a cada una de sus cámaras, en temas relativos a la conformación de las normas procesales en materia laboral de competencia para el Poder Judicial de la Federación.
Esta oficina fue creada por acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal y responde a la transformación del sistema de justicia laboral a nivel federal.
Además, se encargará de las acciones y programas relacionados con la planeación, capacitación, difusión, proyectos normativos, reorganización institucional, programación presupuestal y seguimiento institucional de la reforma en materia de justicia laboral.
En el acuerdo, aprobado por unanimidad, se especifica que la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia Laboral coordinará las acciones necesarias para la planeación y prospectiva, capacitación, difusión, estudios y proyectos normativos, reorganización institucional y digital, programación, asignación, ejecución y comprobación del presupuesto.
Entre las tareas que desarrollará, destacan proporcionar apoyo y asistencia técnica que requiera tanto el pleno como los consejeros de la Judicatura Federal con motivo de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral en el Poder Judicial federal, así como la de elaborar y emitir opiniones técnicas de asuntos correspondientes a esta materia.
Para encabezar esta nueva área, el pleno del Consejo de la Judicatura Federa designó al magistrado Sergio Javier Molina Martínez, como titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Penal.
El CJF recordó en un comunicado que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 constitucionales en materia de justicia laboral.
De esta manera y de conformidad con el Artículo 123, fracción XX de la Constitución, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, se exige que las diferencias o conflictos de trabajo estén a cargo de tribunales federales.
http://elfinanciero.com.mx/economia/inicia-funciones-unidad-para-implementar-reforma-laboral
Consulta pública clandestina
30/05/2018
MANUEL FUENTES
Inadmisible la actitud de estos legisladores a quienes les quedan unas cuantas semanas como senadores | Manuel Fuentes
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República no saben qué hacer ante el proceso de reforma laboral que tienen en sus manos.
Audiencias públicas
Acaban de elaborar una convocatoria para la celebración de audiencias públicas en relación con la reforma en materia de justicia laboral y en lugar de publicarla en la página oficial del Senado de la República y en medios de comunicación de todos los ámbitos, se han dedicado a enviarla de manera selectiva a ciertos grupos de interés.
Es lamentable que ese grupo de senadores impulsen supuestas «audiencias públicas» sin que tengan interés en escuchar la participación de todos los sectores involucrados en la temática laboral. Parece que, contrariando su función de legisladores representantes de la sociedad, su pretensión sea convocar a reuniones clandestinas con grupos afines a los intereses del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promotores de una contra reforma laboral en perjuicio de los trabajadores.
Con fecha 26 de abril de 2018 se publicó una convocatoria en la página del Senado de la República en la que se anunció que se llevarían audiencias públicas durante los meses de mayo y junio de 2018. Sin embargo, transcurrió todo el mes de mayo y no se realizó audiencia de consulta alguna. Después se empieza a conocer que desde el pasado jueves 24 de mayo empezaron a llegar a algunos correos electrónicos de grupos empresariales y de algunos sindicatos cercanos al régimen una supuesta convocatoria, sin firma de algún senador de la Republica en la que se avisa del inicio de «audiencias públicas» (¿?) para consultar opiniones en torno a la Justicia Laboral.
Se informa que esas, que les llaman «audiencias públicas» se realicen en únicamente 4 ciudades del país, en Monterrey Nuevo León, el 8 de junio; en Culiacán Sinaloa, el viernes 15 de junio; en Mérida Yucatán, el 22 de junio y en la Ciudad de México el 13 de julio.
La convocatoria
La mencionada convocatoria, en la parte final dice:
«El Senado de la República realizará las actividades con base en el parlamento abierto y de transparencia, en ese tenor, la Comisión de Trabajo y Previsión Social difundirá en el micrositio, Gaceta Parlamentaria y medios electrónicos, las actividades con las audiencias públicas».
La supuesta Convocatoria no ha sido publicada en «micrositio», «Gaceta Parlamentaria» o «medio electrónico» del Senado de la República a pesar de que empezó a difundirse de manera silenciosa, por debajo de la mesa, por algunos de los integrantes de la llamada «Comisión de Trabajo y Previsión Social» del Senado de la República.
La pregunta es ¿por qué actúan de esta manera ese grupo de senadores? ¿Solo para dar la apariencia de consultas? A la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informaron en días recientes que llevarían a cabo consultas en torno a la reforma laboral, pero como la que pretenden llevar a cabo no puede llamársele «convocatoria abierta».
