El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se han perdido 70 mil 926 empleos en lo que va del mes.
El mandatario precisó que la cifra es hasta el 21 de diciembre y que espera que el mes concluya con no más de 100 mil puestos de trabajo perdidos.
“Pero diciembre es atípico porque todos los diciembres, desde que sea creó lo del llamado outsourcing, se despiden trabajadores para que no les den aguinaldo y se cae el número de empleos. Es increíble de que como en noviembre se tienen 100 mil empleos nuevos por eso es lo de la subcontratación”, dijo.
López Obrador explicó que desde agosto el País había recuperado 600 mil empleos, luego de la crisis económica derivada por la pandemia de Covid-19.
Y recordó que gracias al esquema de subcontratación, cada mes de diciembre de los últimos años se despiden alrededor de 300 mil trabajadores.
Hasta ahora 21 de diciembre hemos perdido 70 mil 926 empleos. Si se mantuviese esta tendencia no llegaríamos a 300, espero que lleguemos a 100 mil. Sería distinto, claro; de casi 600 mil bajamos a 500 mil de los recuperados”, dijo.
La pérdida de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se acentuó después del 15 de diciembre, indicó.
Este año el Congreso inició el periodo ordinario con una pandemia pisándole los talones. De febrero a abril los asuntos en materia laboral fueron pospuestos y fue hasta finales de 2020 cuando, principalmente, la Cámara de Diputados aceleró los trabajos. Pero reformas fundamentales, como la de subcontratación o la de los salarios de la burocracia, siguen pendientes porque su discusión fue pospuesta para el próximo año.
En opinión de Alfonso Bouzas Ortíz, coordinador del Observatorio de la Reforma Laboral, también urge legislar el empleo en plataformas y mejorar la regulación del teletrabajo. También es necesario proteger a las personas que laboran como demostradoras en una tienda de autoservicio.
“Nos enfrentamos a un escenario global con nuevas reglas de administración del trabajo. Pero con viejos problemas laborales que deben verse con los ojos de la modernidad”, señala en entrevista. No sólo el Congreso, sino empleadores y trabajadores tendrán “que ser receptivos a los cambios”.
Este 2020 significó el inicio de la segunda etapa de la reforma laboral, considera el reconocido laboralista. La primera se desarrolló de 2017 a 2019. “Este periodo fue fructífero, menos de lo que hubiéramos querido, pero se tocaron temas básicos que había que reformar”. Entre ellos, el teletrabajo y la reforma de pensiones.
También “se incorporaron temas que no eran viables en la primera etapa, como la subcontratación”. Sobre este asunto existen varias propuestas. Pero la que tiene el mayor peso es la del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Gobierno gana primer round
La dictaminación de la iniciativa de López Obrador en materia de terciarización fue pospuesta en la Cámara de Diputados hasta febrero de 2021. Pero el primer round lo ganó el gobierno federal, dice el doctor Bouzas.
El Ejecutivo federal “no pretende suprimir toda la subcontratación, pues comprende que hay una que se justifica y tiene una razón de existir, que es la de bienes y servicios”. Lo que sucede es que luego que el gobierno de Felipe Calderón permitiera ese esquema “se abusó y se abrió un mercado de subcontratación de fuerza de trabajo”.
Entonces, la iniciativa presidencial permite que las empresas subcontraten los bienes y servicios que requiere su compañía. Lo que prohíbe y sanciona es que la transacción sea de la fuerza de trabajo de las personas, reitera.
“Los empresarios dicen que va a bajar el empleo y eso no es cierto. Si dejan de emplear, quién les va a poner a funcionar sus empresas. No pueden prescindir del trabajo. Pero ahora simplemente tendrán que ser responsables”.
Tampoco se incumple con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), subraya. Al contrario, dice, a los otros países les convendrá que éste dejó de ser una competencia desleal. “Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto salieron al extranjero a venderlo como un paraíso laboral y fiscales. Y ni es ni uno ni otro, se tienen que pagar salarios dignos y prestaciones como en cualquier otro lugar del mundo”.
Otra de las quejas de la iniciativa privada es que necesitaban más tiempo para hacer las nuevas adecuaciones y el gobierno se los concedió. Y en ello va la confesión de que, si necesitan un espacio para regularizarse, es porque “llevan relaciones laborales irregulares”.
