El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) funciona y mientras el Gobierno mexicano respete lo que está dentro del acuerdo, como temas laborales y ecológicos, el comercio fluirá “maravillosamente”, afirmó Gricha Raether, representante del Partido Demócrata estadounidense en nuestro país.
El diplomático aclaró que la llegada de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, a la Casa Blanca no debería afectar la relación comercial entre las naciones miembro del T-MEC, específicamente México, pues la relación bilateral va más allá de quien gobierne.
“Somos socios comerciales cercanos, realmente no debería cambiar. La relación es fuerte, sana, es una de las fronteras más activas del mundo”, señaló en su participación en el foro “Elecciones de Estados Unidos” que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Sin embargo, Gricha Raether señaló que la eventual administración demócrata pondrá atención, a diferencia de los republicanos, a las cláusulas referentes a los derechos laborales y ambientales; pues si hay violaciones por parte de México seguramente reaccionará el Gobierno americano.
“Si hay violaciones claras de los lineamientos dentro de ese tratado, es posible que la administración de Biden realmente levante la mano y diga: señores, si tenemos el tratado hay que respetarlo. Pero más allá de eso no debería cambiar la relación comercial bilateral entre los dos países”.
Ante la Concamin, aseguró que no se presentarán amenazas arancelarias contra los miembros del T-MEC, pues esas actitudes no muestran un respeto a los socios comerciales. Recordó que con dichas imposiciones fue como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, logró modernizar el TLCAN.
En el evento también participó Larry Rubín, representante del Partido Republicano en México, quien mencionó que la candidata vicepresidente de Joe Biden, Kamala Devi Harris, votó en contra del T-MEC sin motivos justos aparentes.
“Esperemos que Joe Biden le enseñe que la relación comercial entre México y Canadá es de vital importancia. Esperemos que a Biden le quede claro la importancia del T-MEC, creo que el comercio continuará creciendo”, dijo.
Para lograr lo anterior, remarcó, es necesario que México tenga políticas públicas claras, adecuadas para la inversión y empresarios.
La llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos acentuará la fiscalización para que México cumpla los compromisos laborales del T-MEC, afirmaron especialistas.
Benjamin Davis, director de Asuntos Internacionales de United Steelworkers, una de las centrales sindicales más grandes en Estados Unidos, dijo que si bien el Gobierno mexicano ha mostrado avances, como la construcción del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales, aún no se perciben cambios en las empresas.
«El problema es que hasta ahora no hay cambios en la gran mayoría de empresas: siguen las prácticas antidemocráticas de los viejos sindicatos de protección», consideró en entrevista.
Añadió que hay materia para que Estados Unidos interponga algún recurso contra México por violar la libertad sindical y con ello activar el panel de respuesta rápida para solución de controversias.
Si se pone en marcha este panel y no hay un acuerdo podría haber un bloqueo de exportaciones de la empresa que haya violado los derechos sindicales.
Estimó que las malas prácticas laborales son generalizadas, pero el foco está en la cadena automotriz y la minero-metalúrgica.
Davis adelantó que Biden tendrá muy presente la agenda laboral bilateral.
«Los sindicatos y los demócratas en el Congreso han insistido en la necesidad de respetar los derechos laborales, fortalecer los sindicatos y aumentar los salarios de los trabajadores mexicanos. Biden apoya esta agenda, y brindará recursos y voluntad política para cumplirla», comentó.
La relación entre sindicatos y Biden es muy cercana, y se considera que en su Administración resurgirá el sindicalismo, dijo Alberto Robles, experto del Instituto del Mundo del Trabajo, con sede en Argentina.
Muchos sindicatos declararon su apoyo a Biden, añadió, como la AFL-CIO, los afiliados a Change to Win, el Sindicato de Camioneros (Teamsters) y el SEIU (salud, servicios públicos y afines).
«Hay una relación mucho más fuerte de los sindicatos con el Partido Demócrata y en razón de ello habrá una mayor presión ahora para cumplir los temas laborales», opinó Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex.
Recordó que por presión de los demócratas se dio el acuerdo modificatorio del T-MEC, donde se incorporó el capítulo laboral y el mecanismo de respuesta rápida.
Añadió que Estados Unidos creó un órgano interinstitucional para dar seguimiento a la implementación de la reforma laboral en México, aunado a apoyos económicos para la aplicación de la ley y la presencia de agregados laborales asentados en la Embajada de EU en el País.
Pablo Franco, experto en temas sindicales, afirmó que la propuesta para regular el outsourcing en México tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos.
