Instancias encargadas de atender violencias prefieren conciliar.
por Redacción –
mayo 31, 2019
Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben garantizar un ambiente laboral libre de violencia.
A pesar de que las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben garantizar un ambiente laboral libre de violencia, rechazan las denuncias de las víctimas de acoso y hostigamiento sexual, las canalizan a otros organismos y en el mejor de los casos les piden conciliar con sus patrones o sus agresores.
Las mujeres, principales víctimas, no encuentran justicia porque las instancias gubernamentales no perciben el acoso y hostigamiento sexual como una violación a los derechos laborales, creen que estas denuncias deben resolverse entre particulares, o bien, consideran que no pueden intervenir en empresas privadas porque cada lugar de trabajo debe generar acciones para mitigar esta violencia de género.
Las pocas trabajadoras que logran ser atendidas en las Procuradurías y seguir su demanda ante las Juntas de Conciliación, como en todo proceso, deben presentar evidencias que confirmen la violencia, conseguir pruebas que avalen sus dichos, demostrar las afectaciones que les causó la violencia e incluso intentar que algún testigo -si es que lo tienen- declare contra el acusado.
Este círculo de violencia acompañado por cambios culturales profundos, podría transformarse con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal de la Defensoría Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, las cuales sientan las bases para un nuevo sistema de justicia laboral.
Con esta reforma las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen y se crean tribunales laborales, que van a depender del Poder Judicial; además se creará una instancia conciliatoria que en casos de acoso no será necesario que se agote, deberá evitar la revictimización y tendrá conciliadores con conocimientos en Derechos Humanos y perspectiva de género.
Mientras se implementan estas políticas laborales, a dos meses que sacudieron a diversos centros de trabajo las denuncias de acoso y hostigamiento sexual difundidas en Twitter con la etiqueta #MeTooMX, Cimacnoticias buscó a las responsables de las instancias laborales que deben atender estos casos en la Ciudad de México con el objetivo de indagar qué hacen para atender a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo.
En estas dependencias se reconoce el acoso y el hostigamiento como una forma de violencia en el entorno laboral pero no logran hacer más por falta de personal y porque prefieren que estas conductas se resuelvan en lo interno en cada centro de trabajo.
LA PRÁCTICA DE CANALIZAR CASOS
El acoso y hostigamiento sexual laboral son conductas definidas en la LFT y pueden ser causa de la rescisión de la relación de trabajo y de multas para los patrones que las realicen o toleren; sin embargo, el primer paso para hacer realidad la ley es que las víctimas que denuncian sean atendidas por las autoridades.
La subprocuradora de Atención a Mujeres en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, María de Lourdes Lezama Aguilar, instancia que forma parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México, señala que cuando una mujer llega a pedir asesoría por causas relacionadas con el acoso sexual, la Subprocuraduría las canaliza a otras dependencias.
En este año, hasta abril de 2019, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo local reportó que había realizado 8 mil 955 asesorías en materia laboral, de las cuales 4 mil 973 fueron para mujeres (55 por ciento) y 3 mil 982 para hombres (45 por ciento).
Por ejemplo, se les remite a la Secretaría de las Mujeres, para que reciban contención psicológica; o si es discriminación las mandan al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y en caso de que detecten un delito como violación sexual las mandan a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) o al Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que depende de la Procuraduría.
Lezama Aguilar argumentó que se les remite a otras instancias para que reciban atención especializada pero lo cierto es que con este método la Subprocuraduría se libera de casos y no debe seguir el camino administrativo hasta llegar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, las solicitudes de asesoría son pocas. En cinco meses, de diciembre de 2018 a abril de 2019, se registraron 14 casos de hostigamiento sexual y en el mismo periodo se registraron 77 por discriminación, en específico por despido de mujeres embarazadas, según datos proporcionados por la Subprocuraduría.
En los casos de acoso si las mujeres insisten en que quieren seguir su denuncia por la vía laboral y descartan el camino penal, la Subprocuraduría las acerca a programas sociales como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Seguro de Desempleo y a las ferias del empleo, pero no siguen la línea de violencia de género.
La funcionaria Lezama Aguilar reconoció que el acoso y hostigamiento sexual en los lugares de trabajo es una violencia que puede causar “bajo rendimiento, estrés, apatía, depresión” por ello dice que es mejor remitir a otras instancias.