Salarios de burócratas subcontratados
La nueva reforma de subcontratación será discutida en la Cámara de Diputados hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Pero en el periodo ordinario de sesiones que concluyó este martes en San Lázaro avanzaron en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, un tema que ha generado descontento porque nadie podría ganar más que el presidente del país. Eso implica que a muchas personas les reducirán el sueldo, como ya ocurrió con su aguinaldo.
“En esto todavía no se define una política laboral, porque hay contradicciones”, comenta el académico. El gobierno es uno de los principales subcontratadores e inició su administración recortando personal por porcentaje, lo cual fue “un error tremendo”.
Posiblemente, derivado del tema de subcontratación se tenga un acuerdo sobre este tema, opina. “Me atrevería a decir que todavía no está perfilado el tratamiento que se va a dar al ejército de subcontratados”. Y la posible solución, o sea, otorgarles plazas definitivas, costaría millones.
Bajarles los salarios no es del todo adecuado, dice. “Porque deben tener garantías de que no van a ser corruptibles y eso se relaciona con un salario decoroso. No creo que en esta segunda etapa se legisle al respecto.
Congreso pide prórroga
La Cámara de Diputados ha aprobado tres veces la legislación para regular los salarios de los funcionarios públicos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ha rechazado en dos ocasiones. Esta vez, previo a que el Senado diga la última palabra, nuevamente el máximo tribunal debe pronunciarse.
El Senado solicitó una prórroga a la Corte para aprobar las modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a más tardar el 30 de abril del 2021, último día del siguiente periodo ordinario de sesiones.
Los senadores argumentaron que la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con la cual se atiende la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte sobre la nueva Ley, no ha logrado los consensos políticos necesarios para ser discutida y aprobada por el pleno y, además, la emergencia sanitaria ha complicado los procesos legislativos.
La SCJN ya había otorgado una prórroga al Congreso de la Unión para modificar los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a más tardar el 15 de diciembre de 2020.
En un comunicado, la Cámara Alta reconoció que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda ya “aprobaron el dictamen correspondiente, el cual atiende puntualmente las consideraciones esgrimidas en la sentencia de mérito, con el objeto de superar el problema de inconstitucionalidad”. Pero las dificultades para lograr los consensos han dificultado su votación el pleno.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue promulgada en noviembre de 2018 y abrogó una legislación con el mismo nombre. Uno de los objetivos, fue fijar un tope salarial para los funcionarios con base en el sueldo del presidente, enfatizando que nadie podría ganar más que el titular del Poder Ejecutivo.
La Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos 6 y 7 de la nueva Ley, después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de oposición promovieran esta acción.
En su análisis, la Corte reconoció que los artículos vinculados a los topes salariales “permiten fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de 24 de agosto de 2009, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja”.
El outsourcing o subcontratación es indispensable y no va a desaparecer, excepto si pretende sustituir la nómina de una empresa con trabajadores subcontratados a través de un tercero, señaló José Manuel Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco Servytur) y uno de los participantes en las reuniones entre funcionarios federales y la IP.
Ya no se permitirá que los trabajadores dedicados a la actividad que constituye el objeto social de la empresa contratante sean suplantados, de modo que, si se dedica, por ejemplo, a producir un determinado artículo, no podrá subcontratar trabajadores para hacer eso mismo, pero sí para tareas como servicios corporativos, vigilancia, obras especializadas, jardinería u otras, expuso Campos en entrevista con Aristegui Noticias.
Luego de varias reuniones entre funcionarios federales y dirigentes empresariales y sindicales, el miércoles 9 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, anunciaron un acuerdo preliminar para extender el plazo tanto para definir aspectos pendientes de la reforma para regular el outsourcing y dar tiempo a las empresas para regularizar su situación en esa materia, y pedir a los legisladores pospongan su discusión de la reforma legal para febrero de 2021.
Campos estima que, aun cuando la discusión y aprobación legislativa de la reforma hubiese ocurrido en este mes de diciembre, es necesario un período de transición de alrededor de 3 meses, por lo que la aplicación de la nueva ley entre en vigor en marzo o abril de 2021.
Presente en las reuniones con las autoridades, Campos señaló que fue precisamente la definición de lo que se puede y lo que no se puede hacer lo que hizo demorar las discusiones, pero en el fondo el espíritu es que no haya sustitución de nómina ni de patrones, y que se evite el abuso que se ha dado con la facturación de servicios y los derechos de los trabajadores al no reconocerles sus prestaciones.