Convocar de esta manera es violentar la reglamentación del Senado de la República. El artículo 129 fracción VI de esa instancia legislativa dice que la Junta Directiva del Senado tiene las siguientes atribuciones:
«Proponer consultas y audiencias, públicas o privadas, con autoridades gubernamentales, especialistas, representativos de organizaciones sociales y ciudadanos en general, relacionados con las materias de cada comisión»
El artículo 133 en la fracción V del reglamento del Senado dice que tanto los órganos colegiados y comisiones tienen como atribuciones:
«Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia»
El artículo 184 de dicho Reglamento del Senado dice:
En el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar a audiencias públicas o reuniones, con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos.
Inadmisible
En ninguna parte de estas disposiciones legales que norman la función de los senadores les permite realizar convocatorias a modo, para que acudan personas que adulen la peor propuesta de contra reforma laboral en toda la historia del país. En su convocatoria que abarca tan solo 4 sedes en el país señala que en cada Audiencia Pública (¿?) habrá como máximo 30 personas, los que contarán con diez minutos. Les van a decir: Diez minutos y te vas…
Es vergonzoso el actuar de este grupo de senadores, los que no se atrevieron a firmar este remedo de Convocatoria. Realizarla de esta manera, a las prisas, de manera sesgada para intentar justificar un periodo extraordinario después de las elecciones es no solo irresponsable sino contrario a los intereses de la Nación.
El proyecto que pretenden aprobar justifica un modelo de bajos salarios, de máxima explotación en perjuicio de los trabajadores, de la desaparición del derecho laboral con visión social. Acabar con los derechos colectivos, permitir el modelo de los contratos de protección y empresas outsourcing por la vía libre. Legitimar una mayor intervención del ejecutivo federal y gobernadores en los conflictos colectivos. Auspiciar una justicia laboral de carácter mercantil, en donde los derechos laborales sean una mercancía y al trabajador convertirlo en un objeto de usar y tirar.
Inadmisible la actitud de estos legisladores a quienes les quedan unas cuantas semanas de senadores de la República…
https://lasillarota.com/opinion/columnas/consulta-publica-clandestina/225260
“En materia laboral, 2018 ha sido un año lleno de noticias positivas”
Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo
De enero a abril se han generado 3,700 empleos diarios, cifra récord. El reto en el segundo semestre: lograr acuerdos para la legislación secundaria y dejar listo el Instituto de Conciliación y Registro.
Luis Miguel González Y Geert Rombaut
31 de mayo de 2018, 00:57
El TLCAN es una oportunidad para avanzar en algunos temas como justicia laboral y democracia sindical, “no porque lo piden Estados Unidos y Canadá, sino porque a México le conviene”
Las cifras de empleo en el sexenio son buenas, pero los números del 2018 son mejores aún, afirma el secretario del Trabajo: “la generación de empleo formal se ha acelerado”, dice Roberto Campa: son más de 450,000 nuevos puestos de trabajo en los primeros cuatro meses del año, alrededor de 3,700 empleos cada día. Esta cifra se compara con los 1,800 empleos diarios que se generaron en promedio en los primeros cinco años de esta administración y con 800 empleos diarios promedio de las dos administraciones anteriores.
Estos números son producto de dos reformas a la legislación laboral y de cifras históricas en materia de Inversión Extranjera Directa. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo permitieron flexibilizar las formas de contratación.
—Son ya 3.6 millones de empleos registrados en el IMSS en este sexenio, ¿cuántos son nuevos empleos y cuántos son incorporación al sector formal?
No tenemos esa estadística, pero no hay que pensar que la formalización es un asunto menor. Trae aparejada salud para los trabajadores y sus familias; un sistema de ahorro para el retiro y la posibilidad de acceder a créditos para el consumo o para vivienda. Es una buena noticia para los trabajadores, pero también para la economía del país porque también sabemos que la informalidad es altamente improductiva.
Hoy 56% de las personas ocupadas están en la informalidad, generan alrededor de 25% del Producto Interno en nuestro país; pasar a la formalidad también significa entrar en un esquema en donde los trabajadores son mucho más productivos.
Pensando en un ecosistema tan dinámico como el laboral, ¿qué ajustes vamos a requerir en el marco normativo, legal, inspección, para hacer frente a la siguiente generación de cambios que está ocurriendo en ese mercado?
Cuando revisamos los cuestionamientos que se hicieron a la reforma laboral del 2012 y las expectativas anunciadas respecto de esa reforma, la reforma cumplió absolutamente con las expectativas que anunció, porque estas cifras de comportamiento del empleo no se pueden explicar sin la reforma.