«Las más recientes presiones se dieron desde el Legislativo y no desde el Ejecutivo y específicamente de la Asamblea de Representantes, esto tiene que ver con esa relación de los demócratas con los sindicatos. Ya era parte de la conversación el hecho de que el outsourcing impide el ejercicio de la libertad sindical en México», consideró.
La iniciativa para prohibir el outsourcing puede ayudar a que México cumpla con sus compromisos en materia laboral contemplados en el T-MEC, porque se evitaría la rotación de los trabajadores de una empresa a otra y se combatirían contratos de protección, señaló Alejandro Encinas, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo.
Al participar en el taller «T-MEC-TIPAT: Aspectos laborales», Encinas aseguró que la aprobación de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados contribuirá a que se respeten los derechos laborales de los trabajadores.
«Esto puede favorecer a los compromisos que tenemos en el T-MEC, porque el outsourcing y el insourcing están vinculados con una alta rotación en una empresa fachada a otra empresa fachada, en donde los trabajadores llegan a contratos de protección.
«Hay estudios que consideran que 8 de cada 10 son contratos de protección negociados por sindicatos blancos, de espaldas a los trabajadores», comentó.
La intención de la iniciativa que prohíbe el outsourcing, dijo, es evitar que un tercero asuma la responsabilidad laboral de la empresa que está contratando servicios de subcontratación.
«De lo que se trata es que no se evada la responsabilidad laboral que un tercero no asuma una responsabilidad laboral en favor de una empresa beneficiada que finalmente es la que tiene que dar la cara por los trabajadores.
«Podrá seguir habiendo procesos de reclutamiento, capacitación, de apoyo para administrar nóminas, pero tiene que quedar claramente identificado quién es el patrón», comentó Encinas.
Admitió que si bien el outsuorcing está regulado actualmente en la Ley Federal del Trabajo, existen lagunas y contradicciones con las leyes fiscales y de seguridad social que tienen que armonizarse para evitar el uso abusivo de este esquema.
«De ninguna manera se trata esta iniciativa de perjudicar la competitividad y productividad de las empresas», subrayó.
Por su parte, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, opinó que el tema del outsourcing debería regularse acorde a las legislaciones de los socios comerciales, porque si se prohíbe, podría afectar las inversiones.
«Estamos de acuerdo en una mejor regulación, pero es una figura que se debe regular en forma coincidente con nuestros socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá, y no debemos caer en prohibición en la utilización de esa figura porque podría afectar inversiones y podría generar un conflicto entre los países», subrayó Loel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el arranque de la reforma laboral para cumplir con los compromisos asumidos en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En el Patio Central de Palacio Nacional, el mandatario afirmó que con el inicio de esta nueva etapa en ocho entidades del país se consolida un cambio profundo en la justicia laboral con la implementación de la democracia sindical, la implementación de los tribunales laborales y los centros de conciliación.
“Esta reforma también contempla el que se haga realidad la democracia laboral, que los trabajadores elijan a sus representantes que haya voto directo, secreto, que no haya imposiciones, que podamos avanzar en el establecimiento de la democracia en el terreno de lo laboral y desde luego esta reforma que coincide con nuestros ideales de transformación viene también a ser una respuesta a la petición que se formuló desde Canadá y Estados Unidos como requisito para la firma del nuevo tratado”, dijo.
Detalló que cuando se estaba negociando el nuevo tratado comercial una de las principales demandas fue que se llevara a cabo esta reforma, lo cual no significó un problema porque tiene coincidencias con los ideales del gobierno e incluso de otros partidos.
La primera etapa de la reforma entra en vigor en Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo.
Los principales elementos que plantea son el arranque de operaciones de los centros de conciliación y los tribunales laborales. Se prevé que 60 por ciento de los conflictos obrero patronales se resuelva por medio de la conciliación. Establece además que si en 45 días no hay acuerdo, el conflicto lo resuelva un juez en los nuevos tribunales.
Los tribunales laborales realizarán juicios orales ágiles, modernos y expeditos que se prevé se resuelvan en dos días.
“Estos cambios consolidan el proyecto de garantizar la democracia en todos los ámbitos, el compromiso asumido con nuestros socios comerciales y dan respuesta a una deuda histórica. Estimula el diálogo social y productivo para la vía idónea para alcanzar equilibrios, va a traer más y mejores inversiones generando a su vez empleos de mayor calidad, mejores salarios y mejores prestaciones”, expresó la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que gracias al esfuerzo interinstitucional se pudo cumplir con la meta trazada de implementar esta reforma en la que el poder judicial a través de los tribunales laborales implementará paridad de género y significará un hito para la igualdad sustantiva para reflejar de mejor manera la composición de la sociedad.
Entrevista con el abogado Ricardo Martínez, socio Fundador de De la Vega y Martínez Rojas.
Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, informó recientemente que planea presentar quejas laborales en contra de México, debido a que tiene «grandes preocupaciones» de que el Gobierno mexicano no tenga la capacidad de cumplir con las leyes laborales con las que se comprometieron al firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC.
El representante sindical advirtió que tiene planeado «estrenar» el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, con el que busca, entre otras cosas, detener las exportaciones de productos que sean elaborados bajo la violación de los derechos laborales de los trabajadores.
Uno de los instrumentos más innovadores del T-MEC es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, cuya función consiste en determinar si una planta o centro de trabajo cumple con la legislación laboral acordada.
Solo por citar un ejemplo, el T-MEC establece que, si una empresa estadounidense inicia una disputa contra una planta mexicana, las autoridades de México tendrán hasta 45 días para concluir si hay una violación o incumplimiento de los derechos laborales y, posteriormente, tienen hasta diez días para llegar a un acuerdo. Si no se logra solucionar el problema, Estados Unidos puede activar la opción de integrar un panel.
Sobre el tema este semanario acudió a entrevistar al abogado Ricardo Martínez Rojas, egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien manifestó que Estados Unidos sí se ha quejado mucho, y en especial el Partido Demócrata, de que por años hacemos dumping laboral, tenemos bajos salarios, y de que no se ha permitido libremente el derecho de sindicalización, y de Negociación Colectiva Efectiva. Para eso se llevó a cabo la reforma laboral del 2019, y se pactó en el anexo 23 «A» del T-MEC que se cumpliera con la Negociación Colectiva Efectiva, y el Derecho de Asociación.
La obligación primaria, dijo, es legitimar todos los contratos colectivos, termina esta obligación el primero de mayo de 2023. Entonces ahorita creo que Estados Unidos no se puede quejar de un incumplimiento, porque si está trabajando México para la Reforma, de hecho, la Secretaría del Trabajo ha hecho su función y el 18 de noviembre ya entran por lo menos siete Estados, aplicando la Reforma, y también entra el Centro Federal de Conciliación y Registros. Así que hoy no se puede hablar de incumplimiento. Lo que si vemos es que habrá muchísima presión de Estados Unidos para obligarnos a que cumplamos con esta Reforma.
El jurista, que tiene una Maestría en la Universidad de San Diego, y obtuvo el doctorado por la Universidad Panamericana, refirió que se estableció un sistema de solución de problemas rápido, en los anexos 31 «A» y 31 «B» del T-MEC, que implican paneles arbitrales, pero Estados Unidos ya está buscando la manera de interponer algunas quejas contra México, sin embargo, todavía no hay ninguna claramente violatoria. Entonces sí habrá mucha presión, Estados Unidos generó tres autoridades para revisar el cumplimiento, uno es una agencia intersecretarial, que la compone el Tesoro de los Estados Unidos, la Secretaría de Economía, y la Secretaría del Trabajo, pensamos que ahora que la tomen los Demócratas, va a ser mucho más fuerte, porque recordemos que los sindicatos en Estados Unidos, son parte del Partido Demócrata.
Ricardo Martínez Rojas abundó que por otro lado se creó un grupo de expertos en los cuáles la legisladora Nancy Pelosi nombró por lo menos a tres, donde los Sindicatos más poderosos de Estados Unidos. Así que habrá muchísima observación sobre México, de hecho, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos tiene oficinas en México, y ellos han estado presionando para que México cumpla con la negociación colectiva efectiva, y con el derecho de asociación.
En el transcurso de la entrevista el abogado refirió que por último habrán los attaches laborales, que se van a venir a México a las Embajadas y Consulados, ya teniendo control el Partido Demócrata, la verdad es que consideramos que la presión va a ser mucho más fuerte, la llegada de Biden a la presidencia con el Partido Demócrata, si vemos que habrá muchísima más presión que con Trump, que pues el Partido Republicano no tiene relación con los Sindicatos, y si vemos que ha estado diciendo la señora Pelosi, desde antes de estas elecciones en Estados Unidos, que ellos van a buscar que México cumpla definitivamente con esta Reforma, sobre todo que tanto Trump como Biden tenían la idea de repatriar a Estados Unidos la industria pesada, parte de la industria automotriz.