“En los grandes conceptos que dieron origen a esta iniciativa ya estamos de acuerdo”, afirmó.
Rechazaron suscribir el acuerdo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) bajo el argumento de que el convenio preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.
¿Qué sigue?
En los próximos tres o cuatro meses, las empresas que sí tienen sustitución de nómina deberán incorporar a los trabajadores subcontratados a su nómina, definir en su caso qué se puede y qué no se puede subcontratar y comenzar a trabajar en las fórmulas para determinar el reparto de utilidades, indica el dirigente empresarial.
Explicó que una de las propuestas que está sobre la mesa es la responsabilidad solidaria del contratante con el contratado, lo que significa que, si la empresa especializada que es subcontratada no paga las prestaciones correspondientes a sus trabajadores, la compañía contratante tendría que pagarlas.
Y un asunto que todavía no se ha discutido, señala Campos, es la deducibilidad de las prestaciones, un tema de interés principalmente de las MiPymes y que evitaría incentivar la informalidad.
“Una de las formas como deben contribuir estas modificaciones a la subcontratación es con una mayor inclusión del sector de trabajadores a todas las prestaciones, de salud, financiera, vivienda, etcétera”, apunta.
Antes de la pandemia la informalidad era de 60% en ese sector, y si no se toman medidas para evitar su incremento durante la reactivación ni hay un cambio que incentive a estos negocios a pasarse a la formalidad, el país no podrá crecer a mayores tasas, anticipa.
Aclaró que, aunque se trata de una reforma laboral, sus efectos son fiscales, de pago de derechos y de lo que es deducible y lo que no para efectos del ISR, pues finalmente lo que se requiere es poder definir cuál es el costo para los inversionistas.
Son los puntos que están pendientes de resolver, la implementación, los tiempos y las formas, pues en lo fundamental ya hay acuerdo, bajo dos objetivos: tutelar los derechos de los trabajadores y la productividad de las empresas, indicó el presidente de Concanaco Servytur.
Consideró que las empresas deben empezar por comprender que habrá una modificación y que tienen que empezar a trabajar en reestructurar sus modelos de contratación a efecto de estar acordes para cuándo entre en vigor la ley.
“El sector empresarial ve con buenos ojos el que se tutelen los derechos de los trabajadores, pero que no se afecte la productividad de las empresas”, concluyó el dirigente empresarial.
Tras varias reuniones, la iniciativa privada y el gobierno federal, acordaron posponer la reforma a la subcontratación laboral
Desde hace semanas, líderes empresariales e integrantes de distintas cámaras y agrupaciones de la iniciativa privada, llevaron a cabo diversas reuniones con representantes del Gobierno Federal, para analizar la iniciativa para regular la subcontratación laboral, conocida como outsourcing.
Si bien se habían logrado algunos consensos, como la eliminación del insourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se resistía a eliminar ciertos puntos de la iniciativa como, la entrada en vigor de la reforma, misma que se tenía prevista para enero de 2021.
Sin embargo, la IP, el sector obrero y el Gobierno Federal, acordaron que no se criminalizará ni eliminará el outsourcing, aunque sí se mantendrán las sanciones contra los empresarios que abusen de esta modalidad laboral. Asimismo, los empresarios deberán garantizar que la subcontratación reconozca los derechos laborales de los trabajadores y se otorguen las prestaciones como aguinaldo, ahorro para el retiro, pago de utilidades y liquidación.
Los puntos del acuerdo
En este sentido, se comprometieron a cumplir con los siguientes acuerdos referentes al outsourcing:
Resolver el problema del abuso de subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo.
Reparto de utilidades. Pese a que no ha quedado definido, se iniciará un proceso de consulta para analizar un sistema de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago.
Se pospone hasta el mes de febrero de 2021, la discusión de la iniciativa, misma que en su momento, se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y aprobarse.
Las empresas que manejan nóminas, deberán de dejar de desarrollar prácticas irregulares que perjudiquen a los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.
En tanto, el IMSS, Infonavit y el SAT, harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o la posible comisión de delitos, se procederá administrativa o penalmente.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le está causando preocupación la transición que el Gobierno llevará a cabo para los trabajadores que no son de base, en el marco de la reforma al outsourcing, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Esto, pese a que aún no se ha detallado el plan.