Una parte muy importante es que no hay prácticamente empleo de salario mínimo en los empleos nuevos que se han creado en nuestro país en los últimos años.
Hoy tenemos menos de 17,000 personas registradas en el Seguro Social con un salario mínimo. Esto es una reducción de más de 200,000 personas que estaban registradas en 2012 con un salario mínimo. Una parte importante está en alrededor de dos salarios mínimos, ciertamente, pero casi el 30% está en cinco salarios mínimos para arriba, o sea más de 1 millón de empleos de los que se han creado son empleos de cinco salarios mínimos hacia adelante. Esta cantidad equivale a todos los que se crearon en el gobierno de 2000 a 2006 en total.
—En los aspectos cualitativos del mercado laboral, hay dos temas donde los resultados no son tan positivos: productividad y remuneraciones, ¿cuál es su visión, como secretario?, ¿qué le toca hacer al gobierno, a la STPS, a los empresarios y qué a los sindicatos, a los trabajadores?
Esta administración ha hecho un esfuerzo para lograr la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. El salario mínimo en nuestro país en el 2012 era distinto dependiendo de tres áreas geográficas, pero el promedio era 60 pesos diario. En la última revisión, que fue la de noviembre-diciembre, se fijó en 88 pesos y centavos y es uno solo para todo el país. El incremento en términos reales, descontando el efecto de la inflación, es entre 17 y 18%. Los salarios contractuales también han tenido incrementos constantes, en esta administración se frenó el deterioro.
Un dato relevante es la informalidad. La mayor parte de las personas ocupadas en México están en la informalidad; arrancamos esta administración con 60.2 o 60.3% y estamos ahora un poco por debajo de 57%. Hay una reducción de poco más de 3 puntos porcentuales en las tasas de informalidad laboral, pero tenemos diferencias abismales dependiendo de las distintas regiones del país. Reducir la informalidad es clave porque los niveles más bajos de salarios están en la informalidad. La mayoría de personas que ganan un salario mínimo están en la informalidad,
Las regiones del país con menor evolución a la industrialización tienen porcentajes de informalidad de alrededor del 80%. En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, solamente 2 de cada 10 personas ocupadas están en la formalidad y generalmente están en oficinas de gobierno. Son estados que no tienen muchas opciones de trabajo formal.
En Nuevo León, Coahuila, Baja California, entre 60 y 70% de las personas ocupadas están en la formalidad. Ahí se produce un círculo virtuoso: hay incentivos para incrementar la productividad y un movimiento en los salarios vinculado con la productividad. Esto ocurre en muchas industrias fundamentales para el país como la automotriz y la minería. Hay buenos resultados en mejora de salarios relacionados con la productividad, pero hay que reconocer que eso ocurre principalmente en la parte más moderna de la economía, vinculada al sector exportador.
—En las negociaciones del TLCAN, EU y Canadá están presionando mucho para que aumenten los salarios en México, ¿qué medidas ha tomado esta administración y cuáles quedan por tomar?
Es importante destacar que los negociadores y los representantes de los trabajadores de EU y en Canadá no tienen interés en subir los salarios de los trabajadores de México. Su interés es llevarse los empleos de México a sus países. El planteamiento de reglas de origen vinculado con salario es una manera de decir: no queremos que se generen más empleos en México. Ellos están en su papel, lo que no podemos es comernos la idea de que lo que pretenden es hacerle bien a los trabajadores mexicanos
—¿Qué oportunidades se desprenden para México de lo que están discutiendo en el TLC en materia laboral?
Sin duda nosotros lo estamos viendo como una oportunidad y así es como lo planeamos en la mesa de negociación. Mejorar la justicia laboral le sirve sin duda a la economía de nuestro país, a los trabajadores, ir a un esquema en donde la conciliación sea más sencilla es algo que nos interesa. Avanzar en la democracia en los sindicatos, es algo que nos sirve. Lo que nuestro país ha aceptado lo ha hecho convencido de que es una oportunidad para mejorar las cosas.
—¿A usted, como parte del gobierno, qué exigencias le parecen inaceptables?
En este momento, que la negociación está en curso, no puedo hablar de los temas en donde todavía hay diferencias significativas. Sería inoportuno, pero ciertamente hay cuestiones donde el gobierno de México dice: esto no se puede, y no se puede porque no le sirve a nuestro país o porque legalmente es imposible.