También, porque en el área especializada de mujeres sólo hay dos abogados para atender todos los casos de trabajadoras que lleguen de la Ciudad de México y las víctimas incluso deben notificar oficios y demandas a su patrón porque la institución solo cuenta con una persona notificadora.
Por otra parte, si la instancia atiende a las mujeres, la primera recomendación es decirle que lleve su caso al órgano interno de su empresa y si no se logra una solución les piden que concilie con el patrón para que reciba una liquidación justa. Sólo en pocos casos, aunque no hay cifra pública, las denuncias llegan a juicio ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Nosotros preferimos conciliar. En eso radica la asesoría, en orientar a la trabajadora, al trabajador. Nosotras tratamos de que las dos partes ganen. Entonces, la cuantificación que se hace de lo que le corresponde conforme a la ley, indemnización, liquidación, prestaciones, prima vacacional o de antigüedad, aguinaldo, todo es en una negociación”.
Ahora, con la reforma laboral de 2019, habrá centros de conciliación por lo que la negociación entre la trabajadora y el patrón seguirá siendo el primer camino para resolver una acusación de acoso u hostigamiento sexual y solo se tomarán previsiones cuando la autoridad encuentre un riesgo inminente de revictimización para la víctima.
“En la Subprocuraduría de Atención a Mujeres yo no aplico un protocolo en específico. Estamos trabajando en ello. El año pasado se publicó en el boletín de la STyFE, en marzo de 2018, un Protocolo para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Acoso Laboral, con perspectiva de género y no discriminación. No se ha implementado”.
Explica: “Lo que pasa es que para tu poder aplicar una sanción administrativa por ese tipo de conductas hay que llevar a cabo un procedimiento, es una investigación donde tiene que haber un grupo especializado que discuta los casos, otro grupo especializado de contención a la víctima y después, si quiere, se haga una denuncia”.
Sobre las acciones para garantizar un ambiente libre de violencia agrega: “nosotros no tenemos competencia como tal en esas conductas” y explicó que la Procuraduría de Defensa del Trabajo y la Procuraduría de Justicia capitalina están trabajando en editar un manual de atención a víctimas de acoso laboral.
POCAS DENUNCIAS LABORALES
Una vez que las mujeres agotaron las instancias internas en su lugar de trabajo pueden presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCyA), pero no es común que lo hagan, ya sea por desconocimiento, desisten de seguir el proceso, o algunos casos se resuelven internamente en los centros laborales.
En la Ciudad de México la JCyA creó en 2014 la Junta Especial 19 para atender asuntos laborales relacionados con grupos considerados en “situaciones de vulnerabilidad” en los que se encuentran mujeres, menores de edad, personas mayores y personas de la comunidad LGBTTTI. A la Junta 19 se turnan los expedientes de acoso u hostigamiento sexual.
Desde su creación en 2014 a 2018 la Junta Especial 19 sólo ha recibido 63 denuncias por acoso sexual. Según los datos que proporcionó la instancia a Cimacnoticias, 60 de las denuncias las presentaron mujeres y 3 las tramitaron hombres.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos e Información de la JCyA de la Ciudad de México, Yedid Mendoza Hernández, abundó que la Junta Especial 19 se creó con el propósito de resolver este tipo de casos de forma eficaz y con atención especializada.
Sin embargo, de estas 63 denuncias de acoso sexual que ha recibido la Junta, no se sabe cómo se resolvieron, cuáles fueron las sanciones o cuál es el estado que guarda cada caso. A pesar de ello, la maestra Yedid Mendoza asegura que de las 23 personas trabajadoras que integran la Junta, 19 están capacitadas en perspectiva de género y sensibilizadas para resolver los casos.
De manera incipiente han incrementado en la Junta de Conciliación las denuncias por acoso sexual, en 2017 recibieron 22 casos, en 2018 se presentaron 32. En los años anteriores, las denuncias son pocas; en 2014 se presentaron cuatro; en 2015 hubo seis denuncias; en 2016 otras cuatro denuncias.
DESCONOCEN TIPOS DE SANCIONES
En las denuncias de acoso sexual, como en cualquiera de los casos que recibe la Junta Especial 19, se cuenta con dos conciliadores quienes primero ofrecen una solución a ambas partes para evitar iniciar el juicio.