Martínez Rojas dijo que, “si vamos a ver mucha presión, pensamos que en México primero el sector privado debemos cumplir con la Reforma, tratar de legitimar los contratos colectivos, no hacer ya injerencia sindical. Y por otro lado dijo, vemos que el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía y la del Trabajo, están muy bien comandadas, y si están buscando un diálogo con Estados Unidos para evitar quejas, y en segundo lugar pensamos que hay un buen equipo para si hay alguna queja defender, porque pues la queja va contra el gobierno mexicano, pero lo más interesante es que es la primera vez que en un tratado comercial se afectará a las empresas: «Si una empresa recibe una sanción del panel arbitral, le pueden limitar sus derechos arancelarios, imaginemos una empresa automotriz que exportan tanto a Estados Unidos, que le digan que ya no pueden pasar los autos con arancel cero, entonces la presión va a ser muy fuerte, Estados Unidos se guardó una arma muy poderosa en materia comercial que son estas quejas, y que van a usar si no de pretexto, si van a usar la materia laboral para tratar de frenar algunas exportaciones de Estados Unidos que México manda hacia allá».
Reiteró que, habrá mucha presión, “y la verdad de las cosas es que la llegada del Partido Demócrata va a poner mucho más fuerte esta presión sobre México”.
Que AMLO no felicite a Biden tendrá un costo…
A pregunta sobre cómo podrá ser la relación comercial y económica con la llegada a la presidencia de Joe Biden, Ricardo Martinez afirmó que el gobierno tiene buena información, muy buena comunicación, sin embargo, Estados Unidos creó una ley que se llama The implementig law, en la que nos van a presionar muchísimo para cumplir con la materia ambiental y la materia laboral. Creo que el hecho de que el presidente mexicano haya ido a ver a Trump, y después no haya felicitado a Biden, si va a generar cierto roce, que habrá que hacer un gran trabajo diplomático para poder llevar a cabo una relación comercial tersa. Sobre todo, que estamos viendo que en materia energética muchísimas empresas americanas, se están quejando de la falta del Estado de Derecho que no les están cumpliendo las obligaciones, que por cierto en el T-MEC no hay obligaciones en materia energética, pero sí en materia de inversión. La verdad de las cosas es que va a ser un poquito cuesta arriba, ante las quejas que están haciendo Estados Unidos al presidente de México, de cumplir con el Estado de Derecho, de cumplir con la Reforma Energética, y si a eso le aunamos me parece, la falta de prudencia de no haber felicitado a Biden, y por otro lado de haber ido a ver a Trump, pues si la relación al inicio será tensa, y nos puede perjudicar a todos, porque Estados Unidos repito, tiene esta arma poderosa de poder presentar quejas en contra de México bajo este sistema de solución rápida, que en 60 días una empresa puede tener la limitación de carecer del Derecho Arancelario para Estados Unidos, entonces si tenemos que ir con pies de plomo, me parece que tiene que haber una buena reacción de los empresarios mexicanos para cumplir muy preventiva, pero eso no evita que Estados Unidos, que ya tenía muchas ganas de estrenar este sistema de solución de controversias rápidas, me parece que lo van a estrenar muy pronto.
Por otra parte, afirmó que México es miembro de una serie de organismos internacionales, donde evidentemente nos hemos comprometido a las energías limpias, y ahora, con la llegada de Biden que voltea esto de las energías limpias, es otro tema en el cual vamos a tener que reaccionar. Creo que el Partido demócrata va a ser inflexible en los temas energéticos, y en los temas laborales. No habrá mucho espacio y desafortunadamente pactamos este sistema de controversias rápido, que nos pueden inmediatamente llevar a un panel sin mucho problema. Ellos con la simple presunción de que hay violaciones a los derechos colectivos, pueden presentar la queja. En cambio, México necesita esperar a que haya una resolución de las autoridades americanas, para poder presentar una queja, estamos en gran desventaja en esos anexos 31 «A» y 31 «B», celebrados respectivamente con Estados Unidos y Canadá.
El jurista refirió que el artículo 23 del TEC-MEC, y el Acuerdo Transpacífico TPP retoman un tema laboral, y claro el trabajo infantil, el trabajo de menores, pero sobre todo hay que poner énfasis en el trabajo forzoso, que puede englobar a ambos: «Y ahí hay otra arma muy poderosa porque señala el T-MEC, que si se toma en cuenta que un artículo, un servicio proviene del trabajo forzoso, no se requiere ni siquiera panel, y Estados Unidos tiene el derecho de hacer el embargo comercial, y no permitir la entrada de bienes o servicios en los que se contenga el trabajo forzoso, y ahí podría ser el trabajo de menores, el trabajo de mujeres, o incluso jornadas arriba de le Ley, si nos vamos arriba de las jornadas de la Ley se puede interpretar como trabajo forzoso, y Estados Unidos puede decir no permito la entrada de esos bienes sin necesidad incluso de panel. Entonces el artículo 23, recabó los principios de la Organización Internacional del Trabajo, pero con mucho énfasis, en trabajo de menores, en trabajo de mujeres y en discriminación y en trabajo forzoso.