—Hay un tema que aparece más como propaganda que como una acusación formal. Se dice que México está haciendo dumping laboral, ¿cuál es su visión del tema?
Algunos de los cuestionamientos que se han hecho a México tienen que ver con justicia laboral y también con democracia y transparencia sindical. La argumentación, sobre todo de organizaciones sindicales de los otros países, es que un empresario decide venir a México porque encuentra condiciones propicias en materia de justicia laboral y porque aquí podrá resolver sus diferencias con el sindicato de una manera mucho más sencilla que como tendría que hacerlo allá.
Hicimos una reforma constitucional el año pasado que está en la etapa final, en la aprobación de la legislación secundaria. Esa reforma ya está plasmada en el Artículo 123 de la Constitución y significa un cambio de fondo en la manera como se administra la justicia laboral en nuestro país. Estamos concluyendo esta reforma, lo haremos porque es el mandato de la Constitución. Pasar de un esquema de justicia administrativa tripartita en las juntas de Conciliación y Arbitraje a un esquema de justicia plena, porque los conflictos laborales van a resolverse en tribunales de pleno derecho.
La Constitución también establece reglas y obligaciones para los sindicatos que pasan por la necesidad de voto personal, libre y secreto de todos los trabajadores, no solamente para la elección de una dirigencia sindical, sino también para el registro de un contrato colectivo de trabajo. Ese es el mandato de la Constitución. Estamos en la última etapa, que es la aprobación de la legislación secundaria y el resultado tendrá que ser en los próximos meses. Es un proceso complejo ir a un esquema pleno de democracia en el registro de los contratos colectivos.
—¿Qué se está comprometiendo esta administración a entregar antes del 30 de noviembre?
Esta administración hizo la parte más importante, que es la reforma a la Constitución, ¿qué está pendiente?, la aprobación de la legislación secundaria; hoy el Senado ha iniciado un proceso de consulta con una propuesta en la mano que incluye una nueva ley, la Ley del Instituto de Conciliación y Registro Sindical, con modificaciones a cinco leyes adicionales y la propuesta es que si hay condiciones después de la elección federal entraremos en un extraordinario para su aprobación, si no hay condiciones tendrá que ser la próxima legislatura la que lo resuelva.
—Estamos muy cerca de concluir el sexenio, ¿Cuál sería el tema o los temas cruciales a la hora de entregar la estafeta por parte de la Secretaría?
Un tema central es la conclusión de la reforma. Si nosotros somos capaces de construir los acuerdos en el Legislativo para la aprobación de la legislación secundaria, vendrá un proceso clave: la implementación de la ley, algo que muchas veces nos cuesta trabajo en este país. Se va a conformar, por ejemplo, una nueva institución que es el Instituto de Conciliación y de Registro. Todos los registros de las actividades de la vida sindical se van a registrar en una sola instancia nacional. No habrá más registros de un sindicato en un Estado o en una Junta Local de Conciliación. La conformación de ese instituto es muy importante para que la reforma realmente garantice transparencia, eficacia y tiene además la responsabilidad de la conciliación que es un asunto muy importante.
En otros temas, creo que hay sectores de actividad que resultan claves y donde hay mucho por hacer. Es el caso de los jornaleros agrícolas. Hay todavía una brecha muy importante de incumplimientos, de falta de respeto a sus derechos laborales de trabajadores agrícolas, que son nuestros migrantes internos. El otro tema tiene que ver con minería, creemos que también hay que hacer un esfuerzo importante para garantizar que las cosas funcionen bien en la relación de los trabajadores y los patrones y en las obligaciones que tienen los patrones con esta industria.
El otro gran tema, que me preocupa y que me apasiona tiene que ver con la reforma tecnológica, con los cambios tecnológicos. La idea es tener un foro para abrir una discusión en la que todos los involucrados asuman el sentido de urgencia que tiene este tema y empecemos a trabajar seriamente para enfrentarlo.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-materia-laboral-2018-ha-sido-un-ano-lleno-de-noticias-positivas-20180531-0019.html
Confía Roberto Campa Cifrián se tenga la reforma laboral aprobada
El transitar de las Juntas de Conciliación al Poder Judicial implicarán inversiónRosario Bareño
SAN GABRIEL, JALISCO (OEM-INFORMEX).- Confía el Secretario del Trabajo a nivel federal Roberto Campa Cifrián que antes de que termine la actual administración se tenga la reforma laboral aprobada. “Ya se cuenta con la reforma constitucional al artículo 123, sin embargo, se requieren las leyes secundarias”. Se tiene un acuerdo que “la justicia laboral tendrá cero carga (económica)”.