«Tenemos conocimiento de que al interior del Gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Hacienda, hay preocupación por los impactos presupuestales que esto pueda generar», dijo Gustavo de Hoyos, líder del organismo, en conferencia de prensa.
Asimismo, consideró que el incrementar la plantilla de personal burócrata debe ser analizado según las necesidades y sin presionar los presupuestos.
«Antes de incorporar hay que revisar si ese trabajo, esa función, es sustantiva para el Gobierno, es indispensable arroja valor, tratándose del tipo de trabajo que se pretende contratar», explicó.
Para De Hoyos, es en el Gobierno donde prevalece el mayor reto en reformar la figura de la subcontratación y donde se dejó de vigilar el correcto funcionamiento de dicho esquema de contratación.
«En la mayor parte del sector privado las prestaciones (entre trabajadores de base y los que no lo son) eran similares, sino que iguales, en el Gobierno federal existía esta gran asimetría», dijo.
Asimismo, consideró que es incorrecto generalizar a la subcontratación como una mala práctica, pues en el caso del sector privado, la «inmensa mayoría» cumple con las normativas emitidas para el outsourcing y, en todo caso, lo que ha fallado es la vigilancia por parte del Gobierno.
«Y también sabemos que la autoridad, desde sexenios anteriores y en el actual, ha sido indolente, permisiva, no obstante que existen las facultades, las atribuciones y la información, tanto en el SAT, en el Seguro Social, como en el Infonavit y desde luego en la Secretaría del Trabajo y no han cumplido con su obligación de fiscalización.
«Ha habido una tolerancia culposa por parte de las autoridades, al no llevar a cabo sus actividades de revisión y fiscalización para esos casos», acusó.
El líder empresarial aseguró que desde Coparmex se defenderá la libertad de los mecanismos de contratación, que incluyen la contratación individual, la colectiva y la subcontratación, que en todo caso requieren ajustar su regulación, pero no prohibirse.
«Cualquier cosa que vaya contra eso afecta primero a los empleos actuales, segundo a la creación de empleos y la competitividad del País y sus empresas, dado que es una práctica extendida internacionalmente», consideró.
De Hoyos anticipó que, por ahora, no hay nada definitivo sobre las reformas a la subcontratación, por lo que las negociaciones siguen sobre la mesa en busca de un acuerdo común, que respete la libertad de los individuos y de las empresas.
«No aceptaremos nada que ponga restricción a la libertad de contratación», aseguró.
Además de que se les dieron todas las comodidades para operar, las empresas de outsourcing o subcontratación, también gozaron de beneficios fiscales a través de condonaciones aprobadas en la administración de Enrique Peña Nieto.
Con una búsqueda simple en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es posible dar con registros de condonaciones fiscales a empresas de outsourcing. Aunque no de todas se especifica el monto, el dinero de impuestos que no pagaron asciende hasta los casi 130 millones de pesos en tan solo cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto.
Una revisión hecha por SinEmbargo a documentos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ubicados en la PNT, más de 50 empresas en ese periodo lograron obtener beneficios fiscales bajo los términos de cancelación y condonación, la mayoría, según el SAT, porque no fueron localizadas o se declararon insolventes.
Si bien desde el año 2000 la subcontratación está permitida en México, fue desde la Reforma Laboral de 2012 cuando se dio una apertura total a estas empresas. La idea inicial fue darle una especie de respiro a los empresarios a través de la disminución de los costos de contratación, pero en la práctica, las empresas de outsourcing provocaron la precarización del trabajo; “el negocio de la precariedad laboral”, de acuerdo con expertos.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por los censos económicos de 2004 a 2019, son claros: la subconcontratación fue año con año en aumento. En 2004, la cantidad de personal contratado por outsourcing era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.
De acuerdo con Fundr, Centro de Investigación y Análisis, los beneficios ficales son programas de gobierno de corta duración que ofrecen diversos beneficios fiscales a las personas, “a cambio de que se pongan al corriente con sus pagos”.
“Aunque se perdonan grandes deudas, las amnistías permiten recuperar recursos que son usados por el gobierno”, agrega la organización, pero indica que para que sean efectivas, “deben ocurrir de manera extraordinaria. Si se utilizan constantemente, los contribuyentes (sobre todo los más ricos) comienzan a evadir o retrasar el pago de impuestos porque saben que en cualquier momento se les perdonará de nuevo”.