Finalmente dijo que la primera sanción es la disminución o suspensión arancelaria, la segunda puede ir contra todo el grupo corporativo, no sólo al establecimiento o empresa donde se hizo, y la tercera que es lo más grave, Estados Unidos toma la determinación de un embargo total, que no permita la exportación de los bienes hacia Estados Unidos.
Alertó al sector privado a realizar mucha cuestión preventiva, para evitar las quejas de Estados Unidos, hay que trabajar mucho en no interferencia sindical, en permitirle a los trabajadores decidir si quieren o no un sindicato, porque conforme a la nueva Ley pueden no tener, y sobre todo también en materia energética creo que va a tener que reaccionar el gobierno mexicano a los pactos internacionales que tenemos.
La posible llegada de Joe Biden a la Casa Blanca tendrá implicaciones para México y el mundo del trabajo no será la excepción. Especialistas consideran que con el demócrata como presidente de Estados Unidos el mercado laboral mexicano tendrá más presión y vigilancia en el cumplimiento de los compromisos adquiridos como parte del T-MEC.
El partido demócrata, que hoy tiene a Joe Biden con un pie en la presidencia de la Unión Americana, fue el principal impulsor de la agenda laboral dentro del acuerdo comercial. Los incrementos al salario mínimo, la reforma laboral (incluyendo la democracia sindical y el nuevo sistema de justicia), la erradicación del trabajo forzoso y combate a la discriminación y la violencia son algunos de los puntos exigidos por los congresistas estadounidenses para la firma del Tratado.
Y si bien el virtual cambio de mando en el gobierno de Estados Unidos no traería consigo mayores compromisos de México en materia laboral, sí podría esperarse un escenario de mayor vigilancia de las nuevas reglas signadas por el país, coinciden especialistas.
Para ellos el acuerdo comercial es de vital importancia y seguramente estarán apretando tuercas para el tema del cumplimiento de los acuerdos laborales en nuestro país. Puede presentarse un endurecimiento de la política laboral en materia de vigilancia”, opina Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma de México (UAM).
El abogado laborista tiene confianza en que una vigilancia del país vecino en el cumplimiento de las nuevas reglas laborales abarque también a la industria maquiladora. “Ellos han estado ausentes de un cumplimiento de las normas laborales”.
Los acuerdos comerciales, sin importar quién gobierne, se deben cumplir porque son compromisos entre Estados, asegura Juan Carlos Calleros, especialista en Política Exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. El académico descarta que pueda haber una demanda por incrementar los compromisos; sin embargo, se podrían reforzar los mecanismos de seguimiento y supervisión.
“Podría esperarse un mayor énfasis en el seguimiento y aplicación de capítulos específicos del tratado o un cierto énfasis en el monitoreo, presión si es necesaria para el mayor estricto cumplimiento de otros”, dice Calleros.
Para vigilar que México cumpla con sus compromisos en materia de trabajo, Estados Unidos contará con cinco agregados laborales en su embajada en nuestro país.
En un inicio, este tema causó polémica porque la figura de estos funcionarios no estaba pactada en el T-MEC y sólo tenía sustento en una ley local del país vecino. El gobierno mexicano rechazó que, los también llamados “inspectores laborales”, tuvieran facultades para actuar en el país. Al final, Estados Unidos contará con estos agregados laborales, pero no tendrán facultad para realizar inspecciones a las empresas.
Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que un gobierno demócrata en Estados Unidos no implicaría mayores candados en el tema laboral para México.
“No vería ni que se recrudezca o beneficie, estamos en el proceso de transformar las relaciones laborales, con un papel importante en la definición de Estados Unidos a la firma del T-MEC. El escenario en ese aspecto es muy semejante”, afirma el también coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
La presión siempre ha existido, subraya Alfonso Bouzas. “La presión está al máximo desde que se condicionó el T-MEC a la reforma laboral, desde entonces hay vigilancia permanente. En la materia, ya no podrían apretar más. Los mecanismos de vigilancia ya están puestos y en dinámica”, agrega el también coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral.
Presión para los sindicatos
Con el virtual triunfo de Joe Biden, el tema laboral en México será recurrente, señala Oscar de la Vega, asesor legal de diversas empresas multinacionales. “No hay que olvidar que Kamala Harris, quien será la vicepresidenta, votó en contra del T-MEC y quiere que se reabran los acuerdos laborales”, recuerda el especialista en derecho del trabajo.