Aunque, reconoció que el transitar de las Juntas de Conciliación al Poder Judicial implicarán inversión, aunque no refirió de cuánto.
La primera parte de la reforma laboral, indicó ya concluyó que es la reforma a la constitución, y modifica el artículo 123.
Está pendiente la legislación secundaria, que es una ley especial para la conformación del instituto y modificación a la ley federal del trabajo, y a la del IMSS.
El senado comenzó consulta y confían que se resuelva en periodo extraordinario o próxima legislatura, indicó Campa.
Lo primordial es llevar las juntas laborales a los tribunales, hasta hoy los pleitos laborales se han resuelto en juntas de conciliación son esquemas de forma tripartita.
La Reforma Laboral plantea que la justicia va a los tribunales, el segundo cambio tiene que ver con transparencia y democracia sindical, es garantizar la firmeza en contratos colectivos, garantizar que los trabajadores se expresen, y el tercer cambio es administrativo es crear el Instituto de Conciliación que tendrá réplicas en las entidades federativas y a nivel federal se encargará de todos los registros de la vida laboral, los registros que tienen responsables administrativos. Dejará de suceder así y todos los registros de la vida se concentrarán en un Instituto Central.
https://www.eloccidental.com.mx/local/confia-roberto-campa-cifrian-se-tenga-la-reforma-laboral-aprobada-1720925.html
Quintana Roo: Trabaja en reforma laboral
Poder Judicial con STyPS y abogados
Cecilia SOLIS
BENITO JUÁREZ, 27 de mayo.– El Poder Judicial de Quintana Roo se mantiene al pendiente de las reformas laborales que se realizan a nivel central y en tanto, en colaboración con los agrupaciones de abogados de esta zona, implementa una serie de medidas y acciones para estar a la altura de estas modificaciones federales.
Para ello, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), José Antonio León Ruiz, mantiene un constante acercamiento y comunicación con las autoridades del ramo, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), así como diversas agrupaciones de abogados de esta ciudad, a fin de conocer su opinión en torno a estas reformas federales.
En este tenor, el magistrado presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la STyPS, Catalina Portillo Navarro, así como con representantes de agrupaciones de abogados de esta zona, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos de implementación de la reforma laboral aprobada a nivel federal el año próximo pasado.
En dicha reunión, León Ruiz presentó una propuesta de actividades de capacitación que el Poder Judicial del Estado, así como las acciones que se promoverán hacia el interior de la Institución, a los abogados postulantes y ciudadanía en general, con el fin de socializar la justicia laboral.
De igual manera, se abordaron temas relativos al seguimiento del status de la reforma laboral pendiente de aprobación por el Senado y Diputación en el Congreso de la Unión, así como la reforma constitucional local, y en tanto, el Poder Judicial de Quintana Roo, promoverán conferencias, cursos talleres y especialización en materia de justicia laboral.
http://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/53462-trabaja-en-reforma-laboral.html
Aguascalientes: Intentará no dejar pendiente Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del poder judicial
Claudia Rodríguez Loera · 28/05/2018
- Concluirá actual magistrado presidente varios proyectos antes de la llegada de la nueva titular del Poder Judicial del Estado
- El 30 de abril se podrá consultar digitalmente los expedientes y resoluciones e inicia el uso de la firma digital
Durante los poco menos de dos meses que le queda en el ejercicio del cargo como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, deberá concluir aún varios proyectos antes de que el 24 de julio tome posesión la nueva titular del Poder Judicial de Aguascalientes, Gabriela Mendoza Castorena.
Uno de estos es el poner en marcha el expediente digital en el Poder Judicial, un objetivo que se había visto aplazado y que ahora formará parte de las herramientas que facilitarán el servicio que brindan, ya que a partir de que se ponga en marcha el 30 de mayo, los abogados, y en general los usuarios, podrán consultar todo tipo de resoluciones a través del portal oficial de este ente de impartición de justicia.
Ponce Sánchez informó que el 30 de mayo, a la par que arranca el funcionamiento de los expedientes digitales a disposición en la página web del Poder Judicial, también inicia el uso de la firma digital, luego de un trabajo de cuatro años para que sea posible.
Coincidente con el fin del cargo de Juan Manuel Sánchez, se hará entrega al Poder Judicial del juzgado sexto familiar a fin de que inicie funciones el 2 de julio del presente año.