Lo que hay en la información del SAT, son algunas cantidades pequeñas, pero de otras empresas tienen más de una condonación, como es el caso de Outsourcing Prestadores de Servicios SC de RL de CV, a quien le fueron perdonados 29 millones 800 mil 664 pesos entre 2015 y 2016.
Esta empresa todavía en abril de 2019, apareció en el Registro central de agencias de colocación de trabajadores, que de acuerdo con Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), muestra la información actualizada sobre la ubicación y datos de contacto de las empresas legalmente constituidas, con el fin de facilitar la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo.
Sobresalen por la cantidad Outsourcing Backup Services SC a quien en 2014 le cancelaron el pago de 26 millones 212 mil 196 pesos; a ACE Outsourcing & Services SC, 20 millones 142 mil 903 pesos y a SDH Servicios de Outsourcing SA de CV, 19 millones 724 mil 346 pesos, también en 2014. De estas tres empresas no hay información alguna de operaciones.
En la lista están incluídas empresas de limpieza, de industria textil, turismo y de servicios profesionales.
Datos del Inegi indican que la subcontratación se concentró en actividades comerciales (33.5 por ciento), servicios privados no financieros (27.4 por ciento), manufacturas (25.9 por ciento) y en otras actividades como pesca, acuicultura, minería, electricidad, construcción, transportes, servicios financieros (13.2 por ciento).
La subcontratación marcó a una generación completa que entró a un mercado laboral que optó por este mecanismo. La generación de los millennials, en su mayoría, entraron a trabajos en los que ya no hay la promesa de una pensión y de otros tantos derechos laborales. A la par, les ha tocado nadar entre vicios empresariales que solo profundizan las malas condiciones laborales, porque es aceptar las condiciones de la subcontratación o el desempleo.
El 12 de noviembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una reforma en materia laboral para modificar el esquema de subcontratación con el fin de ordenar el esquema y deje de ser una posibilidad para la evasión fiscal y afectar a la población trabajadora en sus prestaciones. Luisa María Alcalde explicó ese mismo día que la propuesta de ley busca resolver el problema y los abusos de la subcontratación.
Tras reunirse por tercera ocasión, la industria privada y el gobierno federal continúan sin lograr un acuerdo para regular la subcontratación laboral, lo que reduce las probabilidades de que la iniciativa de reforma se despache en este período legislativo, que concluye el 15 de diciembre.
Al salir de Palacio Nacional, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que luego de llevarse a cabo una larga reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no hemos llegado a un acuerdo”, por lo que se reunirán la próxima semana.
Fuentes al tanto de la negociación afirmaron que, luego de casi tres semanas de pausa en el proceso legislativo de la iniciativa, los tiempos “no dan” para concluir el trámite este año, por lo que la reforma se resolvería ya en el 2021.
En tanto, Carlos Salazar asevero que la modificación a la iniciativa presidencial ha avanzado en muchos puntos, “creo que la manera en que se ha hecho el diálogo ha sido muy positiva”, dijo, además de señalar que se está avanzado en un “tema que evidentemente es complejo”.
Al ser cuestionado sobre cuáles son los temas que no permiten llegar a un acuerdo, Carlos Salazar, indicó que lo complejo del asunto es realizar un cambio completo a este sistema de contratación del que forman parte muchos mexicanos. “Vamos a poder explicar muy bien cuáles figuras van a ser factibles de aplicarse y cuáles no”, explicó.
Asimismo, ante la posibilidad de llegar a un acuerdo para desaparecer el outsourcing e insourcing, Carlos Salazar, mencionó que “no creo que eso deba de ser una conclusión hoy, porque no sabemos exactamente que figuras se van a tomar, y lo más importante, que actividades si van a ser permitidas y cuáles no, creo que eso va a quedar más claro la próxima semana”. En tanto, sobre la entrega de PTU o reparto de utilidades, comentó que no es parte del análisis ahora.
Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de Concamín, afirmó que los equipos técnicos están avanzando mucho en las negociaciones y sólo están ajustando los tiempos de implementación de la reforma sobre la subcontratación, pues, dijo, la IP necesita al menos seis meses para lograr una transición al nuevo sistema de contratación, en específico para el insourcing.