El cambio de administración en Estados Unidos no sólo activará el asunto laboral para el gobierno mexicano sino para los sindicatos en el país. De la Vega augura una mayor presión “de la que tuvimos en el pasado” para la democratización sindical, en otras palabras, las agrupaciones sindicales en México “tendrán que ser realmente representativas. Se acabaron los sindicatos de chocolate”.
En la Unión Americana los sindicatos tienen un gran peso para el Partido Demócrata, pues han sido promotores importantes del voto, recuerda. Esas agrupaciones gremiales incidieron de manera importante en la negociación del Capítulo 23 y su anexo, así como del Capítulo 31, que tiene que ver con la resolución de conflictos.
Lo que veremos, dice, es el fortalecimiento a la “ya de por sí ya pesada” infraestructura de los paneles laborales. Y una mayor actividad de los sindicatos estadounidenses en México, principalmente en las industrias que les son importantes: automotriz, autopartes, call centers, electrónica, minería y aluminio, entre otras.
A cuatro meses de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), senadores de la República evaluaron los avances, en reunión con la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, quien aseguró que hasta el momento no se han presentado denuncias formales que ameriten la activación de los mecanismos de solución de controversias.
La Secretaria de Economía detalló los avances que se han realizado en el proceso destacando la realización de reuniones con diversos sectores productivos y niveles de gobierno; y pidió esperar a que se inicie en la Comisión de Comercio Internacional en los Estados Unidos una investigación para determinar la acción concreta que tomará, en este caso, el gobierno del Presidente Joe Biden.
“La determinación de la Comisión de Comercio Internacional tendrá lugar el 27 de enero de 2021 y la recomendación final ocurrirá el 29 de marzo de ese mismo año, es decir, el próximo año, y la proclamación podría venir el 27 de mayo”, indicó.
Con todas estas fechas del próximo año, dijo que no se tiene ninguna medida concreta en el tema de estacionalidad, sino se encuentran en la etapa en la que las autoridades estadounidenses están estudiando el caso, de acuerdo a su normatividad y recomendarán o no al Ejecutivo tomar algún tipo de acción.
La funcionaria federal además abordó la instalación de los comités de cada capítulo del Tratado; la organización de rondas de negocios, y la difusión de los beneficios del acuerdo.
En reunión en su modalidad a distancia, la Comisión Especial de Seguimiento para la Implementación del T-MEC, que preside la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, destacó que durante este tiempo se han constatado los beneficios de contar con este instrumento, sobre todo como impulsor de la recuperación económica de los sectores integrados a las cadenas de valor regionales.
La priista reconoció que aún existen importantes retos en la implementación, como la investigación sobre productos agrícolas estacionales, los pendientes en la puesta en marcha de la reforma en materia de justicia laboral, y las nuevas variables producto de las elecciones en Estados Unidos.
Los senadores que integran la Comisión Especial plantearon diversos cuestionamientos sobre el impacto de las elecciones de los Estados Unidos, en las estimaciones de los beneficios del T-MEC; los escenarios y estrategias ante posibles controversias sobre el cumplimiento del tratado ante la política energética que ha asumido el gobierno mexicano, así como en materia laboral.
Abordaron sobre los avances concretos en la implementación de la reforma laboral; las perspectivas sobre el crecimiento en el sector automotriz y sus protocolos ante la pandemia; las presiones en el sector agroalimentario y la dinámica del sector minero en México.
La reunión contó con la presencia de senadores de los diversos grupos parlamentarios, mientras que por parte la Secretaría de Economía participó también la Subsecretaria de Comercio Exterior, Dra. Luz María de la Mora, entre otros funcionarios federales.
A partir del 18 de noviembre empieza una nueva etapa para la impartición de justicia laboral en México con la entrada en vigor de la primera etapa de la reforma laboral, en donde los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, así como del Poder Judicial Federal y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) comenzarán operaciones.
En la séptima y última reunión de coordinación con autoridades federales y estatales, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se comprometió a demostrar a la ciudadanía que “el cambio no es superficial sino que va en serio, que el público usuario y los justiciables estarán en el centro de nuestras prioridades; que habrá conciliación efectiva; que la justicia será ágil y expedita, y que los trámites registrales estarán libres de todo vicio político o de interés cupular”.
Asimismo, dijo que como autoridades, tenemos la obligación de dar un mensaje claro e inequívoco, “haremos valer y hacer valer las nuevas reglas de convivencia laboral, reglas comunes que todos debemos cumplir. Esto no sólo va a robustecer el Estado de derecho, sino que generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo y atraerá más inversiones, certeza en el tratado comercial del T-MEC y de los derechos de los trabajadores”.
Con la promulgación de la reforma laboral en 2019 se cerró un ciclo e iniciará uno nuevo este 18 de noviembre.