Cuando los casos no se concilian, comienza el litigio donde fundamentalmente son las mujeres quienes deben comprobar que sufrieron el acoso u hostigamiento sexual por medio de pruebas psicológicas de la afectación, documentos o testigos, describe Yedid Mendoza.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018 reconoció que en el acoso sexual es difícil tener pruebas porque frecuentemente no hay testigos durante las agresiones. Además de que la carga de evidencias recae en las víctimas y en la mayoría de los países no hay mecanismo de protección a las víctimas ni a los testigos, factores que desalientan denunciar.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos asegura que en comparación con otras juntas que tardan hasta tres años en resolver un caso, la Junta Especial 19 en un máximo de cuatro meses revisa las pruebas y emite un laudo por una denuncia de acoso u hostigamiento sexual.
Sin embargo, Cimacnoticias en la primera parte de este reportaje, mostró el testimonio de una trabajadora que en marzo de 2018 interpuso una denuncia en esta Junta, la cual a la fecha no ha sido resuelta.
Eloisa Farrera, ex editora de la sección Internacional del periódico Reforma, fue una de las denunciantes en el #MeTooMx, quién narró que en junio de 2017 interpuso una queja en el área de Recursos Humanos de la empresa y determinaron que no ocurrió el acoso.
Con todo en contra, en marzo de 2018 Eloisa presentó una demanda contra la empresa en la Junta de Conciliación y Arbitraje argumentando que en aquel lugar no se garantiza un espacio libre de violencia para las mujeres. Aunque la demanda pudo quedar en una conciliación la empresa rechazó ofrecerle una disculpa, garantizar su atención psicológica y adoptar la Norma Mexicana 025 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que a más de un año el juicio sigue.
Sobre las sanciones que podrían recibir quienes acosen u hostiguen sexualmente a una mujer en el trabajo, Yedid Mendoza aseguró que la Junta Especial únicamente puede “orientar para que las empresas se abstengan de hacer esas conductas o solicitar a las contralorías que pongan sanciones internas”.
No obstante, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 51 y 994 establece que el hostigamiento y el acoso sexual son causas de rescisión de la relación de trabajo y que se impondrá multa, por el equivalente a 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores.
Pero en la Junta de Conciliación de la Ciudad de México no hay datos públicos que muestren cuántas veces se han aplicado las sanciones establecidas en la Ley.
“PREVENCIÓN CORRESPONDE A EMPRESAS”
En comparación con las denuncias que reciben en las Juntas de Conciliación de la ciudad, que son alrededor de 90 mil asuntos en trámite, los casos por acoso u hostigamiento sexual son mínimos, reconoció Yedid Mendoza.
La funcionaria consideró que el bajo número de denuncias está relacionado con el hecho de que las mujeres no perciben comportamientos como los comentarios ofensivos, miradas lascivas o contactos físicos no deseados como acoso u hostigamiento sexual.
Pero entre la responsabilidad de la Junta Especial 19, Mendoza afirmó que la instancia no tiene facultad para mitigar esta violencia en los centros laborales: “La Junta no puede incidir en las empresas o instituciones porque es un tema doméstico”, expresó la funcionaria e indicó que es una tarea que requiere “mucha labor interna” de las instituciones y empresas.
Como ejemplo, aseguró que la Junta de Conciliación ha difundido entre su personal un mensaje de cero tolerancia ante estas violencias y repartido folletos del código de ética y actuación en los casos.
INDOLENCIA A LAS DENUNCIAS
Las administradoras de las diversas cuentas de Twitter donde se publicaron los testimonios del #MeToo, junto con algunas denunciantes y defensoras feministas consideraron que ante el movimiento gestado en las redes sociales instancias de derechos laboral del Estado y empresas privadas debían responder y asegurar a las mexicanas su derecho a una vida libre de violencia.
El 11 de abril emplazaron en pronunciamiento a que les informarán dentro de un mes las acciones que realizarían ante las denuncias expuestas en el #MeToo. En la fecha límite, el 6 de mayo de 2019, ninguna Junta de Conciliación, Secretaría de Trabajo o Procuradurías de Defensa, respondieron.
Quienes atendieron al llamado fueron organismos de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ambas de la Ciudad de México. Se comprometieron a acompañar a las mujeres que deseen presentar su denuncia.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de la capital del país dijo que investigará las agresiones que enfrentaron en Twitter las administradoras de las diversas cuentas del #MeToo.
A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública dijo que fortalecería las acciones para erradicar el hostigamiento y el acoso sexual, mientras el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) exhortó a las víctimas a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, e invitó a denunciar con las autoridades competentes. (Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta)