El reparto de utilidades entre los trabajadores se ha convertido en la manzana de la discordia en la discusión entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada sobre la reforma al outsourcing.
Una fuente cercanaa la negociación dijo a El Sol de México que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) se está convirtiendo en un punto “crítico” para llegar a un acuerdo, ya que las cámaras empresariales piden que se limite a un máximo de dos meses.
“El PTU es algo que se ha eludido cuando una empresa contrata gente a través de un tercero. La ganancia se la quedan las empresas, porque los trabajadores están contratados bajo otra razón social ”, explicó Alejandro Avilés, asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
La ley establece que la PTU, también conocida como el reparto de utilidades, equivale a 10 por ciento de las ganancias netas de las empresas, mismas que se reparten entre todos los trabajadores, tanto de base como de confianza, sin importar la productividad.
Ante la desaparición de la figura del insourcing, práctica mediante la cual algunas empresas contratan personal a través de una filial propia para liberarse del pago de utilidades, el gobierno quiere que el PTU se otorgue en función de la productividad de cada empleado.
Manuel Fuentes, especialista en Derecho Laboral, Dijo que aun cuando el Gobierno Federal y la iniciativa privada lleguen a un acuerdo sobre el total a pagar en utilidades de los trabajadores, la discusión de este punto debe tomarse con delicadeza, ya que de eliminarse o reducir el pago de PTU los trabajadores serán los principales afectados.
Según el experto, también podría generar conflictos laborales en cada empresa si se acuerda poner en función de la productividad de los empleados.
El 30 de noviembre, al término de una reunión en Palacio Nacional, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que los únicos “detallitos” que faltaban por discutir con el Gobierno eran los periodos para el pago de la PTU.
Dijo que este viernes se darían a conocer los acuerdos finales de la negociación, pero adelantó que se pactó eliminar la figura del insourcing.
AVANZAS
La administración federal y la iniciativa privada han llegado a algunos acuerdos, como la continuidad de la subcontratación de servicios y obras especializadas.
De aprobarse esta iniciativa, en los próximos días el emprendimiento tendrá un período de transición de seis meses para hacer los cambios necesarios para implementar la nueva normativa.
En los últimos días, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos del sector privado se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar un acuerdo en esta reforma.
Las quejas de algunos de ellos, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es que prohibir el outsourcing provocaría una mayor pérdida de empleos en el país.
“No entendemos por tenemosqué que pagar justos por pecadores, cuando hay muchas compañías que hacemos las cosas adecuadamente. «Entendemos que se debe actuar en el marco de la ley, pero la manera en que se está proponiendo no es la adecuada», comentó Francisco Martínez, director general de Grupo Adecco.
Según el directivo, existe el riesgo de caer en una sobrerregulación laboral en el país, por lo que se debe pensar en el beneficio de los trabajadores, quienes se han visto afectados en los últimos meses por la crisis sanitaria.
Este esquema de contratación es usado por las compañías para eliminar la «burocracia laboral», que implica reclutar, contratar o pagar a los trabajadores, entre otros asuntos que pueden ser ajenos a las actividades esenciales de una firma.
No obstante, Manuel Fuentes consideró que el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, próximo a vencer el 15 de diciembre, será un factor que presionará la aprobación y discusión de la reforma.
Lamentó que en la negociación no existiera una representación de los trabajadores. “Los trabajadores no han tenido una representación en la mesa. Todo el diálogo ha sido entre patrones y autoridades; es un tema altamente criticable porque obviamente debe de ser un acuerdo consensuado entre todas las partes ”.
Las personas cercanas al proceso refirieron que el último acuerdo que se alcanzó fue la creación de un registro para empresas prestadoras de subcontratación.
Con este programa se busca tener un control sobre estas compañías en el país para evitar que los trabajadores continúen en la precariedad laboral.
Los interesados en adherirse a este registro deberán solicitarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y si en 20 días no reciben una respuesta, quedarán integradas en el padrón.
Por una unanimidad, los diputados federales se declaron en sesión permanente hasta lograr emitir un dictamente sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de la subcontratación laboral o outsourcing.
La Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma al outsourcing y los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y la de Trabajo y Previsión Social se declararon en sesión permanente, a fin de continuar en la construcción del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el Ejecutivo Federal en materia de subcontratación laboral u outsourcing en México para llevarla a discusión de los grupos parlamentarios en el Pleno. Por unanimidad, así lo acordaron los integrantes de ambas instancias legislativas.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que toda vez que el trabajo consiste en aprobar el dictamen y que los grupos parlamentarios están considerando impulsar algunos acuerdos, es procedente que a partir de este momento declaremos reunión permanente, de conformidad con el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, subrayó, para continuar el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), anunció la realización del Parlamento Abierto sobre el tema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), para los días 3 y 4 del presente mes.
Al respecto, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron por unanimidad el Parlamento Abierto sobre la iniciativa respecto de la ley de pensiones.
Posteriormente, Baldenebro Arredondo declaró receso a la sesión permanente, acordada con antelación, a fin de reanudarla conforme se considere conveniente.
Este martes 1 de diciembre, los empresarios de México dieron un avance de las negociaciones en el tema de subcontratación y precisaron que dentro de los acuerdos que se tuvieron con los responsables de los secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se concluyó que van a eliminar el insourcing, como una forma de contratación de personal, comentó Francisco Cervantes Díaz, representante del sector empresarial.
Es importante mencionar que el término de insourcing, aclara Alejandro Elizalde Reséndiz, especialista en derecho fiscal, para Kudo y Niño de Rivera Abogados, se refiere a que el trabajador es contratado por una empresa legalmente constituida, pero lo realiza a través de otra dedicada al manejo de recursos humanos y esta última se encarga de hasta pagar la nómina de esta persona que no prestan directamente sus servicios en donde fue reclutada.
El 23 de noviembre, los empresarios iniciaron con una serie de reuniones para abordar la iniciativa enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, respecto a la regulación de la subcontratación laboral, conocida como «outsourcing», en el cual Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifiesto su beneplácito y confianza de que las reuniones tendrán un buen resultado.
Los patrones en México han externado que están de acuerdo en impulsar reformas en cuanto a la subcontratación laboral, pero existen artículos que deben de ser analizados con detenimiento por ambas partes para lograr un entendimiento que convengan a todos.
Destacó que existen artículos que están al 100 por ciento de acuerdo y adelantó que la próxima semana se van a reunir con AMLO para revisar los acuerdos que llegaron después de la sesión permanente que mantendrán con los funcionarios de las dependencias involucradas.
La iniciativa de reforma integral que armoniza la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, así como las leyes del Seguro Social, Infonavit, ISR e IVA prohíbe la subcontratación de personal que evita que una persona física o moral proporcione o tenga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros, destaca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Se permite los servicios especializados y las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa que los contrate. Las empresas de servicios u obras especializadas requerirán autorización de la STPS y formarán parte de un padrón público.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) acordó que discutirá hasta el próximo jueves 3 de diciembre, la iniciativa de reforma para regular la subcontratación laboral, también llamada outsourcing que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; mientras que, en Palacio Nacional, la cúpula empresarial y el presidente para negociar posibles cambios a dicha iniciativa esta tarde, a las 19:00 horas.
Asimismo, los legisladores en San Lázaro acordaron que, durante esta semana, sesionarán los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, donde entre otros temas abordarán: el martes, la declaratoria del año 2021 como Año de la Independencia y de la mexicanidad, así como de la grandeza de nuestro país. Además, harán declaratoria de constitucionalidad de los dictámenes de Juventud y Movilidad.
El miércoles, los legisladores como uno de los temas más relevantes de la sesión, convinieron que se aborde ese día, la iniciativa para una nueva legislación en materia de Protección Civil.
Mientras que el jueves, discutirán el tema de la reforma para regular el outsourcing y el teletrabajo, así como la agenda política del INE, en cuanto a los lineamientos de los legisladores para la reelección.
Entre otros asuntos, se acordó también que se pospondrá la comparecencia de Javier May Rodríguez, nuevo responsable de la Secretaría del Bienestar; además que analizará que los días lunes se habiliten para comparecencias telemáticas.
Durante la reunión también se comentó que las sesiones presenciales de la próxima semana (del 7 al 11 de diciembre) se ocuparán para atender temas constitucionales y finalmente se convino que durante esta semana se revisarán las minutas provenientes del Senado sobre reforma al Poder Judicial y legalización del uso de la marihuana.