“Se trata de un cambio de cultura, no es simplemente abrimos y cortamos listón y empiezan las nuevas instituciones, sino que es un cambio profundo, de fondo, es cultural”, destacó.
En la reunión, el ministro José Fernando Franco González Salas, destacó que se trata de un proceso de transformación profunda de la justicia laboral y de democracia sindical y negociación colectiva, “es un cambio producto no solo de la decisión interna del país, sino un compromiso de estado internacional. Somos pioneros y los llamo a no bajar la guardia, esto requiere una permanente continuidad para sacar adelante el primer paso y asegurar la consolidación de esta gran reforma”, agregó.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, coincidió en que se trata de la transformación del sindicalismo mexicano y es un cambio cultural, que no solo implementa la nueva justicia laboral, sino responde a la obligación internacional que México debe atender en su implementación lo antes posible.
Las autoridades laborales y judiciales de los estados, del Poder Judicial Federal y del CFCRL destacaron que hay avances superiores al 90% en promedio en selección de personal, en la construcción y adecuación de instalaciones y en la digitalización de expedientes. Se comprometieron a tener todo listo en las próximas semanas e iniciar la primera etapa el 18 de noviembre.
Derivado de que México aún no tiene completa la reforma laboral y por ende, no se tiene la capacidad de implementarla como se necesitará que esté plasmada, se debe tener cuidado en que Estados Unidos no quiera “madrugar” al gobierno mexicano y realizar demandas en el primer año del T-MEC, ya que está en proceso la reforma, afirmó la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
En entrevista con MILENIO el Miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de la CTM, Alejandro Martínez Araiza, afirmó que en los próximos meses podrían existir demandas por parte de EU ya que tienen un interés de regresar puestos de trabajo a su país, y por medio de los litigios es la manera más fácil de ejercer presión.
“Lo que está en implementación es todo el cambio del modelo laboral, y en eso debemos tener mucho cuidado, que no nos quieran madrugar y decir, demandamos el primer año porque sabemos que todavía no están los nuevos organismos; no están aplicadas las reglas a todas las empresas, todavía no tenemos la capacidad de implementar la reforma laboral como está plasmada, pero estamos en el proceso”, aseveró.
Expuso que en el tema laboral, México ha trabajado por décadas, por lo que creer que en pocas semanas que arranca el nuevo tratado comercial todo va a estar como lo pide el T-MEC, “es iluso, y si empiezan a demandar, se puede ver un poco de amenaza y mala fe de querer iniciar proceso cuando estamos al principio de la implementación”.
“Yo creo que en los próximos tres años, sí habrá muchas quejas y demandas, lo van a seguir intentando, ellos quieren llevarse las fuentes de empleo de regreso, es parte de su agenda; y en México, debemos defender los responsables del mercado, para demostrar que estar, invertir y trabajar en México es bueno”, resaltó Martínez Araiza.
El también Secretario General del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), advirtió que lo peor que puede pasar es que mexicanos pierdan su trabajo, “que las empresas dejen de producir, y que la inversión se vaya del país; estos serían los tres peores escenarios, que fueran una consecuencia insana, que se volviera un ambiente de guerra sindical”.
A principios de septiembre, el titular de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés) Richard Trumka reveló que para éste mes presentará denuncias en materia laboral en contra de México, porque le preocupa que los mexicanos cumplan con las leyes del T-MEC En ese sentido el presidente de la American Society Larry Rubin dijo que el líder sindical Trumka siempre ha sido de una mentalidad proteccionista, “él particularmente, por eso sus anuncios que no tienen inclusive peso, más allá del ruido mediático que hace, pero realmente Richard Trumka, siempre ha sido una persona compleja y complicada”.
“Representa al trabajador, no representa a las empresas, y lo que le interesa es que las condiciones de los trabajadores en Estados Unidos cada vez sean mejores, y tengan más oportunidades, y es loable su labor”, destacó.
Indicó que el sindicalismo particularmente tiene que tomar una consideración mayor de sus aplicaciones, “porque están compitiendo con la región, donde los tres países deben trabajar conjuntamente, así como las empresas, porque lo último que queremos los empresarios de la región es que exista un terrorismo sindical”.
“Creo que lo que empezaremos a ver el líder sindical Trumka, va a bajar los decibeles en contra de México y Canadá, y eso será importante, porque con el T-MEC es algo que no se conoce aún a detalle, pero al momento que baje los decibeles, sobre lo que representa y representará el T-MEC, va a beneficiar a todos”, concluyó.