El aún magistrado presidente manifestó como una de sus satisfacciones el que le correspondiera la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que para ello haber se incrementara la plantilla de trabajadores de 700 a 900, así como en un 30 por ciento la infraestructura disponible con nuevos edificios en Pabellón de Arteaga, Jesús María, Rincón de Romos, Calvillo en Aguascalientes capital.
Entre los pendientes que dejará luego de su gestión, señaló que falta fortalecer el Sistema de Justicia en el tema de Mecanismos Alternos o Centro de Mediación Penal, para el cual comenzará a trabajar en los próximos días en un edificio totalmente concluido.
Consideró que uno de los temas que aún falta responder adecuadamente a la ciudadanía, es en los de la impartición de justicia familia, civil y mercantil, pues aún es necesaria más infraestructura y nuevas leyes para cumplir con mayor prontitud, “nos vimos atrasados porque a nivel federal se estableció que ellos iban a ser los encargados de expedir en nuevo código de procedimientos civiles y familiares, no ha salido, entonces ya no me permitió trabajar en la implementación”.
Reconoció que uno de los asuntos que le hubiera gustado concluir en la implementación de la justicia laboral, ya que con antelación estuvieron trabajando en ello; sin embargo, el legislador federal decidió aplazar la nueva Ley del Trabajo, atando a los poderes judiciales locales para arrancar ese sistema, mismo que consideró que luego de las elecciones habrá de retomarse.
“Mi trabajo como magistrado concluye en el año 2021, significa que luego de los próximos tres años, yo regreso a mi puesto de magistrado en la Sala Penal”, destacó Ponce Sánchez, quien decidió no buscar la reelección en el cargo, al considerar que esto no beneficia a ningún ente de impartición de justicia, ni de gobierno.
ELECCIÓN CON TOTAL AUTONOMÍA
Juan Manuel Ponce apuntó que la elección de la nueva magistrada presidente se realizó con base en la total autonomía que ostenta el Poder Judicial, por ello la decisión se toma al interior de éste.
Apuntó que en reunión a la que se convoca y están presentes únicamente los siete magistrados, a puerta cerrada los interesados presentaron su plan de trabajo; luego de la exposición cada uno de los electores tomó una decisión personal, emitida a través de un voto secreto, sobre quién consideraron que puede ser la persona idónea para dirigir los destinos del Poder Judicial durante cuatro años, con derecho a reelección.
“En este caso, todos los magistrados que en ese momento estábamos ahí tenemos muchos años en el Poder Judicial y la magistrada electa particularmente se forjó como secretaria de acuerdo, después fue juez penal, familiar y luego magistrada y a partir del 24 de julio, presidente; cuenta con amplia trayectoria y estamos seguros que va a dar continuidad a nuevos proyectos y garantiza que la transición será en bien del propio Poder Judicial, a fin de que mejoremos cada vez más la manera de impartir justicia”, expuso Ponce Sánchez respecto a la titular electa para el Poder Judicial.
http://www.lja.mx/2018/05/intentara-no-dejar-pendiente-juan-manuel-ponce-sanchez-magistrado-presidente-del-poder-judicial-de-aguascalientes/
Puebla: Inversión de empresas extranjeras no ha beneficiado a trabajadores: Sitiavw
Viernes, 25 Mayo 2018 14:11
Constanza Pérez @Constan_ph
También criticaron al gobierno del PRI, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la CROC de ceder a favor de las empresas y no de los trabajadores.
- Durante el foro que organizó el Sindicato de trabajadores de Volkswagen en México reconocieron que la inversión realizada por las empresas extranjeras no ha beneficiado a los trabajadores ya que sus sueldos siguen siendo precarios.
Señalaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump quiere que en un año los aranceles para las empresas automotrices sea del 25 por ciento, sin embargo aún no saben si se aplicará para Corea, Alemania u otros países. Agregaron que es una forma para presionar a México y Canada a aceptar las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en beneficio a Estados Unidos.
También criticaron al gobierno del PRI, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la CROC de ceder a favor de las empresas y no de los trabajadores.
También hubo críticas hacia Ricardo Anaya y José Antonio Meade que no le han dado respuesta a este sindicato sobre las propuestas y mejoras que tienen para ellos en caso de ganar. Quien si respondió fue el candidato de Morena, Manuel López Obrador. A quien no le hicieron la petición fue a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ porque aún no era candidato aunque señalaron que tampoco valdría la pena.
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