Pareciera que los meses más críticos en materia laboral por la pandemia de covid-19 ya pasaron, pero lo que sigue no es mejor. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados advierte sobre varios riesgos para el mercado laboral mexicano, entre ellos, “la imposibilidad” de recuperar las plazas perdidas y el aumento de la informalidad y la pobreza laboral.
“El panorama del empleo en México va a sortear en el corto y mediano plazo un futuro lleno de incertidumbre”, señala el informe Empleo formal e informal 2020 en México, elaborado por el CESOP. De acuerdo con una proyección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al terminar este año podría haber más de 6 millones de personas sin una fuente de ingresos.
Luego de la “pérdida masiva” de empleos, en el sector formal se han recuperado más de 204,000 de las más de 1.1 millones de plazas canceladas, indica el reporte. “Ello ha abierto el camino a la recuperación de la economía y la reanimación de la vida social”. No obstante, en tanto no se desactive la cadena de contagios, el riesgo para el mercado laboral “sigue latente”.
El documento hace un recuento de los sectores económicos y las entidades más afectadas laboralmente por la pandemia. En el periodo de marzo a junio, Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa perdieron más empleos. Del otro lado, en Baja California, Chiapas y Tabasco hubo menos bajas, tomando en cuenta la cantidad de puestos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de la crisis.
Quintana Roo ocupa el primer lugar en afectación, pero además duplica el porcentaje de Baja California Sur, que ocupa el segundo lugar. En el estado sureño la covid-19 terminó con una cuarta parte de sus empleos formales (24%). Mientras que en la entidad norteña se reportó una caía de 10.9 por ciento. En Sinaloa la merma fue de 10%, apunta la CESOP.
La informalidad, la única constante
El sector económico más afectado por la crisis es la industria de la transformación, con una reducción de 27% de puestos de trabajo. En segundo lugar están los servicios para personas, empresas y el hogar, donde se perdió 23% de las plazas. El comercio, en el que se cancelaron 20% empleo, es el tercer lugar. En cuarto lugar, los servicios comunales, con una afectación del 11 por ciento.
De acuerdo con el documento del CESOP, lo anterior podría dar una explicación al fenómeno en Quintana Roo. En esa entidad la mayor parte de sus empleos son de servicios a empresas y personas, comercio y servicios comunales, debido a la importancia de la industria turística. En conjunto, los tres rubros representan 60% de las plazas de trabajo perdidas.
Pero en cualquier entidad del país, en el sector que sea, hay una población que ya padecía precariedad laboral y la pandemia lo empeoró: la que trabaja en la informalidad. A este grupo, que es más de la mitad de PEA, no les es reconocido su vínculo laboral y carece de seguridad social y prestaciones de ley.
El junio había 25.6 millones de personas en empleos informales, esto representó un aumento de más de 3 millones respecto a mayo. Si bien en junio del 2019 había 31.3 millones en esa condición, la OIT ha explicado que las cifras de informalidad parecieran haberse reducido en la época del nuevo coronavirus, pero no es así. La realidad es que este tipo de trabajos tuvo tantas pérdidas que se reflejó de esa manera.
En los últimos meses ha habido una recuperación del empleo, pero la mayoría es en la informalidad. La “urgencia de buscar cotidianamente los medios de subsistencia” obliga a mucha gente a aceptar estos trabajos. Por otro lado, esto le hace más proclive “a sobrevivir por debajo de la línea de pobreza” y quedar expuesta a riesgos de salud y de trabajo, advierte el organismo.
¿2 millones de empleos para enero?
“El gran desafío” del mercado laboral mexicano, dice el CESOP, radica en priorizar políticas públicas para transitar hacia la formalidad. El pasado 5 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para reactivar la economía. En él destaca la creación de 2 millones de empleos este año. Otras de las acciones en materia laboral son:
Reducción de los sueldos para los puestos de alto rango en el gobierno federal.
Cancelación de los aguinaldos desde el cargo de subdirección hasta el de presidente de México.
La inversión de 25,000 millones de pesos adicionales para la introducción de servicios públicos básicos y urbanización en zonas marginadas del país, con lo que sea crearán 228,000 empleos directos,
Ampliación del programa Sembrando Vida, que da empleo permanente a 230,000 personas, a 200,000 adicionales.
El pasado 11 de agosto, recuerda el CESOP, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el partido Morena emitieron un decálogo para reconstruir la confianza y fortalecer la recuperación de la economía, el empleo y el bienestar de la población.
Unificar los esfuerzos de “trabajadores, productores de alimentos, empresarios, fuerzas políticas y gobiernos para aprovechar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es uno de los puntos. “Aprobar cuanto antes la reforma de pensiones pactada entre el Ejecutivo, el sector empresarial y los sindicatos” es otro, concluye el centro de estudios.
